Novedades del Juicio

14/4/2008

EL PADRE GRASSI LE GANO EL JUICIO A CANAL 13


Luego de hacer el Falso Informe de Telenoche Investiga los Directivos de Canal 13 percibieron que la mayor parte de la gente NO LES CREYO:

En su táctica, Artear (Grupo Clarín) buscó desacreditar públicamente la credibilidad del Padre Grassi para lograr una condena social (algo así como una mancha o escrache típico de la “inquisición”). Esto se hizo a costa del sufrimiento de miles de almas de niños que quieren entrañablemente al Padre Julio Grassi y lo veían denigrado con injurias que a ellos los hacían llorar, tener angustias que perjudicaban sus tareas escolares, su paz interior. Al Grupo Clarín nada le importó: parecía que siempre lo hizo hasta con placer. Se burlaban del Padre Grassi y de los chicos de la Fundación porque las “cargadas” involucraban a menores. Nada salieron a decir Gallego ni Carlotto, ni menos la psicóloga Schulman, quienes hicieron un amparo para que estos chicos no salieran en TV reclamando por el sufrimiento, los daños y los perjuicios que les provocaba ver el linchamiento contra su padre del corazón, el Padre Grassi pero no presentaron un amparo cuando los chicos salían en TV burlados haciéndolos quedar como víctimas en medio de groserías y risotadas. La poderosa defensa de canal 13 indicó que lo único que buscaba era “hacer sonreír” que lo hicieron con animus jocandi: El Juez a esto respondió:

            “Cuando, como en la especie, tanto por su literalidad como por su contexto, no es posible abrigar dudas acerca de la connotación deshonrosa y desacreditante de una imputación, tampoco puede dudarse del “animus injuriandi”, ya que quien así se expresa no puede ignorar el alcance y las consecuencia de su proceder (conf. CNCiv., Sala 1, “S.A.O. C/M.D.A. S/DS. Y PS.” del 1-7-99, J.A. del 15-12-99, Nº6172, pág 51).

            A mi entender, no hay lugar para la duda respecto de la entidad injuriosa de las expresiones vertidas en las emisiones de “CQC” en cuestión, aún cuando las emplazadas aleguen que fueron realizadas con “animus jocandi”. Es que, las mentadas expresiones indudablemente denotan connotaciones sexuales desacreditantes que exceden la mera digresión cómica en que fundan las emplazadas su plataforma defensiva. Evidentemente se ha dado al tema un tratamiento que dista de ser cuidadoso, máxime si se tiene en cuenta los antecedentes del caso y la ocasión o contexto histórico dentro del cual se desarrollaron las mentadas emisiones. Desde esta perspectiva, a mi criterio, las emplazadas han obrado, al menos, negligentemente y, por ello, habrán de indemnizar al actor con los alcances que más abajo se enuncian”.

El Juez responsabiliza directamente a Canal 13 (Artear) por su “Obrar antijurídico”. Este comportamiento es, digamos serial, de quienes manejan los destinos de una pantalla preocupada por el rating, los negocios y para nada los contenidos ni la ética.

Fue “antijurídico” el programa de Telenoche Investiga que:

  • se introdujo con Myriam Lewin a instruir la Causa en la misma Fiscalía,

“Fue antijurídico Canal 13 (Clarín)” cuando en la Causa del Padre Grassi se introdujo:

  • a querer sacar y poner funcionarios,
  • a proponer romper declaraciones a testigos que favorecían al Padre Grassi,
  • a denostar mediáticamente a toda cuanta persona o funcionario que lo defienda,
  • a hacer operaciones de prensa para recusar jueces,
  • a pagar para que menores declaren contra el Padre Grassi,
  • a ofrecer dádivas a quienes querían que empeoren la situación judicial del sacerdote
  • a amenazar testigos para que cambien la declaración (hay una denuncia en la justicia),
  • a destruir pruebas que revelan todo este accionar, como consta en la causa.

Este “obrar antijurídico” lo lleva al Juez a CONDENAR A CANAL 13 diciendo:

            “Finalmente no veo razón para excluir de la condena a la co-demandada ARTEAR SA, como ella propugna, toda vez que dentro de su actuación empresaria ha permitido que CUATRO CABEZAS SA desarrolle el producto televisivo que dio origen, con su antijurídico obrar, al válido reclamo del actor (Padre Grassi) que, por lo demás, resulta ajeno a la vinculación contractual que liga a ambas sociedades”.

Este es el primer Juicio que el Padre Grassi ganó al mal accionar de quienes se sienten impunemente Fiscales de la Nación con un micrófono, una cámara y una billetera abultada.

A continuación la DURA CONDENA contra Canal 13 – Grupo Clarín y Cuatro Cabezas por injuriar al Padre Julio César Grassi:



Buenos Aires, noviembre treinta de 2007.

            Y VISTOS: estos autos caratulados “Grassi Julio César contra Arte Radio Televisivo Argentino SA y otros sobre daños y perjuicios”, número 99.993/2005 del registro del Tribunal, para dictar sentencia de los cuales

            RESULTA:

            1) A fojas 11/25, se presenta Julio César Grassi por apoderado, promoviendo demanda por daño y perjuicios contra Arte Radio Televisivo Argentino SA (ARTEAR SA), Cuatro Cabezas SA y Mario Daniel Pergolini. Funda su derecho y ofrece prueba. Pide que, oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas.

            2) A fojas 97/115, se presenta Arte Radio Televisivo Argentino SA (ARTEAR SA) por medio de apoderado, contesta demanda, ofrece prueba y propone el rechazo de la misma, con costas.

            3) A fojas 119, se presenta el Sr. Mario Daniel Pergolini, opone excepción de falta de legitimación pasiva, contesta demanda en subsidio –adhiriendo a la presentación de Cuatro Cabezas SA–, ofrece prueba y propugna su rechazo con costas.

            4) A fojas 124/126 se presenta la Cuatro Cabezas SA por medio de apoderado, contesta demanda, ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción a su respecto, con costas.

            5) A fojas 198 la parte actora desiste de la acción y del derecho contra Mario Daniel Pergolini.

            6) A fojas 198 bis se celebra la audiencia que prescribe el artículo 360 del Código Procesal, sin que existiera acuerdo de partes.

            7) A fojas 204, se abre la causa a prueba, acerca de cuya producción da cuenta el certificado del Sr. Actuario de fojas 415. A esa misma foja se dispone la clausura del período probatorio y se ponen los autos para alegar, derecho del que hizo uso la actora a fojas 421/427 y la co-demandada Arte Radiotelevisivo Argentino SA a fojas 42/434.

            8) A fojas 436, se llaman autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra consentida.

            Y CONSIDERANDO:

            I. Mediante la presente demanda la actora persigue el resarcimiento del daño moral que le ocasionara diversas emisiones del programa televisivo “Caiga Quien Caiga” (conducido por el Sr. Mario D. Pergolini, producido por la empresa Cuatro Cabezas SA y transmitido por el canal de televisión Arte Radio Televisivo Argentino SA), en las cuales, dice, se lo ha deshonrado, desacreditado e injuriado por medio de la palabra oral, gestos de los conductores del programa, así como también por dibujos y representaciones allí efectuadas.

            Relata que los atentados al honor padecidos fueron provocados por “el malicioso ingenio de los codemandados” y fueron difundidos a través del programa televisivo mencionado.

            Expone que ello le ha causado un enorme daño moral, una descalificación de su persona, de su prestigio, de su carrera de sacerdote, de su imagen personal y de su espacio vincular-ocupacional, entre otras tantas consecuencias negativas.

            Reseña que las emisiones televisivas absolutamente tendenciosas y cargadas de hostilidad contra su persona comienzan en el año 2002. Así, el 19 de noviembre de ese año, en el que el programa Caiga Quien Caiga, producido por Cuatro Cabezas SA y emitido por el canal de televisión ARTEAR SA –Canal 13–, se realiza un dibujo animado denominado “Cucarachas”, con un evidente sentido injuriante hacia su persona, ello a través de la mofa y el escarnio, al solo efecto de burlarse e insultarlo con gran despojo y vulgaridad. Señala que, en este segmento del programa, aparece el dibujo de unas cucarachas que mantienen un diálogo ofensivo que transcribe.

            Aclara, que aquella representación, llevada a cabo por los codemandados, significa una imputación injuriante y difamatoria, máxime por su condición de sacerdote de la Iglesia Católica Argentina, resultando incontrovertible que han utilizado en su contra un despreciable recurso de insinuación de connotación sexual, directamente relacionado con una denuncia que se iniciara en su contra por falsos y supuestos abusos de menores, con su condición de sacerdote y con el hecho de haber presidido la fundación “Felices los Niños”.

            Recuerda que en otra oportunidad –en el mismo programa– televisado el día 18 de Noviembre de 2003, sus conductores, comentaron el caso que en ese momento se seguía contra el cantante internacional “Michael Jackson” por abuso de menores, lo que fue seguido de otro comentario injuriante para su persona.

            Según expone, nuevas injurias y agravios se produjeron en los programas emitidos el 14 y 29 de abril, 6 de mayo y 4 de noviembre de 2004.

            Entiende que esas representaciones sólo sirvieron para formar en la opinión pública una idea negativa sobre su persona. A su criterio también resultan evidentemente agraviantes e injuriantes por ser una burla mal intencionada cpn un claro doble sentido que afecta su honor.

            Expone diversas citas doctrinarias y jurisprudenciales relacionadas con el derecho al honor y el abuso de la libertad de expresión que entiende, avalan su postura.

            Concluye señalando que las actividades descriptas, que imputa a los demandados, afectaron su reputación y honra y que ello fue lo que le produjo los daños y perjuicios que describe, cuantifica y reclama. Finalmente solicita que se ordene publicar la sentencia en los diarios “Clarín” y “La Nación”.

            Por su parte la dirección letrada de la co-demandada Arte Radiotelevisivo Argentino SA, luego de efectuar las negativas de rigor, señala que no puede imputársele (ni a ninguno de los codemandados) la responsabilidad que el accionante les reprocha, pues el hecho cuestionado no puede ser calificado de ilícito en los términos que pretende la demanda.

            Ningún juicio de valor fuer vertido en contra del actor, ni las bromas realizadas pueden ser tachadas de vulgares, malintencionadas, injuriantes, difamatorias y despreciables, como –entre otras cosas– se sostiene en el libelo inicial.

            A su criterio no se puede hablar en este caso de una ofensa y/o injuria hacia la persona del padre Julio César Grassi, ni que se lo haya tomado de blanco maliciosamente.

            Indica que Grassi, pretende atribuirse un daño que, aún de existir, jamás podría haber sido ocasionado por las emisiones televisivas cuestionadas, ya que no sólo el programa “CQC” habría recurrido a la misma representación en más de una emisión, sino que debe tenerse en cuenta que el actor se vio envuelto en un escándalo institucional de significante magnitud y que fue seguido por todos los medios y el público en general con la preocupación, interés, opinión y crítica que el caso ameritaba.

            Expone que no es serio sostener que se ha ejercido una influencia sobre la opinión pública, que se ha descalificado la persona del actor, amenazando su prestigio, su carrera de sacerdote, su imagen personal vincular-ocupacional, generando afección alguna respecto de su autoestima o reputación, cuando a la fecha de emisión de los programas estaban en pleno trámite dos causas penales relacionadas con el abuso de menores y había sido objeto de la información brindada por los medios radiales, televisivos y de prensa escrita del país, desde tiempos antes.

            Arguye que no se está efectuando ningún juicio de valor sobre la forma en que se desenvolvió el actor en su vida privada ni pública. Tampoco se está inventando una realidad que falsamente se le impute al actor a través del humor. Sin embargo todas estas cuestiones se encuentran estrechamente ligadas a este asunto desde el momento en que tomaron estado público y fueron seguidas por todos los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

            Aclara que, a tenor del contrato que vinculaba a ARTEAR SA con la codemandada Cuatro Cabezas, esta última era la responsable del contenido artístico del programa, habiendo cedido a ARTEAR los derechos de transmisión de aquél.

            Concluye que ningún reproche puede efectuársele por su contenido como se pretende en autos ya que no participó en su realización sino que exclusivamente adquirió sus derechos de transmisión, y prestó su pantalla para exhibirlo.

            Se pregunta si corresponde atribuir alguna responsabilidad a ARTEAR SA por la emisión de la broma del codemandad. A ese respecto sostiene que “fue una broma vertida en un contexto determinado que ninguna relación de relevancia guardaba con el accionante”.

            Afirma que es necesario tener en cuenta la clase de programa que era “CQC”. Indica que allí se abordaban temas de actualidad relacionadas con la política, el espectáculo y/o el deporte, tanto desde el punto de vista periodístico como del humor. Dice que el contrato celebrado entre ARTEAR y 4K se correspondía con el “formato” de un noticiero periodístico. Señala que el tenor de esta sátira se mantenía a lo largo de cada emisión, se tocaban tópicos varios, todos relacionados con temas de actualidad.

            Sostiene que, en el caso puntual, no se puede otorgar a esta conducta un carácter injuriante que no posee.

            La broma, según expone (en el mejor de los supuestos para el actor), recaía sobre una persona que estuvo en el centro de atención pública no sólo por haber estado involucrado en reiteradas oportunidades en cuestiones relativa a la fundación “Felices los Niños” como sacerdote a cargo de la misma, sino que también por las particularidades que revistió el resonante caso en que se vio implicado. Recuerda, en este sentido, que el acto fue detenido en el mes de octubre de 2002 como consecuencia de la causa penal seguida en su contra por abuso deshonesto y corrupción de menores.

            Concluye que su actualidad y vigencia eran, pues, indudables y que cualquier eventual referencia al actor que pueda inferirse de la emisión cuestionada, fue realizada en notoria forma de parodia o sátira en un programa que hace del humor (a veces satírico) su temática exclusiva.

            Entiende que tal circunstancia excluye la anijuricidad, pues las codemandadas no han tenido propósito de injuria alguna y sólo realizaron una sátira armada por la garantía de la libre expresión, de opinión y de libertad de prensa. Según lo expone, todo ello responde al hecho de que las sátiras y parodias son una forma válida de comentario humorístico. De allí que sea válido sostener que ni la forma bajo la cual son expresados puntos de vista, sea un discurso, un editorial, una parodia u otra forma de ficción, ni el buen ni el mal gusto de creador deben servir para disminuir la protección constitucional del que gozan las publicaciones o emisiones de los medios de producción masiva.

            Efectúa un sintético relato de los hechos presuntamente delictivos en que se vio envuelto el actor, como así también del tratamiento periodístico que se les dio, todo ello, destaca, de forma anterior a las emisiones que se cuestionan en la demanda.

            Sostiene que no puede admitirse que el actor exprese que sólo se puede entender el sufrimiento padecido por quien se ve maltratado por un programa de televisión si nos ponemos en su lugar, cuando –con o sin motivos– estuvo involucrado durante tanto tiempo en un tema de semejante trascendencia, seriedad y gravedad institucional.

            Concluye que, de probarse la efectiva existencia de los daños por los que se reclama, es harto evidente que jamás podrán ser atribuídos exclusivamente a la inocente y neutra broma efectuada en el programa “CQC”.

            Luego, se presenta a contestar demanda Cuatro Cabezas SA, quien efectúa las negativas que son de práctica. Destaca que tanto el segmento del programa “CQC” denominado “las cucarachas” como cualquier otro similar de características animadas o “Dibujos animados” en modo alguno se lo puede interpretar como una conducta injuriosa ya que sólo constituye una sátira; señala que “lo único que puede arrancar en los televidentes es una sonrisa”. No hay intención de dañar, de ofender o de atentar contra el honor de cualquier persona; sólo hay “animus jocandi”. Indica que tales segmentos humorísticos sólo satirizan las noticias de actualidad.

            Recuerda que la situación del accionante fue, inicialmente, derivada de una investigación periodística del programa “TELENOCHE INVESTIGA”, donde se denunciaron los presuntos hechos. Todos los programas periodísticos de todos los canales televisivos han hablado del tema en cuestión y con anterioridad a los mencionados en los presentes autos, incluso los programas de espectáculos o relacionados a la televisión (en mérito a la presencia del propio accionante en tales medios). Sostiene que la parte actora no puede acusar a esta parte de atentar contra su honor por una simple sátira de las noticias que no ha creado.

            Todos los demandados solicitan el rechazo de la demanda en todos sus términos.

            II. Inicialmente no resulta ocioso recordar que de acuerdo a los principios de plenitud y congruencia (arts. 34 inc. 4º y 163 del Cód Proc.), sólo cabe fallar sobre los hechos alegados y probados, debiendo contener la sentencia decisión expresa y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, las que deberán calificarse según corresponda por ley, declarando el derecho de los litigantes.

            También debe recordarse que el Juzgador no tiene la obligación de ponderar todas las pruebas colectadas en la causa, sino solo aquellas que juzgue, según su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el caso (CSJN, fallos 274.113, 280.320, entre otros). Asimismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquéllas que estime posean relevancia para sustentar su decisión (CSJN, fallos 258.304, 262.222, 310.267, entre otros).

            III. Sentado ello y trabada la controversia en los términos que se informan en los párrafos precedentes y a fin de obtener un adecuado análisis, he de precisar el encuadre jurídico dentro de cuyos límites habrá de desenvolverse la apreciación de la prueba producida para finalmente dar la solución que corresponde al litigio.

            Es ampliamente conocida la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida”. En ella, según señala Julio César Rivera en su trabajo “Responsabilidad de la Prensa. Estado Actual de la Cuestión” (Revista de Derecho de Daños, v. 8, Daños Profesionales, Edit. Rubinzal-Calzoni, 2000, Pág. 260), se ha dicho que todos los derechos reconocidos por la Constitución tienen una misma jerarquía, que todas las personas tienen derecho a la intimidad, inclusive las personas célebres, que la libertad de prensa no es un derecho absoluto y como tal puede estar sometido a responsabilidades ulteriores.

            Fue a partir de este caso que la jurisprudencia y la doctrina argentina han trabajado arduamente para tratar de precisar los límites que existen entre los derechos de la personalidad, particularmente la intimidd y el honor, y a la libertad de prensa, con la aclaración de que los criterios sentados se extienden a la protección del honor y su relación con la libertad de expresión.

            Siguiendo a Rivera, pueden enumerarse algunos principio coincidentes: todos los derechos reconocidos por la Constitución Nacional tienen un mismo nivel o jerarquía, por lo que en caso de conflicto en situaciones concretas ellos deben ser resueltos conforme a las circunstancias de cada uno. La libertad de prensa no es un derecho absoluto, salvo en un aspecto, la inexistencia de censura previa (CSJN, 10-12-84, “Ponzetti de Balbín”, L.L. 1985-B-120; ídem, 19-11-91, “Vago, Jorge Antonio c. Ediciones de La Urraca S.A. y otros”. Fallos 314-1517). La garantía de la libertad de prensa se extiende no sólo a la prensa escrita, sino también a la prensa analógica (radio, televisión, noticiosos cinematográficos). Del derecho de libertad de prensa se puede abusar, y ello compromete la responsabilidad del órgano o medio de prensa (CSJN, 15-5-86, “Campillay”, L.L. 1986-C-40, ídem, 12-3-87, “Costa, Héctor Rubén c. M.C.B.A. y otros”. Fallos: 310-508). La Corte ha dicho que la libertad de prensa tutela el derecho de publicar impunemente, con veracidad, buenos motivos y fines justificables…” (CSJN, 29-9-98, in re “Amarilla”, L.L. 1998-F, 118). La noticia, además de ser veraz, debe ser actual, tener un cierto interés general y no debe ser presentada de manera distorsionada (CNCiv., sala A, 7-7-86. “Gutiérrez Ardaya”, ídem, sala C, 7-12-89, E.D. 138-455) (v. Rivera, op. Cit., Pág. 261).

            En cuanto al precedente foráneo citado por la emplazada ARTEAR SA debe recordarse que al adoptar el “standard” jurisprudencial creado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso “New York Times vs. Sullivan) 376 U.S. 255; 1964), nuestra Corte Suprema de Justicia se refirió a la publicación de datos agraviantes u ofensivos para los funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones públicas, y lo vinculó con la misión de la prensa y su deber de informar a la opinión pública, proporcionando el conocimiento de la actuación de sus representantes y administradores; y acerca de si han cometido hechos que deben ser investigados o incurren en abusos, desviaciones o excesos, posibilitando la libre crítica y debate de las cuestiones que los involucran (conf. Fallos: 314-1517, entre otros). La adopción jurisprudencial de la citada doctrina presupone la demostración de que se ha configurado la culpa “en concreto” (art. 512 del Código Civil), la que, en los específicos casos en que corresponde examinar si ha existido o no “real malicia”, se verifica ante la comprobación del actuar desaprensivo (“reckless disregard”) a que aquélla hace referencia. En el caso de la injuria, debe acreditarse que se incurrió en una conducta que, con arreglo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, tenga capacidad para lesionar la honra o el crédito ajeno.

            Desde esta perspectiva, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que la garantía constitucional que ampara la libertad de expresarse por la prensa sin censura previa cubre –con algunas atenuaciones por las características de los medios empleados– a las manifestaciones vertidas a través de la radio y la televisión, en tanto éstas constituyen medios aptos para la difusión de las ideas; y que su tutela alcanza también a las manifestaciones de esta índole vertidas en programas de corte humorístico, destinados a la sátira social o política (Fallos: 315:1943). Y es que, el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede entenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional). Es por ello que el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio (Fallos: 308:789; 310:508). Por otra parte, ello resulta de manera expresa del texto de algunas de las convenciones internacionales mencionadas en el art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema, que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto alude al derecho que tiene toda persona a la protección de la ley contra los ataques o injerencias a su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar, al reconocimiento de su dignidad, etc. (art. V de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá 1948; art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. el 10 de diciembre de 1948; art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por ley 23.054; art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la O.N.U. el 16 de diciembre de 1966, aprobado por la ley 23.313). Las aludidas convenciones cuando reconocen el derecho de expresión e información contemplan también la posible colisión con los derechos personalísimos también consagrados en esos tratados, imponiendo responsabilidades para el caso de su afectación. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa al respecto que: “1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y 2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás…” (art. 13, incisos 1º y 2º). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su vez, luego de reconocer la libertad de expresión con idéntico alcance, dispone que el ejercicio de ese derecho “entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás…” (art. 19, incs. 1º, 2º y 3º).

            Las responsabilidades ulteriores previstas en el texto constitucional –necesarias para asegurar la integridad de los derechos personalísimos comprometidos– se hacen efectivas mediante el régimen general vigente en nuestra ley común, que tiene su fuente ya sea en la comisión de un delito penal o de un acto ilícito civil (art. 114 del Código Penal, arts. 1071 bis, 1072, 1089 y 1109 del Código Civil). En el específico campo resarcitorio, se trata pues de una responsabilidad subjetiva por la cual, en virtud de los principios que rigen la materia, no es dable presumir la culpa o el dolo del autor del daño, y quien alega estos únicos factores de imputación debe demostrar su concurrencia (conf. “Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros” – CSJN – 29/09/1998).

            IV. Sentado ello, inicialmente debo señalar que las filmaciones ofrecidas como prueba por la parte actora se encuentran reconocidas, aún más allá de la mera negativa genérica que efectuaran las emplazadas al contestar demanda.

            En efecto, cabe recordar que los videos donde constan las eimisiones de los programas de “CQC” en análisis fueron obtenidos en el marco de las medidas precautorias seguidas entre las mismas partes y que llevan el número 69.998/2005, mediante dos diligencias de secuestro llevadas a cabo en dependencias de ARTEAR SA y CUATRO CABEZAS SA (conf. fs. 16/21 de aquellos autos). Por otro lado, del cuerpo principal, tanto de las contestaciones de demanda como de los alegatos de las demandadas, surge el reconocimiento de los hechos (aún discrepando con su alcance e interpretación). Finalmente, y en el mismo sentido, la emisión de los programas fue reconocida por las demandantes.

            Por su parte, los videos aportados por las accionadas se encuentran reconocidos por el actor dado que, pese a encontrarse debidamente notificado, no compareció a la audiencia cuya celebración da cuenta el acta agregada a fs. 411.

            He cotejado personalmente y en varias ocasiones el contenido de las filmaciones agregadas al expediente y no me caben dudas acerca de que en todos los episodios, expresiones y parodias relatados en el escrito introductorio (casi literalmente y que doy por reproducidos por razones de decoro y brevedad), se hace referencia a Julio César Grassi. Ello, a esta altura del pleito, no se encuentra tampoco debatido por las sociedades demandadas.

            Se centra entonces la cuestión en definir si tales expresiones, gestos y segmentos específicos de las apuntadas emisiones del programa televisivo “Caiga Quien Caiga” tienen entidad suficiente para constituir una injuria o agravio suficiente para mansillar el honor del demandante.

            En ese punto, entonces, no resulta ocioso recordar con relación a las injurias, que la Comisión 4. que actuó en las “Jornadas de Responsabilidad por Daños en Homenaje al Profesor Dr. Jorge Bustamante Alsina”, en el despacho aprobado en relación con los presupuestos de la responsabilidad civil determinó que “en principio, toda transgresión al honor, la integridad e imagen de la persona debe reputarse antijurídica, salvo que medie causa de justificación.”

            Con cita de De Cupis, expuso la Dra. Borda en un voto de la sala 1 in re “C., R.A. c/ Editorial Perfil S.A. y otro (La Ley 1992-A-246 y J.A. 1991-IV-513): “La dignidad personal se refleja en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma”. Dice Núñez que causa injuria sólo la conducta que con arreglo a las ideas de la comunidad puede deshonrar o desacreditar, todo depende de las valoraciones de la sociedad (“Derecho Penal Argentino”, Parte Especial, Omeba, Buenos Aires, 1962, t. 4, pág 63), por lo que –en principio– es indudable la apreciación de lo que se dijo debe tener en cuenta “los antecedentes del hecho, lugar y ocasión, calidad y cultura, relaciones entre ofensor y ofendido, etc. (Belluscio, op. cit., t. 5, pág 247; sala F, 23_2_98, fallo publicado en J.A.1998-IV-294; sala C, 22-9-98, J.A. 1999-1-196; íd, Sala 1, R.33.898/95, “D. De V., E.M. c/N.B. y otros s/Ds. y ps.).

            En este orden de ideas, se ha resuelto que el carácter ofensivo o no de una expresión se determina de acuerdo a las valoraciones sociales, y esa ponderación comunitaria es variable, versátil y condicionada por las épocas y las normas culturales de cada sociedad (conf. CNCiv., Sala F, R.228.633, del 23-2-98, J.A. del 14-10-98, Nº6111, pág 49).

            Es que hay expresiones que, cuanto menos, son singularmente aptas para dar como un hecho consumado el delito que se le achaca al actor y que se ventila en sede penal (ello es de público conocimiento). En todo caso, la injuria no deja de ser manifiesta aún cuando tenga lugar por alusiones o cualquier otro medio, ya que por todos ellos puede desacreditarse.

            Consecuentemente, mal puede entenderse como una simple chanza, como invocan las demandadas, las alocuciones vertidas en los distintos programas motivo de análisis. Todas las expresiones utilizadas, en clara alusión a Grassi, resultan ciertamente agraviantes.

            Pues bien, en nuestra sociedad cuya cultura cívica pone en tan alta estima la reputación y la honra que otros nos reconocen, los dichos difundidos por la demandada no pueden ser calificados como carentes de carácter injuriante.

            Por otro lado, no posee relevancia decisiva que las demandadas sostengan que se actuó sin intención de injuriar. En efecto, ha dicho el Dr. Dupuis que “dos situaciones pueden presentarse que dan lugar a reparación: 1) que exista voluntad y conciencia de efectuar una imputación falsa, en cuyo caso se está en presencia del delito civil de calumnias e injurias (arts. 1089 y 1072 del C.C.) y 2) que no exista ese dolo o malicia, en cuyo caso la acción resarcitoria está asegurada por el art. 1109 del C.C. (su voto en fallo de la Sala E, del 12-9-97, “Faiad, Zulma c/Casanova, Ana M.”, J.A., 1998-IV-290). Y aún cabe entender, como sostiene el Dr. Fermé (exptes. 84.898, 85.657, 86.525, Sala 1 del fuero), que el art. 1089 del Código Civil es aplicable no sólo a los delitos del derecho criminal. La misma norma se refiere a calumnia o injuria de cualquier especie, por lo que no hay razón para entenderla limitada a las especies penales que tipifica el código respectivo. Incluso, comprende a los cuasidelitos (Sala C, LL, 1981-C-39), pues como se señala en la obra colectiva de comentario y anotación del Código efectuada bajo la dirección del Dr. Belluscio, la protección civil del honor se desentiende del tipo penal y del dolo bastando la existencia de culpa para que medie obligación a reparar (Código…, t.5., págs 247/89).

            Cuando, como en la especie, tanto por su literalidad como por su contexto, no es posible abrigar dudas acerca de la connotación deshonrosa y desacreditante de una imputación, tampoco puede dudarse del “animus injuriandi”, ya que quien así se expresa no puede ignorar el alcance y las consecuencia de su proceder (conf. CNCiv., Sala 1, “S.A.O. C/M.D.A. S/DS. Y PS.” del 1-7-99, J.A. del 15-12-99, Nº6172, pág 51).

            A mi entender, no hay lugar para la duda respecto de la entidad injuriosa de las expresiones vertidas en las emisiones de “CQC” en cuestión, aún cuando las emplazadas aleguen que fueron realizadas con “animus jocandi”. Es que, las mentadas expresiones indudablemente denotan connotaciones sexuales desacreditantes que exceden la mera digresión cómica en que fundan las emplazadas su plataforma defensiva. Evidentemente se ha dado al tema un tratamiento que dista de ser cuidadoso, máxime si se tiene en cuenta los antecedentes del caso y la ocasión o contexto histórico dentro del cual se desarrollaron las mentadas emisiones. Desde esta perspectiva, a mi criterio, las emplazadas han obrado, al menos, negligentemente y, por ello, habrán de indemnizar al actor con los alcances que más abajo se enuncian.

            Finalmente no veo razón para excluir de la condena a la co-demandada ARTEAR SA, como ella propugna, toda vez que dentro de su actuación empresaria ha permitido que CUATRO CABEZAS SA desarrolle el producto televisivo que dio origen, con su antijurídico obrar, al válido reclamo del actor que, por lo demás, resulta ajeno a la vinculación contractual que liga a ambas sociedades.

            V. Solicitó el demandante en concepto de daño moral la suma de $ 700.000.-

            No puede olvidarse que el daño moral representa la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, ed. Abeledo-Perrot, 4ta. ed. nro. 557, página 205), comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o goce de sus bienes (CNEspCivcom Sala 1 “Silverio Graciela c/Persini Dardo s/sumario”, 13.8.84). El daño moral es el menoscabo o lesión de intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, Editorial Astrea, pág. 287).

            Su reparación está determinada por imperio del artículo 1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido por el ar´ticulo 1068 del mismo cuerpo legal, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia (CNEpsCivCom, Sala 1, “Sgro Dora L. C/Caruso Antonio s/ sumario” del 27.12.83). Lo que define el daño moral –se señala en la doctrina– no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, op. cit., pág. 290).

            Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: “cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el “onus probandi”. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, tomo 1, página 387/88).

            El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie (CNEspCivCom, Sala 1, “Palavesino de Cooper Celina c/ Garro Luis s/ daños y perjuicios” del 21.3.88).

            Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgador sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros (id., “Vidal Cavero Irene c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios” del 11.7.86).

            En cuanto a las pautas para la valoración del perjuicio, se ha sostenido que: “En cuanto a la naturaleza espiritual y personal de los bienes afectados por el daño moral implica que su traducción económica deviene sumamente dificultosa, no resultando pauta ajena al mismo la gravedad objetiva del daño y la recepción subjetiva de éste” (id., Abraham Sergio c/ D’Almeira Juan s/ daños y perjuicios” del 30.10.87). En este mismo orden de ideas, se ha señalado en la doctrina que: “El principio de individualización del daño requiere que la valoración del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva (la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones), como las personales y subjetivas de la propia víctima (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, 2 a –Daños a las personas–, Ed. Hammurabi, pág. 548, pár. 145).

            Conviene recordar la reflexión de Alfredo Orgaz: “No se trata, en efecto, de poner “precio” al dolor o a los sentimientos, pues nada de esto puede tener equivalencia en dinero, sino de suministrar una compensación a quien ha sido herido en sus afecciones” (“El daño resarcible”, Bs. As., 1952, pág. 226). El dinero no sustituye al dolor pero es un medio que tiene el derecho para dar respuesta a una circunstancia antijurídica ya acontecida. La traslación a la esfera económica del efecto del daño moral, significa una operación muy dificultosa.

            Ha expuesto la demandada ARTEAR SA en su alegato que el actor no probó por medio alguno la afectación que le produjo los hechos ventilados en autos. En este sentido, cabe recordar que al votar en el caso “Faiad” –ya citado–, expresó el Dr. Dupuis que la sola comisión del ilícito, “hace presumir la existencia del daño moral, salvo prueba en contrario, pues el mismo se configura in re ipsa. Es que las calumnias e injurias, por su índole, importan una lesión que afecta la integridad moral y espiritual del acusado. Y aún cuando se pudiera probar que la publicación no produjo desmedro de la buena fama, siempre quedaría a la vista el dolor y menoscabo que la actora sufrió en su dignidad”. Sobre la innecesariedad de la prueba y la presunción del daño moral en los casos como el que nos ocupa, como razón suficiente para desestimar el planteo, sustentado en la inexistencia de pronunció, con primer voto del Dr. Calatayud, la Sala E, en el caso “Campillay” (JA 1984-III-292). En el mismo sentido, se ha expresado que el daño moral se tiene por acreditado por la sola comisión de los hechos mismos (SCBA, 20-10-76), LL, 1977-D-435. Esta presunción surge con claridad en los delitos contra el honor (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil, t. 5., pág. 114/5).

            En cuanto a los argumentos del actor, debo señalar que la posible mayor difusión del programa no puede aumentar la reparación, teniendo en cuenta la índole esencialmente resarcitoria de la indemnización del daño moral. Asimismo, tal como surge de los video cassettes acompañados, en los programas en cuestión de trataron otros temas además del que afectó al demandante.

            Por lo expuesto, el tenor de la imputación, y en virtud de las características particulares de la causa y lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal, considero prudente fijar en treinta mil pesos ($30.000) la indemnización por el daño moral padecido.

            VI. Con respecto a la publicación del fallo, en los periódicos “Clarín” y “la Nación”, cabe recordar que la adopción de esa medida fue requerida por la actora al demandar.

            Ahora bien, al respecto se ha dicho que, “aunque la publicación de la sentencia evoque los sucesos relatados en la nota periodística que motivó el daño, lejos de limitarse a ello se pronuncia sobre la ilicitud del proceder de los demandados, por lo que en esa medida cumple la función resarcitoria reclamada por la actora” (Sumario Nº 15178 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil – Boletín Nº 3/2003 – CNCiv, Sala 1 – Expte. Nº 1051233 – del 25-04-02, Juez de Cámara: Dr. Ojea Quintana, in re “M., Z.M.E. c/ Editorial Perfil SA y otros s/ daños y perjuicios”), en el mismo sentido: “al ser una de las características propias de la protección de los derechos personalísimos la previsión de otra reparación más allá de la indemnización pecuniaria, dado que para determinados valores de la vida, como el honor, aquélla por sí sola no cumple con la necesidad de equilibrar el orden lesionado, es procedente admiir la pretensión de publicar la sentencia que hace lugar a la reparación respectiva” (Neustadt, Bernardo c/ Cavallo, Domingo Felipe s/ daños y perjuicios”, CNCiv. Sala D – Nro. De Recurso: D084589, del 3-6-1998, jurisprudencia publicada en elDial, récord lógico: AE76). La Corte suprema de Justicia de la Nación ha expresado que no existe obstáculo alguno de orden interpretativo para que, frente a la notable vinculación existente entre el derecho a la intimidad y el derecho al honor, este último encuentre una protección adicional en el art. 1071 bis del Código Civil, que permite, como forma de reparación no excluyente, la publicación de la sentencia, más allá de que la figura penal análoga consagra también esta forma de tutela (art. 114 del Código Penal: Fallos: 310.508, considerando 16).

            A mérito de ello y las particulares circunstancias de la causa considero viable el reclamo en este punto, pero encuentro suficientemente resarcida la pretensión adicional con la publicación de la sentencia en uno de los dos periódicos señalados, por lo que habré de hacer lugar parcialmente a este reclamo, debiendo las demandadas, a su costa, efectuar la pertinente publicación en uno de los diarios arriba relacionados, a elección del actor.

            VII. En cuanto a los intereses estos deberán computarse desde la fecha en que se produjo la primera de las emisiones en cuestión (19 de noviembre de 2002) hasta su efectivo pago, liquidándose en ausencia de convención o leyes especiales, a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (conf. plenarios del fuero “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transportes” del 16.12.58; “Vázquez, Claudia A. c. Bilbao, Walter y otros”, del 2.8.93 y “Alaniz, Ramón E. y otro c. Transportes 123 SACI s/ daños y perjuicios” del 11.11.03).

            VIII. Las costas las habré imponer a las demandadas por no encontrar motivo para apartarme del criterio general y objetivo de la derrota (conf. art. 68 del Cód. Proc.).

            IX. En consecuencia, por estas consideraciones y textos legales citados FALLO: A) Haciendo lugar a la demanda entablada por Julio César Grassi y condenando, en consecuencia, a Arte Radiotelevisivo Argentino SA y a Cuatro Cabezas SA, a pagar al actor la suma de treinta mil pesos ($30.000.-), dentro de los 10 días de notificados la presente, con más los intereses que deberán calcularse conforme lo dispuesto en el considerando respectivo, bajo apercibimiento de ejecución y B) Condenar a las demandadas a publicar la sentencia recaída en autos en uno de los periódicos indicados (“Clarín” y “La Nación”), a elección de la parte actora, todo ello con costas (art. 68 del Cód. Proc.). Difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se apruebe la liquidación definitiva.

            Hágase saber el dictado de la presente a la mediadora.

            Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

            Adrián R. Del Federico
            Juez Subrogante

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Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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