Novedades del Juicio

25/6/2008

Periodista Daniel Olivera (libro "Pecado")
Condenado por "inventar reportaje"
contra Padre Grassi


El periodista Daniel Olivera se acercó a la Fundación Felices los Niños en el año 2000 para ofrecerse a hacer la Revista Institucional de la Obra. Todo fue bien hasta que en Octubre del 2002 estalló la calumnia de Telenoche Investiga contra el Padre Grassi. Al mes siguiente se alejó y allí comenzó a escribir el libro "Pecado" contra el sacerdote fundador de Felices los Niños, quien hasta el momento le pagaba puntualmente y bien sus servicios periodísticos. Cuando el Padre Grassi cayó en desgracia Daniel Olivera dijo adios. ¿Traición, despecho, aprovechamiento? No lo podemos asegurar. Lo que se ve claro es una total falta de ética. A esto se suma la cantidad de mentiras que escribió impunemente. Olivera tiene ya dos condenas y Editorial Planeta una. El Padre Grassi inició su demanda y hay varios menores involucrados en los inventos de la "novela" que darán a Olivera y Planeta otras inminentes condenas.

Esto es la Causa Grassi. Así la armaron. Así siguen hasta hoy. Aunque, con una justicia seria e imparcial, puede haber luz donde se sembró la oscuridad de la injuria y la difamación.

A continuación la dura condena al periodista Daniel Olivera por inventar un reportaje que nunca se hizo, para perjudicar al Padre Julio César Grassi:




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL

Expediente Número: 10609 / 2006
Juzgado: 13

12/06/2008 - SENTENCIA

JJG c/ GRUPO EDITORIAL PLANETA SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

//nos Aires, Junio de 2008. Y VISTOS: Estos autos caratulados JJG contra GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A. y Otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Expdte. N 10.609/06) en estado de dictar sentencia de los que
RESULTA:
a) Que a fs. 9 se presenta el Sr. JJG, por sí, promoviendo demanda por indemnización de daños y perjuicios contra GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A. y DANIEL CARLOS OLIVERA por la suma de $ 120.000 con más sus intereses y costas.
Manifiesta que pretende la reparación del daño moral causado por los demandados por violación al derecho al honor en su perjuicio por difundir informaciones falsas, inexactas y agraviantes en el libro que editara la demandada Editorial Planeta S.A. denominado Pecado publicación escrita por Daniel Olivera, aparecida por el mes de febrero de 2003 y donde se publicó un supuesto reportaje realizado al accionante que nunca existió.
Refiere que conforme surge de las páginas 25/26 del libro mencionado, aparece un supuesto reportaje y en donde el actor se explayaría sobre los noviazgos que habría tenido su hermano, el sacerdote Julio César Grassi, creador de la Fundación Felices Los Niños y en especial respecto de un romance del Padre Grassi con una señorita de nombre R.
Reitera que el aludido reportaje nunca se realizó y que los dichos del actor fueron inventados e imaginados por el escritor quien en ningún momento entrevistó al actor.
Asimismo, en la página 241 del libro mencionado fue incluido el nombre del actor, en el capítulo en donde el relato se detiene en el lugar de las oficinas del Padre Grassi y en los momentos previos a la emisión del programa televisivo "Telenoche Investiga" en donde se difundieron denuncias sobre supuestos hechos de abuso sexual de menores alojados en la mencionada institución, circunstancias en las que numerosos periodistas intentaban entrevistar al Padre Grassi.
Relata que en el libro se puede leer que JJG estaba al comando de la resistencia en las oficinas de Grassi y que cada tanto cuando los periodistas se ponían muy pesados salía a hablar con ellos y juraba que no tenía idea donde estaba su hermano. Después, se comunicaba con el sacerdote por el celular. Entiende que claramente y sin justificación alguna se lo catalogó como un mentiroso, como una persona rápida para la falacia e inescrupulosa para el engaño. Agrega que en ningún momento ha proferido el juramento de que da cuenta el libro cuestionado por lo que no es posible comprender cuál pudo haber sido la intención del autor al incluir el párrafo de marras en su obra. Concluye que resultaría evidente que el escritor tuvo en miras la exclusiva intención de agraviar al actor.
Expresa que el daño que le ha ocasionado la publicación masiva de la situación narrada es enorme perturbando su tranquilidad y afectando su fama y trayectoria profesional.
Asimismo, manifiesta que la Editorial Planeta S.A. es responsable civil porque sostiene que el editor de la obra no es un mero reproductor del trabajo del autor sino que se constituye en coautor y por ello obligado a resarcir los daños que la publicación pueda ocasionar. Agrega que el editor de no colaborar en la difusión de la obra del autor no hubiera generado conflicto alguno pues la misma quedaría en el ámbito propio de este último.
Pide la publicación de la sentencia, funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda.
b) Que a fs. 37 se presenta Grupo Editorial Planeta Sociedad Anónima Industrial y Comercial, por medio de apoderado, contestando la demanda. Reconoce que editó la obra titulada Pecado , que dicha obra fue impresa en el mes de febrero de 2003 y que su autor fue Daniel Olivera. Niega haber intervenido personalmente o por medio de sus dependientes ni tenido conocimiento directo de los hechos que se exponen por el autor en la mencionada obra habiendo participado sólo en la celebración de un contrato para la edición de la misma.
Expresa la empresa demandada que se ha limitado exclusivamente a la realización de los actos materiales y jurídicos necesarios para la edición de la obra, esto es, la corrección gramatical de sus originales, su posterior impresión, distribución y venta no habiendo participado con nadie en el ejercicio de actos que supongan o tengan por finalidad deshonrar o desacreditar al accionante.
Refiere que parte del objeto social de la empresa se cumple mediante la concertación de contratos de edición con autores nacionales y extranjeros. Agrega que una vez acordada la publicación de una obra y recibidos los originales de la misma se hacen las correcciones de página, se dispone su impresión y se procede a la comercialización acompañada de la publicidad que el caso aconseja. Entiende que como editor no tiene ningún poder sobre el contenido de la obra en razón de lo dispuesto por los arts. 37 a 44 de la ley 11.723 que el autor asume plena responsabilidad frente a la editorial y terceros por todas las afirmaciones contenidas en la obra extendiendo esta responsabilidad a todas las consecuencias patrimoniales que pudieren afectar al editor con causa en acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de tal obligación que se estipuló en la cláusula primera del contrato de edición que se acompaña.
A su vez, expresa que el libro editado tiene como fuente exclusiva e identificada a su autor y en tal sentido es que es absolutamente verídico el contenido de la obra siendo que es verdad que la obra es de autoría de Daniel Olivera y este hecho no ha sido cuestionado en la demanda. Reitera que la editorial no ha hecho suyos los dichos, opiniones e hipótesis del autor habiéndose limitado a la reproducción del texto de la obra. Concluye que la editorial no es coautora de la obra ni ha colaborados con el autor en la redacción de la misma sino que ha hecho la publicidad y lo ha vendido, tareas propias del editor.
En subsidio, para el caso de que se considerase que el editor sea responsable por el contenido de la obra, señala que las manifestaciones contenidas en la obra no importan atribuir al actor la comisión de un hecho ilícito o haber sido víctima de un acto ilícito. Que de no haber existido reportaje, no se puso en boca del actor frase alguna lesiva para sí o para terceros como asimismo tampoco se lo ha calificado de mentiroso.
Funda en derecho su pretensión, ofrece pruebas y solicita se rechace la demanda.
c) Que a fs. 49 se presenta Daniel Olivera, por derecho propio, contestando la demanda. Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda.
Expresa que fue hasta el mes de noviembre de 2002 director de la Revista Felices los Niños, la publicación oficial de la fundación del mismo nombre que dirigía el cura Grassi. Esa circunstancia motivó que el demandado en varias oportunidades, antes y después del programa Telenoche Investiga que enunciara una serie de hechos que diera origen a la causa penal que involucra al Padre Grassi, dialogara con el actor sobre situaciones relacionadas con la Fundación y con su hermano.
Dice que prueba de ello es el ejemplar de la revista, en donde surgen los nombres del staff y el nombre del editor periodístico.
Manifiesta que ya desvinculado de la publicación y con posterioridad a la iniciación de las actuaciones penales, el demandado decidió la publicación de la obra Pecado. Para ello contó con la colaboración de María de los Ángeles López y de Leonardo Martínez siendo aquélla, que también fue Jefa de Redacción de la Revista, la persona encargada de efectuar el reportaje que aparece publicado en el libro.
Expresa que respecto de los cuatro renglones de la página 241 en modo alguno dan lugar al reclamo intentado. Sostiene que no se advierte ánimo de perjudicar al actor y menos el de ofender su honor, su honra o crédito. Agrega que el periodismo es fundamentalmente información y opinión y cuando éstas se da con buenos motivos no se puede alegar la existencia de antijuridicidad.
Ofrece pruebas y solicita el rechazo de la demanda.
d) Que a fs. 77 se abre la causa a prueba, a fs. 106 certifica el Actuario sobre la producción de las pruebas y a fs. 215 se llaman autos para sentencia, providencia que a la fecha se encuentra firme;
Y CONSIDERANDO:
I.- Que el actor persigue la reparación del daño moral causado por la violación del derecho al honor por difundir informaciones falsas, inexactas y agraviantes en el libro denominado Pecado escrito por Daniel Olivera y editado por la empresa editorial demandada en el cual, en las páginas 25 y 26, se publicó un supuesto reportaje que nunca existió.
Asimismo reclama el daño causado por la inclusión de su nombre en la página 241 donde se lo catalogó de mentiroso y como una persona rápida para la falacia e inescrupulosa para el engaño.
El primer aspecto de la controversia gira en torno a que el actor afirma que el libro publica un reportaje que no existió en el cual éste se explayaría sobre los noviazgos que habría tenido su hermano, el sacerdote Julio César Grassi y en especial respecto de un romance con una señorita de nombre R, manifestaciones que jamás expresó. En cambio, el Sr. Olivera sostiene que corresponde a expresiones efectuadas a la Sra. María de los Ángeles López quien fue la persona encargada de efectuarle el reportaje que aparece publicado en el libro de marras.
En lo que hace a la cuestionada publicación, en las mencionadas páginas 25 y 26, donde el autor intenta reflejar aspectos de la personalidad del Padre Grassi referidas a sus relaciones con el sexo opuesto antes de ingresar al noviciado, particularmente con una joven de nombre R, se lee:
No tiene la misma percepción su hermano JJG. El que más lo defiende y el que más intenta sostener ese ideario de perfección que fabricó el sacerdote:
No lo vi enamorado de ella recuerda-
Sí tenía ganas de verla pero no llegaba a fondo. Claro, si yo hubiera tenido una sola novia y me hubiera hecho cura, para mí sería la más importante ¿no? Si no pasó otra cosa más que darse la mano.
Cómo que no pasó de darse la mano?¿Nunca se dieron un beso?
-¿Un beso? Julio no tenía vocación de novio. Ella era muy linda y estaba locamente enamorada de él. Tanto es así que otra chica que vivía en la esquina de casa, Marianela, también quería salir con Julio, pero R se las ingeniaba para llegar antes.
JJG, enfervorizado en la defensa de su hermano, también construye otro mito: el del Grassi galán, irresistible para las mujeres: También tenía que ver que Julio era pintón, y por condición social no hay que olvidarse que papá tenía una industria se le hacía todo más fácil con las mujeres.
Por el relato de JJG, Julio Grassi no explotó el sex appeal que irradiaba en Remedios de Escalada y sus inmediaciones.
-Lo que pasa es que a él no se le daba por tener novias concluyó, sin atenuante, su hermano.
Tocante a la transcripción efectuada, como puede observarse la utilización del entrecomillado y el guión que encierran un pasaje indican al lector que el mismo reproduce las palabras del reporteado en forma textual. Le informa que está leyendo la declaración del interlocutor y no una paráfrasis u otra interpretación indirecta hecha por el autor.
Sentado lo expuesto, cabe referir que a fs. 197/198 obra la declaración testimonial de María de los Ángeles López, que mantiene una relación de pareja con el autor. Expresó que a fines de 2002 le hizo una entrevista a JJG para hablar del libro que estábamos haciendo y dar su testimonio sobre su hermano, el padre Julio César Grassi.
Asimismo, la testigo refirió que el actor en la entrevista contó detalles de la infancia del sacerdote, que habló de su primera novia y que básicamente lo que está en el libro son las ideas principales de las que hablaron y que después fueron ratificadas por otras fuentes (resptas. 2da. y 3ra.).
Por otra parte, en la respuesta a la repregunta cuarta, la testigo declaró que no recuerda si conserva grabaciones y escritos -referidos a las entrevistas en las que participó para el libro Pecado- pero podría llegar a tenerlas. Luego se le repreguntó sobre si tenía la grabación de este reportaje a JJG, si fue grabado, respondió que el propio JJG me pidió que no lo grabara, recuerdo que tomé notas de todas sus palabras (repregta. 5ta.).
Seguidamente cuando se le preguntó si conservaba en su poder las notas que mencionó en la respuesta anterior contestó que no lo recuerdo.
Ahora bien, el testimonio prestado por López resulta de atendibilidad restringida de conformidad con las pautas establecidas por el art. 456 del CPCC que imponen al juzgador apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones teniendo en cuenta que al mantener una relación afectiva con el demandado se puede suponer su intención de favorecer la posición de este último, circunstancia que disminuye la fuerza convictiva de sus dichos y su calidad de tercera ajena al pleito.
Amén de ello, tampoco crean convicción sus declaraciones en cuanto dice no recordar si tiene en su poder las notas por ella efectuadas con motivo de la entrevista que habría realizado al actor si se tiene en cuenta la profesión que ejerce la testigo y que conocía el motivo de la citación a la audiencia testimonial pues no es dable suponer que una periodista no recuerde tener el material.
Al respecto, corresponde agregar que el demandado no arrimó al proceso ningún elemento de juicio. Le hubiera sido fácil hacerlo pues bastaba con acompañar las correspondientes notas de investigación que utilizó para la elaboración de su obra.
Es que si bien el art. 377 del Cód. Procesal, como principio general, pone a cargo de la parte que afirma la producción de un hecho controvertido la carga de su acreditación, ello de ningún modo importa que la contraria se desentienda de la prueba, limitándose a negar; más aún si, como en el caso, la demandada afirmó que la entrevista se realizó. Ello es así por cuanto sin perjuicio del deber del actor, también existía el de su contraria.
Por lo tanto, a la luz de lo expuesto considero que no se encuentra acreditado que el reportaje en cuestión se haya realizado concluyendo en la inexistencia del mismo.
II.- Con relación a la responsabilidad civil de los medios de prensa cabe destacar que, de acuerdo de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la garantía de los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, la libertad de prensa o imprenta, libertad de publicar ideas sin censura previa, responde al derecho de información sustancial de los individuos que viven en un estado democrático, de allí que la libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de dar y recibir información y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13 inc. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23.054, que al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, declara como comprensiva de aquella la libertad de buscar, recibir y difundir información de ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, y por el otro que el derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles, pues si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de decidir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa, agregando que la función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de integridad moral, el honor y la intimidad de las personas y es por ello que el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad por los delitos y daños cometidos en su ejercicio (CSJN, Ponzetti de Balbín c/Editorial Atlántida, 11/12/84, Fallos: 306:1982, ED 112-2421; íd., Campillay, Julio César c/ La Razón
Reiteradamente ha resuelto nuestra jurisprudencia que la garantía de la libertad de prensa excluye el ejercicio del poder restrictivo de la censura previa pero no exime de responsabilidad por el abuso y el delito en que se incurra por este medio (CSJN, Gorvein, Diego c/Amarilla, Juan H, LL,1998-F-118).
En ese orden de ideas, cabe señalar que una interpretación teleológica y sistemática del articulado de la Constitución, nos conduce a sostener que, el derecho inherente a cada individuo para expresar libremente su pensamiento por medio de la prensa, puede ser regulado. Regulación que tiene por objeto armonizar su ejercicio con la debida tutela que merecen las restantes libertades constitucionales. No se puede imponer la censura, ya sea en forma directa o encubierta, pero sí prever la aplicación de sanciones cuando a través de la libertad de prensa se incurren en arbitrarias lesiones para algunas de las especies del género que ella integra (Badeni, Gregorio. Las doctrinas Campillay y de la real malicia en la jurisprudencia de la Corte. LL 2000-C-1244).
Sobre el particular, cabe puntualizar que, como se ha dicho, la libertad de prensa tiene como corolario la responsabilidad de los medios de difusión por la publicación de noticias falsas, como si fueran verdaderas, que afectan derechos personalísimos. Ello es así, pues el accionar de tales publicaciones debe estar presidido por la verdad, la lealtad y la probidad. (cita jurisprudencial en Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil , Ed. La Ley, T IV, pág. 219)
Tocante a la información inexacta cabe recordar que la Corte Suprema en el caso Ramos (Fallos: 319:3428), ratificó la doctrina que ya había expresado en el precedente Costa (Fallos: 310:508), según la cual para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia; en cambio, basta la negligencia precipitada o simple culpa en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinente (Fallos: 319: 3428, considerandos 9°,10° y sus citas).
Por su parte, cuando se trata de un ciudadano común como en el caso de autos-, el Tribunal ha dicho que basta con la acreditación de la simple culpa, aún cuando se considere que el tema sobre el que versaba la nota era de interés público o general.
Este criterio, que es también el de la jurisprudencia de la suprema corte norteamericana (Gerts vs. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, año 1974) ha sido reafirmado por esta Corte en Fallos: 321:3170 (caso Díaz, voto de los jueces Belluscio y Bossert, considerando 7°; Fayt, considerando 10; Petracchi, considerando 3°; Boggiano, considerando 13 y Vázquez, considerando 12), en Fallos: 324:4433 (caso Guazzoni , voto de los jueces Fayt, considerando 11 y Vázquez, considerando 13) y en Fallos 325:50 (caso Spacarstel, voto de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 8°)(CSJN, Menem Amado c/La Voz del Interior s/Sumario del 5/8/03).
Desde otra perspectiva se ha formulado una distinción conceptual con respecto a la información inexacta, destacando que ésta puede ser errónea o falsa. Sostuvo el Dr. Jorge Bustamante Alsina: La información es falsa cuando es engañosa, fingida o simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad. La información es errónea cuando ella es el resultado de un concepto equivocado que en la mente del informante difiere de la realidad (Bustamante Alsina, Responsabilidad civil de los órganos de prensa por informaciones inexactas , LL T 1989-B-287): Agrega este autor que si la información no verdadera es transmitida con falsedad, el autor es responsable penal y civilmente, por provenir de un acto consciente y deliberado con el fin de engañar; y si es transmitida por error, el autor no sería responsable civilmente del perjuicio causado si el error fuese excusable, esto es, si hubiese empleado los debidos cuidados, atención y diligencia para evitarlo. Concluye: En cambio sería responsable si hubiese faltado al deber de veracidad que consiste en el obrar cauteloso y prudente en recibir y transmitir la información.
III.- De allí que la publicación de un reportaje inexistente constituye un acto antijurídico que importa una lesión al derecho a la intimidad del actor. Así la mayor parte de la doctrina entiende que la intimidad se viola a través de cualquier forma de perturbación arbitraria de los sentimientos aunque ella provenga de la difusión o atribución de hechos o circunstancias falsos o erróneos (cfr. Bueres-Highton, Código Civil , T 3 A, pág. 132). Por lo tanto, en orden a lo dispuesto por el art. 1071 bis, del Código Civil, teniendo en cuenta las legítimas aflicciones espirituales provocadas por la aparición de un reportaje inexistente donde el actor aparecía hablando de su hermano en un libro en el cual se describe la actuación de éste en forma crítica, corresponde fijar prudencialmente la suma de Pesos Diez Mil (art. 165 del Cód. Procesal).
IV.- Establecido lo anterior, corresponde proceder al tratamiento del segundo aspecto de la controversia que se refiere al derecho al honor del actor que el demandado Sr. Olivera habría lesionado al incluir comentarios injuriantes e hirientes hacia su persona en la página 241 del libro en cuestión, presentándolo erróneamente ante la sociedad como un sujeto mentiroso y engañador.
El cuestionado párrafo dice textualmente:
JJG estaba al comando de la resistencia en las oficinas de Grassi. Cada tanto, cuando los periodistas se ponían pesados, salía a hablar con ellos y juraba que no tenía idea dónde estaba su hermano.
Después se comunicaba con el sacerdote por el celular.
Es necesario considerar a los fines de la decisión a arribar el contexto en que aparece el mencionado párrafo. Como puede observarse, previamente se describen las vicisitudes ocurridas con motivo de la transmisión del programa de Telenoche Investiga que involucraba al padre Grassi y la orden de detención que pesaba sobre éste.
Por lo tanto, no puede considerarse injuriosa una descripción de una situación tensa en la cual puede suponerse que las personas incurren en conductas contradictorias. En consecuencia, no habrá de tener favorable acogida el reclamo incoado.
V.- Finalmente, corresponde tratar el planteo del Grupo Editorial Planeta S.A.I. y C. en su responde en cuanto a su falta de legitimación pasiva teniendo en cuenta su calidad de editor de la obra.
El actor atribuye la responsabilidad de la editorial en el evento dañoso motivo de su demanda, en el hecho de que esta última por ser la editora de la obra no es una mera reproductora del trabajo del autor sino que se constituye en coautor el libro entendiendo que si no fuera por su actividad el libro no hubiera trascendido del ámbito propio del escritor.
Agrega que lejos de de negarse a publicar el libro, la editorial efectuó una importante campaña publicitaria destinada a promocionarlo.
Liminarmente cabe señalar que según el art. 37 de la ley 11.723, habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor y éste a reproducirla, difundirla y venderla. El titular conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que renunciare por el contrato de edición (art. 38).
Asimismo, el art. 39 establece que el editor sólo tiene los derechos vinculados a la impresión, difusión y venta, sin poder alterar el texto y sólo podrá efectuar las correcciones de imprenta si el autor se negare o no pudiese hacerlo.
En ese orden de ideas, no se encuentra controvertido que el autor intelectual del libro Pecado es el Sr. Daniel Olivera quien, conforme surge del artículo primero del contrato de edición firmado con el Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. de fs. 26/31, ha cedido en exclusiva al Editor los derechos de edición, reproducción y distribución en forma de libro, así como en cualquier otro soporte a la fecha conocido, para su explotación comercial, de la obra titulada Pecado (título provisorio) en adelante la obra.
El libro editado por la editorial es una obra de opinión y de investigación realizada por el autor en la cual refiere hechos, relatos y críticas referidas a la actuación del sacerdote Julio César Grassi y de la Fundación Felices Los Niños. Se publicó en el mes de febrero de 2003 cuando, por las razones que son de público conocimiento, el caso del padre Grassi suscitaba interés en la opinión pública, de ahí que es dable entender la propaganda aparecida en la edición del día 16 de marzo de 2003 en el diario La Nación.
Asimismo, como es usual, a los fines de suministrar al lector información sobre el contenido de la obra, en la contratapa la editorial publica la opinión del autor acerca de su obra, la que aparece entrecomillada tendiente a inducir la compra.
Pues bien, a la luz de la normativa mencionada y el contrato existente entre el autor y la empresa editora, cuya actividad comercial precisamente se circunscribe a la de editar libros, lleva a la conclusión de que el hecho de haber publicado la obra de Olivera no tiene por efecto la responsabilidad de la veracidad de lo informado pues no es función de aquélla revisar las investigaciones realizadas que son responsabilidad de su autor, el que por otra parte no cedió a la editorial sus derechos.
Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar la demanda en cuanto al Grupo Editorial Planeta Sociedad Anónima Industrial y Comercial, imponiendo las costas al actor vencido (art. 68 del CPCC)
VI. Intereses. Los mismos deberán liquidarse sobre el monto de la condena desde la fecha en que tuvo lugar la publicación hasta la oportunidad del efectivo pago de la misma, a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. CNCiv., en pleno "Alaniz, Ramona E. y otro c/ Transportes 123 SACI s/ Daños y Perjuicios" del 23/03/04).
VII.- En cuanto a las costas del juicio, corresponde imponerlas al demandado vencido Sr. Olivera, por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota legislado por el art. 68 del CPCC, no siendo óbice el acogimiento parcial del reclamo pues es sabido que aquéllas integran el resarcimiento (cfr. CNCiv., Sala G, agosto 24-1995, Barral José c/Rosenfeld Marcos , LL 1989-B-241).
Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, juzgando en definitiva, FALLO: 1) Haciendo lugar parcialmente a la demanda impetrada por JJG contra Daniel Olivera, con costas. 2) En su mérito, condeno al demandado a abonar al actor la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) con más los intereses y costas, dentro del término de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, bajo apercibimiento de ejecución; 3) Rechazando extender la condena a la publicación de esta sentencia en un diario del lugar toda vez que la información inexacta que ha sido objeto de la reparación no ha sido publicada en la prensa en general sino en el contexto de un libro; 4) Rechazando la demada impetrada contra Grupo Editorial Planeta Sociedad Anónima Industrial y Comercial, con costas al actor vencido. Difiérase la regulación de los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes para una vez que medie liquidación firme. Regístrese, notifíquese a las partes y a la mediadora y portunamente, archívense.

Firma: CELIA ANGELES PEREZ
Fecha Firma: 12/06/2008

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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