Fuente: La Nación
La Justicia mediática
La imagen de la Justicia ha caído desde hace años en la consideración
pública. Ha sido por causas diversas, entre las cuales sobresalen hechos
ocurridos en el fuero federal penal, pero no sólo como consecuencia de la
conducta de algunos de sus jueces. El Poder Ejecutivo ha transmitido una
vocación corrosiva por controlar la Justicia, en lugar de contribuir a
prestigiarla, mientras que la mayoría del Congreso de la Nación se ha prestado
con docilidad al juego de aquél, como en el caso de la reformulación del Consejo
de la Magistratura.
Tampoco ha hecho favor alguno a la prestancia de la
Justicia argentina, sin contar el daño inferido a particulares, la difusión cada
vez más escandalosa de cuestiones penales en la que no pocos medios de
comunicación se han empeñado de un tiempo a esta parte.
Es hora de
revisar tales comportamientos con ánimo de autocrítica, de modo de introducir
sin demoras las correcciones que fueren necesarias para la salud, en el sentido
más amplio del concepto, del espíritu ciudadano. Esa revisión inexcusable de
procedimientos concierne no sólo a lo que sucede en los espacios audiovisuales
sino también en relación con la prensa escrita.
Asuntos de índole penal,
entre los más notorios los casos García Belsunce y Dalmasso, han desencadenado
por sus características, por la forma de su ocurrencia o por circunstancias de
variada naturaleza una corriente que no ceja en la exacerbación del morbo
colectivo. Corriente de aguas servidas, en el fondo, que ha puesto en evidencia
la bajeza en la que se puede incurrir en cualquier actividad, incluso bajo la
invocación de nobles banderas, como las de la libertad de informar y del derecho
ciudadano a ser informado.
Eso ha sido posible no sólo por un periodismo
insensible a sus responsabilidades sociales, sino también por el desconocimiento
que prima en los estrados judiciales sobre derechos básicos en la función de
impartir la ley.
Es así como en el caso Dalmasso se ha pasado de
barajar, con diferentes niveles de velada imputación pero con inigualable
temeridad, el nombre del esposo y de amigos del matrimonio, primero, para pasar
después a señalar, de forma sucesiva, a un pintor, al hijo, a otros seis
parientes y, ahora, a un círculo de trabajadores que habrían realizado obras en
la finca de la víctima. En el caso García Belsunce, como en tantos otros, se
advierte una situación similar de indefensión ante el juicio público.
Deberá recordarse que el principio de inocencia está en la base del
ordenamiento legal argentino. Y que el derecho a la intimidad, que acuerda
protección a las acciones privadas de los hombres "sólo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados", puede mermar su jerarquía frente a
otro derecho de rango constitucional, como lo es el derecho a la información.
Sin embargo, es a los jueces, y a sólo a ellos, a quienes corresponde decidir
cuándo existen razones de interés público que así lo justifiquen.
Es
cierto que la ciudadanía tiene pleno derecho a mantenerse informada respecto de
los sucesos que interesan o conmueven a la opinión pública y es verdad también
que numerosos órganos periodísticos llenan todos los días esa necesidad con el
nivel de sobriedad y moderación adecuados, y con el respeto debido a las
mencionadas prescripciones éticas, así como a los principios de razonabilidad
que deben regir el trabajo de los medios. Pero es sabido que el actual
desarrollo de las tecnologías informativas lleva a veces a cierto periodismo a
exhibiciones, sobreactuaciones y hasta interpretaciones desmesuradas, con
consecuencias que pueden resultar dañinas para la dignidad o la reputación de
las personas que aparecen envueltas, en ocasiones por razones puramente
casuales, en los procesos o sumarios abiertos por la justicia penal.
Muchas veces, jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, y hasta
la policía, suelen prestarse a filtraciones indebidas para la buena marcha de
los procesos. Se lanzan sin prejuicios al ruedo datos, nombres de personas,
conjeturas, en fin, que los medios terminan por recoger y desplegar de forma
apabullante. De esa insensibilidad tan ajena a lo que supone el respeto por un
debido proceso, garantía de la aplicación justa de la ley, suelen ser parte, y
con frecuencia lo son como actores centrales, los abogados, tanto querellantes
como defensores.
Se configura de tal modo un ámbito de complicidades en
el que a menudo los letrados elaboran estrategias cuyo eje pasa por generar en
el vecindario o en la ciudadanía un estado de convicción que después gravita
sobre las decisiones judiciales. El periodismo debería manifestarse reacio a
convertirse en eco o mecanismo instrumental para la consumación de estrategias
-o, mejor dicho, estratagemas- más ajenas al derecho que al hábito de gestar
chicanas y ardides.
En un seminario reciente para jueces y periodistas,
organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional y por La NACION, todas esas cuestiones merecieron el debate acorde con
su gravedad. Se hizo hincapié en la necesidad de suscitar cambios en la
comunicación de los temas judiciales de forma de lograr algunos objetivos que
contribuyan a superar los aspectos más penosos de la actual situación. Uno de
ellos sería el adiestramiento en un lenguaje más comprensible para el ciudadano
común. Otro, entrenar a jueces y fiscales en el siempre delicado trato con la
prensa.
Al mismo tiempo, los responsables de los medios informativos
deberíamos desarrollar al máximo nuestra capacidad de autocrítica para evitar
cualquier desborde o exceso que pudiere desembocar en una lesión a los
principios que resguardan la presunción de inocencia de las personas o los
preceptos que protegen sus espacios de privacidad o intimidad.
Las
causas judiciales están, por principio, requeridas de una información precisa,
sobria; mal pueden tratarse como un ítem del mundo del espectáculo, que tiene
otras reglas. Y para que esto sea así conviene que la propia Justicia comience
por establecer una relación apropiada a sus fines con los medios de
comunicación, como bien lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Hasta la propia independencia de la Justicia depende de la conciencia
ciudadana que exista sobre su significado y labor.
Todo lo que se haga
en ese sentido importará para remontar el grado de calidad institucional en que
se encuentra el país y para afirmar las bases de la convivencia social.
