Novedades del Juicio

15/2/2009

OTRA VEZ CANAL 13 CONDENADO
POR VIOLAR INTIMIDAD DE MENORES


Se dio a conocer en la Justicia la sentencia dictada el 6 de octubre de 2008 por el Juzgado Civil Nº 65 de la Capital Federal CONDENANDO A ARTEAR POR VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD DE MENORES.

Es por el programa “NO MATARAS”, creado por Carlos De Elía, el mismo que ideó el programa Telenoche Investiga contra el Padre Grassi. Este "magazine de casos judiciales" fue emitido por canal 13 el día 9 de Julio de 2003, conducido por su esposa María Laura Santillán.

Merece destacarse la siguiente reflexión de la Jueza : “Considero adecuado el reproche por la intromisión en la intimidad de los menores, pues han sido individualizados de modo que resulta fácilmente vinculable con su desgraciado pasado familiar del que además también resultan inocentes víctimas. En tal contexto, la publicidad de un morboso escenario familiar, en el que se ubican de modo identificable a menores de edad resulta OPROBIOSO Y REPROCHABLE pues significa UNA REVICTIMIZACION que han padecido en una proyección pública que configura un agravio nuevo y diferente".


A continuación el fallo completo que condena a ARTEAR (Canal 13) por violación a la intimidad de menores:




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Expediente Número: 107367 / 2003
Juzgado: 65 - Sala: L

10/10/2008 - SENTENCIA

VILLEGAS ANGELICA c/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires, Octubre de 2008.

Y Vistos :

Estos autos caratulados "VILLEGAS ANGELICA c/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS", ordinario, expte Nø 107367/2003, en estado de sentenciar de los que

Resulta:

Que a fs. 9 se presenta Angélica Villegas, por su propio derecho y en representación de sus nietos menores de edad Carolina Peters y Carlos Peters, con el objeto de interponer formal demanda de daños y perjuicios contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. por la suma de $ 100.000, con sus intereses costos y costas, solicitando asimismo la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar.

Relata al efecto que el día 9 de julio de 2003 a las 23 hs., el canal 13 de televisión, propiedad de la demandada, emitió el primer capítulo del programa "No Matarás". Que la temática resultaba ser a criterio de la reclamante, "novedosa", "arriesgada", en atención a que proponía al espectador una entrevista llevada a cabo por la conocida periodista Maria Laura Santillán y un entrevistado que había sido condenado por el delito de homicidio cometido contra su esposo, concubino y/o pareja.

El día mencionado, en el programa se emitió una entrevista a la madre de los nietos de la actora, Sra. María Cristina Alonso, quien fuera condenada por el delito de homicidio simple contra Carlos Ernesto Peters, padre de los menores actores y único hijo de la Sra. Angelica Villegas. Manifiesta que para quienes son familiares de quien en vida fuera Carlos Ernesto Peters, la emisión no ha implicado simplemente "la historia de vida de la reporteada", sino la existencia de un acto ilegítimo y antijurídico, al colocar una circunstancia privada en el centro de la opinión pública. Señala que la intromisión arbitraria se produce por no haber reparado que con la emisión se vulneraba la preservación de la intimidad de los dos menores.

Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 1071 bis, 1113, 2ø supuesto, del Código Civil, art. 31 de la ley 11.723, art 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. 17 del Pacto de las Naciones Unidas, Constitución Nacional, y Pacto de San Jose de Costa Rica.

Ofrecen su prueba y finalmente solicitan se haga lugar a la demanda, con costas. A fs. 22 toma intervención en representación de los menores la Sra. Defensora, en los términos del art. 59 del C. Civil.

A fs. 58, los actores amplían demanda, y ofrecen nueva prueba y desisten del co-demandado genérico.

Corrido el traslado de ley, a fs. 69 se presenta por apoderado Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con el objeto de contestar demanda.

En primer lugar, realiza una negativa genérica y una específica de los hechos narrados en la demanda, la que se tienen por reproducidas en honor a la brevedad.

Refiere que el programa exhibió el crudo y desgarrador testimonio de una mujer que afirma haber sufrido (junto con sus hijos) la violencia de su ex-marido, que equivocó tragicamente el camino para resolver la situación y que hoy cumple por ello una larga condena en prisión.

Manifiesta que contrariamente a lo sostenido por los actores, no se mencionó en el programa expresa y específicamente a los supuestos menores involucrados ni a la actora Villegas, ni se plasmó en la emisión opinión negativa de Carlos Peters. Destaca que no se vulneró el derecho a la intimidad de los actores, dado que le resulta evidente que los hechos policiales y judiciales no se refieren a las acciones privadas de los hombres, sino que trascendió desde su misma comisión aquel ámbito, derivando en un proceso penal de carácter e interés públicos.

Ofrece su prueba, funda en derecho, hace reserva del caso Federal y solicita se rechace la demanda, con expresa imposición de costas a la actora.

A fs. 100 tiene lugar la audiencia designada por el tribunal a los fines de los arts. 359 y 360 del CPCC, oportunidad en la que se abre la causa a prueba. Producida ésta, concluido el período correspondiente y agregados los alegatos presentados por las partes, y presente el dictamen de la Sra. Defensora a fs. 238, quedan los presentes en estado para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

Y Considerando:

Ante el conflicto entre dos derechos fundamentales e insoslayables -en el presente, la colisión entre el derecho a la información y los alegados derechos al honor y la intimidad- no es posible establecer prelación absoluta alguna entre ellos, sino que debe resolverse caso por caso.

Corresponde además recordar que las garantías constitucionales no son absolutas, sino que se desarrollan dentro de un marco que está dado por la finalidad con que son instituídas, y que en el caso de la libertad de expresión y de prensa, consiste en brindar a los habitantes la posibilidad cierta de estar suficientemente informados para emitir sus opiniones y ejercer sus derechos respecto de cualquier cuestión que suceda en la Nación en un momento actual o pasado, resguardando la libre difusión de las ideas como concepto esencial del bien jurídicamente tutelado. (ver doctrina de Fallos 315:1943)

El ejercicio del derecho de expresión e ideas y opiniones y su publicación o emisión pública, no puede entenderse en detrimento de los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran la integridad moral, el honor y la dignidad de las personas (art. 14 y 33 de la Constitución Nacional) de ello se extrae la exigencia de una práctica periodística veraz, prudente y compatible con el debido resguardo de la dignidad individual de los particulares, no puede calificarse este requerimiento como una indebida obstrucción de la prensa libre. Y el abuso de este ejercicio de la libertad de prensa se traduce en un distorsionado enfoque de la práctica de la importante función que compete a los medios de comunicación social, tal cual deben desarrollar en la sociedad contemporánea.(Fallos 321:2250)

Es por ello que el especial reconocimiento constitucional del que goza el derecho de buscar, dar y recibir información e ideas de cualquier índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio.(Fallos 308:789, 310:508 y 321:667)

A fin de asegurar la integridad de los derechos personalísimos comprometidos, en el específico campo resarcitorio, se trata de una responsabilidad subjetiva, por lo que en virtud de los principios que rigen el presente, no es dable presumir el dolo del autor del supuesto daño, sino que quien alega estos únicos factores de imputación debe demostrar su concurrencia (Fallos 321:667, 2637:3170) Jurisprudencialmente se ha señalado al respecto que "...si la prensa escrita ha informado profusamente sobre un hecho policial que puede considerarse de interés para gran parte de la población, sin incurrir en inexactitudes, volcando en los textos de sus notas la realidad de la situación, sin exageraciones, no produce lesión alguna al honor o la dignidad (CNCiv, Sala E, L. 247.766 "M. C.P.T. c/ Editorial Sarmiento S.A. s/ daños y perjuicios", voto del Dr. Calatayud del 24/09/1998)

Así, cuando se trata de agresiones al honor de las personas (Fallos 308:789 Campillay, 310:508 Costa, 319:3428, Campos, 324:2419 Bruno, etc.) no alcanza la mera demostración del resultado disvalioso sino que se ha exigido una mayor reprochabilidad a la conducta periodística.

Son decisivas para la dilucidación de la litis la exhibición del programa en cuestión, y las testimoniales volcadas con relación a los niños. La actora Villegas se ubica junto a sus nietos como afectada en su intimidad, sostiene que no corresponde un criterio de verdad o falsedad, pero seguidamente refiere a la afectación al honor, aludiendo a su hijo y padre de los menores.

Habré de adelantar que no encuentro en el programa emitido afectación o lesión al honor, aunque sí considero adecuado el reproche por la intromisión en la intimidad de los menores, pues han sido individualizados de modo que resulta fácilmente vinculables con su desgraciado pasado familiar, del que además también resultan inocentes víctimas. En tal contexto, la publicidad de un morboso escenario familiar, en el que se ubican de modo identificable a menores de edad resulta oprobioso y reprochable pues resignifica esa victimización que han padecido en una proyección pública que configura un agravio nuevo y diferente. Esta publicidad inoficiosa es además un ilícito sensible al orden jurídico en virtud de sus sujetos pasivos, niños, y por ello protegidos de la tutela diferenciada que consagra la ley Nø 26061 de protección de niños niñas y adolescentes.

En sentido coincidente, nuestra Corte Suprema se ha expresado, en precedente citado por la actora en su ampliación de demanda, que: "la difusión de la imagen del niño mediante diversas fotografías de tipo familiar e incluso del departamento donde habitaba al tiempo del fallecimiento de su madre, con mención de calle número y piso, excedía claramente el límite de la autorización conferida a las demandadas para la filmación del juicio oral donde se juzgaba a su padre como supuesto autor del homicidio preterintencional agravado por el vínculo conyugal, en el que finalmente fue absuelto. Agregó que el niño se encontraba involucrado en la cuestión suscitada con motivo del reproche penal, a pesar de lo cual, en la compaginación efectuada por la parte demandada para el programa difundido por Canal 13, fue identificado a través de las fotografías mencionadas, que resultaban totalmente ajenas al acta del debate cuya filmación fue autorizada". (CSJN. Keylan, Luisa A y Otro c Santillan Maria L y otros.31/08/2004).

Si bien las fotografías en el caso han sido exhibidas por la propia madre de los menores, tal como pone de manifiesto el precedente citado, esta exposición no se encontraba en la órbita de disponibilidad de la progenitora. De similar manera, la exhibición televisiva de las imágenes, en cuanto afecta de manera previsiblemente disvaliosa, intereses de menores de edad, pone en juego la responsabilidad civil de los realizadores del programa.

Considero reunidos en el caso el hecho ilícito: la difusión de imágenes de menores de edad mediante la publicidad televisiva potencialmente perjudicial a ellos. La relación de causalidad entre los perjuicios extrapatrimoniales reclamados y la emisión del programa en las condiciones descriptas -en las que ellos han sido incluídos de modo en que resultan fácilmente individualizables-. La certeza del daño extrapatrimonial se desprende de las declaraciones testimoniales producidas, que aportan de manera indirecta la comprobación de este perjuicio, en particular respecto de uno de los niños. La culpa - de la emisora- ante la omisión del deber de cuidado en los términos del art. 1068 del C.C., erigida en la especie como factor atributivo de responsabilidad.

Respecto de la imagen del padre de los menores, que, como se dijera, fuera ultimado por la entrevistada, no considero debidamente acreditada la ilicitud causante del daño cuyo resarcimiento se pretende ni el nexo de causalidad. Si bien considero lógico que la madre de la víctima fallecida a manos de su ex pareja sienta una lógica afectación en sus sentimientos al escuchar el relato de la convivencia que su ex nuera dice haber vivido, también lo es que al inicio del programa se aclaró que se escucharía la versión desde su punto de vista.

La conductora del programa al comienzo refiere que se tratará el primero de varios casos de asesinatos, en los que hombres y mujeres es la primera vez que deciden confesar. En un pasaje la Sra. Santillan afirma "muchas veces se presentan como víctimas de algo que no pudieron controlar". Seguidamente se pone de manifiesto que fueron juzgados y condenados.

Luego del relato de la historia afectiva, de las separaciones, reencuentros y de los incidentes previos y las circunstancias en la que comete el asesinato de su ex pareja la entrevistada sostiene que: "No diria que hice justicia no me da la cara, pero siento que recibió lo que se merecía".

María Laura Santillán en Cámara le dice que Peters había sido oficial de la dictadura.

Al final del programa una leyenda establece: Carlos Ernesto Peters, alias Claudio Eduardo Patek, fue asesinado el 11 de marzo de 1993.

Durante el juicio la defensa de Cristina Alonso sostuvo que actuó bajo estado de emoción violenta. El tribunal lo descartó pero consideró como atenuante las angustias y abandonos que debió padecer antes del crimen. Fue condenada por homicidio simple. Se ha dicho que "...un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas (admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud) imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando el tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito" (Campillay c/ La Razon. CSJN. 15/10/86.).

Con relación al menoscabo que pudiera haber causado la afectación del honor del señor Peters, estimo que en el caso, se ha identificado desde el comienzo la fuente de la información, pues el testimonio es directamente expresado por la ex esposa, sobre quien se aclararon previamente las circunstancias trágicas que los vincularan.

La demanda, no se ha detenido en precisar de qué modo la intimidad o el honor de la Sra. Villegas se ha visto afectado. Respecto de los menores, advierto claro su expresa mención, como se dijo por sus apodos, a través d ela mención del nombre y apellido del padre, y con la exhibición de fotografías.

Respecto del Sr. Peters, en la medida en que en la misma demanda su madre afirma que no se imputa por falsos los dichos del programa, sino por lesivos al honor, encuentro una contradicción difícil de resolver, para acoger la pretensión resarcitoria. Si los hechos no son falsos no se advierte la configuración del agravio, por el contrario puede colegirse que no ha mediado exceso en la publicación de la noticia sobre estos aspectos.

Por su parte en cuanto a la intrusión en la vida de la madre, tampoco la revisión del programa me permite colegir su existencia.

Estimo que la prueba reunida no ha logrado conmover la versión respecto de las características personales de la víctima de homicidio, ni las relativas a las desaveniencias que relata el programa según la versión de su ex pareja. Aún cuando resulta obvio que en razón de haber sido asesinado por ella se ha visto coartado el derecho a réplica, también es cierto que, el programa fue emitido contextualizando que era la versión dada por quien fue juzgada y encontrada culpable por un homicidio, contra la persona sobre la que declara.

Según se refiere en el programa, y no ha sido controvertido por la actora, la sentencia criminal encontró atenuantes por angustias y abandonos. Sobre este aspecto ya no es la victimaria, sino las constancias del proceso penal, las que son referidas como fuente. Esto tampoco fue materia de controversia. La madre de la víctima - la Sra. Angélica Villegas- no sólo omitió todo tipo de pruebas respecto del concepto que su hijo merecía, sino que desde un inicio propuso así su estrategia de demanda, pese a que pretendía un resarcimiento por lesión al honor.

Tratándose de adultos mayores de edad involucrados en un proceso criminal, considero que el programa impugnado atraviesa con éxito el test de la real malicia, pues sus fuentes han sido claramente sindicadas: la causa penal y la versión de la ex esposa de la víctima de homicidio. En otras palabras, el relato proviene de quien fuera condenada como homicida de su ex pareja. Y ha sido emitido sin omitir este contexto fundamental.

Debe notarse que cuenta con las contradicciones propias de la realidad vivida por quien brinda su testimonio, tal como se advierte al inicio del programa. Al tiempo que critica la personalidad agresiva de quien luego fuera su víctima, Cristina Alonso refiere haberse encontrado fuertemente atraída por su ex esposo, a quien en partes adjetiva como "su galanazo" y de quien recuerda "era un seductor" y "buen amante".

"Las publicaciones que inciden en los sentimientos de las personas pero que no están directamente orientadas a divulgar aspectos de su vida privada, no pueden ser tomadas como un "ataque" en los términos de los arts. 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250) pues llevar tan lejos el sentido de esta expresión no sólo sería un uso forzado del texto, sino que también sería inconsistente con la relevancia del derecho a la libertad de prensa que es la moneda con la que se pagaría el costo de esta ampliación interpretativa del derecho a la intimidad (Franco J.C. c/ Diario "La Mañana", L.L. 14/12/2007, 6-DJ 02/01/2008, del voto en disidencia de la Dra. Argibay).

En este esquema considero que la emisión cuestionada desarrollada desde la óptica del relato testimonial, no evidencia reproche asequible con relación a la posibilidad de agravio de los mayores de edad afectados por esta publicación periodística.

Diferente es el tratamiento que se refiere a los menores, tal como se fundamentara extensamente en los párrafos previos.

Así pues, a tenor de la condena penal que recibiera la madre de los menores coactores, realizada con diligencia y razonabilidad al informar, con la participación preminente de una de las principales protagonistas del drama, no existe reproche de ilicitud a fin de dar sustento normativo al reclamo de daños y perjuicios impetrado por derecho propio por la Sra. Angélica Villegas. A partir de lo expuesto, será rechazada la pretensión ejercida por derecho propio por la nombrada, en el entendimiento de que el accionar del programa "No matarás" fue emitido a su respecto, sin que la libertad de prensa (art. 14 de la Constitución Nacional) exorbite su ámbito de licitud. Complementa este aserto, la circunstancia de que no se ha cumplido con la carga de acreditar los extremos que hacen a la viabilidad de su pretensión, de acuerdo con el art. 377 del CPCC.

A distinta solución he de arribar, como ya fundamentara, respecto del reclamo de los menores.

Debo hacer la salvedad de que a criterio de la sentenciante la doctrina de la "real malicia" merece una interpretación adecuada a los cánones de tutela diferenciada cuando se encuentran afectados intereses de menores.

En esta tesitura considero que los arts. 16 y 18 de la C.N. imponen que en la defensa de los derechos de los menores de edad se adopten garantías funcionales y operativas que posibliten un proceso justo. En él deberá equipararse la diferencia de fuerzas que cuenta un menor frente al poderío de los medios de prensa, frecuentemente llamados "cuarto poder".

La doctrina de la real malicia ha sido establecida como un canon de valoración diferenciada del grado de culpa del medio periodístico. Pese a que nuestro codificador rechazó el sistema de gradación de culpas, por vía jurisprudencial se ha ido consolidando esta doctrina a punto tal que, nuestra Corte Suprema, ha tachado de arbitrario algún pronunciamiento que omitiera su aplicación.

A lo expresado cabe agregar que el sustento de los derechos reconocidos en la Constitución -y en consecuencia los tratados que cuentan con jerarquía constitucional (art 75, inc. 22 de la C.N.)- deben ser interpretados de forma tal que exista una correspondencia recíproca a fines de que los obtengan mayor amplitud los derechos y garantías individuales de los menores. Corresponde armonizar la debida protección de la libertad de prensa ( art. 14 C.N.) con la tutela del derecho de los niños implicados a no ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias a su intimidad, y en consonancia con el derecho al debido proceso y a la igualdad, en el sentido expresado en párrafos anteriores. Así respecto del menor entran en juego, además de los arts. 16 y 18 de la C.N., particularmente el art. 16 inc. 1ø, así como los arts. 2, 3, 4, 8 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ver doctrina Fallos 324:975).

Tanto la mencionada Convención, como la Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) otorgan preferencial tutela a los derechos de la infancia. La necesidad de esta "protección especial" enunciada en el preámbulo de aquella, así como la atención primordial al "superior interés del niño" enunciada en su art. 3ø, proporcionan un parámetro objetivo a fin de dilucidar los conflictos en los que se encuentren involucrados menores, ateniéndose a la solución que les resulte de mayor beneficio.

Lo expuesto es así a tenor de que existe una acentuada presunción a favor del niño por tratarse de personas que carecen de discernimiento para disponer de los aspectos íntimos de su personalidad, debido a su falta de madurez física y mental, necesidad de protección y cuidados especiales e incluso la debida protección legal (preámbulo citado) lo cual requiere de la familia, la sociedad y el Estado, la adopción de las debidas medidas tutelares que garanticen esa finalidad (art. 19 del Pacto) (Ver doctrina Fallos 324:975 Voto de los Dres. Moliné O Connor y G.A.F. Lopez.) Por lo demás, resulta pertinente recordar que no se encuentra en juego en el caso la eventual veracidad de las informaciones brindadas, extremo que resulta indiferente cuando lo que se intenta proteger es la intimidad (Fallos 308:789, disidencia del Dr. Fayt).

Ello es particularmente así cuando se trata de la protección de la esfera de intimidad de los menores, incluso aquellos que sean parte de causas judiciales, tal como ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 324:975 y además ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC 17/02 del 28/08/2002, Serie A Nø 17. Allí se sostuvo que "Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto en su condición de seres humanos y la dignidad inherente a ellos, como por la situación especial en la que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, la sociedad y con respecto al estado"; "Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procedimientos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquellas" (párrafos 93 y 94)

Los daños sufridos por los Niños:

La circunstancia de haber mencionado en la emisión del primer capítulo del programa "No Matarás" a los menores por su nombre en el caso de la niña y por su inequívoco apodo en el ejemplo del niño, la mención del apellido de ambos, y la exhibición de fotografías excede desde la óptica de la tutela de la intimidad y la dignidad de los menores el debido derecho y libertad de informar, debiendo la demandada indemnizar a aquellos por la vulneración de los derechos personalisimos enunciados, en el tratamiento de la información brindada.

Respecto del menor Carlos Peters, a fs. 127 el testigo Dominguez declara que le consta que los menores tuvieron problemas en el colegio "...especialmente Toti, que se volvió muy agresivo". A fs. 123 la testigo Castellari declara que "...al otro día de ver el programa...habló con Toti, "...a quien encontró en la calle paseando al perro en horario de escuela. Al preguntarle el testigo porque no estaba en el colegio, el menor le respondió "...no voy a ir más a la escuela después del programa de anoche, tengo mucha verguenza. No sólo me nombra mi y a Carolina sino que mostró nuestras fotos". Manifiesta el testigo que el menor volvió a la escuela a los tres días "...pero con mucho temor" Agrega el testigo que el niño había contado en la escuela que sus padres habían muerto, "...para sacarse los comentarios de encima". Aclara que cuando se refiere a comentarios se refiere a "...los comentarios de a diario, de los padres que van a buscar a sus hijos a la escuela".

La perito psicóloga Coronel informa a fs. 147 y ss. que cuando el menor regresa al colegio todo "...fue como lo había temido, sus compañeros le comentaron haber visto el programa y lo señalaron como el "Toti" nombrado por la mujer. Sintió verguenza, humillación, dice haber querido escapar de esa realidad, volver, retroceder en el tiempo, y que ese programa no hubiera existido jamás. Se preguntó porque todos tenían que conocer esa horrible verdad. No podía soportar la idea de que todos sus compañeros supieran que el era el hijo de una asesina." Dictamina la experto a fs. 149 vta. que "...para Carlos el hecho de marras ha sido un violento golpe a su narcisismo el que en todo sujeto...se contituye a través de las figuras parentales". Que el menor sufre de inhibiciones, disminución en la posibilidad de proyecciones, imposibilidad de sublimar sus pulsiones agresivas y un marcado descenso del interés y del deseo, a partir de la desacreditación de los ideales paternos.

Estima la perito que la incapacidad del menor es del 40%, bajo el cuadro de desarrollo reactivo severo.

En atención a la forma y concepto en la cual fue solicitada la indemnización, hay que recordar que el daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado. Es oportuno señalar que se acredita con el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante. Para establecer la cuantía del daño se debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que cualquier otro rubro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanan del proceso" ( CNCiv. Sala L, "Szulak Ariel Dario c/Trenes de Buenos Aires S.A. s.sumario, 30.9.2004).

Es así entonces que atendiendo a los padecimientos sufridos por la actora, dentro de la órbita atribuíble a la demandada, así como la repercusión que en la faz espiritual y anímica esta afectación a la integridad ha de suponer, y su recepción subjetiva, considero ajustado fijar la suma de $ 90.000.- (conforme con los arts. 1078 del C. Civil y 165 del C. Procesal), a favor del menor Carlos Peters.

Respecto de la menor Carolina Peters, la perito informa a fs. 185 que "Carolina no ha visto el programa, sabe que existió, conoce desde muy pequeña toda la verdad -inclusive dice haber visto en alguna ocasión a su madre biológica y conoce las circunstancias del deceso de su padre- no se le ocultó nunca la verdad, y en ella este episodio no ha quedado registrado como traumático." Afirma la experto que "...la menor no muestra signos patológicos en su personalidad, no existe daño psicológico. La conclusión diagnóstica es que se encuentra dentro de los parámetros que implican una personalidad normal, con defensa adecuada, control de impulsos, tolerancia a la frustración y equilibrio emocional"

Y concluye reiterando que "...no hay en la menor datos que indiquen daño psicológico, no teniendo el asunto de marras incidencia en su personalidad"

De acuerdo al art. 377 del CPCC, le correspondía a la reclamante la carga de la prueba del daño sufrido. En consecuencia, incumplida la máxima aplicable en el caso actoris incumbit onus probandi, el reclamo efectuado, teniendo en cuenta el desconocimiento del programa y por ende la imposibilidad de presunción de lesin respecto de la niña, no puede tener favorable acogida.

En consecuencia la demanda efectuada por el Angélica Villegas en representación del menor Carlos Peters prospera por la suma de $ 90.000.- Respecto del pedido de publicación de la sentencia, considerando la proveyente que en el caso aquella contradice la defensa de los derechos a la intimidad y el honor de los menores, resultando contraproducente a tenor del superior interés de los niños, no ha lugar a lo solicitado.

Por las razones expuestas y textos legales citados, por resultar innecesario analizar las demás pruebas y argumentos esgrimidos (art. 386, 2º parte, CPCC), Fallo: I) Rechazando la demanda entablada por Angélica Villegas, por sí. Con costas a la actora vencida (art. 68 CPCC) II) Rechazando la demanda entablada por Angelica Villegas en representación de la menor Carolina Peters. Con costas a la demandada (art. 68 CPCC) III) Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por Angelica Villegas en representación del menor Carlos Peters, contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (Artear S.A.) y en consecuencia, condeno a la demandada a abonarle la suma total de pesos noventa mil ( $ 90.000.-) conforme los considerandos precedentes, y dentro de los diez días de notificados de la presente, con más sus intereses tal como surge del considerando respectivo, y las costas irrogadas por el proceso a su respecto.(art. 68 del Código Procesal). IV) No haciendo lugar al pedido de publicación de la sentencia en un diario o periódico.

Los honorarios de los profesionales intervinientes deberán ser abonados dentro de igual plazo que el importe de la condena, siguiendo la jurisprudencia que ha sentado que: "El monto del juicio previsto en el art. 19 de la ley 21.839 incluye los intereses reclamados en la demanda. De ahí que, mediante sentencia condenatoria o que mande llevar adelante la ejecución dichos intereses deben incluirse en la determinación del monto del juicio. Ello sin perjuicio, claro está, de la aplicación que corresponda efectuar en cada caso de otras pautas del arancel, en particular las contenidas en el art. 6, y eventualmente del art. 13 de la ley 24.432. (Sumario Nø 16383 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín Nø 8/2.500). Tipo de Fallo: Relación . CNCiv . Sala I - Expte. Nø 1019319 - Fecha 15-02.05 CERVECERIA Y MALTERIA c/DISTRIBUIDORA LOMA HERMOSA s/REGULACION DE HONORARIOS - INCIDENTE CIVIL) (EL DIAL AE 2013).

En consecuencia se regulan los honorarios de los Dres. Enrique Kussi y Esteban Kussi,en conjunto, en su carácter de letrados patrocinantes de la actora en la suma de $ 4.000 (Cuatro mil pesos); los del Dr. Luis Maria Novillo Quintana, en su carácter de letrado apoderado de la demandada en la suma de $ 2.000 mil (Dos mil pesos); y los del Dr. Nicolás Sergio Novoa, en su carácter de patrocinante de la demandada, en la suma de $ 1.000 (Mil pesos); los honorarios de los letrados de la demandada por el rechazo de la demanda entablada por la Sra. Angélica Villegas y en representación de la menor Carolina Peters, a cargo de la actora, se fijan en la suma de $ 1.500 (Mil quinientos pesos) en conjunto, arts.- 6, 7, 9, 10, 19, 22, 39 y cctes. de la ley nº 21.839, modificada por los arts. 12 y 13 de la ley nº 24.432.

A la perito psicóloga Rita E. Coronel se le regulan sus honorarios en la suma de $ 800 (Ochocientos pesos), valorando la calidad, extensión, claridad e incidencia global de sus tareas en la decisión de la causa (conf. art. 88 Dto. 7887/55, modificado por la ley 21.165. Lo expuesto, además teniendo en cuenta la proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los peritos con los regulados a los letrados que han actuado a lo largo de todo el proceso y en sus distintas etapas (conf. C.S.J.N. FALLOS 246:293, 243:96; entre otros; C.N.Civ. Sala "E" 86.315 "Baruj Osvaldo R.c/Transportes El Pampero SS s/sum" del 25/02/89).

Tiénese presente la reserva del Caso Federal impetrada.

Regístrese, Notifíquese a las partes, a la Mediadora y a la Sra. Defensora de Menores en su despacho, déjese constancia en el registro informático y oportunamente, archívense las actuaciones.

Firma:
Fecha Firma: 10/10/2008

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E N C U E S T A
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