Novedades del Juicio

29/6/2006

Fuente: Revista Pensamiento Penal

ACUERDO: El Tribunal Oral 4 Rechaza la Recusación


ACUERDO

En la ciudad y Partido de Morón, el veintinueve de junio de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal nº 4 del departamento judicial Morón, doctores Pedro Rodríguez, Carlos Roberto Torti, y Rodolfo Castañares, bajo la presidencia del primero, con el objeto de resolver el planteo recusatorio interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en la causa 1.422 seguida a Julio César Grassi.

Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de estudio y fundamentación: Castañares, Torti y Rodríguez.

FUNDAMENTOS

EL SEÑOR JUEZ CASTAÑARES, expresó:

Siendo que las causales de recusación son de interpretación restrictiva, máxime si se advierte que se trata de un acto de singular gravedad, dado el respeto que se debe a la investidura de los magistrados, de ahí que entienda que la nueva presentación en tales términos resulta a todas luces improponible y dos razones fundamentan este anticipo.

En primer lugar se pretende asimilar situaciones que jurídicamente no lo son, siendo que no se basan en circunstancias objetivamente comparables, desde que cuando se suspendió la audiencia preliminar, a ello refiere la recusante, lo fue porque los jueces estamos obligados a cumplir la ley, y por entonces aparecía cuestionada la integración del Tribunal, desde que “no estaba consentida ni establecida con carácter de firme” como expresamente lo enuncia el art. 338 tercer párrafo del ritual.

Ahora, mediando una causal de recusación sobreviniente, algo claramente distinto, se pretende que no se responda tramite o cuestión alguna, cuando ni siquiera así había ocurrido en la primer oportunidad, al punto que tampoco pareció interesarle a la misma parte cuando fueron resueltas múltiples cuestiones, y nada, absolutamente nada, por entonces reclamó en tal sentido, como sí ahora pareciera importarle.

Es que, no puede soslayarse que estamos obligados a poner en conocimiento del adversario procesal presentaciones como la que es del caso, y que ahora se niega a responder la fiscalía, porque sencillamente es propio de nuestras funciones legales. De adverso, sería abdicar en la función o cuanto menos dejar de velar por el proceso del que estamos obligados mientras dure el trámite bajo nuestra órbita jurisdiccional.

Lo segundo, es que en ese marco se pretende que el tribunal por haber resuelto como lo muestra la prueba acompañada, es parcial. Y aún cuando este modo de proceder resulta cuanto menos desaprensivo, hay que decir que a la fiscalía, también le viene impuesta por ley la obligación de actuar con criterios de objetividad, y estos argumentos, que ahora reverdece, son propios del entonces representante del particular damnificado, que nos endilgaba actuar en favorecimiento de la defensa al postergar la audiencia preliminar hasta la resolución definitiva de la integración. Pero, lo que no se dice en esta presentación, es que en definitiva el juicio fue nuevamente dilatado en una causa iniciada en diciembre de 2000 y con una demora en la realización de la audiencia del debate de dos años y medio, que si bien no es solo atribuíble a la ahora presentante, esta vez,  resulta su responsabilidad.

Por último, agrego que planteos como estos, asimilables a disconformidad de una de las partes acerca de lo resuelto, son circunstancias de nuestra de juzgador y que comúnmente enfrentamos a diario, razón por la cual, ninguna afectación provoca en mi imparcialidad e independencia.

Por todo ello, de conformidad con los arts. 47, 48, 50, 51, concs. y demás disposiciones legales citadas rechazo el nuevo planteo recusatorio y propongo elevar los antecedentes al Superior para que dirima la cuestión

EL SEÑOR JUEZ TORTI, dijo:.

Adhiero a los fundamentos del señor juez que precede y asimismo en conocimiento de los que sustentará el señor magistrado que me sigue en el orden de votación, conforme lo hemos deliberado, no puedo menos que también compartir sus argumentaciones.

Esto decirse enfáticamente: no hubo; no hay; ni habrá desequilibrio procesal alguno por este órgano con relación a éste y a cualesquiera de los otros procesos radicados para su conocimiento, tal como ha dado cabales muestras desde su puesta en funcionamiento con la integración original, sin mácula alguna por articulación de recusación.

La persistencia del Ministerio Público Fiscal, esta vez, con cita del art. 47 inc. 13 del CPP, reconduce a la tacha que había elaborado para justificar el apartamiento del Tribunal en el juzgamiento de este proceso, en el entendimiento que ahora han ocurrido “circunstancias que, por su gravedad” son demostrativas –esto no lo dicen, pero así debe inferirse del contexto de la presentación y de las actuaciones procesales y públicas de los recusantes- de la parcialidad y dependencia del Tribunal.

La posición adoptada por los acusadores públicos en su anterior pretensión recusatoria, ahora parece recobrar fuerzas con motivo de haberse vulnerado el principio constitucional de igualdad ante la ley en su perjuicio, tal como invocan y sostienen con el acompañamiento de la documentación. 

El discurso de los peticionantes es ineficiente para relacionarse con el principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22 de la CN; 11 de la CPBA.; 24 de la CADH, 26 del PIDCP, II de la DADDH y 4 de la DUDH), desde que no se ha comprometido la garantía magna de igual trato desde el punto de vista procesal respecto del que mereciera su contraparte.

Los recusantes parifican erróneamente ambas situaciones las que presentan un matiz diferencial insoslayable que, ante todo, surge de comparar sus respectivas situaciones con relación al decurso procesal en el que se originaron los actos que ahora sirven para descalificar al Tribunal.

En tal sentido, el señor juez Castañares ha descripto con la implacable asepsia lógica que lo caracteriza, la situación de cada uno de los adversarios procesales, atendiendo el tiempo del proceso en que ocurrieron los planteos, patentizando las disímiles situaciones entre el primero que sirve de base (durante mi presidencia) y el último (de la presidencia del señor juez Rodríguez) para que los agentes fiscales puedan argüir que se ha incurrido en un trato diferente y pernicioso, tendiente –ello es de todo obviedad- a seguir porfiando con su idea de la parcialidad y dependencia del Tribunal, que ha instalado desde su primer acto recusatorio.

El principio de igualdad ante la ley impide que se configuren excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias, de allí que se mantiene inalterable la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias (CSJN, Fallos, 16:118; 123: 106; 124:122; 222:352, entre otros; SCBA, Acuerdos y Sentencias, 1961-V-158; 1990-II-180 y 1991-I, 735).

La garantía de igualdad ante la ley no supone una igualdad aritmética o absoluta, pues "comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro de un ámbito territorial sean tratadas del mismo modo siempre que se encuentren en iguales circunstancias y condiciones" (CSJN, Fallos, 184:592; 318:1256), desde que a todos asiste el derecho "a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias" (íd. Corte, Fallos, 286:97; 299:164; 300:100, 527 y 1084; 301:1185; 302:192; 304:710; 313:1333; 320:2145).

La diversidad de circunstancias justifica, en principio, la diversidad del tratamiento legal. Tan inequitativo es que la ley trate desigualmente a los iguales en iguales circunstancias, como trate igualmente a quienes no son iguales -en el sentido de que su condición es distinta- (íd. Corte, Fallos, 224:810), de allí que la igualdad ante la ley consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no es la igualdad absoluta o rígida, sino la igualdad para todos los casos idénticos (ibíd. Corte, Fallos, 321:92), por lo cual, "dicha garantía debe aplicarse a quienes se encuentren en iguales circunstancias de manera que, cuando éstas son distintas, nada impide un trato también diferente, siempre que el distingo no sea arbitrario o persecutorio" (ibíd. Corte, Fallos, 306:195).

Y, en tal sentido, como bien lo remarcó el señor magistrado que encabeza el acuerdo, las situaciones disímiles plantean respuestas con arreglo a las circunstancias propias de las mismas. Por lo cual, debe recordarse que, en todo caso, no se  configura  una  violación  al  principio  constitucional de igualdad ante la ley cuando la desigualdad que se denuncia no resulta de la norma, sino que deriva de la aplicación que de ella se habría efectuado de la diversa interpretación que pudieran acordarle los jueces (CSJN,  Fallos, 310:471 y 1909; 316:1993).

Para que haya denegación de la igualdad ante la ley no sólo ha de existir discriminación, sino que, además, ella deberá ser arbitraria. No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento (íd. Corte, Fallos, 313:1638).

Cabe destacar, al respecto, que la nueva recusación está linealmente conectada con el concepto desarrollado en la primera recusación sobre la denunciada parcialidad y dependencia del órgano; por lo cual, no deja de ser una manifestación de los presentantes en la consecución de una idea sobre una trama para poner en tela de juicio la imparcialidad e independencia del Tribunal.

Tal aspecto no puede ser soslayado, porque como lo expresé al tratar el rechazo de la recusacion primigenia, bastaría que los justiciables recurrieran a esta actuación pertinaz para desplazar una causa del conocimiento de la judicatura competente, por ello es que debe evitarse que el instituto se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces naturales de las causas sometidas a su conocimiento.

En consecuencia, frente a la reiteración de las manifestaciones que intentan arrojar un manto de sospecha sobre la imparcialidad e independencia del Tribunal, deben resaltarse no sólo lo infundado de tales afirmaciones, sino que cabe poner de relieve que la integridad de espíritu, la elevada conciencia de la misión que hemos jurado cumplir y el sentido de la responsabilidad que es dable exigir a quien desempeña la magistratura, nos colocan por encima de tales insinuaciones, por lo que debemos agotar la función encomendada de decir el derecho en el caso, con la tranquilidad y libertad de ánimo que mantenemos y sin mengua alguna de nuestro poder de decisión, exento e independiente de toda prevención, interés o compromiso personal con el clamor de las partes.

En consecuencia, debe rechazarse el nuevo planteo recusatorio.

Así lo voto.

EL SEÑOR JUEZ RODRÍGUEZ, manifestó:

Adhiero a lo expresado por los magistrados precedentes y agrego:

A lo que el invocado inciso 13 del art. 47 del CPP, alude es a “circunstancias que, por su gravedad, afecten” la independencia e imparcialidad del Tribunal, no a resoluciones judiciales pretéritas que revelarían un trato supuestamente dispar y que no lo hay, porque en tal caso la norma debiera así decirlo, las circunstancias a que sí se refiere es a situaciones o relaciones fácticas o jurídicas que puedan afectar su independencia o imparcialidad futuras.  Con ello ya va mi rechazo al no encajar los fundamentos del pedido en ninguno de los presupuestos de excusación del art. 47 citado.

De cualquier forma, he de decir, como mis colegas, que los planteos recusatorios, como los de nulidad, incompetencia, etc., no pueden, salvo expresa previsión legal (caso del art. 338 CPP), suspender los procesos por su sola interposición, lo contrario dejaría la concreción del ideal de justicia librado a los rábulas.  Por ello la motivación estrictamente jurídica de aquella antigua suspensión de la audiencia preliminar aventa cualquier idea de parcialidad.

Puede observarse otra diferencia fáctica no menos relevante, en aquel entonces, la audiencia suspendida aquel 19-12-03 venía fijada para el 22 del mismo mes y año, y resultó coincidir con la propia audiencia del art. 51 del CPP establecida luego por la Excma. Cámara. 

Ergo la recusación nunca podía haberse resuelto antes de la audiencia preliminar si la audiencia para resolverla la fijó la Cámara de Apelación y Garantías para la misma fecha, la suspensión se imponía por mera yuxtaposición.

Ahora, además de que no se invocó ninguna de las taxativas razones legales que autorizan a suspender el juicio oral, al resolverse el aplazamiento el día 23 del corriente había tiempo material para resolverse el planteo mucho antes de la audiencia de debate del 17 de julio próximo, no había superposición de audiencias ni mucho menos.

Pareciera que el igual trato que la parte reclama para situaciones jurídica y fácticamente disímiles, y que ahora la agravia, sea la consecuencia de la preocupación de este Tribunal por darle pronto trámite a un proceso tan demorado.

Puede verse así también que ninguna circunstancia afecta la independencia e imparcialidad de este Tribunal y que justamente, lo que se invoca, contrariamente, habla de la vocación por resolver el pleito en tiempo oportuno (doct. y arg. art. 15 de la CPBA).

Así lo voto.

Por ello, demás fundamentos y citas legales del Acuerdo que anteviene, este Tribunal

RESUELVE

Rechazar el nuevo planteo de recusación deducido contra el Tribunal, y; consecuentemente, elevar los antecedentes a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, mediante atenta nota de estilo.

Regístrese.

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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