Opiniones

22/10/2003

Fuente: Ambito Financiero

Caso del ajusticiado por la prensa más notorio del país

JULIO RAMOS
DIRECTOR DE AMBITO FINANCIERO

El sacerdote Julio Grassi tenía mucha esperanza, en definitiva es un hombre de fe. Los padres de una asociación que representa a varios miles de ellos, con chicos criados, educados y salvados de la calle por la Fundación Felices Los Niños, personas muy simples, lo creían firmemente. Lo creían los jóvenes ya egresados de ese hermoso instituto; el personal, las monjas. Igualmente los donantes dudaban.

Con el pesimismo de un hombre curtido por los años de ejercer el periodismo, en un país tan difícil como la Argentina, se los había anticipado: las presiones corporativas y el haber sido planteado el caso con una repercusión de prensa lo suficientemente grande como para ya imponer condena, hacía imposible que la maniobra contra el sacerdote encontrara en la Justicia de Morón quién se arriesgara a enfrentarla y dispusiera lo que correspondería en cualquier país del mundo.

El disparatado procesamiento del padre Grassi debía ser anulado y archivado por falta de pruebas, parcialidad y alevosía en los estrados judiciales intervinientes, prejuzgamiento y falta de garantías en juicio. Pero en Morón se dispuso que sea enviado a juicio oral.

Aunque evidentemente en ese departamento provincial muchos conocen las anomalías y hasta tropelías que se han concretado en este proceso, era previsible que nadie arriesgara y que -en el mejor de los casos- un tribunal de tres miembros valore toda la prueba y quizá disponga la inocencia. Y si no el Tribunal de Casación. Y si no la Suprema Corte de la provincia. Y si no la Corte Suprema de la Nación, pero no las instancias inferiores entrelazadas y comprometidas de Morón.

Es el largo calvario que como prueba a su fe le espera a este simple sacerdote, que sólo cometió un gran pecado: hizo la obra asistencial de chicos más importante del país, más valorada y respetada en el exterior que no era ni estatal ni de inspiración progresista. Pecado casi mortal en la Argentina de estos días.

La obra de Grassi es directamente una quijotada. En la provincia más rica y más grande de la Argentina, donde el Estado no tiene lugar suficiente para alojar a los chicos de la calle, ¿cómo va a venir un simple sacerdote a utilizar unas tierras públicas abandonadas, a erigir guarderías infantiles, escuelas primarias, politécnica, dormitorios para niños de la calle alojados, gabinetes de idioma y computación (en ex containers del puerto adaptados que le cedió el ex titular de la AFIP Carlos Silvani, tras incautarlos del contrabando) y hasta un minihospital? ¿Cómo tremenda osadía de la iniciativa privada y de una religión, que es el catolicismo pero pudo ser cualquiera, iba a extenderse a cinco provincias, inclusive con sede de esa Fundación en el barrio Chacarita en la Capital Federal?

Además de recibir en donación la propia quinta privada del ex presidente Eduardo Duhalde para dar de comer y asistir a chicos carenciados o que el actual presidente Néstor Kirchner le facilitara la construcción de una casa asistencial similar en Santa Cruz?

Lo peor es que tremendo logro de la iniciativa privada y del esfuerzo individual sobre el estatismo por parte de un religioso (si no lo hubiera sido no lo habrían atacado así) se dio en el único distrito grande bonaerense manejado por el frepasismo con tendencia asistencial populista, aunque el actual intendente Martín Sabatella es un moderado muy querido en la zona y que ganó democráticamente por alto porcentaje.

• Jibarismo

Los hombres de la Justicia de Morón que planearon la maniobra contra Grassi junto a productores, matrimonios y periodistas de «Canal 13» y «Clarín» fueron designados en la época del caudillaje local del legislador justicialista Horacio Román.

En ese contexto de jibarismo de los derechos individuales en Morón, la Cámara de Apelaciones obviamente otorgó el juicio oral que no correspondía. «Clarín» desde ya lo agranda. Para herirlo más llama siempre «cura» al sacerdote.

Le adjudica cuatro acusaciones para el juicio oral cuando en realidad es solamente una (del denominado «Gabriel») por presunto intento de abuso sexual aunque hay en contra de esta sola acusación numerosas irregularidades como: el intento de extorsión contra el mismo Grassi, por «Gabriel», presentándose ante testigos en la Fundación; el error de fechas del acusador (atribuye el intento cuando ya no estaba en ese instituto); las cartas manuscritas del propio O.A.(*) («Gabriel», hoy de 22 años) explicando los motivos reales de su alejamiento por enemistad con los otros internos; el testimonio escrito de las psicólogas que lo atendieron y de la mujer que lo recibió en su casa y lo crió.

Además, está probado que O.A.(*) o «Gabriel» es un activista de izquierda que participó en los desmanes y saqueos del 20 de diciembre que precedieron al golpe institucional contra Fernando de la Rúa. Igualmente está comprobado y admitido que el «asesor» espiritual de O.A.(*) o «Gabriel», el psicólogo Enrique Stola, es también un activista como lo reconoció, con orgullo, públicamente.

Como un único testimonio acusador -y tan endeble- no bastaba para un juicio oral, la Cámara de Apelaciones (aquí sí en actitud más deplorable que el solo actuar solidariamente con colegas) «aumenta» las menciones que «Clarín» transforma en «acusaciones».

«Ezequiel», el otro menor, no es un caso de presunto abuso en su persona, sino que dice que vio un supuesto abuso en otro menor que nunca identificó; dijo que con «el otro» estaban en clases y cumplía años en pocos días, el 20 de enero, cuando ya no había clases, contradicción que visualizó la jueza de Garantías López Osornio pero que no se atrevió a citar en su resolución por una actitud similar a la de la actual Cámara de Apelación de no hacer caer el juicio oral, aunque no declaró la validez de los dichos de «Ezequiel».

«Clarín» necesita imperiosamente la condena de Grassi tras haber lanzado la ignominiosa campaña falsa contra el sacerdote. Si no lo logra, le pueden sobrevenir no menos de siete juicios civiles adversos y unos cinco penales iniciados contra periodistas y productores (alguno de los cuales, como Miriam Lewin, ya separó de su personal). No olvidemos nunca que el caso Grassi lo toma «Clarín» en represalia contra el sacerdote de la Fundación porque no fue a declarar en el juicio que ganó Oscar Salvi a favor de Rodolfo Galimberti, Jorge Rodríguez y Juan Born por una colecta de Susana Giménez.

Con toda la deformación en prensa que hay en la Argentina y sustitución de la Justicia en condenas, «Clarín» había atacado a ese trío empresario porque Susana Giménez no quiso pasar de «Canal 11» a «Canal 13». No declara Grassi, se pierde el juicio que alentaba «Clarín». En esos momentos aparecen los productores ofreciendo el caso Grassi que originalmente fue una simple intriga entre juezas de menores de Morón en disputa por puestos judiciales, apoyadas por otros jueces amigos y todo rodeado de oscuros anónimos contra Grassi sin prueba alguna.

Servía, sin embargo, para ajusticiar dentro de la soberbia del diario monopólico al sacerdote. A esto se sumaban los sobornos comprobados a testigos falsos y el accionar de semanarios de Morón con rencor por los éxitos del joven jesuita. La izquierda sabe que, históricamente, nunca ha podido manejar la economía ni el bienestar de los pueblos cuando han caído bajo su égida.

Por lo menos, entonces, quiere que el asistencialismo provenga sólo del Estado, no de particulares. No admite la ideologización (el materialismo histórico de Marx) que haya hombres buenos que sacrifiquen consumos y donen.

Decidido a condenarlo «Clarín» y «Canal 13» suman como «cargos» contra Grassi las presuntas amenazas para que el menor «Ezequiel» modificara su testimonio. Si fuera cierto, correspondería al juzgamiento de otros, pero no abultar con más falsedades el juicio Grassi.

Recuérdese que ante jueces tan reconocidos por su trayectoria como Ricardo Oyama, más un asesor de Menores, el citado «Ezequiel» declaró que en «Canal 13» «me habían hecho la cabeza» para que declarara contra el padre Grassi. Hasta el titular de una Cámara Civil y Comercial de Morón quitó al menor de la custodia lógica otorgada a la misma hermana por un juez de menores para dársela a Aníbal Vera, quien fue el que lo llevó a Mar del Plata de paseo, antes de presentarlo como «denunciante» en «Canal 13» programa «Telenoche Investiga» dirigido por María Laura Santillán en su rentrée con búsqueda de casos de repercusión alentada por su esposo, empleado de «Clarín».


Se preguntará el lector por qué un grupo numeroso de empresarios, de periodistas, de gente del espectáculo, de comerciantes importantes, de dueños de supermercados, sigue sosteniendo que es una infamia lo que se le hace al padre Grassi, una maniobra vil, una claudicación corporativa inadmisible en la Justicia, aunque sea en un sector departamental de una provincia. La razón de la lucha es porque lo sabemos inocente, víctima de intereses creados.

Por eso siguen manteniéndose las colaboraciones a la Fundación que significan ayuda a miles de chicos carenciados de bienestar, de amor y una oportunidad educativa para un futuro siempre acechado por el riesgo de las drogas, la delincuencia y el maltrato.

En mi caso, agrego, el conocimiento de las perversidades de nuestro periodismo. Desde el penoso suicidio del concejal Ardanaz, en los años '60, por una acusación falsa de corrupción de la prensa, hasta la persecución de Víctor Alderete, acusado por «Clarín» hasta de «ser bajito» y procesado sólo por la edición de un libro del PAMI (muy bueno, además, por marcar las condiciones para prestadores), por apenas ochenta mil pesos, he visto toda clase de «condenas por la prensa» en grandes titulares y cuando llega la absolución sobreviene el silencio o las diez líneas en páginas perdidas del interior de un diario.

• Prejuzgamiento

Con todas la anomalías, el juicio al sacerdote Julio Grassi no existiría en un país realmente serio. En Estados Unidos el caso de un asesino (el famoso ex deportista O.J. Simpson absuelto sabiéndoselo culpable sólo por prejuicio contra gente de color de un policía investigador) se cerró.

El caso Grassi, con jueces que prejuzgaron (Humberto Meade), fiscales a los que les anularon los interrogatorios por falta de resguardo de los derechos del imputado (Rita Bustamante autora); cuando se eludieron los jueces naturales (como hizo la jueza de San Isidro Mirta Ravera Godoy); que un miembro de la Justicia se permita decirle al sacerdote se resigne a ser condenado sin saber por qué como en el trágico personaje de «El Proceso» de Kafka (la misma fiscal Bustamante), o que otro fiscal (Adrián Flores) haya nada menos que adulterado la declaración de un testigo, porque favorecía al acusado; como caso judicial habría sido totalmente anulado archivado y olvidado rápidamente como una vergüenza de la Justicia argentina.

• Resolución simple

En Morón, en cambio, mandarán a juicio oral a un sacerdote apoyado hasta por el cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Bergoglio, defendido por el jurista reconocido mundialmente como fiscal en la Corte Internacional de La Haya, Dr. Luis Moreno Ocampo (por su presencia en el exterior hoy lo representan en la defensa del caso Grassi su socio local Dr. Hugo Wortman y la Dra. Alicia Isola, quienes nunca defienden sin convicción), además de jugar su prestigio en la defensa un abogado tan reconocido como el Dr. Jorge Sandro.

El caso Grassi con buena voluntad e imparcialidad es simple de resolver. Mariano Grondona, la familia Soldatti, Raúl Portal, Alfredo Coto, centenares de donantes de aquí y del exterior, padres de chicos atendidos en esa Fundación y de menores de villas de emergencia de William Morris y otras que también envían a sus hijos a educarse y alimentarse en el instituto. También el personal docente y no docente de la Fundación, las monjas, Hilda Chiche Duhalde, muchas más personas y el periodista que esto escribe aceptarían la culpabilidad del padre Julio Grassi en la única acusación de abuso sexual y aceptarían lo que le hayan hecho decir al menor «Ezequiel» sólo si se respondiera negativamente unas simples preguntas. Entonces sí admitiríamos el error de haberlo defendido. Porque no se cree en la Justicia, mucho menos en la de Morón por lo sucedido. Preguntas simples a los funcionarios de Morón porque este periodista le escuchó decir al famoso penalista Sebastián Soler «el derecho es lógico y si no lo es, no es derecho».

Por eso, más allá de los conocimientos procesales, propios de los profesionales del derecho, se tiene que responder a lo que es lógico para cualquier ciudadano. Obsérvese que en los países realmente serios existen los juicios por jurados que tan necesarios serían en la Argentina plagada de injusticias, de acciones corporativas en los estrados, de presiones políticas y de «operaciones de prensa».

• Interrogantes

Las preguntas que haría cualquier ciudadano común son simples:

1°) El periodista Rolando Graña declaró a la revista «Noticias» que no aceptó para su programa «Punto doc», el año pasado cuando aún estaba en la plenitud, «el caso Grassi» porque «había que pagar coimas». Graña -rodeado hoy en un noticiero por José Eliaschev y Alfredo Leuco- no puede considerarse un hombre proclive al, digamos, «liberalismo» ya que ha vivido denunciando sus males. ¿Mintió Graña? ¿Mintió «Noticias», algo raro desde que el periodista Antonio Díaz sustituyó a Héctor D'Amico? ¿Por qué se derrumba toda la acusación contra Grassi si hubo que «sobornar testigos», además, de surgir nuevos culpables que deberán ser juzgados por ello?

2°) ¿Dijo o no el periodista Jorge Lanata que el «caso Grassi» le había sido ofrecido y no lo aceptó? Porque si lo andaban «ofreciendo» a medios con el conocimiento de la Justicia de Morón es que las pruebas no existían o eran forzadas, y se necesitaba un «escándalo de prensa» para poder detener y llevar a juicio al sacerdote para satisfacer las disputas internas entre jueces de Morón.

3°) ¿Es cierto o no que la ex secretaria del juzgado de menores de Morón, Mirta Ravera Godoy, en marzo del año 2002 concurrió a la Fundación Felices los Niños y pidió empleo de asesora letrada (no se lo otorgaron) porque no quería asumir como jueza de menores de San Isidro?

Es muy importante aclarar esta pregunta que parece simple, porque obsérvese este detalle clave en el caso: Ravera Godoy era secretaria del juzgado de menores 3 de Morón cuando el juez interino era Humberto Meade que prejuzgó y fue separado del caso Grassi precisamente por prejuzgamiento.

Meade, amigo de Ravera Godoy, no pudo asegurarle la titularidad de ese juzgado que ganó la asesora de menores Dra. Cristina Landolfi. Consigue el puesto de jueza sin edificio pero en San Isidro. Ravera Godoy no le gusta. Quiere seguir en Morón, por eso va a ver al padre Grassi para pedirle trabajo y allí nacen los rencores que terminarán con la maniobra contra el sacerdote. Ravera Godoy en San Isidro (finalmente asumió allí enojada o no) hace entrar por fuera de la jurisdicción natural la acusación de «Gabriel» contra Grassi llevado por la productora de «Clarín» Mirian Lewin. Ravera Godoy desde San Isidro saltea al juez de turno acusándolo de «no estar y descuidar su turno», se invoca una pericia de alguien no judicial como es el insólito psicólogo Stola y le pasa el caso no a los jueces de Menores de Morón, sino al juez Humberto Meade, su amigo su ex superior. No es casualidad sino parte de la trama. ¿Se puede probar que esto no sucedió así?

4°) En esta otra pregunta entran no los causantes -que están entre los anteriormente nombrados- sino el principal gestor de todo el accionar judicial contra el sacerdote Julio Grassi, el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate. Este es el que maneja a todos los fiscales de Morón, menos a dos. El que ordenó archivar el caso de la declaración adulterada del testigo por el fiscal Flores (desde La Plata ordenaron una investigación pero lejos de Morón, en Lomas de Zamora). La pregunta clave a Nieva Woodgate es si es cierto que declaró públicamente: a) que él se guía por el derecho de Estados Unidos y no por el de la Argentina y el bonaerense; b) si es cierto o no que dijo públicamente que con una sola acusación basta para llevar a un hombre a la Justicia y para la detención de veintiséis días que le impuso al sacerdote el juez de «garantías» Humberto Meade, separado del caso por prejuzgar.

Dejemos de lado que este mismo fiscal general Woodgate declaró que el sacerdote iba «hacia el cadalso»; lo importante es la total parcialidad de su actuación.

Las dos preguntas si tienen respuestas afirmativas descalifican cualquier juzgamiento de este sacerdote en jurisdicción de Morón y hay pruebas terminantes de que Nieva Woodgate dijo todo eso.

Pero hay una pregunta más importante que lo descalifica y descalifica el juicio oral: declaró este fiscal general -y también hay pruebas- que la Justicia de Morón actuó «a raíz de la denuncia periodística en el programa «Telenoche investiga». Eso es absolutamente falso. Dos años antes habían empezado las denuncias sin sustento contra el sacerdote. Antes de la emisión del programa, Grassi había denunciado la extorsión de «Gabriel». El prejuzgador juez Meade y amigo de la iniciadora del caso Ravera Godoy había pedido los expedientes de denuncias contra el sacerdote. Decenas de funcionarios judiciales de Morón conocían lo que se iba a proyectar por «Canal 13». No se actuó «a raíz de la denuncia», como dijo Woodgate, sino al revés. Se buscó el escándalo de prensa para poner en marcha la maniobra contra Grassi con tan pocas pruebas, endebles otras y sobornando a varios acusadores.

Más aún, algunos judiciales de Morón (fuero penal primario) fueron participantes, entregaron el material al periodismo.

5°) El creador de la Fundación Felices los Niños sería fácilmente absuelto en un país realmente serio y archivado su caso sin juicio alguno, si no pudieran ser rebatidas por falsas las realidades contenidas en esas preguntas. Y hay más: a) que efectivamente la Justicia probara que miente el remisero que confesó las numerosas veces que llevó al acusador «Gabriel» a «Canal 13» para adoctrinarlo en la acusación en la presentación televisiva; b) si es cierto o no que seis de los siete chicos presentados en TV como «abusados» por el sacerdote se rectificaron, declararon que fueron engañados por ex empleados de la Fundación resentidos con Grassi por despidos, productores televisivos y hasta cámaras ocultas en menores; c) si es cierto que el autor de un libro con infamias en el caso Grassi fue el que quedó privado de ingresos que -en nombre del sacerdote- obtenía para una revista; que inclusive cobraba avisos a donantes de la Fundación (hasta los percibió en Ambito Financiero) y el padre finalmente suprimió la publicación generando el rencor para acusaciones.

Si todo esto fuera falso, si todas estas preguntas resultaran negativas, sería el primero, y estoy seguro que me acompañarían todos los amigos de la Fundación, en repudiar al sacerdote que hoy sigue ejerciendo su obra administrativa, pero sin siquiera la satisfacción espiritual de poder ver a los chicos que tanto ayuda. Si lo expuesto fuera falso, le daría a ese repudio a Julio Grassi el mismo espacio que les he destinado a estas notas impuestas por la necesidad de aclarar los injustos ataques contra un religioso y un hombre de bien sometido al caso más degradante y plagado de falsedades que en años de periodismo haya observado en la Justicia argentina.

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(*) El texto original menciona nombres y apellidos, nosotros no podemos hacerlo por disposición judicial.

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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