Denuncias sin fundamento, lanzadas mediáticamente pero no sustentadas con pruebas y testimonios. Eso dictaminó la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede sobre un caso de supuestos abusos sexuales contra menores que involucró al obispo de la diócesis puertorriqueña de Arecibo, Daniel Fernández. Así lo anunció la delegación apostólica en la isla.
Apenas unos días atrás la nunciatura en República Dominicana, que tiene autoridad también sobre Puerto Rico, informó mediante una nota que el proceso contra Fernández se encuentra cerrado. El acusado expresó su satisfacción y advirtió que los señalamientos en su contra fueron lanzados por “venganza” tras la expulsión de seis sacerdotes de su diócesis, ellos sí involucrados en casos de abuso.
El obispo no entró en detalles, pero resulta significativo que el debate en los medios por esta denuncia se reavivó apenas una semanas después que El Vaticano emitiese la sentencia definitiva de expulsión del ministerio sacerdotal de José Colón Otero, protagonista de un escandaloso caso de abuso y violación del sigilo de la confesión en la parroquia San Martín de Porres de Arecibo.
Colón Otero fue justamente el sexto cura cesado desde 2011 en esa demarcación eclesiástica, sacudida por una crisis que debió afrontar Fernández en primera persona. Los otros son Tomás Pagán, Andrés Dávila, Edwin Mercado, Pedro Hernández y Efraín Montesino, según comunicó la misma diócesis que en su página de internet ha dedicado incluso un espacio especial al tema de los abusos.
Fernández ocupa su puesto desde septiembre de 2010, cuando fue designado por el entonces Papa Benedicto XVI como sucesor de Iñaki Mallona.
A inicios de este 2014 el obispo comunicó al clérigo mismo la pena aplicada por los jueces eclesiásticos. Pocas semanas después la abogada Agnes Poventud salió a declarar a la prensa que el juicio contra el obispo se encontraba abierto y estaba avanzando. Pero la realidad es otra, porque la investigación llevaba meses definitivamente cerrada entre otras cosas porque el hombre que había presentado la denuncia nunca se presentó a prestar declaración, pese a la convocatoria del tribunal eclesiástico.
Por eso la representante legal del hombre aseguró al diario “El Nuevo Día” que su cliente nunca fue entrevistado por las autoridades de la Santa Sede.
Actualmente el obispo de Arecibo lidia con una solicitud del departamento de Justicia de Puerto Rico que le solicitó oficialmente la entrega de documentos confidenciales relacionados con una investigación en curso sobre abuso sexual en su diócesis, ubicada en la costa norte puertorriqueña.
Mientras las autoridades esperan lograr acceder a los archivos eclesiásticos, la Iglesia presentó una demanda que le permita evitar la entrega de más información alegando que ya proporcionó suficientes detalles y deseaba proteger la identidad de quienes presentaron las denuncias.
Pero un juez desestimó la demanda y dio a la diócesis dos semanas de plazo para que entregue los expedientes, plazo que se cumple después de Pascua y que amenaza con alargar una crisis interminable para la Iglesia puertorriqueña.(VATICAN INSIDER)