El grupo Clarín sigue desplegando estrategias para no cumplir la ley que lo obliga a desinvertir. Primero intentaron con un juez jubilado, Tettamanti. Ahora invitaron a un juez a “pasear” por Miami: Ricardo Recondo. Cómo quedó al descubierto la maniobra de la designación irregular de magistrados. Enteráte en esta nota de Democracia.

Por Damián Juárez

La Corte Suprema fue clara. El grupo Clarín, al igual que todos los grupos mediáticos que operan en Argentina, tiene como fecha límite el 7 de diciembre para cumplir el artículo 161 de la ley audiovisual. Sin embargo, las tácticas para evitar cumplir la ley, lejos de terminarse, se incrementan conforme se acerca la fecha en la cual culminan los efectos de la medida cautelar, según dispuso el máximo tribunal.

Primero intentaron con un juez jubilado. La maniobra duró poco. Raúl Tettamanti había sido designado de manera irregular en el Tribunal número 1 del fuero Civil y Comercial. Allí está radicada la denominada “causa Clarín”, un planteo del grupo de comunicaciones para que la Justicia defina si la denominada cláusula de adecuación, que obliga a los medios a desprenderse de aquellas licencias que según la ley exceden lo permitido, es o no constitucional.

Tettamanti había sido designado por los camaristas Ricardo Recondo y Martín Farrell utilizando un sistema de designación “manual” en vez de usar el sistema de sorteo informático que marca la ley. El juez jubilado terminó renunciando en medio de las denuncias y presiones cruzadas cuando la maniobra quedó al descubierto. En su lugar quedó confirmado como “subrogante permanente” el juez Horacio Alfonso.

Sin embargo, la situación dista de ser la ideal. El juzgado que tiene que definir la causa Clarín sigue sin tener juez natural. Y a la patética novela por capítulos de las trabas que se establecen para no cumplir con la ley, se sumó un dato que deja al descubierto los nexos entre el grupo monopólico y ciertos sectores de la Justicia.

Invitado por el grupo Clarín, el camarista Francisco de las Carreras, que debía intervenir en la causa que cuestiona la constitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Medios, viajó a Miami para participar de la Tercera Cumbre del Certal (Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina).

La situación, a todas luces irregular, fue denunciada por el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura por el ministro de Justicia, Julio Alak. La invitación al juez fue realizada, según trascendió, por Cablevisión, empresa que auspició y organizó el evento.

De las Carreras es el integrante de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial que confirmó la medida cautelar interpuesta por Clarín para frenar el artículo 161 de la Ley de Medios, referido al período de desinversión que rige para los grupos mediáticos excedidos en cantidad de licencias.

El viaje protagonizado por De las Carreras, de hecho, excedió en mucho la realización de la cumbre de telecomunicaciones: se extendió desde el 29 de abril hasta el 15 de mayo.

Pese a contar con permiso de la Corte Suprema solamente por cinco días, Francisco de las Carreras permaneció junto a su esposa por quince jornadas en el fastuoso complejo de Miami. La lectura del programa de la cumbre de Certal, al que accedió “Democracia”, arroja detalles jugosos sobre los vínculos más que aceitados entre directivos del grupo Clarín y camaristas federales, casualmente del mismo fuero donde está el caso Clarín.

Además de De las Carreras, en el mencionado congreso de telecomunicaciones en Miami tuvo una actuación destacada el camarista Ricardo Recondo, el juez que había designado “manualmente” a un juez subrogante y que encabezó desde el Consejo de la Magistratura el grupo de consejeros que bloqueó la designación de jueces naturales para los juzgados vacantes.

El Congreso comenzó el pasado 1° de mayo con un cocktail en el lujoso Hotel Biltmore, en la zona de Coral Gables, un predio de varias hectáreas, rodeado de palmeras y terrazas paradisíacas.

El 2 de mayo a las 9 de la mañana se hizo el primer panel. Allí participó activamente como disertante el juez Ricardo Recondo. El siguiente panel estuvo integrado, entre otros, por el gerente general de Cablevisión, Carlos Moltoni. El panel de las tres de la tarde tuvo la moderación de Recondo, mientras que en el siguiente panel estuvo como disertante Sergio Piris, asesor legal del Grupo Clarín (uno de los abogados que litigó contra el padre Grassi). Al congreso también habrían asistido los camaristas Ricardo Guarinoni y Sergio Kiernan, quienes también están involucrados en causas vinculadas con el Grupo Clarín.

“De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado” con la Ley de Medios, dice el texto de la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura.

En el texto también se sostiene que participaron de ese viaje “los abogados del Grupo Clarín Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simón”. En base a estos antecedentes, se pide al magistrado que, hasta tanto se decida la recusación, “se excuse de intervenir en las presentes actuaciones” relacionadas con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y no se descarta en el Gobierno que estas revelaciones deriven en un juicio político al acusado, lo que se sumaría a la intención, ya adelantada por “Democracia”, de impulsar la vía del juicio político también para el juez Recondo.

La situación del juez De las Carreras fue debatida durante una reunión del Consejo de la Magistratura en su reunión del lunes 29 de octubre. Allí, el consejero Carlos “Cuto” Moreno dijo que el juez De las Carreras sabía perfectamente a dónde iba cuando decidió aceptar la invitación a participar de un congreso en Miami auspiciado por Clarín. Moreno citó un video de 40 segundos que se difundió por televisión en contra de la Ley de Medios y que estaba rubricado por Certal, la organizadora del congreso en las playas de La Florida.

El rumor judicial y político de las últimas horas indica que el doctor De las Carreras se aprestaba a hacer lugar al pedido de Clarín para extender la medida cautelar que favorece al grupo mediático y que vence el 7 de diciembre. En principio, no habría motivos para generar esta extensión, habida cuenta que no se sucedió en la causa ninguna novedad que justificara esta medida. De las Carreras tendrá que dar las explicaciones del caso ante el Consejo, que le dio 20 días de plazo para que formule su descargo.

Clarín comenzó a impulsar la idea de pedir una extensión de la cautelar hace poco más de un mes. La medida recaería en la Sala I de la Cámara, que integran el cuestionado De las Carreras, Martín Diego Farrell y María Susana Najurieta.

El Gobierno recusó tanto a De las Carreras como a Farrell, quien como autoridad de la Cámara estaba a cargo de la designación de los jueces subrogantes.

El escandaloso método de designación de subrogantes quedó en evidencia la semana pasada, cuando declararon como testigos los propios jueces, quienes marcaron claramente que el método elegido para nombrar jueces por Recondo y compañía, del que luego se tuvieron que desdecir, claramente no era el habitual para las designaciones.

40 DIAS

Son los que faltan para el 7 de diciembre. Por estas horas, el Gobierno analiza los escenarios que se verán el 7-D, cómo se hará cumplir el artículo 161 y cómo intentará Clarín volcar a la opinión pública a su favor denunciando el cumplimiento de la ley como un “acto de censura” o de “restricción a la libertad de prensa”, como lo viene insinuando en los últimos meses.

En concreto, el Grupo Clarín tratará de forzar su interpretación según la cual el plazo de un año para desinvertir comienza el 7 de diciembre, y no, como dice el Gobierno y estableció la Corte, que esa es la fecha límite para presentar su plan de adecuación.

La Afsca, según anticipó, deberá poner las licencias que no se adapten a la ley en una nueva licitación para que sean explotadas por otros concesionarios.

Sin embargo, las formas de hacerlo y los tiempos siguen siendo aún materia de análisis legal en el seno del Gobierno, en medio de un fuerte hermetismo y de conversaciones en las cuales participan la Presidenta, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, entre otros.

Sabbatella, mientras tanto, sigue “estrenando” su cargo y manteniendo reuniones con actores del mundo de la comunicación. En los últimos días, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se encontró con los representantes de la Cámara de Cableoperadores Independientes, quienes denunciaron “las continuas presiones que los pequeños y medianos cableoperadores sufrimos a lo largo del tiempo, como consecuencia de la fuerte concentración que se fue dando en la industria a través de empresas como Cablevisión y Multicanal”.

Los cableoperadores pequeños y medianos también indicaron que “el hecho de que con la nueva ley haya reglas claras, sin privilegios para una sola empresa, va a generar un mejor servicio para la gente, con mejores precios, contenidos y, fundamentalmente, va a permitir que el público pueda elegir”.

En el medio, la política sigue metiendo la cola: los principales referentes de la oposición en el Congreso hicieron un acto para “bancar” a los miembros del Consejo de la Magistratura que bloquearon la designación de jueces naturales en los juzgados vacantes, lo que hubiera evitado el engorroso y polémico trámite de designar jueces suplentes.

El acto contó con la presencia de referentes del radicalismo, del PRO, del FAP, del Frente Peronista, de la Coalición Cívica y de Unión por Todos, como así también de los cinco consejeros acusados: los legisladores radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla; los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky, y el juez Ricardo Recondo.

La forma en que el caso fue politizado lo marca también un análisis del acta correspondiente a la audiencia de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura del 5 de julio.

En esa acta, el diputado Oscar Aguad, del radicalismo, había decidido acompañar las propuestas de nombres de jueces que había elevado el kirchnerismo, pero luego decidió “cambiar de postura” y plegarse a la postura de la minoría, bloqueando la designación de los jueces naturales.

Desde sectores del kirchnerismo aseguran que Aguad “se dio vuelta” no por cuestiones vinculadas a los antecedentes de los magistrados sino por su intención de congraciarse con el Grupo Clarín, atento a su intención de renovar su banca en 2013 y para no ser “castigado” mediáticamente por ese grupo por la causa en la que se lo investiga por administración fraudulenta cuando fue interventor en Corrientes en 2001.

Para finalizar, poner las cosas en contexto. Las mayoría de las licencias de medios del país tienen una situación no monopólica: son casi 5 mil y están manejadas por 2.500 titulares: dos por persona física o jurídica. El problema surge al analizar unas 250 licencias que están repartidas entre 20 grupos que están excedidos. La mayoría ya está presentando su propuesta de adecuación. Clarín tiene 250 licencias él solo. Esos son los fríos números.

La “guerra” para que se cumpla la Ley de Medios depara aún nuevos capítulos. Ya pasamos por la designación a dedo de jueces, por renuncias, denuncias penales y hasta viajes a Miami donde fueron invitados los mismos jueces que tienen que fallar en el caso Clarín. Las próximas semanas mostrarán nuevas luchas y estrategias para evitar cumplir la ley. El grupo apelará, seguramente, al efecto mediático del cacerolazo convocado para el próximo 8-N que de “espontáneo” no tiene nada, más allá de que algunos sectores de clase media no estén conformes con el Gobierno y está bien que quieran expresarlo.

En el Gobierno temen un “fallo de último momento” para “dilatar” los tiempos y evitar cumplir con la ley. Faltan 40 días. ¿Habrá llegado el momento para que Clarín, al igual que todos los argentinos, aprenda a vivir en democracia, aprenda a cumplir las leyes?

Lo dijeron los propios jueces: las designaciones fueron irregulares 

Los propios jueces designados como subrogantes por la Cámara del fuero Civil y Comercial explicaron ante el Consejo de la Magistratura que el sistema de designación “manual” de magistrados que habían impuesto los camaristas Farrell y Recondo distaba mucho de ser “habitual” y que se trataba de una práctica poco común en el mundo de la Justicia.

Ocho jueces de primera instancia del fuero Civil y Comercial aseguraron que la selección de jueces subrogantes se realiza a través del sistema “informático” y no de forma manual, como sucedió con el juez jubilado Raúl Tettamanti, que fue designado como subrogante para el Juzgado número 1 que tramita la causa Clarín y que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo.

Los magistrados declararon durante tres horas en carácter informativo ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, en el marco del expediente que denuncia irregularidades en el sistema de designación de jueces subrogantes utilizado por la Cámara.

El primero en declarar fue el titular del Juzgado número 3 del fuero Comercial y Civil, Raúl Torti, quien afirmó que “jamás se utilizó el sistema manual de asignación de expedientes” en los años que lleva como magistrado, desde 1981, y que el sistema de subrogancias rotativas es “agotador”.

En su exposición, Torti sostuvo que “el sorteo siempre se realizó en forma informática y nunca por sistema manual” al responder a la lectura de un acta del 5 de septiembre, en la que los jueces Recondo y Martín Farrell asignaron a través de un sorteo manual los juzgados 1 y 7 al juez jubilado Raúl Tettamanti y a Francisco de Asís Soto, respectivamente.

En el mismo sentido, el titular del Juzgado número 2 del fuero Comercial y Civil, Horacio Alfonso, afirmó que “jamás se le asignó manualmente” la subrogancia de ningún juzgado y que, según el reglamento, se realiza por sistema informático. Alfonso es el juez que finalmente quedó como “subrogante permanente” en el Tribunal 1, el que tiene la causa Clarín.

Por su parte, Alejandro Nobili –a cargo del Juzgado número 5 y subrogante en el número 2– insistió en que el sorteo se realizaba según el sistema informático y que el sistema de subrogancias que se utilizaba era rotativo semanal.

A su turno, Asís de Soto indicó que el sistema manual de procedimiento que se utilizó en su caso era “extraordinario”, pero recordó que antes de asignársele el Juzgado número 7 en la acordada del 5 de septiembre, le preguntaron si podía hacerlo.

Otra de los magistrados citados, Silvina Bracamonte, afirmó que “nunca estuvimos enterados de que se hiciera una asignación manual”, y explicó que la razón de que a algunos les sortearan varias causas y a otros sólo una, tenía que ver con la complejidad de las causas.

En tanto, el juez Alejandro Saint Genez coincidió en que los sorteos eran por sistema informático entre todos los magistrados del fuero Civil y Comercial, y cuestionó el sistema de subrogancias. “Es difícil dedicar 6 o 7 horas diarias para atender el propio juzgado y luego dedicarse a dictar sentencias en expedientes que hasta ese momento uno desconoce”, sostuvo, y afirmó que “sin duda es necesario que las vacantes en estos juzgados se cubran con conjueces”.

Patricia Barbado, a cargo del Juzgado número 10 y subrogante para los juzgados 1 y 2, dijo que le consta que las subrogancias se determinan “por sistema informático y por complejidad”.

El magistrado Carlos Alvarez, a cargo del Juzgado número 11, recordó que el sistema de subrogancia “se remonta al año 2008” y que al principio “fue quincenal, pero luego, por el aumento de vacantes en los juzgados, se estableció que fuera semanal”.

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, informó que Tettamanti presentó el 23 octubre un escrito que acompañó con un ticket aéreo a Brasil, con fecha de regreso para el 2 de noviembre, con lo que justificó su ausencia.

Los testimonios de los jueces fueron contundentes. La designación “a mano” de un juez justamente en el caso Clarín fue vergonzosa, y ahora los responsables de esta maniobra tendrán que dar explicaciones.