Opiniones

24/2/2005

QUEJA DEL PADRE GRASSI
A LA CORTE DE LA NACION:

Cómo se armó la Causa
"La corrupción de la justicia tiene dos causas: la falsa prudencia del sabio y la violencia del poderoso".

(Santo Tomás de Aquino)

A los lectores que normalmente no tienen contacto con "escritos judiciales" les será facil comprender la parte medular del Recurso de Queja presentado por los abogados defensores del Padre Julio Grassi. La siguiente es transcripción de la parte tercera del reclamo donde se explica cómo fue el armado de esta causa injusta y el cuestionable procedimiento de los Medios, Fiscales y Jueces intervinientes. Aqui el texto:


a) La fabricación y la exposición del caso

Las dos caras de este proceso, la procesal y la mediática, evidencian la conjunción entre actos funcionales públicos y motivaciones privadas espurias.

Veamos:

Primero: Telenoche Investiga se puso en contacto con el Juez Meade, con la Juez Ravera Godoy y con el Fiscal Flores para la preparación de un conjunto de testimonios coincidentes con parte de la historia que se presentaría en el programa del 23 de octubre de 2002.

La prueba de estos contactos surge con claridad del cruce de los llamados telefónicos de los teléfonos particulares de Meade, Ravera Godoy y Artear, y de las constancias de las declaraciones testimoniales y de las filmaciones que dan cuenta de una intervención privada y comercial previa a las declaraciones judiciales. Sin embargo, la investigación de esos cruces telefónicos fue cuidadosamente omitida por todas las instancias anteriores.

Esos testimonios se reciben en otra jurisdicción, sin ninguna explicación. El cruce de llamadas descarta que obedeciera a razones casuales o contingentes: indica que el lugar de radicación de los primeros testimonios fue elegido, y que de esta elección participó el Juez a quien le habría debido tocar esa recepción. En otras palabras, el Juez competente por lo menos consintió en que actuara una Juez de otra jurisdicción, recibiendo material preparado o reunido por una productora comercial, que no podía ser sino compatible con ese mismo material preparado para su exhibición fílmica en un programa comercial. Entre uno y otro material no podía haber diferencias: el éxito del programa requería del éxito de la investigación y a la inversa.

Segundo: El Fiscal Flores pide la detención de Grassi y el Juez Meade la ordena el mismo día en que todos los medios promocionaban el programa en publicidades sumamente onerosas e inusuales (por ejemplo, página completa en el diario Clarín).

Tercero: En el programa se refiere la existencia de cuatro presuntos hechos de abuso sexual. Salvo el caso de Gabriel, quien relata ante las cámaras el hecho del que habría sido víctima, el resto de los "testimonios" presentados se basan en rumores y se refieren a lo que le habría ocurrido, quizás, a terceras personas (quienes serían Ivan Goex, Fabián Amarilla, Luis Gutierrez y F.M.M.). No está de más decir que éstas personas negaron categóricamente haber sido víctimas de algún tipo de abuso por parte del Padre Grassi.

En ese programa el Juez Meade tiene una infortunada aparición pública en la que no sólo prejuzgó, sino que hizo referencia a una pericia inexistente en virtud de la cual estaría probada una relación homosexual consolidada entre el Padre Grassi y un menor.

Y allí aparece el primer traspié de la maniobra: la mayor parte del informe periodístico se desmorona cuando Amarilla, Goex y M. niegan públicamente haber sufrido abuso alguno. Y luego se descubre que la pericia citada por Meade, recalcada especialmente en el programa, jamás existió.

Cuarto: Paralelamente, la Fiscalía de Morón, bajo las instrucciones del Fiscal Nieva Woodgate (quien asume públicamente como el director de la investigación) se dedicó a producir prueba en total secreto, sin intervención de la defensa, acudiendo injustificada e indiscriminadamente a testigos de identidad reservada y, lo que es peor, modificando la prueba de cargo en contra del imputado.

Y allí aparece el segundo traspié de la maniobra, cuando se descubre el modo irregular de actuación del Fiscal Flores: la manipulación de los testimonios en perjuicio del imputado. Cabe relevarse que Flores actuaba bajo las instrucciones del Fiscal General, quien luego, también de manera pública, avaló la validez de todo lo que Flores había hecho.

Quinto: Cuando las irregularidades comienzan a salir a la luz aparece un nuevo ataque: Canal 13 inventó un inexistente viaje a Suiza del Padre Grassi y de Fabián Amarilla, y se afirmó que habrían llevado a ese país 140.000 dólares de la Fundación Felices los Niños.

Otro traspié de la maniobra fue cuando se probó que el viaje no había existido. Esta maniobra fue investigada en el Juzgado Federal de la Dra. Servini de Cubría, con intervención del Fiscal Eduardo Freiler, y allí se demostró la falsedad de la información difundida irresponsablemente por Canal 13.

De todos modos, junto con este nuevo embate (que esta vez se dirigía a la Fundación) comenzó en los medios la hipótesis conspirativa que vincula a Grassi con personajes públicos no muy queridos por la opinión pública.

Sexto: en el terreno judicial se tomó la decisión de llevar hasta sus últimas consecuencias la producción de prueba de cargo en condiciones que la hacían incontrolable por todos menos por los funcionarios y los periodistas interesados en ese resultado, y todo ello a través de violaciones sistemáticas del derecho de defensa en juicio.

Sobran los ejemplos: se negó sistemáticamente a la defensa el control de la prueba pese a los insistentes pedidos para hacerlo; se escamoteaban las audiencias a los defensores, incluso recurriendo a mentiras; se recibían declaraciones en horarios inusuales; aparecían testigos no previstos, que eran recibidos siempre que declararan contra Grassi lo único que hay en la causa: vagos rumores; se produjo la casi totalidad de la prueba de cargo fuera del expediente (para apartar a la defensa) y ante el Juzgado de Ravera Godoy (por ejemplo las pericias psicológicas); se negó toda la prueba pedida por la defensa; se insistió en llevar a cabo una pericia psicológica respecto de Grassi sin las debidas garantías de imparcialidad y en la investigación por extorsión se negó la realización de una rueda de reconocimiento; pero, si el reconocimiento no pareció pertinente, sí lo pareció la aparición sorpresiva de una persona que aseguró haberse hallado con el sospechoso de extorsión en horas próximas al hecho denunciado por Grassi, y también pareció pertinente otro testigo que cierra el círculo de protección sobre Gabriel, que es uno de los periodistas sospechados de colaborar con Flores en la manipulación de la prueba y de armar la maniobra con fines comerciales: su interés en el resultado de la investigación es obvio.

Séptimo: El día viernes 15 de noviembre se amplió la indagatoria de Grassi por el hecho relatado por "Ezequiel". En esa indagatoria la delegada de Nieva Woodgate, la Fiscal Bustamante de manera continuada impuso restricciones a la posibilidad de expresión del imputado, evidenciando incomodidades y expresando sugerencias contrarias a la decisión de Grassi de dictar su declaración; opuso reparos permanentes frente a la insistencia del sospechado de ofrecer pruebas o efectuar precisiones sobre circunstancias relevantes para el caso. Sólo con grandes esfuerzos y por la presencia de la Juez de Garantías, pudo cumplirse con el objetivo de una indagatoria, que es expresar las razones de la defensa. No obstante, ninguna de ellas fue siquiera escuchada.

Y ese mismo día, a la noche, retirado el defensor, se tomaron por lo menos dos declaraciones sorpresivas, una de las cuales, bajo identidad reservada, exculparía al presunto extorsionador: la defensa no pudo estar, y tampoco la querella.

Y la otra, la de Amalia Castro, se tomó en términos que, aunque fueron empleados para sostener la hipótesis acusatoria, en realidad se dirigían a sostener la actuación del Fiscal Flores, no obstante que sobre ese punto existía una investigación que no estaba a cargo de la Fiscal Bustamante.

Pero, hay como siempre algo más: esas declaraciones fueron tomadas luego de terminar la ampliación de la indagatoria de Grassi (seguramente los declarantes habían sido citados desde antes), y luego de que el defensor presente en esa declaración inquiriera expresamente si habría nuevas declaraciones, porque quería estar presente: la Fiscal le contestó que no las habría y que se limitaría a redactar su dictamen.


b) La elevación de la causa a juicio


La necesidad constitucional del juicio por jurados en la presente causa

Cuando los paganos, que no tienen la Ley, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la Ley, aunque no tengan la Ley, ellos son la Ley para sí mismos y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones."

(Rom. 2. 14, 15)

Hemos hecho referencia al derrotero irregular sufrido por esta causa a raíz de la insanable contaminación producida por su repercusión pública y por la actitud hostil de los funcionarios públicos provinciales para con nuestro cliente.

Grassi está convencido, y con toda razón, de que no tendrá un juicio justo, de que no se respetarán sus garantías constitucionales y de que no contará con un Tribunal independiente e imparcial.

El concepto de independencia judicial en general se mide en función de la autonomía de los jueces respecto de los funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, como si sólo pudiese existir dependencia respecto de estos poderes.

Ese es un grave error. No hay mayor condicionante de la independencia judicial que el "sentir" de la "opinión pública" o, lo que es lo mismo, que la opinión de quienes supuestamente difunden ese sentir. En otras palabras, no hay mayor dependencia que la que deriva de la presión ejercida por los medios de comunicación social.

Y ello es lógico si se tiene en cuenta el poder abrumador que hacen valer. Un poder mayor que el de muchos órganos estatales. Un periodista puede "condenar" con mucha mayor eficacia que un juez. Si en un programa de 30 puntos de "rating" una persona es sindicada como autora de un delito recibe materialmente una sanción mayor que si se la condena por la justicia a una pena de cumplimiento condicional.

Esa espada de Damocles mediática pende sobre la cabeza de los jueces; sobre su conciencia; sobre su tranquilidad; sobre sus carreras; sobre sus vidas privadas; sobre sus destinos.

Y no es sólo presión. Es también tentación. Porque el poder que puede acabar con un juez, también puede transformarlo en un héroe. ¿Y quién no quiere ser un héroe?

Y es justamente por todo ello que la garantía del jurado reviste una importancia medular, para la efectiva vigencia de todas las demás garantías constitucionales.

El jurado es la vía de escape. El jurado es el único tribunal imparcial que puede resistir a la vez la presión y la tentación. O, al menos, el que mejor puede hacerlo. No tiene mucho para ganar, y no tiene nada para perder.

Un razonamiento rústico diría: acaso no es todo lo contrario?; si se teme de la presión mediática, no es más peligroso para el imputado el juicio por jurados?

Claro que no. Y de la respuesta a estas preguntas surge la razón que denota la necesidad del juicio por jurado en esta causa. Veamos:

a) Los jueces del Tribunal Oral nro. 4 tienen, necesariamente, contacto con la opinión formada respecto del caso. Forman parte de la jurisdicción judicial de Morón, han leído el expediente y seguramente han visto u oído los programas de "Telenoche Investiga" que descalificaron a nuestro cliente o las numerosas proclamas públicas hostiles del fiscal general de este distrito. La defensa no puede preguntarle a los jueces del Tribunal Oral nro. 4 si conocen algo sobre el caso, si vieron los programas, qué piensan sobre ellos, qué opinan sobre los casos de abusos sexuales de los religiosos, etcétera.

Y ni la defensa ni la acusadora podrán elegir a los jueces en función de esas razones, ya que se trata de jueces que están allí, designados con anterioridad al caso y que no pueden ser desplazados sino por causales rígidas de recusación que nada tienen que ver con el tipo de garantía de independencia e imparcialidad que el jurado está llamado a custodiar.

En definitiva, el Tribunal Oral que juzgaría a Grassi según el código provincial está formado por personas que, por la función que ocupan: aa) conocen circunstancias que afectan su imparcialidad; bb) no pueden ser preguntadas sobre circunstancias relevantes que en un caso como éste la afectarían; cc) no pueden ser apartadas por conocer algo sobre el caso o por conocer el expediente.

Con el jurado ocurriría todo lo contrario. Podrían ser apartados tan sólo por conocer o haber escuchado algo determinante sobre el caso, o por tener opinión formada sobre aspectos relevantes del caso (o recusados simplemente sin causa hasta cierto límite) y, además, podrían ser preguntados sobre estas cuestiones con el fin de decidir su designación.

Pedimos la chance de hallar en toda la Provincia un grupo de personas (jurados) que no tenga tendencia especial u opinión previa fija sobre el caso y que pueda funcionar como un verdadero tribunal imparcial.

b) Los jueces profesionales tienen intereses creados respecto de la causa.

Por el sólo hecho de ser funcionarios burocráticos del Estado tienen como mínimo la intención de permanecer en su cargo, y dicha permanencia depende, esencialmente, de las decisiones que tomen.

Dado que en este caso de gran repercusión la decisión que adopten será censurada en función del resultado final más que en relación al recorrido argumental y sustento jurídico que utilicen, es imposible que el instinto de supervivencia no los compela a adoptar el resultado más beneficioso para salvaguardarse.

Los Jueces saben que el periodismo (al menos el grupo económico más poderoso del país) los devorará si absuelven a Grassi. No querrán correr ese riesgo. Lo más probable es que actúen por reflejo, como se suele hacer en estos casos: el Fiscal pide el impulso de la causa y piensa: que se las arregle el Juez de Garantías; el Juez de Garantías dicta la medida cautelar y ordena la elevación a juicio y piensa: que se las arregle la Cámara; la Cámara confirma y piensa: que se las arregle el Tribunal Oral; y el Tribunal Oral sabe que debe absolver, pero jamás lo haría; entonces condena y piensa: que se las arregle Casación.

Así funciona hoy, en líneas generales, la corporación judicial. Es un juego donde el ciudadano aparece como un convidado de piedra a merced de las pulsiones de los diferentes grupos de poder y/o de los intereses burocráticos más banales y primitivos. La presión mediática potencia la lógica perversa de este juego e impide que se resuelva como corresponde conforme a derecho.

En este contexto, son evidentes las razones personales que pesarán sobre los jueces a la hora de decidir en la presente causa y no cabe duda que ello afectará su independencia e imparcialidad.

En contraposición con ello, los miembros de un jurado popular no tienen razones como éstas para decidir en un sentido determinado. Ni sus trabajos ni sus vidas dependen de lo que decidan y no existen condicionantes externos que puedan tentarlos o presionarlos para hacerlos decidir en un sentido determinado.

c) Los Jueces profesionales de la jurisdicción de Morón y de toda la Provincia, se encuentran condicionados por sus vinculaciones funcionales, por sus relaciones personales y por una serie indefinida de lealtades recíprocas, que restringen severamente su capacidad de revisión imparcial de los procedimientos adoptados por sus colegas o por otros funcionarios judiciales o del ministerio público.

Por lo tanto, se encuentran inhibidos de declarar lo que ha de ser uno de los puntos esenciales de la defensa, esto es, que no sólo la denuncia originada en una empresa comercial dedicada al periodismo fue falazmente armada, sino que su recepción y las medidas y decisiones adoptadas como consecuencia de esas denuncias provienen de acuerdos indebidos entre magistrados y funcionarios judiciales entre sí, y entre ellos y miembros de la mencionada empresa.

Y, por lo tanto, sólo un tribunal que se encuentra absolutamente al margen de toda relación -no sólo con la causa o con los hechos que fueron materia de exposición pública por algunos medios- sino con funcionarios públicos que tuvieron parte activa en la confección de las imputaciones y en la producción de determinadas consecuencias procesales contra el imputado, podría ser catalogado como independiente e imparcial.

Esas condiciones las reúne un tribunal que no sea profesional y que, además, no tenga vinculaciones con la estructura judicial en cuyo seno esta causa se desarrolló.

d) Cada miembro de un Jurado puede ponerse en el lugar del ciudadano sentado en el banquillo -a diferencia del Juez técnico que en general está imposibilitado de hacerlo- y puede juzgar libre de condicionamientos funcionales.

El ciudadano común que juzga carece de poder, de inmunidad, de fueros. Está a merced del destino que puede colocarlo en el banquillo de los acusados en cualquier momento; igual que lo hizo con el sujeto al que debe juzgar. El Juez técnico, en cambio, está en un escalón superior: tiene inmunidades, fueros, poder. Es muy difícil que le toque en suerte ser un imputado sometido a juicio y ello dificulta el poder ponerse en el lugar del justiciable. Pero resulta que el poder ponerse en el lugar, es una de las características esenciales la imparcialidad.

El ciudadano común juzga con sentido común y no con deformación profesional. Para el ciudadano común no rige la máxima: si absuelvo en este caso me contradigo con el anterior; o: si absuelvo ante esta excusa cómo condeno en el futuro; o: si absuelvo en este caso se me cae el sistema, ya que todos podrían usar la misma estrategia de defensa. En suma, las razones funcionales que determinan el modo de razonar y decidir de los jueces técnicos son ajenas a las razones del Tribunal popular.

e) Existen múltiples preconceptos (religiosos, sociales, políticos y de diversa índole) que giran en torno de este caso.

Se trata de prejuicios que condicionan un abordaje independiente e imparcial del caso y que imposibilitarán el dictado de una sentencia justa y conforme a derecho.

Sólo un jurado popular elegido libremente por las partes entre personas que carezcan de tales prejuicios podría revestir el carácter de Tribunal independiente e imparcial para juzgar a Julio Grassi en esta causa.

El respeto por la garantía constitucional a ser juzgados por los propios pares es, por ello, esencial para asegurar el juicio justo que pretendemos.

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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