Opiniones

22/11/2002

Fuente: www.monografias.com

MEDIOS EN JUICIOS ORALES


Por Martín López Lastra
Licenciado en Comunicación Social - UNLP


Análisis de la participación de la prensa
en la difusión de juicios orales de la Justicia Penal Bonaerense

Resumen

Introducción

La publicidad de los actos judiciales

Perspectiva comunicacional

El juicio como noticia atractiva para la prensa

Otros temas en debate en la difusión de juicios

Modelos de difusión de juicios

Metodologia

Análisis de los casos

Conclusiones generales

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue el de analizar los conflictos que se presentan entre jueces y periodistas con relación a la difusión de los juicios orales, estudiar sus causas y determinar posibles líneas de acción para consolidar y ampliar las relaciones de cooperación entre los medios y la Justicia.

La investigación incluyó, previa revisión de la bibliografía, normas y documentación jurídica y periodística sobre el tema, la elaboración de un marco teórico que permita formular hipótesis para explicar el surgimiento de las relaciones de conflicto o cooperación entre jueces y periodistas.

A partir del marco teórico desarrollado se llevó a cabo un estudio de casos, seleccionando y analizando en profundidad casos concretos de juicios orales que hayan tenido lugar en el ámbito penal bonaerense.

Durante el estudio de casos se realizaron entrevistas en profundidad con los jueces, periodistas y partes que intervinieron en los juicios seleccionados, así como un relevamiento completo de los documentos jurídicos y el material periodístico referido a cada uno de los casos.

La investigación planteada apuntó, a partir del estudio en profundidad de algunos casos paradigmáticos, a establecer un marco explicativo sólido sobre el surgimiento de las relaciones de cooperación o conflicto entre jueces y periodistas y sugerir posibles líneas de acción para mejorar su vinculación en futuros juicios orales.

MARCO TEÓRICO

CAPITULO I –INTRODUCCION-

Cada vez más a menudo se suceden los juicios de gran trascendencia pública que merecen la atención de un sinnúmero de medios y periodistas. Con mucha frecuencia, surgen inconvenientes sobre la posibilidad y modalidad de difusión de los procesos orales.

Esos inconvenientes, a los efectos de su identificación, los vamos a hallar primero en el marco de la relación existente entre jueces y periodistas, más precisa que la relación Prensa y Justicia que puede abarcar otros marcos de interacción. 

El punto de partida es que entre jueces y periodistas pueden existir relaciones de conflicto o de consenso, que están relacionadas con la ausencia o existencia de diálogo respecto de la modalidad de la cobertura de un juicio oral en la justicia penal bonaerense que será el universo de estudio de este trabajo.

Si existe cooperación  y coincidencia de magistrados y periodistas en una serie de reglas de juego -antes ,después o durante el juicio-, entonces se podrá hablar de consenso y cooperación.

En tanto, se entenderá que existe conflicto si de manera unilateral y sin diálogo (o, habiéndolo, no hay acuerdo con los periodistas), los magistrados establecen una determinada forma de difusión de los debates orales.

Esteban Rodríguez define al conflicto como "una situación problemática concreta" que se da entre dos o más personas o, como en este caso entre dos o más sectores. También indica que" el conflicto persiste aunque una sola de esas personas (o sectores) visualice esa situación antagónicamente como tal".[1]

La explicación es más que oportuna para introducirnos al marco en que puede desarrollarse el conflicto de relación entre magistrados y periodistas.

La relación de conflicto puede producirse debido a la existencia de objetivos contradictorios entre jueces y periodistas respecto del juicio oral, aunque también por distintas características que hacen a la idiosincrasia tanto de la prensa como de la Justicia, como se verá más adelante.

También hay conflicto permanente por los objetivos distintos de jueces y periodistas respecto de sus funciones específicas, por pertenecer a distintos ámbitos laborales (el juez al Estado, el periodista generalmente a una empresa privada) y por los distintos lenguajes utilizados en su actividad.

Elementos para entender la relación jueces-periodistas

La relación entre jueces y periodistas suele estar signada por la necesidad de compatibilizar el debido proceso que debe preservarse en un juicio oral y público y el derecho a la información que reclama el periodismo para ejercer su trabajo, en el marco de la libertad de prensa.

De este modo, el juez quiere lograr la mejor garantía de los derechos del debido proceso, mientras que el periodista, como un legítimo titular del derecho a la información, desea informar antes y mejor a su audiencia o lectores

No obstante,es posible que exista ausencia de conflicto entre jueces y periodistas, pero a costa de un desequilibrio a favor de uno de los dos derechos –los contemplados en el debido proceso yel de informar- por sobre el otro (ver gráfico 1).

En este trabajo se analizarán casos de juicios orales en los que se presenten variaciones entre las alternativas mencionadas: conflicto o cooperación entre jueces y periodistas, con equilibrio o desequilibrio entre los derechos incluidos en el debido proceso y el de informar.

Una situación típica se presenta cuando existe una relación de conflicto entre jueces y periodistas y, simultáneamente, hay falta de equilibrio entrederechos y garantías que deben observarse en un juicio y el derecho a informar, a favor o en detrimento de este último.

Otra variante es la del juicio en el que hay una relación de cooperación o consenso y un equilibrio entre ambos derechos. Por otro lado, es posible que este consenso entre jueces y periodistas se alcance tras un conflicto inicial.

Lo cierto es que muy difícilmentehaya un "ideal" de equilibrio y cooperación, en cuanto a derechos y formas de relación. Del predominio de esas características durante cada caso surgirá el "patrón" de clasificación.

En las combinaciones de ambas características se puede dar lugar a la formulación de distintas hipótesis que será necesario contrastar en un trabajo de campo.

En un juicio, los magistrados deben preservar el debido proceso, lo que incluye garantías sobre el derecho a la defensa, a la seguridad física y la intimidad, entre otros.   Estos derechos básicos están previstos en leyes, códigos procesales, en la Constitución y en tratados internacionales, a partir de los cuales se construye el basamento legal que el juez debe aplicar para demostrar no sólo su competencia sino su visión equitativa hacia las partes y hacia todas las causas.

Estos requisitos deben cumplirse para evitar que, en una instancia superior, puedan existir revocatorias del fallo. Por ejemplo, en el caso de la justicia penal en la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Casación podría revisar y casar (anular) las sentencias de los tribunales orales en lo criminal.

El debido proceso para la Justicia penal no incluye sólo el juicio oral, dado que este es la etapa de "debate"en la cual, a través de la vía de la prueba testimonial, pericial, informativa o en algunos casos de reconocimiento judicial, se contrasta con la producida en la etapa de instrucción o sumarial.

Elconcepto del "debido proceso" no es un capricho de intelectuales juristas sino la conclusión acerca de la posibilidad de conceptuar un juicio "justo" con reglas de juego claras y equitativas.

El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho.

En nuestro país, la profundización del sistema garantías ha sido adoptada por la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos del Hombre (Pacto de San José de Costa Rica), incorporados a nuestra Carta Magna nacional mediante el inciso 22 del artículo 75.

En esos tratados se alude directa o indirectamente a la definición de las reglas de juego que deben seguirse en un proceso con el fin de equiparar los derechos del individuo frente a los del Estado que juzga. En otras palabras, La Argentina terminó de consolidar su posición "garantista" con la reforma de la Constitución de 1994 al igual que gran parte de las naciones del planeta.

La Provincia incorporó también varios de los principios emanados de los tratados internacionales ya mencionados a su propia Constitución, que contiene una declaración de garantías para evitar justamente los eventuales abusos del Estado.

Además del precedente originado en el siglo XVIII con la concepción del Estado de Derecho frente al Estado Absolutista, y de las declaraciones y pactos internacionales ya citados, hay aportes valiosos desde el campo de la ciencia y la filosofía del Derecho.

Tal es el caso del Dr. Luigi Ferrajoli y su Teoría del Garantismo Penal.

Ferrajoli habla de "garantías procesales y orgánicas", entre las cuales cita "el principio de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida del juez y de la acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa y la publicidad del juicio".

Esos términos están contemplados en el Código procesal penal bonaerense, profundizado al reflejarse el sistema acusatorio, con la reforma producido en 1998.

Entre todos estos principios, el que se destaca para el presente estudio es el de la publicidad que está contemplado en el artículo 342 [2] y cuya interpretación es motivo de debate que desarrollaremos más adelante.

A las garantías procesales y orgánicas Ferrajoli añade las denominadas “garantías penales sustanciales”, como el principio de estricta legalidad que reconoce la necesidad de "sentencia fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos".Esto es sin prejuicios de ninguna naturaleza hacia el imputado.

Pero lo que más hay que destacar es que el juicio oral, en nuestro país, es una garantía en sí misma que queda plasmada en elartículo 18 de la Constitución Nacional cuando señala que "nadie puede ser penado sin juicio previo".

Todas estas garantías deben estar severamente controladas por el Tribunal Oral o la Cámara Penal que deba juzgar a un imputado, quien a través de su representante puede recurrir la falta observancia de estos principios.

Derecho a la información

Si se inserta al periodista en un esquema laboral en el cual presta servicios a una empresa que compite con otras, su deseo es el de informar antes y mejor a su audiencia o sus lectores, algo que también hará por orgullo profesional.

El derecho a la información es el polo opuesto -en nuestra dualidad planteada- del debido proceso y pasa por el filtro del debate en torno a su denominación por Eduardo Luis Duhalde, quien señala que  "nos sentiríamos más cómodos si la misma se denominara Derecho a la Comunicación, acorde con la terminología que se ha impuesto internacionalmente y no en forma arbitraria (...). Incluso hasta nos atreveríamos a decir que es más democrático y menos autoritario, ya que no remite a propietarios del saber.Mientras la información en su estricto sentido tiene un carácter unidireccional, con un emisor y un receptor, individual o colectivo, la comunicación importa una acción dual, interactiva, una ida y vuelta donde las funciones de emisor-receptor son compartidas"

Sin embargo acepta que " tampoco es impropio el uso del concepto información, en su sentido más lato, habida cuenta que se trata de uno de aquellos términos que más feliz carrera ha hecho en las últimas décadas al punto de haber dado su nombre a una de las ciencias más jóvenes y pujantes: la informática.   (...) en nuestra concepción,el Derecho a Comunicar,un nuevo derecho social visto desde la perspectiva global y colectiva, no es sinónimo deDerecho a la Información".

Por su parte Carlos Fayt previamente nos introduce en el concepto mismo de información a la cual define como una parcela de la comunicación social.    En ese sentido habla de"la fase de provisión del contenido de la comunicación.   Lo cierto es que la noción de información aparece como difícil de lograr si no se le suman las características del mensaje,su elaboración, su emisión, las formas y condiciones para emitirlo y su contenido con relación a los acontecimientos, los hechos, las acciones, los conocimientos más las técnicas especiales propias de cada uno de los medios de comunicación social.Es decir que la información puede ser comprendida como una función de la comunicación, o bien como especie en cierto modo autónoma de la comunicación, necesaria para la eficacia de la acción, teniendo por contenido la comunicación de hechos, ideas, conceptos y juicios que conduce a diferencias entre la comunicación informativa y comunicación no informativa, es decir, la relacionada con mensajes afectivos o estéticos".

En cuanto al derecho a la información Fayt explica que "puede definirse como el derecho de investigar, recoger, transmitir, recibir, narrar y divulgar los sucesos y opiniones sobre asuntos políticos y sociales, en sentido amplio, y de enterarse de las noticias publicadas. En la democracia el ciudadano en su condición de sujeto primario del poder, tiene el derecho y el deber de tomar conocimiento de los actos de gobierno y de la vida política en general, como requisito indispensable para la formación de opiniones y de la voluntad electoral. Esto vincula simbióticamente el derecho de información con el sistema representativo, directamente derivado de la soberanía del pueblo, y permite el efectivo control de la ciudadanía sobre la gestión y conducta de losgobernantes".

Fayt vincula el derecho a la información con el control sobre los propios jueces como responsables de uno de los pilares básicos del sistema de gobierno como es el poder judicial.

En ese sentido cabe señalar y preguntarse si además de la obligación de administrar justicia, no hay de parte de los magistrados una obligación adicional y con igual jerarquía con la publicidad de los actos de gobierno o judiciales cuando del otro lado hay ciudadanos exigiendo la satisfacción y el ejercicio de su derecho a la información.

"El destinatario de la información es el público -añade Fayt-, aquellos que atienden y entienden los hechos de interés general y están en condiciones de introyectar un juicio y discutirlo.   Tiene carácter anónimo, está compuesto por aquellos a quienes interesa la noticia.  Por lo tanto debe ser accesible al mayor número.   Esto es así, para que en laspáginas de los diarios, en las palabras que transmiten las radios, en las imágenes que directamente penetran en el cerebro de los televidentes, éstos, en lo más profundo de sus conciencias, se encuentren a sí mismos y en los hombres y mujeres que protagonizan la noticia, cada uno perciba un destello de su propia vida.   Hay algo más, la información cotidiana muestra la conducta social de nuestros semejantes en función de sus consecuencias y permiten reconocer que el éxito o el fracaso dependen, en la mayoría de los casos, del ejercicio de nuestra actividad y de la fuerza que pongamos en ello.   Asimismo, al poner a nuestro alcance cuanto acontece en el mundo, la información nos hace testigos de los hechos y los acontecimientos que gravitan en nuestro destino y en el de la humanidad".[3]

Tan explícito como Fayt se muestra en su conclusión Damián Loretti en su libro el Derecho a la Información, en el cual señala que justamente el "titular" del mismo es el público.

Loretti sostiene que "la pretensión del derecho a la información y su desarrollo es que todos los seres humanos logren la satisfacción de acceder a informaciones y opiniones, y de difundirlas" [4]

El mismo autorañade que "desde esta premisa, lo que se debe definir es quién es el titular o 'propietario' de la información, ya que ello resolverá-por ser la piedra de toque- cómo debe entenderse la misión de los empresarios, los periodistas y el público".

En la misma línea que otros autores,  Loretti asegura que "el titular de la información es el público"y adhiere a la tesis de la "existencia de un mandato tácito otorgado por el público a los periodistas y a los empresarios, por el cual se les delega la facultad de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones con el objeto de cumplir una misión social: la de informar".

Cuando hay un titular del derecho de la información como el público y una obligación de satisfacerlo -en este caso desde la Justicia-paradójicamente cuesta clasificar a los medios y periodistas como "titulares de segundo grado" o "custodios del derecho social de información" o si también le cabe una suerte de destinatario de una obligación como la de informar.

Podría tener esos roles en forma simultánea, y tampoco quedaría muy mal,sobre todo en un contexto en el cual no podrán dejar de lado justamente su rol objetivo de "intermediarios" entre el hecho y la opinión pública.

Por estas definiciones como las de los autores citados, cabe resaltar que cuando -en este caso-la justicia veda o limita una difusión no se estará haciendo frente a la no satisfacción de un grupo de profesionales de la información o empresas periodísticas, sino a todo un universo de personas ansiosas por obtener esa información.     

Por el otro lado, y mirando hacia el universo periodístico cabe señalar si cierta modalidad de difusión de un juicio oral al estilo "reality show"en el cual muchas veces lo principal se subordina a lo accesorio es un real ejercicio de ese derecho o si no se está ante una "disfuncionalidad".

De todas maneras, implicaría introducirse en un terreno cenagoso, dado que seguramente eso también lo decidirá esa sociedad "titular" del derecho a la información pero desde otra perspectiva que es el mercado de consumidores (lectores, oyentes y televidentes) del producto que reciben.En otras palabras podría decirse que el hecho de ser titular de ese derecho a la información implica también aceptar la modalidad en que la está recibiendo y mientras haya mercado para ello también hay un derecho de ese sector dela opinión pública.

Distintas normas que reconocen el derecho a la información

Hay una variada gama de antecedentes tanto a nivel internacional como constitucional que incluyen como fundamental el derecho a la información o a la comunicación.

En primer lugar es importante citar el artículo 19 de la declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la ONU que señala que"todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

La norma recogía el antecedente de la resolución 59 (I) del 14 de diciembre de 1946, en la que la ONU dice:"la libertad de información es un derecho fundamental del hombre, y piedra de toque de todas las libertades a cuya defensa se consagran las Naciones Unidas... La libertad de información implica el derecho a recoger, transmitir y publicar noticias sin trabas en todos los lugares... (y) constituye un elemento esencial de todo esfuerzo serio para favorecer la paz y el progreso en el mundo".

Con algunos retoques el valor del derecho a la información fue reconocido por posteriores pactos internacionales,  destacando por caso el pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, entre tantos otros que fueron incorporados a nuestra Constitución Nacional y que están expresamente mencionados en el inciso 22 del artículo 75. 

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza textualmente en su segundo inciso que "toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otroprocedimiento de su elección..".

Y las referenciasal derecho a la información en el Pacto de San José de Costa Ricaparecen una reproducción casi textual, sobre todo en el  epígrafetitulado "libertad de pensamiento y de expresión" del artículo 13 , se establece :"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2 El ejercicio del derechoprevisto en el inciso precedente no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores..." .

Cabe resaltar queestos tratados aprobados con la reforma de 1994 son considerados con jerarquía superior a las leyes comunes y fueron sancionados con una mayoría especial de dos tercios de los legisladores del Congreso Nacional.

Pero a esto hay que agregar que se da un doble reconocimiento del derecho a la información.El inciso 22 del artículo 75 lo reconoce implícitamente, y se suma a lo expresado en el artículo 14 de la Carta Magna nacional que remite al derecho a "enseñar y aprender" en el cual, más de un analista de la comunicación incluye el de "informar y ser informado" .Pero además también establece expresamente el derecho de todo argentino de " publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".

A diferencia de la Carta Magna nacional, la Constitución Bonaerense establece no ya implícitamente, sino textualmente en el inciso 4 del artículo 12 que los habitantes de esa provincia tienen garantizado "el derecho a la información y a la comunicación".

Pero la Carta Magna provincial agrega algo más en su artículo 13, cuando señala que " La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia".

Y el derecho a la información debe haber sido tenido en cuenta por los legisladores que elaboraron el código procesal penal en el cual veremos que dice respecto de la publicidad de los juicios orales, e implícitamente del derecho a la información de los medios.

Esto está expresado en el artículo 342 del código citado cuando en uno de sus párrafos señala que "...En caso de duda deberá  estarse siempre por la publicidad del debate" y que "la prensa no podrá  ser excluida de la sala de audiencias..." y hasta obliga a fundar en resolución los motivos de excepción de la cobertura de los juicios. Volver al índice

Limites y el mentado equilibrio

En lo que interesa al objeto de este trabajo que es la cobertura periodística en juicios orales, una respuesta acerca del límite al trabajo de la prensa se puede encontrar en escala descendente desde el nivel supranacional hasta la norma más local.

En ese orden,  volvemos al pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocido por nuestra Constitución Nacional en su artículo 75.

El artículo 14 de ese pacto -que data de 1966 y fue ratificado por nuestro país en 1986-  advierte en su inciso 1 que "la prensa y el público podrán ser excluidas de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las Partes o, en las medidas estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia...".

El pacto agrega más al respecto y esto se contempla en el inciso 3 del artículo 19 cuando alude a que el derecho citado "...puede estar sujeto a ciertas restricciones" que deberán, sin embargo estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública".
Casi un calco de lo establecido en el pacto de derechos civilesse observa en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica cuando señala en el inciso 2 que el ejercicio del derecho de información "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deberán estar expresamente fijadaspor ley y ser necesarias para asegurar : a) el respeto a los derechos a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública".

Tampoco se deduce de ese o de otro artículo un margen de maniobra mayor para las autoridades de aplicación en cuanto a otras posibilidades de limitación del derecho a la información.

Antes de ir de lleno a lo establecido en la Constitución nacional y provincial vale destacar el aporte que la propia justicia hizo de la interpretación de los derechos a informar y a la intimidad.

La causa "Ponzetti de Balbín contra Editorial Atlántida sobre daños y perjuicios"[5] no llega a ser considerado un "leading case" pero sí resulta de lo más emblemático en cuanto a límites entre el derecho a informar y a la intimidad.

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación casos como el analizado -en el cual la revista de Editorial Atlántida, Gente publicó la foto del dirigente radical Ricardo Balbín en cama, en terapia intensiva de un hospital platense- permiten concluir en que la libertad de prensa no es absoluta y cede ante el derecho a la intimidad que tiene igual rango.

En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación señaló que en ese caso "no se encuentra en juego el derecho de publicar las ideas sin censura previa (art. 14 de la Constitución Nacional) sino los límites jurídicos del derecho a la información, en relación directa con el derecho a la privacidad o intimidad...".

El fallo, conocido en diciembre de 1984, estableció que el derecho a la información de los medios"...no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz delos abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o de actos civiles".

"El principio de la libertad de pensamiento y de la prensa, excluye el poder restrictivo de la censura previa, pero en manera alguna exime de responsabilidad al abusoy al delito en que se incurra por este medio" añade la sentencia, que también alude en más de una ocasión al artículo 1071 del Código Civil que obliga a resarcir daños cometidos contra la intimidad.

Si aún quedaron dudas sobre lo concluyente del fallo en cuanto a la limitación de los dos derechos mencionados,vale una tercer cita textual del mismo: "la protección del ámbito de intimidad delas personas, tutelado por la legislación común, no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución, ni cede ante la preeminencia de esta; máxime cuando el art. 1071 del Código Civil es consecuencia de otro derecho inscriptoen la propia constitución, también fundamental parala existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna...".

Ytan asegurada está la equiparación de estos dos derechos que la sentencia misma especula con que "si la protección del ámbito de la intimidad no tuviera otro rango que el de un respetable interés de los particulares dotado de tutela por la legislación común, podría, entonces, llegar a asistir razón al apelante, que funda su derecho en la preeminencia de la libertad de expresión".Pero también explica la Corte que existe "... otro derecho inscriptoen la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, o sea, el derecho a la privacidad".  

Vale destacar que esta equiparación entre derecho a la información y el de intimidad fue hecho con mucha antelación a que se incorporaran a la constitución los pactos de derechos civiles y de San José de Costa Rica que establecen expresamente aquella concepción.

Por otra parte la causa señalada no deja de reconocer al artículo 1071 del Código Civil como elemento de defensa legal del individuo frente a los daños cometidos por los excesos de la prensa, el cual establece que quien arbitrariamente se entrometa en la vida ajena, y publique retratos, difunda correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbe de cualquier modo su intimidad, y el hecho no sea un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades si antes no lo hubiere hecho, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez.

Además, el perjudicado podrá solicitar la publicación de la sentencia judicial si ello fuera procedente para la reparación del daño causado.

Ahora, bajando la cuesta en este análisis,en la Constitución bonaerense no hay un límite expreso.Si bien se garantiza en el artículo 12 el derecho a la información y a la comunicación, en el art. 10 se señala que "Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su (...) reputación" y que "...nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad" con lo cual habría un límite implícito para que la prensa pueda informar si se denigra la buena imagen de una persona.

Pero donde está expresamente establecidoese límite es en el código procesal penal bonaerense, con vigencia desde fines de agosto de 1998 y que justamente establece los límites de difusión en un juicio oral.

El ya citado artículo 342 del código procesal penal bonaerense establece que "El debate será  oral y público, bajo sanción de nulidad; pero el Tribunal podrá resolver que total o parcialmente se realice a puertas cerradas, cuando la publicidad pudiere afectar el normal desarrollo del juicio, afecte la moral, el derecho a la intimidad de la víctima o testigo, o por razones de seguridad.

Se agrega en el artículo: "Asimismo podrá también disponerlo en el caso que sea necesario proteger la seguridad de cualquiera de los intervinientes para preservarlos de la intimidación y represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada" y que "en caso de duda deberá estarse siempre por la publicidad del debate. La prensa no podrá ser excluida de la sala de audiencias, salvo el supuesto contemplado en el primer párrafo de este artículo. La resolución deberá fundarse, se hará constar en el acta y será inimpugnable. Desaparecido el motivo de la resolución, se permitirá el acceso del público."

El artículo 342,trae consigo muchas novedades, entre ellas el hecho no hacer distingos entre los conceptos de "publicidad" y "difusión" en el juicio.Un juicio es público más allá de la sala de audiencias.

Asimismo, establece la defensa de la intimidad, la moral y el orden público para limitar esa publicidad, tanto para el público presente en la sala como para los medios.

Pero también limita a su vez el margen de maniobra de los magistrados, al imponerles la obligación de fundar en una resolución los motivos por los cuales se veda el acceso a una audiencia.

CAPITULO II - LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS JUDICIALES-

Debate sobre la publicidad

La aclaración no es inocua debido al gran debate surgido hoy por hoy entre juristas, periodistas y expertos en disciplinas sociales sobre los alcances que debe tener la publicidad de los actos de gobierno, en este específico, respecto de los actos judiciales.

Ahora, sabido es que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y en consecuencia los judiciales provienen de épocas decimonónicas en que quizá los legisladores que la previeron sólo imaginaban el cumplimiento real de una premisa acorde con un espíritu liberal.

Y por aquél entonces, si hablamos de dos siglos atrás, un periodista mezclado en la multitud de una sala, tomando anotaciones sobre pasajes trascendentes de un proceso,no era problema alguno.

Es más, hubiera sido bien visto como un documentador de hechos en forma paralela a los propios sistemas de registración que poseía el sistema judicial a través de sus actas y sentencias.

Pero -y sin hacer una cronología histórica-el presente es totalmente distinto.Hoy la formalidad -no las reglas- de un proceso oral observa cambios imperceptibles

La Justicia penal bonaerense sufrió grandes cambios durante la última parte de la década del 90, durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

En ese sentido se terminó con un sistema denominado "inquisitivo" en el cual el juez estaba a cargo de la etapa de instrucción sumarial y el fiscal tenía un carácter secundario.

A partir de septiembre de 1998,con la sanción del nuevo código procesal penal,el fiscal tiene a su cargo la responsabilidad de la investigación.

Pero además se estableció el juzgamiento de todos los delitos en juicios orales donde la casi totalidad son"públicos" salvo casos de delitos que pongan en riesgo la intimidad (ej: violación, menores víctimas, etc).

Esos juicios están a cargo de un Tribunal Oral Criminal, dejando a un rol más pasivo a las cámaras de apelación de Garantías -que antes, tenían a su cargo ese juzgamiento en etapa de debate o plenaria- que resuelven en segunda instancia peticiones en materia de detención, exhibición de prisión, excarcelaciones o habeas corpus entre otros institutos.

No obstante, las cámaras de garantías tuvieron a su cargo el juzgamiento de imputados de causas "residuales", es decir, con anterioridad al nuevo código e intervinieron en casos que serán analizados en este trabajo.

En un mero pantallazo cabe acotar que la Justicia penal bonaerense sufrió grandes cambios en su procedimiento, como así también es bueno señalar que, en la vereda de enfrente, el periodismo avanzó sistemáticamente con cambios tecnológicos y distintas modalidades de cobertura.   No es este el momento de hacer un análisis sobre si el periodismo actual está cambiando y cuales serían esas variaciones sustanciales. Eso llevaría un trabajo aparte.

Si es bueno destacar que la visión actual de los medios, ayudados por la tecnología, una mejor preparación de los periodistas en algunos casos y una competencia cada vez más dura, hacen que la prensa sea más exigente en la búsqueda de su producto periodístico o noticia al fin.Ejercen con mayor "virulencia", por así decirlo,su derecho a la información como apuntó Fayt para investigar y obtener material de interés para difundir.

Sería imposible avanzar sin contar con elementos que nos permitan ubicar en el escenario que nos depararon las nuevas tecnologías de la comunicación.

Parece muy pertinente aquí lo reseñado por Marcial Murciano de la Universidad Autónoma de Barcelona: "...hay pocos fenómenos tan espectaculares e intelectualmente tan desafiantes como los que introducen las modernas tecnologías de la información y la comunicación digital, puesto que ponen en cuestión más de dos siglos de la vida social, configurada por el establecimiento y el progresivo desarrollo de nuestro modelo de sociedad industrial".

Y agrega Murciano: "las modernas tecnologías de comunicación -desde luego el satélite y el cable, pero también y de forma destacada la digitalización- configuran una red de telecomunicaciones transformada que rearticula el espacio tradicionalmente definido por la práctica social, por la historia, junto con otros nuevos espacios que hace emerger la mundialización para la que las redes constituyen una nueva estructura fundamental"[6].

Vale acotar frente a esta reseña si todavía podemos seguir negando que los medios han adquirido mayor poder (u "omnipotencia" como diría Carlos Fayt), por el solo hecho de haber diseñado una arquitectura virtual de red de redes, de tal manera que un acontecimiento noticiable (y un juicio oral lo es)no sea más queun pequeño eslabón de una infinita cadena.

El más claro y evidente ejemplo de combinación entre tecnología e información es, por caso, la cámara oculta.Es en esta modalidad donde se alcanza la plenitud de acceso a una fuente de información -muchas veces restringida- que luego será volcada a la audiencia mediante un formato de investigación.

Más allá del debate de si eso es o no hacer periodismo, lo cierto es que muchas empresas periodísticas se valen de ese recurso para llegar a sus respectivos mercados, por lo cual no puede dejar de analizarse.

El ejemplo de la cámara oculta, tal vez no sirva directamente al objeto de este trabajo, pero sí a la representación mental del concepto de avance que tuvieron los medios en este sentido.

El avance tecnológico también fue advertido por hombres de la Justicia, precisamente por la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en el "leading case" caratulado "Miami herald vs. Tornillo" donde se interpretaba el avance técnico frente a la diversa modalidad de empresas de la comunicación social.

En el fallo se sostiene que "en la última mitad del siglo, una revolución de las comunicaciones permitió la introducción de la radio y la televisión en nuestras vidas.  La promesa de una comunidad global, cobró realidad a través del uso de los satélites de comunicación, y el espectro de una nación "cableada" a través de la expansiva red de cables de televisión.La prensa impresa, se dice, no ha escapado a los efectos de esta revolución..." [7]Las consideraciones del máximo tribunal estadounidense debían atender el litigo proveniente de la concentración de medios, pero tampoco dejó de considerar un contexto de creciente tecnología que permitió esa concentración de grandes empresas de este sector.

Es imposible escindir el avance tecnológico de las nuevas formas de trabajo periodístico,por que aquella circunstancia condicionó a la última.           

En otras palabras,ese avanceabrió aún más la entrada a coberturas más exigentes y que, en consecuencia, amplían el campo del ejercicio del derecho a la información por parte de los medios.

Esto se abona con la cita de algunos ejemplos de fácil comprobación empírica.

El primero de ellos tiene que ver con la aparición de la telefonía celular o móvil.La posibilidad de que alguna radio, agencia o medio en general pudiera comunicarse al instante con un cronista en la sala de audiencias, potenció la aproximación a la transmisión de información en tiempo real.

Ya no era necesario que el hombre de prensa a cargo de la cobertura debiera volver a una redacción o solicitar generosamente la asistencia de un teléfono por parte de terceros.   Con el celular, siempre y no a veces, se va a contar con la información a poco de producirse la misma.

Perono hay que dejar de citar la cuestión económica. A lo largo de la década del noventa, la mayor accesibilidad a esos aparatos,la eliminación de sobrecostos para llamadas recibidas de larga distancia o de otros celulares, facilitó aún más la comunicación y por ende el trabajo del cronista.Si bien sobre el fin de la era de la convertibilidad los costos se incrementaron por el valor de tarifas sujetos al dólar, no es innegable que para una empresa periodística estas herramientas siguen siendo una inversión interesante. Y a lo sumo los editores y empresarios agudizarán su valor selectivo para determinar cuando es necesario y urgente acceder a este método.

Con el celular ya quedaron para un museo los costosos equipos móviles de las emisoras de radio que impulsaban una cobertura a nivel nacional.   Así un periodista tiraba literalmente por la borda equipos obsoletos y reasignaba funciones a los asistentes técnicos que otrora eran necesarios para una puesta en el aire de una transmisión fuera de los estudios.

En otros casos, el celular ayuda a comunicar información precisa en velocidad óptima. Válido para poder enviar anticipos o adelantos a agencias de noticias o comunicar información urgente en la hora de cierre de matutinos o vespertinos, siempre y cuando haya periodistas probos en "urgencias",en la redacción, es decir del otro lado del teléfono.

La facilidad puede aún ir en aumento con la combinación de un celular con un handy para transmitir en red (esto es punto a punto) que a su vez sorteará elescollo de una línea ocupada.   Si a la velocidad se le quiere agregar precisión, lo cierto es que hoy en día hay también computadoras portátiles que conectadas en línea a un celular pueden cumplir "el sueño del enviado especial" y remitir información a la "central" de su medio directamente con la ayuda de un módem.   Esto es que con esos elementos, el periodista en cuestión no dependerá de otro obstáculo que el de su propia capacidad profesional para poder transmitir en tiempo real una información.

El otro ejemplo a tener en cuentaes el de la mayor accesibilidad y disponibilidad de la televisión para transmitir en directo, a partir de la proliferación de la televisión por cable y canales especializados de noticias.

Desde aproximadamente mediados de la década del noventa convivencuatro canales de noticias con cierta dimensión competitiva (Todo Noticias,Crónica, 26 y CVN) en el cual se observael afán de productores, editores y cronistas, no sólo por llegar primero al lugar de los hechos, sino por transmitir en directo lo que se considera noticia del día.   En ese sentido una conferencia de prensa de un gobernante, un caso policial trágico, un partido de fútbol suelen ser los hechos másapetecidos.    Lo mismo que un juicio oral resonante, sea por el nombre del enjuiciado como por la trascendencia del asunto que se ventile.

La disponibilidad de móviles aparece mayor que con respecto a los canales de aire y hoy en día, la instalación de un puerto satelital ante un caso que justifique la cobertura es más una inversión que un costo excesivo para la producción de un canal de noticias.

Estos canales, donde hay mayor posibilidad de diagramar coberturas a medida que se producen los sucesos, aventajan lógicamente a los de aire que comúnmente tienen una programación fija con la sola posibilidad de intercalar algún flash.   Pero en las emisoras del cable, donde la noticia es la estrella, lo que más se va a esperar es que nos mantenga actualizados minuto a minuto con ese hecho tan resonante que acapara nuestra atención. De ahí la necesidad del móvil. 

Y si existe mayor facilidad para la instalación de un móvil, también se acrecientan las posibilidades de una mayor cobertura. En el caso de un juicio oral esto bastará con la presencia de una cámara y un periodista en la sala de audiencias.Ese cronista dispondrá de todo el tiempo para captar en lo posible la totalidad del relato cada testigo durante un proceso.

Si se dispone de tiempo, habrá entonces mayor diversidad en el trabajo.La labor no pasará sólo por transmitirlo que acontece en una sala de audiencias.   El medio irá por más, tratando de buscar notas exclusivas con testigos, familiares de víctimas, imputados y todo otro que puedaredondear una digna cobertura.   Muchas veces, esto se complementará con "copetes" (introducciones) relatados que transmitirán el "off"obtenido de fuentes propias que pueden a veces aventurar el futuro desarrollo del proceso oral, y a veces, por que no -lo que suele ser muy criticado- la formulación de opiniones que puedan condicionar un fallo.

Alcances de la publicidad

La publicidad del juicio es uno de los conceptos clave de este trabajo, que hace las veces de bisagra entre las dos perspectivas –la jurídica y la comunicacional- y que ha sido motivo de análisis de varios autores argentinos del Derecho, de renombre en ambientes académicos locales e incluso internacionales como es el caso del Dr. Julio B. Maier experto penalista y asesor en la redacción de leyes y códigos que hoy están vigentes.

Maier afirma que "ni la jurisprudencia constitucional ni la doctrina jurídica argentina han afirmado alguna vez, como principio emanado de nuestra Constitución Nacional, la necesidad de que el juicio o procedimiento, que brinda el fundamento para la sentencia penal, deba ser público".[8] Pero el mismo autor aclara que "se advirtió, sin extraer todas las consecuencias necesarias, que la publicidad emanaba de las formas republicanas de gobierno", y que "se trabajó y luchó por establecer el juicio público y oral, con conocimiento cabal de todos los principios de actuación que él implica. Hasta quienes lo negaron se vieron presionados, en los hechos, a reconocer la publicidad de las audiencias como una exigencia."

Pero la publicidad judicial siempre es cuestionada por caso por la veda existente hacia los medios con la etapa de instrucción sumarial o de investigación frente a la publicidad del plenario o debate.Esto es lo que motiva a Esteban Rodríguez con buen tino a que se señale que existe una "media publicidad", es decir sólo es pública la etapa del juicio oral.

Una concepción no ajena a los tiempos que corren es la que surge de asociar el oscurantismo judicial en un juicio y la limitación de la difusión con la sensación de sospechas de que "algo raro pasa" si un juicio se desarrolla "puertas adentro" de los Tribunales.

Lo cierto es que la oralidad y la publicidad en los juicios ya estaban presentes en 1939 con la adopción del Código ProcesalPenal de Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde, en la provincia de Córdoba.

En esa Provincia  rige  un proceso  penal que se ha dictado como atribución que  le  compete por  la  distribución de competencias establecida en  el  sistema federal vigente.   Ese código fue destacado como pionero al poder desarrollarse en 1940 el juicio oral y público.

La universalidad de esos principios se impuso en el país con el nuevoCódigo Procesal Penal Nacional a través de la ley 23894 del año 1991 y, más recientemente, en 1998, en la provincia de Buenos Aires.

 En territorio bonaerense, mientras que el anterior sistema inquisitivo dejaba lugar a dudas el tema de la publicidad de los juicios, en el nuevo sistema acusatorio prevé que ese principio se extienda, virtualmente, a la totalidad de las causas.

En el debate sobre la publicidad de los juicios la respuesta por parte del periodismo no se hace esperar.

El periodista del diario La Prensa, Gerardo Ancarola no hace distinción efectuada por los jueces al afirmar que "el tema de la difusión de los juicios ocupa "una inmensa atención de la gente y por lo tanto va en camino a transformarse en una nueva forma de comprender los procesos judiciales" y que salvo excepciones " el principio general es el de la publicidad de los actos del poder judicial" 

Cabe señalar que Ancarola se reconoce como un periodista de la era previa a la televisión, pero la admite como fenómeno masivo y asegura que"nosotros estamos en un cambio, no darnos cuenta de eso es vivir en babia. Entonces si estamos en ese cambio démonos cuenta que están cambiando las reglas de juego..."(ob cit pag 41)

Con otro estilo, Morales Solá defiende a ultranza no ya la difusión de los juicios, sino la difusión de los actos judiciales en general: " "el periodismo no puede ignorar lo que a la gente le interesa, si vamos a cambiar estas reglas, entonces nos vamos a tener que preparar a tener muy pocos diarios en venta, informativos cerrados, radios cerradas también por que nadie consume lo que no le interesa".

Respecto de la posibilidad de una traumática difusión de los juicios más allá de la sala de audiencias, Morales Solá se pregunta : "¿Cómo se llega al público hoy con los elementos y los fenómenos nuevos de la televisación y de la inmediatez y de la ampliación de las comunicaciones sino es a través de la televisión? ¿cómo se llega al público si no es así?. Creo que si estamos cuestionando esto, estamos cuestionando otra cosa, otra vez nos equivocamos, no estamos cuestionando la televisación del juicio oral y público, estamos cuestionando el juicio oral y público. Un sistema de juicio oral y público con una prensa con acceso restringido es, desde ya, una desnaturalización del principio del juicio oral y público" [9].

Salvo el aludido riesgo de la falta de independencia testimonial no sólo no se observan más puntos negativos, sino que la publicidad del debate tiene según los autores varias aristas positivas como las que rescata Esteban Rodríguez:

1 Es una facultad de los miembros de una comunidad para controlar las decisiones que afectan directa o indirectamente a las personas gobernadas.

2 Constituye una garantía para el imputado en el juicio penal, respecto de que se cumplieron todos los requisitos de un juicio justo y sirve para dejar en evidencia las posibles irregularidades.

3 Tiene a su vez una característica admonitoria y preventiva en el sentido de que si hay culpabilidad y hay condena la sentencia torna más fuerte "el efecto intimidatorio" con el mensaje  indirecto de que "quien las hace las paga".

4 Y esto está más emparentado con la presencia de medios. En el sentido que limita al máximo la posibilidad de mendacidad, dada la fuerza ejercida no ya por los presentes en una sala de audiencias sino por las luces de la televisión.  

El tema está planteado en si hay un límite en la difusión de los juicios y en ese caso cual es el punto de arranque.Ahora ante la existencia de ese límite de que manera se podrá poner en práctica, dado que la Constitución prohibe expresamente una regulación del derecho de los medios de acceder libremente a la información.

 

Publicidad: una palabra que divide opiniones de jueces

Es notable que el tema de la publicidad de los juicios orales,en el contexto del interés y el desarrollo tecnológico de los medios- es de preocupación de los jueces.

Se denota en el pensamiento de los juristasla necesidad de precisar que es publicidad, en relación con un proceso oral y público.

Vale la pena escuchar algunos conceptos de jueces que permiten acercarnos al pensamiento general.  

El doctor Edgardo Alberti , Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, efectúa una curiosa discriminación que abre la puerta para el límite al derecho a la información dado que separa los conceptos de "publicidad y difusión".

Según Albertí, el término "publicidad " nos lleva a la posibilidad de que "se tenga acceso a la sala de la Corte donde sesiona el tribunal en el sistema oral".

En cambio difusión es "lo que hacen otros órganos distintos del tribunal y lo que hecho por los periodistas está garantizado" por "las reglas de la libertad de imprenta que aseguran que esos comentarios sobre los que se ha adquirido a través de la publicidad puedan ser difundidos en toda la sociedad por aquellos a quienes incumbe hacer esta difusión". [10]

"¿Cómo hacer para que la difusión de la actividad judicial previa a la sentencia no se convierta en un factor impertinentemente incidente sobre la actividad misma?",se preguntó el hombre de derecho .Y esa pregunta así lanzada podría dirigirse a cuestionar  el tema del juicio anticipado de la opinión pública, pero también encierra otro pensamiento.   Está dándole una aplicación al uso de los dos conceptos al explicar de que manera hacer la publicidad de sus actos como juez y de que manera los medios difunden esos actos.Se rompe la inescindibilidad entre la obligación de publicidad por un lado y derecho a informar por el otro.

El colega de Alberti, y juez del Tribunal Oral en lo Criminal, también de Capital Federal, Miguel Angel Caminos establece y no caprichosamente subgéneros del concepto "publicidad".

"El principio de publicidad -señala Caminos- se satisface, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la posibilidad de acceso indeterminado a la sala del debate, claro que limitado por la capacidad de esta.Es la llamada publicidad inmediata pues el conocimiento de cuanto sucede deviene directamente para quien se encuentra en el lugar".[11]

"La publicidad mediata, es decir el conocimiento que recibe la comunidad en general a través de las noticias periodísticas, se asegura pues los órganos de prensa al igual que el público en general tienen libre acceso al recinto", explica.

"Ahora bien, respecto de esta última -advierte- algunos problemas se han suscitado en punto a la registración en sonido o en imagen de la audiencia, por la influencia que la divulgación masiva puede tener sobre aspectos tales como la defensa en juicio del imputado o la intimidad o privacidad de las partes".[12]

El criterio de los magistrados, al parecer es el de desdoblar el concepto de la publicidad entre la ventilación del proceso en la sala de audiencia y la exposición del proceso a través de los medios.

Es indudable como la tecnología insertó elementos para provocar incertidumbre. En otras épocas, sin televisión ni radio en directo, el tema ni siquiera hubiera merecido algún debate adicional.

Y no son pocos quienes entienden que esto merecería un análisis intenso por parte de magistrados dado que al limitar la publicidad se está cercenando el derecho constitucional a la información, con la misma categoría de reconocimiento constitucional y vinculados directa o indirectamente con el debido proceso (por ej derecho a la defensa, a la intimidad y a la seguridad física).

Asimismo, en los últimos años y con los casos de corrupción en todos los niveles de gobierno, la necesidad de transparencia se convierte en una variable condicional hacia los magistrados en pos de abrir las puertas de la Justicia.De nada valdrá para la opinión pública una condena o absolución con la terminología técnica más enriquecida en lo académica, si la propia gente como "titular" del derecho de la información no vio de primera mano como se desarrolló ese proceso.

Por otra parte, desde la órbita de quienes sostienen que la publicidad debe ser entendida en su concepto más amplio -por que todos son iguales ante la ley- entienden que no hay reacción frente al avance tecnológico que potencia los alcances de esa publicidad.En otras palabras

No habría que diferenciar a quien está presente en una sala de audiencias de quien está en la sala  de estar de un hogar donde cómodamente se pueda ver ese juicio a través de una pantalla.

 Al tomar los conceptos de Fayt respecto de que el público es el destinatario de la información no podría dejar de ser titular de ese derecho, más allá de su situación geográfica ante la difusión de un juicio oral.

En esa línea, sería válido analizar si mientras no avanzaba la tecnología de los medios de comunicación no existía un estado "latente" de ese derecho a la información, que durante tantos años debió ejercer concurriendo a una sala de audiencias.

En consecuencia, el avance tecnológico deja de considerar como latente ese derecho para transformarlo en real.

CAPITULO III -PERSPECTIVA COMUNICACIONAL-

Teorías de la comunicación como herramientas de análisis

El análisis de la relación de la prensa con la justicia en el marco de un juicio oral, requiere la adopción de una perspectiva comunicacional.Es muy difícil hablar, en el tercer milenio, de una concepción del sujeto receptor como alguien que reacciona de una manera casi idéntica a miles de personas ante una propuesta televisiva, radial o escrita.Así interpretaba, en forma por demás simplista -visto con retroactividad-, la denominada "teoría hipodérmica" respecto de la relación emisor-receptor o, si se prefiere, el circuito medio-mensaje -sujeto receptor.

Esta concepción era tributaria del concepto de “sociedad de masas”.Esta es "caracterizada -según Katz y Lazarsfeld- por la escasez de relaciones interpersonales y por una organización social amorfa" y que, al decir de otros autores,podían ser influenciadas controladas y manipuladas.

José Ortega y Gasset señaló que "la masa  arrasa todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y seleccionado", describiendo al hombre-masa comouna especie de "antítesis" del humanista culto, en confrontación con la caída de las elites que antes solían imponer las novedades al mundo cultural, social e industrial.

Las nuevas formas de medios de comunicación y una interpretación de la audiencia que hacen los cuadros dirigenciales de esas empresas se acercan, cada vez más a las denominadas "segmentaciones".

De otra manera: ¿por qué algunos medios se empeñaban más en afirmar que llegan a un público ABC1 (el de mayor poder adquisitivo) a sostener que son los de mayor audiencia?. Y la respuesta es que patrocinantes de determinados productos, por una cuestión de costos o de mercados, saben que venderán mejor en un sector,o clase social, modalidad que a su vez condiciona la configuración del medio o del mensaje de manera de llegar a ese pretendido mercado acotado.

Ya no se trata de analizar si un oyente o televidente reacciona de manera igual ante un mismo mensaje o estímulo, que, por caso podría pasar conel  fenómeno del fototropismo de una planta ante la luz solar.

A su vez, nos encontramos con un individuo-receptor cada vez menos indiferenciado.Hoy en día, con una importante incursión de latv por cable, de la televisión satelital, de una variada gama de propuestas por internety digitalización de la comunicación- todo indica que se va en ese camino-, estamos hablando de un destinatario que dispone de mayor margen de elección y con ello un mejor aprovechamiento del derecho a informarse y a aprender.

Todo configura un contexto más rico que, a su vez, limita la posibilidad de las grandes empresas de comunicación de poseer un mercado cautivo.

Pareciera que todo es muy diferente tan sólo respecto de diez años atrás.Las otrora poderosas empresas de canales de aire en nuestro país o compiten con pequeñas o dinámicas estaciones de cable o a su vez son dueñas o tienen participación en ellas.

Otras, aprovechando la liberalización a partir de la reforma de la ley 22.285, de radiodifusión se adelantaron para conformar multimedios asociando canales de aire, de cable, radios y prensa escrita.

Pero a pesar de cierta concentración que puede haber en algunos grupos empresarios, estos advirtieron muy bien la señal de las segmentaciones, con la aparición de medios, en tantas modalidades como la tecnología y esos pequeños auditorios lo exigían. Y lo permitían.  

Esto apunta a señalar una nueva configuración del receptor y el eventual debilitamiento del concepto de individuo-masa. El receptorno es alguien pasivo y permeable "in totum" a un bombardeo de mensajes, sino sólo a los que él desea recibir en un abanico mayor de propuestas.  

La mejor explicación de esto último es el fenómeno del "zapping" radial o televisivo, que es la variable más poderosa en la relación medio- receptor. No en vano muchos coinciden en que el "zapping" es el propio programa que suelen hacer la mayoría de oyentes y televidentes.

Se puede señalar que los gustos o predilecciones de la audiencia, junto con otros factores como edad, clase social y formación cultural segmentaron decididamente el mercado en la década del noventa en un ámbito y circunstancias propicias. El círculo de la segmentación que quizá lo haya iniciado la radio con programas especializados, y que desde siempre eran el "metier" casi exclusivo de muchas revistas y publicaciones se cerró con la aparición de la televisión por cable.

Con el cable (y luego la tv satelital) los gustos terminaron por convencer a los empresarios.Ahora la segmentación forma parte de una decidida planificación empresarial con la instalación de canales de cable infantiles, de documentales, para la mujer, eróticos, deportivos y por supuesto -un tema que va a ocupar nuestra atención- los canales de noticias y periodísticos.

Pero aún yendo más en profundidad con el tema planteado en torno de la cobertura de juicios orales penales.Hay un cruce en cuanto a posibles segmentaciones. Un canal periodísticollega a un segmento "amplio y heterogéneo" en donde hay a su vez seguidores de noticias judiciales, sea por su vinculación con el Derecho, con la actividad en Tribunales o por su afinididad con este tipo de información.

Usos y gratificaciones

La teoría de los "usos y gratificaciones" es una descendiente de la teoría estructural funcionalista.Estajuega más claramente un partido a favor de las segmentaciones y del análisis de la prensa con los procesos orales, como veremos más adelante.

En el marco de los usos y gratificaciones  se señala que los medios de comunicación masiva o "mass media" satisfacen al receptor necesidades cognoscitivas, afectivas, integradoras de la personalidad, de integración con su entorno social y también de relajación o evasión.

Un medio le es útil al receptor en la medida que el uso del mismo aporte una gratificación de las citadas necesidades. 

Nadie niega que con anterioridad no se hubiera tenido en cuenta este esquema, pero si es válido aclarar queen la actualidad la orientación empresaria profundizó en forma consciente o no un trabajo para satisfacer las necesidades de una audiencia que, segmentada, se hizo más selectiva y exigente.

Sin embargo la creciente participación en el mercado de la TV por cable - una campaña publicitaria emitida durante el 2000 y el 2001 indica que la mitad de la audiencia televisiva ve cable- hace presumir que se está en muchas ocasiones en un híbrido entre un mercado masivo y otro segmentado.

Esto está dado quizá por producciones que, ahora en estaciones de cable, antes estaban en canales abiertos - quizá por una cuestión de mercado y de costos- generalmente los costos publicitarios suelen ser entre y un 10 y un 15 por ciento de los de la tv masiva.

En consecuencia, algo que sale muy caro patrocinar en tv abierta y que se entiende que puede tener cierto mercado cautivo podrá ser visto con buenos ojos en el cable, aunque siga teniendo resabios de pertenecer a un mercado masivo.

La insistencia en describir consecuencias de la aparición de la televisión por cable no es accidental o caprichosa, sino la antesala de configuración de un escenario en el que se tendrá a los demás medios de comunicación en sus más variados géneros, como la prensa escrita, la radio, las agencias de noticias, la tv abierta, los sitios de internet y las revistas especializadas entre otras.

En torno a la tv por cable vale destacar que en nuestro estudio estaremos permanentemente sobrevolando sobre la modalidad de los canales de noticias que van a ser los más interesados en abordar la temática de los juicios orales, sea mediante coberturas en directo o programas específicos.

Los canales de noticias que iniciaron su aparición ya entrada la década del noventa solucionaron dos problemas sobre todo para los multimedios con canal de televisión abierta.

Por un lado desplegaron un producto o servicio para el segmento de la población con necesidades de continua información y, vale decir, que 24 horas de noticias puede dejar satisfecho a cualquier receptor con ese tipo de demandas.Los títulos más importantes, los testimonios en tiempo real, los sucesos en otras provincias y en el mundo configuraron un centro de documentación periodística más que provechoso.

Por otro lado, y en relación con los multimedios, los canales de noticias por cable configuran una especie de proveedor y sustentador en lo periodístico de los canales abiertos de televisión que selecccionan el mejor material que se adapte a un auditorio de mayor alcance. Esto ocurre en la Argentina al momento de redactarse este trabajo con el canal Todo Noticias, que abastece a Canal 13; Cablevisión, con América 2 y ocurrió también con el desaparecido "Red de Noticias" respecto de canal 11.

Los canales de noticias replantearon el contexto de labor periodística.

La transmisión de noticias durante 24 horas transformó a las redacciones de diarios y revistas que ya no podían limitarse sólo a mostrar un hecho, sino que debían poner toda su energía en la investigación, la edición y la interpretación.

Por su parte las radios, las agencias de noticias se reubicaron en una competencia en torno a la inmediatez con que puede transmitirse una noticia y, sobretodo, a incrementar su producción propia con notas o temas exclusivos.    En tanto, los sitios de internet parecen ser los únicos que quedan al margen de ese replanteo si y sólo sí profundizan en una producción destinada a mercados segmentados.

Ahora, habiendo dimensionado en un criterio personal a la tv por cable, es necesario efectuar un análisis con toda la estructura de medios que día a día ofrecen su producción informativa para un público masivo o segmentado, así como volver a la idea de "usos y gratificaciones" de los medios para reflexionar sobre las necesidades que se están satisfaciendo en el receptor en el contexto de la difusión de un juicio oral.

Las agencias de noticias, en sociedad con la radio y tv por cable, conforman un polo informativo por excelencia. La tv es ante todo un medio de evasión y relajación, mientras la prensa escrita se destaca por su facultad interpretativa e investigativa. Respecto de esta última es clara una gran diferencia con los otros medios, cual es su poder "documentador" que muchas veces lleva a concluir en que el diario es el encargado de hacer"la primer escritura de la historia".

Ante este cuadro se encontrarán los principales protagonistas de un proceso oral: jueces, personal, abogados y litigantes, quienes saben que serán protagonistas de otra historia -muchas veces no deseada por ellos - en la medida que el caso sea cada vez más trascendente.

Puede ocurrir que en torno a la difusión de un proceso, un estrado se transforme en una escenografía de un show televisivo (canalizando la sensación de diversión y evasión del televidente), el timbre de voz de una persona puede estereotiparse y ser tomado de distinta manera por algún taxista radioescucha. O quizá una postura de un abogado puede acercarme a tomar partido por una u otra parte, simplemente por que tuvo mayor persuasión (analizando así una necesidad emotiva) o también puedo tomar a todo el juicio como una fuente de aprendizaje de lo que son los juicios orales (necesidad cognoscitiva y de aprendizaje).

Todo esto para describir que puede haber tantas necesidades o gratificaciones como interpretaciones que se le den al mensaje, aún en disonancia con lo que puede significar un fin didáctico o de control de un debido proceso.

Entonces, un receptor puede estar satisfaciendo una o más necesidades simultáneamente de acuerdo con el cuadro descripto en la teoría de usos y gratificaciones. Y más, en el caso de sólo estar asistiendo una de ellas, las demás pueden quedar latentes para aflorar en cualquier momento en la percepción del destinatario.

Es más, la necesidad satisfecha puede tener origen indistinto en la cualidad del receptor o del medio emisor.En el primero de los casos está la predisposición a caracterizar el mensaje (por ej. Siempre escuchan o ve juicios orales sea por una cuestión de evasión o por necesidad de aprendizaje, con lo cual se estaría ante un público de mercado cautivo.O también puede estar lacircunstancial recepción (un conductor que está de viaje y escuchas sólo para distraerse o para informarse).

En el segundo caso, el medio puede configurar intencionalmente el mensaje de tal manera que si sólo advierte secuencialmente las novedades o instancias lo estará haciendo informativamente.Si se detiene en aclaraciones hacia oyentes no habituados a la justicia lo estará haciendo didácticamente o si su fin es sólo meramente descriptivo y acercando datos de color, estará incursionando en la satisfacción de necesidades de diversión o evasión.

La mejor descripción de la satisfacción de necesidades afectivas puede estar en las palabras del filósofo Tomás Abraham, quien categoriza determinadas noticias como "emoticias" sobre todo cuando se refieren al estado de ánimo de los protagonistas del hecho noticiable por sobre otras cuestiones.[13]

"Lo primordial es la intensidad dramática, y una verdad insulsa, sino condimentos neuróticos ni fantasías morbosentimentales, no favorece la curiosidad colectiva", señala el autor. Explicando de esta manera como está subyacente la necesidad de show como incluida en el derecho de información respecto de juicios orales.

De acuerdo con los desarrollos posteriores de la teoría de los usos y gratificaciones,  la combinación de caraterísticas intraindividuales y extraindividuales, en interacción con una estructura social que incluya al subsistema de medios, generarán no sólo diferentes combinaciones de problemas, sino sus posibles soluciones.La combinación de problemas con sus correspondientes soluciones, motiva comportamientos de gratificación de necesidades que a su vez derivan en modelos diferenciados de consumo y modelos diferenciados de otros tipos de comportamiento. A su vez estas pautas de comportamiento así configuradas (incluyendo modalidades de consumo) devuelven en un "feedback" su respuesta influyente a los medios.

Si se lleva esto al enfoque del objeto de nuestro trabajo esoportuno señalarque hay una importante gama de variedades dentro de la audiencia hacia la cual se dirigirá ese mensaje. Tenemos individuos condistintas personalidades, que asoma una distinta caracterización si tenemos en cuenta su grado de conocimiento y formación. A eso hay que sumarle las necesidades propias de su desarrollo individual.

Podemos inferir que esos individuos receptores son motivados a recibir la difusión de un juicio oral. Entre estos diferenciaremos a quienes lo hacen dentro de una necesidad más general de información (a quien le dará lo mismo presenciar este u otros hechos informativos)o a quienes vuelcan una serie de problemas que requieren algún tipo de solución.

Entre estos últimos quizá se encuentren los individuos dispuestos acompartir con otros que la necesidad de experimentar su sentimiento de justicia.  En este sentido los magistrados no están siendo impermeables a la visión que las últimas encuestas hacen respecto de la corrupción y la impunidad.

Reiteración de sucesivas denuncias contra magistrados de distintos ámbitos, posibles casos de amiguismos entre hombres de la Justicia y del Ejecutivo (con la consecuente trascendencia de fallos que generan sospechas) o decisiones judiciales a favor de poderosos,juicios políticos, destituciones y hasta detenciones de algunos jueces agigantaron la necesidad de mayor control sobre una justicia que antes tenía un desenvolvimiento sin tanta focalización.

Agenda setting

De acuerdo con este enfoque teórico, "el público es conciente, o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los de los escenarios públicos.La gentetiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido.   El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas". [14]

Shaw también amplía su concepción respecto de esta teoría al indicar que "la hipótesis de la agenda-setting no sostiene que los media procuran persuadir (...) los media, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y discutir (...). El presupuesto fundamental de la agenda-setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los media".

La distinta óptica que sobre los jueces y la Justicia hacen los medios de comunicación a raíz de casos resonantes de corrupción y de magistrados ligados a una actitud de farándula -como se pudo observar durante la década del 90-es uno de los ejemplos más interesantes para ser analizados desde la perspectiva de la teoría de agenda setting.

¿Pero se trata de corrupción el tema que imponen los medios cuando se   cubre un juicio oral?¿Hay otros elementos?. Supuestamente sí.La problemática de la corrupción en la Justicia se acentuó quizás desde la década del noventa con casoso denuncias relevantes ( ex jueces federales Trovato y Branca) pero el interés por difundir los procesos orales vienen de tiempo atrás.   Es muy probable que esa temática que impone una "necesidad de transparencia" opere como un condicionante adicional de control sobre los magistrados de tal manera de equiparar la observación de "como juzgan" al atractivo de la historia que se desarrolla con cada juicio.

Lo central en general como hipótesis de agenda setting para el caso de juicios orales puede seguir siendo por un lado la misma "necesidad de justicia" un valor muy fuerte impregnado en la vivencia de cada persona.

Pero la necesidad de justicia en un juicio del fuero penal, donde pasa porcondenar o absolver a alguien tiene mucho que ver con lo que los medios nos fueron retratando a lo largo de la etapa de instrucción sumarial de cada caso. Se formó así un cúmulo de hipótesis secundarias dentro de esa agenda más general  (necesidad de justicia y control) que es la perspectiva que el medio nos acercó respecto de si el imputado es o no culpable.  

La profundización de determinadas pruebas y la subestimación de otras por parte de periodistas y medios que hacen de "jueces virtuales" colocan en agenda la "condena anticipada" y en muy pocos casos la absolución.Es más el tema de agenda puede seguir más allá del juicio.Por ejemplo cuando se absuelve al imputado ya está introducido en la agenda la sensación de que un criminal (por el imputado) quedó suelto y no que esa impunidad pudo provenir de "una mala investigación durante la etapa de la instrucción" que no pudo dar con el verdadero culpable.

Se configura así un juicio paralelo en los medios de comunicación con otro escenario que, de manera informal, somete al imputado ante el jurado virtual de la opinión pública.

Esteban Rodríguez en su libro "Justicia Mediática" se refiere al "periodista fiscal" como una especie evolucionada del "periodista investigador", aportando sus propias pruebas para poder acusar en determinado caso y, en forma figurada, con esta postura tomada, utiliza las entrevistas como "interrogatorios" donde el eventual imputado o testigos responderán en ese juicio paralelo.Tal cual la nueva reforma penal bonaerense en la cual es fiscal es responsable de la investigación penal.

Pero el autor avanza aún más hasta configurar al "periodista juez" señalando que "estamos en plena justicia mediática. Si el periodista fiscal constituye la antesala del periodista juez, desplazará al periodismo hacia nuevas regiones que, dicho sea de paso no son nuevas" y que para cuando el periodismo se reconstituya "asumiendo la figura de juez, las otras figuras que vimos (fiscal, investigador) no se corren de su lugar, sino que concurren a darle una particular forma hasta llegar a la justicia mediática"..

"La justicia mediática estaba anunciada de antemano -afirma Rodríguez- bajo la forma de indicios previos a desarrollar en la figura del testigo privilegiado, pero también en la lucidez del detective, en la moralina del pedagogo, en la imaginación del literato y por supuesto, en la indignación del fiscal. Sólo que las piezas no se encontraban todavía en su lugar.No estaban dadas las condiciones subjetivas. Pero el futuro de la justicia mediática ya estaba anunciado intempestivamente en el pasado de aquellas prácticas periodísticas".

Respecto de la distracción o entretenimiento a manera de reality show ha sido una constante que quizá tuvo un punto culminante en la Argentina en la década del ochenta durante el proceso realizado contra los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

Precisamente, la óptica del show, que la cámara penal que juzgó a los militares sospechó que se iba a dar en medios como la televisión, fue el principal fundamento para prohibir la difusión de ese proceso.

También Esteban Rodríguez nos acerca una visión aclaratoria al respecto cuando señala que "... no solamente la política, sino también la justicia, se organizaron alrededor de las posibilidades que prometía; y no sólo la justicia mediática, sino sobre todo, la justicia estatal.De manera que cuando hablamos de la justicia espectacular no tenemos en mente a las formas que asume la justicia cuando se le apropia el periodismo, sino también a la justicia docta".

"El espectáculo -añade Rodríguez- sería esa región donde comulgan los tribunales y el periodismo. La escena contemporánea donde se disputa el sentido de justicia. El espectáculo es uno de los elementos más importantes que comparten dichas prácticas. No sólo el periodismo se torna espectacular con sus relevamientos, también la mismísima justicia cuando celebra sus rituales periódicos".

"En uno y otro caso, la justicia es puesta en escena, y muchas veces se tratará de la misma escenografía cuando por ejemplo la televisación se precipite sobre los cuerpos de los magistrados"asegura el autor.

Necesidad de justicia, control sobre los jueces, el entretenimiento, forman parte de los conceptos de hipótesis general en un marco de agenda setting, pero también sirve de disparador de hipótesis secundarias a desarrollar de acuerdo con el juicio que toque en turno cubrir a los medios.

Esto se verá en profundidad cuando se analice cada caso en particular, pero para citar tan solo algunos ejemplos extractados de la experiencia de los últimos tiempos, vale traer a escena el caso de las juntas militares -que no será analizado en este trabajo-

En ese sentido exponer ante el banquillo a los que decidían sobre la vida de los ciudadanos argentinos sólo en base a una voluntad dictatorial centró todo en dos aspectos el de la imagen de los acusados en situación de subordinación a una sociedad civil que otrora gobernaban.  De esa manera sus gestos, sus ademanes, sus declaraciones, los hechos anecdóticos estaban en la agenda de los medios.   Si se hubiera televisado en directo obviamente todo iba a pasar por los primeros planos de los imputados, máxime si en ese momento había testigos que relataran duras experiencias sobre desapariciones de personas, secuestros y asesinatos.

En otro sentido, otra hipótesis secundaria pasaba por el plano probatorio que fundamentara una "condena anticipada" paralela a la condena de la opinión pública.Es por eso que la expectativa en la acusación y en la sentencia era alimentada día a día con los testimonios desgarradores de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Como estos ejemplos se pueden citar algunos más.  El caso Barreda -que sí será analizado en este trabajo-exponía como hipótesis secundarias de la agenda a la figura deun cuádruple homicida confeso y que justificó su acción. 

Ese hecho y sus declaraciones lo convirtieron en un estereotipo de conducta para el debate en la sociedad. A tal punto que se dividió la opinión pública entre quienes lo consideraban un monstruo y quienes lo comprendían.

Lo cierto es que la figura de Barreda ante el estrado, sumado a su vestuario, sus movimientos, su llanto,contemplaron su propia actuación real ante la opinión pública y figuró comoelemento primordial de la agenda de un juicio que ya lo tenía como culpable.

El otro tema de agenda se originaba justamente en el debate sobre su inimputabilidad. En este sentido los medios también querían mostrar si realmente esa persona sentada frente al banquillo estaba loca por lo que hizo o era un simulador muy bien aconsejado.

Como se puede deducir, el hecho de tener en agenda esos parámetros, que permiten a los medios construir su propia historia para difundir, esto no excluye a las miles de agendas individuales que losespectadoreso lectores tuvieron respecto de estos juicios.Están quienes tal vez añadieron alguna otra cuestión a las impuestas por los medios.Pero también -y esto tiene que ver con la formación o el interés-se hallaron quienes finamente indagaron sobre cuestiones que a primera vista aparecían ocultas y pudieron tener que ver por ejemplo con los dichos de algún testigo en particular, o simplemente con lo procesal.  

Además tenemos que señalar a la poderosa situación de un espectador o escucha que tiene a su favor la posibilidad de hacer zapping y cambiar de estación, ante el mínimo desinterés o falta de atractivo, con lo cual no siempre va a estar influenciado por la agenda que quisieron imponerle los medios que difundían el juicio oral.

A todo esto se suma la sensación de "condena anticipada" de ciertos personajes que concurren al banquillo, sea por que son famosos o poderosos o por que el hecho es tan aberrante que el imaginario colectivo no espera otra cosa que un castigo ejemplar.

Lamentablemente una inacción "didáctica" del poder judicial, provoca que se degenere el concepto real de justicia, que debe ser el de aplicar el castigo a quien realmente lo merece y que un juicio con final anunciado no será justicia sino una deformación de ella.

 

Teoría de sistemas

Un enfoque complementario de los anteriores es el que procede de la teoría de sistemas, que ha sido utilizada por Gurevitch y Blumbler [15] para estudiar el funcionamiento del sistema político y, en particular, las interacciones entre los medios, las instituciones políticas y la opinión publica. Esta misma perspectiva puede aplicarse al análisis de la relación entre los medios y el subsistema judicial en el marco de los juicios orales. El análisis debería tener en cuenta:

Las instituciones judiciales en sus aspectos comunicacionales: donde se estudia tanto la conducta de magistrados ante la opinión pública, su mayor o menor propensión a la publicidad de los actos judiciales, la máxima del juez "que habla sólo por sus sentencias", la relación con los medios de comunicación y las estructuras de apoyo en que el magistrado se basa para poder, por ejemplo, divulgar el contenido de sus resoluciones.

Las instituciones de medios de comunicación en sus aspectos vinculados al mundo judicial: línea editorial, valoración respecto de la divulgación de los temas judiciales y de la institución Justicia en general.

Las orientaciones de la audiencia respecto a la comunicación judicial:en este sentido se precisan las características de idiosincrasia de la audiencia respecto de la recepción de mensajes relativos a la actividad judicial, sus consecuencias y efectos que deben visualizarse desde el análisis de teorías de comunicación.

Los aspectos de la cultura judicial relevantes para la comunicación:esto se relaciona también con la óptica de los medios a la hora de cubrir actividades judiciales, por ejemplo saber por qué se da un caso de verticalidad y unilateralidad en el cual el medio decide cual es el aspecto  "relevante" a difundir.

A modo de comparación entre el diseño original (medios y política) y nuestra adaptación tendremos algunas diferencias a resaltar:

A.- En cuanto a la intensidad de la interacción en una relación recíproca

B.- En cuanto al objeto de la difusión de mensajes

C.- En cuanto a los fines personales de los protagonistas, tanto de instituciones políticas como judiciales.

A)No es fin de este trabajo analizar a fondo la esencia de la relación políticos - medios. Pero vale aclarar que lo cierto es que hay mayor reciprocidad en esa relación, la que se potencia en épocas de campaña electoral.   En tanto, los magistrados no mantienen una relación de horizontalidad aunque algunos sí pueden admitir cierto grado de reciprocidad según su apertura hacia los medios.Esta reciprocidad se verá con mayor claridad ante la oportunidad de un juicio oral y que, obviamente, sea trascendente para merecer su cobertura. Ocasionalmente esa relación de horizontalidad (aunque más no sea en lo formal) se verá por ejemplo ante el caso que un juez acceda a una entrevista donde de igual a igual habrá intercambio de contenidos con el periodista (ver relaciones de comunicación en grafico 2).

B) El objeto de difusión de mensajes es distinto.   En el esquema "políticos-medios" los primeros imprimen el carácter proselitista dado quesu fin que es la conquista de los electores, que integran determinada audiencia, como fuente de poder en sucesivos comicios. Últimamente este esquema de requerimiento de los medios se ha hecho más necesario, frente a otro alternativo como podría ser desde la prensa partidaria, la realización de actos, y demás difusión por medio de activistas de cada agrupación.No obstante, los políticos apuestan a agigantar su figura y su poder de captación de votos pasando por el filtro de determinados periodistas y medios, que desde su óptica le tomarán examen para que, aprobado este, ganen en credibilidad.

En cambio, los magistrados no tienen un interés directo en llegar a esa audiencia para conquistar su voluntad o autopromocionarse, objetivo que de existir en la mente de uno de ellos, será meramente secundario.    En el aspecto judicial, el fin primordial es cumplir con el objeto de la publicidad de actos judiciales establecido constitucionalmente, incluyendo la divulgación de contenidos y otorgar facilidad a los periodistas en cuanto al mayor acceso a esos contenidos, por caso una sentencia.

C:   Desde el punto de vista político se explicó que los dirigentes o funcionarios pretenden alcanzar el poder o permanecer en él y para esto deben conquistar a una opinión pública, cuyos electores deben decidir por si le dan el "salvoconducto" hacia situaciones de mayor status político.

El análisis que debe hacerse respecto de los jueces es más sutil.   Los magistrados o potenciales candidatos a esos cargos necesitan del poder político que luego avale sus pliegos y nombramientos en ese sentido (en la Prov. De Buenos Aires a través del Ejecutivo y del Senado).   Las formas con que realizarán esa "seducción" a la "pequeña opinión pública" conformada por políticos se reservan a las cuestiones personales de cada candidato a la magistratura.    Generalmente es por su capacidad.    Este último concepto se redobló con la creación en territorio bonaerense del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de elevar las ternas al Ejecutivo que son seleccionadas por concurso de oposición y antecedentes.Sin embargo y pese a su idoneidad para figurar en una terna, renace -aunque más restringido-el sistema de seducción al poder político para que se decida por su persona y no la de los otros dos candidatos de la terna.    En este sentido una imagen agradable antela opinión pública o una relación decorosa con los medios puede influir drásticamente a favor de una designación.    Esta relación puede ser, por que no,por un bajo perfil(que puede gustar a un poder político que deteste jueces excesivamente mediáticos) o por que sus resoluciones o sentencias son tal vez coincidentes con la doctrina judicial que tome en cuenta el poder político (en los últimos tiempos, la batalla entre garantistas y antigarantistas).

En el marco de un juicio oral, el subsistema judicial aplica un conjunto de principios y normas consagrados formalmente en la Constitución y en los códigos procesales:igualdad y equidad en las reglas de juego, garantías de un debido proceso, garantía de ejercerderecho a la defensa y no ser juzgados dos veces por una misma causa.Son estos imperativos universales en todo proceso oral.

La Justicia debe garantizar la publicidad de los actos judiciales y "dar a cada uno lo suyo", que es el concepto de justicia por antonomasia

Además de los medios y la Justicia, otros actores del juicio oral son los litigantes o partes en conflictos.Estos tienen la característica de no pertenecer "culturalmente" al mundo de la Justicia en general o, específicamente, del juicio oral, como sí lo son, por caso, los abogados de matrícula y los magistrados y el personal.Por el contrario, los litigantes están "obligadamente" ligados al subsistema judicial y son parte necesaria en el juicio oral.Tampoco los une el "prestigio" de pertenecer a este mundo (es probable que suceda lo contrario) sino la necesidad (y esto es funcional) de aclarar ante el subsistema y, ante la sociedad, toda una circunstancia en al cual intentará demostrar que la razón y el derecho le asisten (esto va tanto para los damnificados, como para los imputados).

En tanto, y por cuestiones de idiosincrasia están jerárquicamente subordinados a los demás componentes, más allá de que son la parte necesaria del subsistema:sin conflictos entre litigantes no puede haber juicio posible. 

Esto sucede en la mayoría de los casos de la justicia (fuero laboral, civil, familia, etc.) aunque es cierto que en la justicia penal hay ligeras diferencias.

Enel proceso penal no hay una persona salida del común acusando, sino alguien preparado académicamente que, representando a una comunidad está "culturalmente" vinculado al mundo judicial como lo es un Fiscal.Muchas veces se puede ver como éste es ayudado o auxiliado por la víctima del hecho o familiar, llamado particular damnificado, que a su vez está representada por un abogado.Pero también hay ocasiones en que los fines de fiscal y particular damnificado no suelen ser idénticos.

Del otro lado, lógicamente, estará el imputado, representado también por su abogado defensor, que pasará por el tamiz del proceso oral su conducta y su imagen.

En el subsistema judicial hay actores permanentes y transitorios. En la primera categoría estarán los magistrados, el personal, los abogados defensores y los fiscales. En tanto, los no permanentes podrían ser los denominados "justiciables", en este caso el imputado y el familiar de la víctima o víctima (esto, si se trata de algún delito contra la propiedad).

Otro componente importante para la publicidad de los actos judiciales es el público en la sala de audiencias.En este caso, su clasificación debe observar ciertas variantes.Es "permanente", desde el momento en que hay un libre acceso a la audiencia, sólo limitado por el espacio en la sala. Pero es "impredecible" en su composición (donde puede o no haber público ligado culturalmente al mundo judicial) con lo cual acudiremos a la concepción de un auditorio de vinculo "necesario" pero "no permanente" en cuanto al ámbito del juicio oral.

Una vez bosquejados los dos subsistemas es importante ingresar al terreno de la descripción de los conflictos, dejando para una última instancia el tema de las diferentes normasaplicada por cada uno de esos mundos.Esto nos ayudará a profundizar en la explicación de los conflictos existentes en la relación entre justicia y medios o jueces y periodistas.

En primer lugar está la imagen de cada uno de los mundos. En el judicial pervive la formalidad y la ritualidad, la permanencia de tratos reverenciales (a veces en exceso) hacia distintos funcionarios.  En cambio en el mundo periodístico - si bien rige el respeto como en cualquier subsistema social- la relación es quizá más horizontal y esto suele darse a través de la relación periodística más característica de esta función como es la entrevista.

En cuanto a las formalidades, el mundo judicial - al menos el bonaerense- mantiene figuras que datan en algunas ocasiones de tiempos tal vez muy antiguos   que remontan a épocas de la colonia española y             que denotan alguna resistencia a aceptar los cambios que se van dando en el contexto social más general.

Esto no ocurre en el mundo de los medios donde - ya sea por la incorporación de tecnología o de actualización profesional-van cambiando en forma periódica y permanente.

La diferencia de lenguajeses sustancial. En el judicial impera el meramente técnico vinculado con el Derecho y en algunas ocasiones con el de otras ciencias,a través de los informes periciales.   En muchas ocasiones es un lenguaje de uso necesario, pero en otras (donde sólo se utilizan términos que sinonimizan otros más conocidos) son disfuncionales al subsistema de medios y tal vez sistema social en general.

Respecto de esto último hay un compromiso y que implícitamente está contenido en normas de procedimiento y señala que por ejemplo una resolución o fallo judicial debe estar escrito para el entendimiento de un hombre de formación cultural "promedio".   Esto ocurre en cuanto a la lectura del veredicto que da cuenta de los hechos sometidos a juzgamiento (saber, por ejemplo en un asesinato, que pruebas son contundentes) aunque no en lo determinado para las reglas procesales, que se subordinan a un tecnicismo a veces poco entendible para el común de los mortales.

Por su parte el mundo de los medios de comunicación también tiene su lenguaje técnico, vinculado a aspectos laborales de personal y de periodistas (jerga profesional), pero también hacia fuera adapta el lenguaje judicial al entendimiento de común de la gente, (coloquial) algo que muchas veces y con mala intención se denomina "vulgarizar". La adaptación será funcionalmente positiva para el sistema social en la medida que no se subvierta el concepto.

 Esta esforzada intención de diferenciar aspectos de los subsistemas es preludio de la mayor de las diferenciaciones que son las normas y reglas que disponen cada uno de ellos.

 

CAPITULO IV -EL JUICIO COMO NOTICIA ATRACTIVA PARA LA PRENSA-

Desde aquél mentado principio norteamericano de encontrar la noticia a través de las respuestas a las "cinco W" (que en Argentina sería responder a los interrogantes qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué) poco parece haber cambiado en ese sentido.

La respuesta a esos seis interrogantes es el disparador.Una sola respuesta a la "w" (o la "q") que justifique centrar la atención en

el hecho noticiable bastará a veces para desarrollar desde una pequeña crónica , hasta elaboradas coberturas.

El principio de la respuesta a los interrogantes básicos es tan antigua como vigente en los más exigentes medios de la actualidad.Así surge de lo señalado en el manual de estilo de Clarín cuando al marcar algunas pautas de redacción periodísticas indica que "el cuerpo de la crónica desarrolla la información presentada en la cabeza y pueda responder a las seis preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, según la importancia que cada una de ellas tenga en cada caso".[16]

No hace falta ser periodista para señalar que esto se da en la práctica.   Es por eso que una muerte por accidente de un cantante muy famosos podrá ubicarse muy por encima de la escala valorativa respecto de un robo simple, con lo cual se responderá al interrogante  "quien".También concitará la atención el robo de diez millones de dólares, con lo cual se responder al interrogante "qué".   Y la lista puede seguir en forma casi interminable y constituye un proceso automático e instintivo en cada cronista de una redacción.

El hecho impactante o que atraiga el interés de la opinión pública también está conceptualizado en el manual de estilo de Clarín : "... son noticia los sucesos que la opinión pública necesita conocer por su significación e impacto sobre la actualidad cotidiana, la paz externa o interna, la vida social, la convivencia, las costumbres, o porque marcan tendencias que deben ser detectadas o investigadas" [17]Si se compara esta forma de valoración periodística con la realizada por magistrados ya tenemos una primera punta del ovillo en cuanto a conflictos entre ambos.

Ocurre que los jueces, que deben tener ante todo como norte el cumplimiento de normas constitucionales y procesales para supervisar durante un juicio en el cual estará en juego nada menos que el principio de presunción de inocencia y, por supuesto otromás evidente que es el de igualdad ante la ley.

Y este último principio no puede ser soslayado,  se trate de un cantante, de un dirigente político o un acaudalado empresario sentado al banquillo de los acusados o como damnificado.

Más allá de los debates sobre si esto se cumple en la realidad, lo cierto es que ante el magistrado actuante, desde el mundo judicial hasta la comunidad toda que le confirió ese status reverencial, espera que el tratamiento sea de "igual para todos", respondiendo al sentido exacto y al valor que encierra el término "justicia".

El juez o el Tribunal ponen en juego su prestigio y trayectoria en un caso que es resonante e interesante para la prensa. Y si bien no vive en una torre de marfil, debe esforzarse por mantener la posición de una "justicia ciega" más allá de los litigantes que haya en una sala de audiencias.

En tanto, el o los magistrados del tribunal que toque en suerte verán que la prensa no hace la misma aplicación de “todos iguales ante la ley”   por que es obvio señalar que “no todos son iguales ante el interés de la opinión pública”.

Bueno es rescatarque algunas transformaciones procesales han facilitado a los magistrados aceitar esta relación entre los puntos de vista jurídico y periodístico.  

Desde hace unos años rige en la justicia penal bonaerense y en otros ámbitos la regla de las "intimas convicciones" por la cual un magistrado no debe atarse a un esquema de prueba tasada.

Vale decir que con la prueba tasada, el magistrado debía valerse de un mínimo de cantidad de pruebas, aunque con las íntimas convicciones, la capacidad crítica del Juez tiene menos trabas de tal manera que una pequeña presunción puede influir drásticamente a la hora de establecer una condena o absolución.En resumen:  mayor libertad del juez para decidir.   Esto no quiere decir que lo haga más permeable a la presión de la opinión pública (cuyos efectos pueden ser potenciados por los medios y periodistas).Pero provocaría en principio una distensión al tener el magistrado herramientas propias, evitándose que una formalidad, por ejemplo, permita la libertad de un imputado que quizá posea varias pruebas en su contra.

Respecto de esta disidencia en las valoraciones según la justicia o la prensa, bueno es citar lo que al respecto se señalan Eduardo Zannoni y Beatriz Bíscaro : "...los medios constituyen fundamentalmente una industria, cuya mercancía es, precisamente, la información -además de opiniones- y que, por  eso, se sujeta a leyes de producción mercantil.Los medios, constituidos en empresas, deben atender sus inversiones crecientes y solventar sus costos fijos.La publicidad -fuente primordial de financiación- tiende a concentrarse en los medios de mayor alcance público y, de este modo, cuada cual trata de seleccionar la información y los mensajes según estereotipos que respondan a lo que se considera que espera el público masivo.La información, la noticia, es, al cabo, un producto económico -aún cuando su sustrato, su contenido, tiene un valor inmaterial y espiritual- que se sujeta a las leyes del mercado...". [18] Si se sigue la visión bosquejada por Zannoni, tenemos que una empresa periodística concibe a una noticia como un producto , una mercadería, cuanto más interesante, más valiosa para vender ante auspiciantes comerciales.Entonces :  un juicio resonante no va a escapar a la óptica mercantilista que hacen los medios, muy dispar de la institucionalista que le darán magistrados y partes en conflicto.   

Una reflexión del periodista dedicado a temas judiciales, Héctor Ruiz Nuñez, va a profundizar más esa línea de pensamiento al señalar que "el material judicial es una mercadería apreciada por los medios de comunicación porque las noticias sobre procesos son baratas de obtener y particularmente las crónicas de los hechos criminales tienen una importante e histórica demanda del público" [19] Justamente la visión mercantilista de la prensa induce a Ruiz Núñez a concluir que "... no puede existir una estricta similitud entre prensa y justicia.Que son diferentes los tiempos, medios e intereses que rigen cada una de esas actividades.Que el Poder Judicial es una institución republicana, que actúa dentro de una estructura de normas relativamente rígidas, mientras los medios de comunicación, especialmente en la época actual, están dirigidos por ejecutivos de corporaciones cuyo objetivo primordial es el lucro.si la prensa es un excelente instrumento de control de los poderes públicos, incluido el judicial, esa gestión encomiable también la realiza por que le genera ganancias..."

Newsmaking y gatekeepers: Los hechos como Mercadería periodística

Desde cualquier Escuela o Facultad de Periodismo enseñan los factores que hacen que un hecho se transforme en hecho noticiable, cuyo relato (sea escrito o difundido oralmente) se transforme a su vez en noticia.

En ese sentido el factor más importante para que un hecho se transforme en noticia es que sea trascendente.    Que sea único u original, novedoso, que tenga proximidad con nuestro mundo afectivo, cultural y regional en cualquiera de las facetas de la actividad humana.

Si se hace una analogía con lo comercial, el periodista debe "vender" el material periodístico, es decir explicarle primero a su jefe de redacción por qué es noticia y luego "venderla" al publico lector u oyente.

El periodismo americano -el cual sirve como fuente en muchos aspectos del periodismo argentino-, fue motivo de estudios de sus características básicas en cuanto a cultura y funcionamiento y la forma en que produce las noticias. Esta perspectiva, denominada del "newsmaking"y que empezó a bosquejarse hacia la década del 80 aportaba curiosos elementos en cuanto a la "noticiabilidad" o transformación de hechos en noticia.

Una economía netamente capitalista como la norteamericana, fue el natural escenario para explicar por qué las redacciones, noticieros de radio y televisión no son más que "fábricas" de noticias que utilizan los hechos como materia prima fundamental, donde el mecanismo de procesamiento es el análisis, la selección, el trabajo de cobertura y el producto final o presentación.   Todo un trabajo intelectual del periodista, eventualmente de un editor o productor, que se complementa luego con el trabajo técnico, sea el gráfico para el caso de los diarios o de ingenieros de planta para el caso de una transmisión.

De esta manera el medio de comunicación cuenta con la materia prima más accesible y menos costosa que pueda tener una fábrica: simplemente el hecho que sucedió.Esto, lógicamente, salvo excepciones algunas contrarias a la ética, como puede ser la compra de entrevistas o producciones exclusivas o de imágenes.

En cuanto a la práctica judicial, aquí vuelve a tener vigencia la explicación de Héctor Ruiz Núñez cuando aclara que "las noticias sobre procesos judiciales interesan a los medios, entre otras cosas por que es una mercadería muy barata de conseguir".

Esta introducción breve, que también será válida para los demás casos,continúa con una explicación de los tres requisitos básicos para la noticiabilidad de acuerdo al "newsmaking".

En ese sentido se aclara que los aparatos de transformación, a fin de producir noticias, deben, entre otras cosas:

Hacer posible reconocer un acontecimiento (incluido los excepcionales) como hecho noticiable;

Elaborar formas de producir los acontecimientos que no tengan en cuenta la pretensión de cada acontecimiento a un tratamiento idiosincrático

Organizar el trabajo temporal y espacialmente de tal manera que los acontecimientos noticiables puedan afluir y ser elaborados de forma planificada

     Respecto del primer punto, el de reconocer un hecho noticiable, no es muy dificultoso en la rutinaria gimnasia que se hacen en las redacciones.   Pero a fin de ser didáctico para quienes no se encuentran en el oficio,bueno es señalar los elementos que destacan un hecho noticiable.

Sin volver a una definición sobre la noticia y analizando directamente un juicio oral (penal) el hecho se destaca por su trascendencia.

Es decir si lo que hizo el imputado es realmente impactante (homicidio sangriento, multiplicidad de víctimas, características pasionales del hecho, si el imputado es famoso, o si es de clase media y por ende cercano al público consumidor medios) Si el juicio representa varios de estos factores conjugados, el hecho noticiable entonces se potenciará aún más.

Entonces ese suceso pasará por la aplicación de herramientas intelectuales como son los valores/noticia o "news values"  que no responden sino a los factores noticiables un tanto universales (un hecho que sería noticia tanto aquí como en otro país, por que surge del "olfato" mismo del periodista) como los que en este trabajo analizaríamos con "emergentes" de la propia cultura general y periodística (Por ejemplo una contradicción tajante avalores y pensamientos del común de la sociedad argentina, serían noticia sólo en nuestro país).

Pero esos valores/noticia no sólo se utilizan para determinar si un hecho común es periodístico, sino que también serán utilizados de acuerdo al procesamiento de la cobertura para su posterior edición en los diarios o puesta en escena en los canales de televisión.Si el hecho es noticiable por que el imputado es famoso es obvio que todo rondará en derredor de esa persona, lo que hizo y dejó de hacer, en detrimento de otras instancias procesales.

En cuanto al segundo ítem, tiene que ver con la forma de presentación que tendrá ese hecho noticiable, que será en un formato periodístico ajeno a lo idosincrático, en este caso del mundo judicial.   El hecho noticiable ya no pertenece al ámbito donde se genera sino que pasa a ser "patrimonio" del medio que capta los ángulos más trascendentes.  "Esta es la historia que tenemos" suele decirse en el periodismo norteamericano cuando se está ante una noticia importante.

En otras palabras, el juicio oral ya no será difundido a manera de una divulgación. Habrá un "tratamiento" de ese hecho, por ejemplo una selección de tomas, de testimonios y de pasajes de ese juicio oral, que no siempre coincidirá con instancias importantes que hayan sido de utilidad para las partes y magistrados.

Es quizá el ejemplo más palpable de esto cuando los magistrados se quejan de que el periodismo monta un "show mediático" en torno a un debate oral, donde el llanto de un familiar valdrá más que una pericia.O el libreto actuado de algún testigo tendrá mayor importanciaque algún recurso procesal interpuesto por las partes.

Y últimamente la cuestión quizá se ha profundizado más.Los medios, en virtud de la carrera por la primicia y la inmediatez ya hasta sobrepasan al proceso en sí y no es extraño que intenten obtener la declaración de un testigo antes que este vaya hacia el estrado, aún a sabiendas que puede ser motivo del pedido de nulidad. Esto en virtud de lo que ya habíamos señalado en cuanto al propio orgullo del periodista de informar antes a sus destinatarios.

El tercer requisito - que se refiere a la posibilidad temporo espacial de organizar el trabajo-es más que coincidente con la cobertura periodística de juicios orales.

Es quizá la etapa de instrucción sumarial de la causa, de varios meses de duración, que aportan al medio y a los periodistas datos más que suficientes para organizar su cobertura.Para la etapa del juicio oral ya se contará con un resumen de la causa, con las resoluciones más trascendentes, abundante información "en off" del tribunal y de las partes, un listado de los testigos que comparecerán ante el estrado y por supuesto una importante agenda de contactos.

Es obvio, y no escapa a ningún magistrado, que de acuerdo a la trascendencia del caso, los mismos medios harán las previsiones en cuanto al equipamiento técnico y de personal que necesitarán para la cobertura "in situ" del juicio.Camarógrafos, técnicos, productores, periodistas (sean televisivos, radiales o gráficos) serán espectadores "activos" de las audiencias.  El escuchar con atención y registrar debidamente las instancias irá acompañado del debido complemento de notas e informes.  En síntesis el tribunal "sufre" una literal invasión de su mundo para mostrarse quizá de la manera menos deseada ante la opinión pública.

Con esto se señala que para un juicio oral que valga la pena cubrir siempre hay una idea de la "arquitectura" a montar en cuanto a la cobertura del caso que se desarrollará en dimensiones de tiempo y espacio "palpables" a diferencia , por ejemplo, de una noticia en la cual el hecho es contado por una tercera persona.En este caso el hecho en sí -el juicio- sucede a medida que se lo cubre, sin intermediarios.

En el newsmaking las noticias más salientes que siempre merecen la reverencia de productores y empresarios periodísticos es "la historia" con referencia a las primicias obtenidas, pero también respecto de un hecho noticiable sin precedentes.Un juicio oral resonante en cierta medida lo es.  Es una historia tal vez asimilable a un "reality show", como se dijo, con protagonistas que ante las cámaras "actúan su propia obra" con la diferencia que en general no fingen, sino que su papel es realmente natural ante la sociedad.

Y si el grado de interés está alimentado por distintos factores, y el más importante sería el comercial, bueno es saber que se abrirán nuevas instancias para convertir al debate de un proceso oral en  una audición o programa apetecible, y a la sala en una escenografía virtual, que trascenderá a través de fotografías o imágenes televisivas..

Con públicos acostumbrados a“realitys" y "talk shows” muy poco costará a los televidentes incorporar la temática judicial a ese género, donde podrán observarse desde como se enfatiza un alegato, como se dirige una pregunta a un testigo, o como se enfoca un un gesto en primer plano del imputado.

A tal punto se concebía el juicio difundido masivamente como un espectáculo que bien vale exhibir la evidencia a través de lo que constituyó el primer programa televisivo dedicado a procesos orales y públicos, como lo fue Justicia para Todos, conducido por la periodista María Laura Santillán.Ella misma narra que "en pasillos del canal, los actores y los guionistas nos comentaban que no podían dejar de ver Justicia para Todos.Nos decían que aprendían, y que no podían creer que esas personas no fueran personajes, sino personas... [20]

Con el programa "Justicia para todos" se instalaba una original e innovadora forma deperiodismo judicial pero también la puesta en escena de un gran reality sohw porque "se trataba también dela televisión (del periodismo televisivo), o sea de televisación de los juicios. De manera que la amplificación anunciada quedaba restringida desde el vamos.Sólo los casos que fueran lo suficientemente dramáticos, y en lo posible, que pudieran contarnos una historia que articulará el suspenso y la develación de ese suspenso; sólo los casos que pudieran capturar la mirada de la opinión pública, pero pudieran también esquivar la monotonía delas intervenciones de los leguleyos podía ser televisado a "todos" (...)el hecho de que las audiencias incluyera con protagonistas al jurado el cual dotaba a los debates retóricamente interesantes, la abulia magistral argentina daba una pesadez que había que vencer a través del montaje y la propia labor periodística...". [21] El proceso del newsmaking se relaciona o complementa con el denominado "gatekeepers" referido a aquellas personas o ámbitos en los cuales se bloquea o se deja pasar la información para su edición o difusión.Algo así como una "aduana de noticias", en la cual el encargado sólo selecciona algunas coincidentes con el filtro del interés mayor y del criterio editorial.

Un estudio elaboradoen 1950 en Estados Unidos con el periodista "mr Gates" (de ahí el nombre de la teoría) que trabajaba en la ciudad de midwest, una ciudad de cien mil habitantes determinó que "de las 1333 explicaciones del rechazo de una noticia, casi 800 lo atribuían a la falta de espacio y unas 300 citaban superposiciones con historias ya seleccionadas, falta de interés periodístico o de calidad de escritura.Otros 76 casos se referían a acontecimientos en áreas demasiado lejanas para el periódico y por tanto presumiblemente carentes de interés".

Esa estadística es quizá una contraste con resultado positivo de la efectiva aplicación de normas para la selección de noticias en general. Se complementan con el "newsmaking" en el sentido que aporta más elementos.Tanto para la selección de un juicio como "noticia" como también para la selección de los pasajes más salientes que se "dejarán pasar" para su posterior edición en los periódicos o en los noticieros en el caso que no haya transmisión en vivo.

CAPITULO V –OTROS TEMAS EN DEBATE EN LA DIFUSION DE JUICIOS-

El discutido riesgo de la transmisión en directo

Todo servirá para calmar la ansiedad informativa de quien esté del otro lado de la pantalla.Pero no sólo estamos hablando de televisión, sino de otras alternativas como puede serla transmisión de datos en tiempo real que también puedan efectuar radios y agencias de noticias.

Son los medios que coadyuvan con la tv a otro conflicto paralelo que es el supuesto riesgo de la transmisión en directo de un proceso oral y público.

En este caso, es cuando se advierte en forma evidente que el tiempo de la justicia no se lleva dela mano con el tiempo de los medios.   

Obviamente que un periodista que tenga ante sí un dato importante conocido por los dichos de un testigo no va a esperar a que otro medio o periodista competidor, presente en la sala, le gane de mano con un anticipo o primicia.

Sin embargo,ese “anticipo” también puede, según los magistrados, advertir a otros testigos que no declararon sobre determinado hecho o circunstancia, atentando así contra la denominada seguridad del debido proceso.

Esto también puede llevar a las partes a una supuesta “preparación” de datos para que los testigos citados mejoren sus dichos ante el Tribunal, algo que si bien está expresamente prohibido por códigos éticos y legales, siempre existirán riesgos en ese sentido.

El condicionante para el testigo es que no debe mentir bajo el riesgo de quedar en prisión por falso testimonio o que se le forme una causa. Para ello presta juramento ante el tribunal, incluyendo también su promesa de no tener "interés" en la causa por vincularse con algunas de las partes.

Otro condicionante, con menor efecto que el de la amenaza de prisión es que ante la opinión pública el testigo pone en juego su imagen.Esta puede quedar devaluada de inmediato si sus dichos en sede plenaria no coinciden exactamente con lo manifestado ante la instrucción sumaria.

Existe un mito en el común de la gente y es que obligadamente el testigo debe responder favorablemente ante la parte que lo ofrece (sea fiscal o defensa) y nada es más alejado de la realidad.

La parte puede suponer que el testigo aportará elementos favorables pero el mismo procedimiento establece que no debe haber contacto entre la parte y el testigo que debe declarar. Ni siquiera un llamado telefónico ni una reunión previa.

Ahora, nadie está en condiciones de asegurar que en algún juicio no haya existido contacto entre abogados de cada parte y los testigos, lo cual sería tan violatorio de la independencia testimonial como la transmisión en directo.

Tampoco nadie está en condiciones de asegurar que ningún presente en la sala, con interés en el final del juicio, provoque filtraciones de los pasajes fundamentales de testimonios previos, para con testigos que aún deben declarar.

El debate está abierto desde hace mucho tiempo.

Según señala el lic. Ivan Gustavo Lello "existen razones profundamente atendibles a favor de la prohibición de transmitir por TV en vivo y en directo las audiencias del juicio.Tal difusión permitiría el acceso a lo que allí sucede a los propios acusados, los testigos, los privados de libertad y los menores, quienes están excluidos de tal conocimiento por disposiciones del código de procedimientos.   Y que el juez quedaría inerme para evitar la propagación de expresiones, asuntos y declaraciones que afecten la moralidad y el decoro..."[22]

Lello añade que " la televisación en directo sólo puede ser posible en el marco de una reglamentación equilibrada, que sin limitar la libertad de expresión resguarde otros valores jurídicos y sociales. El derecho a informar no puede arrollar contra todo".

A favor de la difusión directa se puede citar el pensamiento del jurista Alberto Binder quien aduce que "El periodista no puede convertirse en un cómplice de una justicia que quiere quedar al margen de la crítica social. No tiene que aceptar las tendencias centrípetas de una justicia que busca legitimarse por ocultamiento.No puede prestarse al juego de no informar para que la justicia actúe de un modo oculto". [23] Lo señalado por Binder encierra un aspecto que apuntala favorablemente la transmisión directa de juicios.

Porque lo cierto es que esa defensa argumental de los magistrados choca con otras realidades de parte del mundo periodístico.  

Desde ese ámbito se señala que el freno a la transmisión en directo para garantizar la independencia testimonial de algunas personas, perjudica también el derecho a la información de miles de ciudadanos.

La posición desde ese punto de vista indica que, en el tercer milenio que transitamos, cuando la idea de "aldea global" dejó de ser una metáfora de sociólogos futuristas para plasmarse en una realidad, la traba a la transmisión directa de juicios puede provocar más de una polémica.

No hay una explicación asimilable para el común de la gente acerca de por qué hay una suerte de "privilegiados" en una sala que presencian un proceso "en directo" y por qué quienes están puertas afuera -que tienen la misma calidad de ciudadanos y contribuyentes- no pueden gozar del derecho a informarse de la publicidad de los actos judiciales.

Sobre el tema de la difusión en directo tendremos quemedios audiovisuales y agencias reclaman igualdad con el tratamiento que sí tienen, por ejemplo, los diarios que ante un juicio extenso no van a esperar a que se agoten todas las jornadas de un juicio oral y a escuchar la sentencia para empezar a escribir sobre ese caso. Lo van a hacer "día a día", y ante esa mecánicanadie ha puesto el grito en el cielo por temor a “alertar” a futuros testigos.

Desde la óptica de muchos jueces,a veces se puede tornar como “incontrolable” el tema.Sobre todo si hay un móvil en directo dentro de una sala, o celulares de periodistas de radios y de agencias de noticias, desde los cuales se puede estar transmitiendo información.   Pero lo cierto es que la tecnología logró la creación, quizá de una "sala global" que va más allá del palacio de justicia, cuyos televidentes y radioescuchas, tendrían la misma posibilidad, que los presentes en la sala de entorpecer el proceso.

La misma posibilidad que podrán tener, por caso, allegados a las partes que puedan "conversar" con los testigos de la jornada siguiente, en el caso de un juicio extenso.

O la misma posibilidad que tendrá un testigo de conversar con futuros testigos de ese caso.

O lo que es más burdo aún: que quienes estén encargados de la seguridad de un juicio "filtren" información de un testigo a otro.

Para muestras basta un botón: durante 1999 en el juicio por la desaparición y muerte del joven estudiante de Periodismo platense Miguel Brú, desarrollado en La Plata, esta última circunstancia estuvo latente.

En un juicio donde los acusados eran todos ex miembros de la policía bonaerense, algunos efectivos de esa fuerza que debían controlar la seguridad del proceso estuvieron sospechados de filtrar datos a quienes debían deponer ante el Tribunal, violando así una de las reglas básicas del debido proceso.

En otros casos,la buena voluntad –como quedó expresado en varios juicios resonantes-  puede sortear ese obstáculo, por caso agrupando testigos por jornada de acuerdo con una temática particular (ej, ante un homicidio, la convocatoria unificada a quienes se refieran a la coartada del imputado).

El ejemplo más patente es el primer juicio oral y público transmitido íntegramente en directo por televisión que tuvo en el banquillo al cuádruplehomicida, el odontólogo Ricardo Barreda.Este fue juzgado porla cámara penal platense presidida por Eduardo Hortel e integrada por Pedro Soria y María Roscentock.

Sibila CAMPSA y Luis Pazos en el libro Justicia y Televisión relatan como se efectuó esa pequeña corrección:"...El Tribunal buscó una sala con capacidad para trescientas personas e instaló un equipo e amplificación de sonido.Para mantener el requisito de la incomunicación de los testigos, prevista en el Código de Procedimientos en lo Penal, el tribunal programó el orden de las declaraciones jornada por jornada. "Tuvimos que adaptarnos a esto y cuidar que cada día se conocieran testimonios de diferentes características", explicó Hortel a Diario Popular, el 20 de agosto de 1995.."[24].

A la distinta valoración,al “reality show” judicial –que subestima el sentido del proceso-, al presunto riesgo de la transmisión en directo, también se suma otro factor de conflicto que es quizá el menos formalizado o verbalizado por la justicia que es el “control mediático”.

Este control se puede expresar a través de dos funciones que hace la prensa, sobre todo en medios audiovisuales:“el juicio paralelo” de la opinión pública y también, por que no, el “jury virtual”.

En el primer caso se está estableciendo que de antemano, y con una sentencia anticipada de la opinión pública, los magistrados sigan el libreto que puede escribirse a partir de la posición demarcada de presuntos líderes de opinión de grandes grupos empresarios de la comunicación social, hasta una posición corporativa y volcada demagógicamente hacia “lo que quiere” la gente.

Muchas veces se configura el rol dela prensa con el de un "fiscalizador" informal de actos institucionales, entre los cuales se encuentra, claro está, la Justicia.

Ese rol adicional está descripto por Carlos Fayt, cuando señala que "En los hechos, los medios de comunicación desempeñan el papel de fiscal de los gobernantes, funcionarios y empleados del Estado y la Administración Pública, sin medir hasta donde debilitan el consenso político que hace posible la democracia; y eviencian una delectación morbosa por las malas noticias convertidas en una necesidad cotidiana para nutrir la avidez del público". [25]

Y sigue el propio Fayt con sus conclusiones "estos excesos y abusos afectan el debido desempeño de su misión fundamental de informar con veracidad e independencia y perjudica, en su esencia, al proceso democrático..".

En otras palabras, Fayt, quien no es enemigo de la práctica periodística sino un admirador, señala justamente el detalle que, a su criterio es un desvío, como lo puede ser la inserción de opiniones tendenciosas en una información de dominio público, adelantándose las decisiones institucionales y tratando de influir en ellas.

Al trasladar esta circunstancia a los juicios y bajar todo el peso hacia uno de los platillos de la balanza (esto es una condena anticipada) hay cierto acostumbramiento a confundir la opinión de los medios con la opinión pública.  Pero como la comunicación con la opinión pública es unidireccional, el círculo parece "cerrar" a favor de los medios.

Porque la opinión pública no podrá expresarse libre y sinceramente más que a través de una encuestadora independiente. Otros canales informales pueden ser los llamados telefónicos a los medios, pero estos son parte interesada en el problema, con lo cual no sería creíble ese muestreo.

El otro tema, que se enlaza es el del “jury virtual” esto es un control directo sobre el papel que desempeñaron los magistrados intervinientes.De esta manera,si el juez no accede al libreto de la sentencia anticipada, o es más, no acepta dictar el fallo de la "opinión pública", puede recibir una dura arremetida del periodismo.

No se ha observado aún el caso, pero la puerta queda abierta para que en un futuro ese “jury virtual” en uno formalizado.Cabe señalar en este caso la simpleza que encierra la iniciación de ese proceso contra magistrados con la sola denuncia de un particular.   Respecto de jurys por sentencias no agradables contra la opinión pública, los ejemplos abundan desde hace años.

Sin ir más lejos durante el año 2000 un senador provincial decidió solicitar el jury de enjuiciamiento para una sala penal de San isidro que avalaba la salida transitoria del parricida Alejandro Puccio[26]. En ese caso por demás resonante, algo que era legalmente permitido por los códigos de ejecución, contrastó con una fuerte presión de la opinión pública por parte del gobierno bonaerense.Se trataba de un fallo coincidente con lo legal, pero no con el "libreto" que esperaban los medios de comunicación respecto de que el asesino de un caso resonante tuviera cárcel de por vida.

Otro ejemplo también podría relacionarse con el ya mencionado caso "Barreda".

Cabe señalar que en este particular no estaba en juego en el debate la autoría material (el propio Barreda había hecho su confesión) sino si se estaba ante un caso de inimputabilidad.

La sala que lo juzgó falló en voto dividido a favor de la imputabilidad y la reclusión perpetua del odontólogo. Sin embargo, el primer plano de las cámaras y los titulares de los diarios centraron su atención  contra la jueza María Roscentock, que representó el voto minoritario a favor de declarar a Barreda como no imputable y que por tanto, no le correspondía la cárcel sino un tratamiento.

Más límites

Como se observó anteriormente hay reglas que limitan la difusión en defensa de derechos "personalisimos" como a la intimidad, imagen, el decoro personal y la reputacióny también la seguridad pública.

En ese contexto es oportuno volver a citar el artículo 342 del nuevo código procesal penal bonaerense sobre todo cuando señala que hay límtes para la difusión pero que también operan para los presentes en la sala de audiencias. En otras palabras, ante la aparición de un límite no sólo se apagarán las cámaras de TV, también se desalojará la sala.

Así ocurrió en un ámbito no muy distinto del fuero penal bonaerense como los fueron los jurys de enjuiciamiento al juez civil de La Plata, Ricardo Larroza y al camarista penal de Lomas de Zamora, Eugenio Alsina.

Con el primero de los nombrados, el tribunal de enjuiciamiento decidió desalojar la sala por que una testigo ibaa ventilar cuestiones que afectaban la intimidad y decoro del enjuiciado. Lo cierto es que ni presentes, ni periodistas tuvieron acceso -salvo algún "off the record"- a ese pasaje del juicio.

Respecto de Alsina, la exhibición de un álbum fotográfico como prueba y que rozaba el derecho a la intimidad y reputación también obligó a desalojar el recinto del debate. En esta oportunidad lo curioso es que esto se decidió en votación dividida, dado que el presidente del Jurado y el entonces titular de la Suprema Corte bonaerense, Héctor Negri creyó pertinente que ese álbum debía difundirse en virtud de la obligación de publicidad de actos judiciales.

Este último episodio habla a las claras hasta que punto el límite expreso y legal al derecho a la información(en este caso confrontado con el derecho a la intimidad) está difuso en el plano fáctico.

Otro ejemplo puede traer a nuestra mente el derecho a la imagen.Ocurrió en el denominado juicio "de los doce apóstoles" queventiló circunstancias sobre la masacre ocurrida en la unidad penal de Sierra Chica.La necesidad de dotar de una mayor seguridad al proceso obligó a que los imputados presenciaran el juicio desde sus celdas, y que sus imágenes llegaran al Tribunal mediante un sistema de TV de circuito cerrado.

Sucedió que esas tomas también eran reproducidas por medios masivos de televisión, lo que llevó a la defensa a solicitar que cesara la transmisión de esas tomas, en virtud de que se dañaba la imagen de sus asistidos.

El pedido, que estaba basado enprevenciones establecidas en tratados internacionales que establecenese amparo,fue rechazado por el Tribunal que hizo prevalecer el derecho a la información.

Tales ejemplos nos llevan a concluir que si del lado de los juristas no hay una posición unívoca sobre los límites al trabajo periodístico y a la libertad de información, no será precisamente en el mundo de las empresas de comunicación social y de los periodistas donde se encontrará esa respuesta.

¿Cómo minimizar los conflictos entre jueces y periodistas ante la difusión de un juicio oral? La vía principal parece ser la del mecanismo de diálogo directo entre magistrados y trabajadores de prensa.

Ante la inminencia de un juicio resonante, muchos magistrados o sus auxiliares, previendo el interés de la prensa hace su convocatoria a los medios para definir el marco de la cobertura.

Hay que tener en cuenta que muchas veces los jueces tienen en cuenta la opinión de las partes, las cuales pueden o no pedir nulidades por la forma en que se haga esa difusión.

Existe una instancia previa al juicio que es el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en el cual jueces y partes intercambian conceptos acerca de la delimitación de la prueba.   Como la actividad periodística puede llegar a influir sobre el tratamiento de la prueba (por caso la testimonial) sería interesante saber como es valorada esa instancia.

Asimismo, es importante la realización de una exploración en general por las opiniones que tanto los jueces tienen de los periodistas y viceversa.

En esto se incluye la requisitoria por saber si existen prejuicios entre uno y los otros y esto podrá establecerse a través de preguntas directas en ese sentido como así también de la lectura en profundidad de respuestas de contenido abierto.

Se ha visto por ejemplo a través de algunas opiniones respecto de una deformación del papel de "fiscalización" de la prensa hacia el poder político, cometiendo "excesos" endilgados por los magistrados como por ejemplo la invasión de la intimidad y el tratamiento morboso de algunas informaciones.Lo que no se puede determinar con precisión es si ese pensamiento es realmente sincero  o engloba quizá una subestimación general hacia el periodismo.

Por otra parte cuando los medios (sobre todo los audiovisuales) van en busca de un juicio resonante declaman su derecho a ejercer su trabajo y asegurar el derecho a la información de sus respectivos mercados.  Tampoco permite aseverar esta concepción si detrás de eso no influye de modo subyacente la intención de obtener una "mercadería barata" como dice Ruiz Núñez para poder mostrar su propio "show" sin necesidad de pagar "cachet" a los protagonistas.

La mayor convocatoria de medios a los juicios resonantes asegura como presunción de conflicto que los jueces deben ejercer su equidad cuando juzgan a cualquier imputado, sea rico y famoso o pobre y desconocido, mientras que los medios hacen una distinta valoración.

La transmisión en directo, y esto será motivo de atención, es al parecer una de las principales fuentes de conflicto entre justicia y prensa.La justicia argumenta que se violenta la independencia testimonial, pero tampoco puede precisarse cual es el grado de daño que hace a la seguridad jurídica del debido proceso una transmisión en vivo.Tampoco se advierten otros controles necesarios para evitar  ¿Existiría también la posibilidad de limitar ese tratamiento morboso? . ¿Los jueces quieren evitar ser protagonistas de un programa de características de espectáculo? ¿O ser controlados por la opinión pública?.

De existir intenciones de limitar la difusión, aunque sea en el tratamiento, esto tendría sus causas, en distintas actitudes pasivas de la justicia de no poder contener el avance tecnológico de los medios.

Hace muchos años era impensable que seis o siete móviles de televisión y un centenar de periodistas cubriera un juicio.Esto se produjo por el enorme avance tecnológico y la creciente cantidad de medios de comunicación dispuestos a informar en tiempo real.Este escenario, en una Justicia de lentas adaptaciones, provocaría un conflicto casi permanente.

La condena anticipada de los medios influye ante la opinión pública que sigue un juicio y esto es un factor adicional de conflicto para los jueces que tienen ante sí la responsabilidad de juzgar al imputado de ese juicio.

Tras haberse señalado en distintos ámbitos que el caso Barreda fue un modelo de cooperación y consenso entre magistrados y periodistas se debe determinar si ese "prototipo" es pasible de ser generalizado y adoptado hacia otros juicios.

En el caso Barreda el objeto del juicio no era determinar la autoría sino la inimputabilidad.Esto pareciera aproximarnos a la conclusión que de acuerdo con el objeto hay mayor o menor flexibilidad de parte de los magistrados para permitir la difusión de un juicio.

En el diálogo entre jueces y periodistas previo a un juicio, no debe olvidarse la consulta previa a las partes (fiscal y defensor) que pueden pedir nulidades a partir de la mayor o menor cobertura periodística.Pero a su vez las partes pueden provocar conflicto adicional a la relación jueces-periodistas por "utilizar" las cámaras y micrófonos en provecho propio,  poniendo en riesgo el trámite del juicio.

La reducción del conflicto tiene fuentes exógenas, por caso que muchos magistrados se sienten condicionados hacia una mayor transparencia debido a la presión de la opinión pública ante sucesivas denuncias de casos de corrupción estructural.

A su vez el conflicto se reduce en el marco de un diálogo previo, cuando los periodistas, sabiendo que las reglas de juego son equitativas para todos, no habrá ventajas hacia eventuales competidores.

El caos o conflicto se produce cuando los medios y periodistas advierten que no hay reglas de juego definidas lo que implica que, en el marco de una competencia,los trabajadores de prensa no se pondrán límites en su tarea de cobertura.

Lo importante entonces, será determinar elementos que, previéndolos, eviten o, en todo caso, minimicen situaciones de conflicto y desequilibrio.

 

Gráfico 1: Relación jueces/periodistas
Gráfico 1: Relación jueces/periodistas



Gráfico 2: Juicio oral(actores permanentes y no permanentes, comunicación)
Gráfico 2: Juicio oral(actores permanentes y no permanentes, comunicación)



Gráfico 3: El juicio oral y la transmisión en directo
Gráfico 3: El juicio oral y la transmisión en directo
                                                                                                                       

CAPITULO VI -MODELOS DE DIFUSIÓN DE JUICIOS-

Nuestro punto de partida es que entre jueces y periodistas pueden existir relaciones de cooperación o de conflicto, que están relacionadas con la existencia o no de consenso respecto de la modalidad de la cobertura de un juicio oral.

Si hay cooperación  y coincidencia de magistrados y periodistas en una serie de reglas de juego,antes del inicio del juicio, entonces se podrá hablar de consenso. En tanto, se entenderá que existe conflicto si de manera unilateral y sin diálogo ni acuerdo con los periodistas, los magistrados establecen una determinada forma de difusión de los debates orales.

No es inoportuno relacionar esa situación con la definición de conflicto expuesta en nuestro marco teórico alusiva a una relación problemática entre dos partes aunque una de ellas no la comprenda como tal, como señalo Esteban Rodríguez en el libro Justicia Mediática.

Como se señaló antes, la relación de conflicto se produce frecuentemente debido a la existencia de objetivos contradictorios entre jueces y periodistas.En un juicio los magistrados deben preservar el debido proceso, lo que incluye garantías sobre el derecho a la defensa, a la seguridad física y la intimidad.Estos derechos básicos previstos en leyes, códigos procesales, en la Constitución y en tratados internacionales, constituyen el basamento legal que el juez debe aplicar para demostrar no sólo su competencia sino su visión equitativa hacia las partes y hacia todas las causas.

Por otro lado, los periodistas invocan el derecho a la libertad de prensapara la cobertura de un juicio oral, máxime cuando se trata de un caso de trascendencia. Ese derecho también está amparado por leyes y por normas constitucionales e internacionales.

No obstante lo anterior, es posible que exista ausencia de conflicto entre jueces y periodistas, pero a costa de un desequilibrio a favor de uno de los dos derechos –los contemplados en el debido proceso yel de informar- por sobre el otro.

Los modelos de difusión de juicios pueden definirse entonces enfunción de la existencia de conflicto o cooperación entre jueces y periodistas, con equilibrio o desequilibrio entre los derechos del debido proceso y de informar.

Sobre la base de lo expuesto se pueden definir los siguientes modelos de difusión:

Modelo I: Consenso y cooperación entre jueces y periodistas, sin restricciones para la publicidad del juicio y con desequilibrio a favor del derecho a la información

Este es el modelo más liberal de todos y el más favorable a la actividad de la prensa en los juicios orales.    Este es un esquema en el cual el papel de la prensa cobra relevancia, a través de todas sus modalidades, trátese de medios gráficos o audiovisuales. El periodismo es atendido de manera muy similar al tratamiento que recibe una parte durante un juicio.

El juicio es difundido íntegramente en directo por televisión y las radios pueden hacer lo propio sucediéndose los contactos con periodistas, en la sala de audiencias, sin limitaciones.Lo mismo con las agencias de noticias que pueden enviar boletines en tiempo real.  La prensa gráfica tampoco encuentra obstáculos para su tarea.

La atención puesta en el periodismo por el o los jueces y la convocatoria a un diálogo previo al desarrollo del debate, para organizar y coordinar la cobertura,  busca el equilibrio entre el derecho a la información y la garantía del debido proceso y, sobre todo la buena marcha del debate.

En este modelo,  hay un intercambio de opiniones de magistrados con la prensa concediéndole a ésta un status más privilegiado que en otras ocasiones.  

El conflicto si puede presentarse entre los propios trabajadores de prensa.   Esto, en virtud de la competencia por obtener la primicia, los mejores testimonios, el más fácil acceso a las fuentes y el desarrollo de una mejor cobertura, que muchas veces puede arr0ojar problemas al natural desarrollo de las audiencias.

Al poder desplegar toda su capacidad y potencial, el periodista no tendrá otro esquema que el de manejarse con las reglas de trabajo que aconseja la empresa para la cual trabaje.  En algunas los límites suelen ser exiguosy en otras están marcados por el buen gusto o, en el caso de los audiovisuales, por la ley 22285 y por el Comité Federal de Radiodifusión.

La falta de límites desde la Justicia (excepto los que hacen a la buena marcha del debate) y la competencia comercial puede conducir a una espiral peligrosa, con coberturas que invadan los derechos de intimidad y privacidad, previstos en el ámbito constitucional.

El conflicto entre periodistas puede evitarse mediante la autorregulación para lograr la mayor equidad posible en la aplicación de las reglas de juego (ej:los periodistas se comprometen a desarrollar notas y comentarios sólo durante los intervalos entre cada testigo). De lo contrario se pone en riesgo la seguridad del debido proceso,dado que si, en el ejemplo mencionado, se realiza transmisión en directo, podría quebrarse el principio de independencia testimonial.

Cabe señalar que una participación no regulada de los periodistas podría traer consecuencias negativas en otros aspectos, por caso, interrupciones al desarrollo de la audiencia y al tribunal o distracciones en testigos que deben deponer ante la Justicia.

 

Modelo II: Conflicto entre jueces y periodistas con restricciones para la publicidad del juicio y con desequilibrio a favor del debido proceso

Este modelo es, justamente, es el polo totalmente opuesto al bidireccional y de consenso.  En él, los jueces ignoran el papel de la prensa o teniéndolo en cuenta, no efectúan consultas previas a los hombres de medios.  Muchas veces se evidencia en la aparición de una resolución que sólo es exhibida a los periodistas que se acrediten para desarrollar la cobertura periodística.  

    El o los jueces pueden advertir y corregir el desenvolvimiento del periodismo durante el juicio, estableciendo nuevos límites adicionales a los establecidos en principio.  

    En estas decisiones suelen influir los pedidos que, en ese sentido, puedan presentar o formular verbalmente la fiscalía y la defensa.   La prensa sólo acata decisiones y no es escuchada o si lo es no se atienden sus reclamos.  

    En esa falta de diálogo o relación de unidireccionalidad podría decirse que radica ese conflicto dado que existe una situación "problemática" entre los jueces y losperiodistas,aunque  una de las partes no la interprete como tal [27].

     Cuando se habla de modelo restrictivo es justamente por las limitaciones que se imponen a la difusión.   En un esquema de máxima restricción, por limitaciones se puede entender la prohibición de transmitir en directo tanto para la televisión y de la radio.  Se hacen severas advertencias sobre la imposibilidad de transmitir información en tiempo real, sea cual fuere la modalidad.   Los periodistas pueden acceder a la sala sin micrófonos, cámaras, celulares,ni grabadores.   También se aconsejan a testigos no hacer declaraciones periodísticas durante el desarrollo del juicio, entre tantas otras normas limitativas.

La labor periodística pasará por relatar al final de cada jornada -si es que esto es permitido-  las novedades e incidencias de la audiencia.

La calidad del trabajo periodístico mengua debido a la inaccesibilidad directa a la información como testimonios o coberturas de pasajes salientes.

Sin necesidad de dar mayores explicaciones, el modelo implica un real desequilibrio a favor del debido proceso y en contra del derecho a la información tanto del que ejercen los periodistas, como de los ciudadanos que integran los auditorios, mercados de lectores o público en general receptor de esos medios.

Se logran las máximas garantías para el debido proceso (independencia testimonial, preservación de los derechos a la defensa, a la intimidad y a la seguridad y a la imagen), aunque a decir de Luigi Ferrajoli no se estaría brindando la garantía procesal u orgánica de la publicidad del juicio.

 

Modelo III: Consenso entre jueces y periodistas  con desequilibrio a favor del debido proceso.

En este modelo coexisten una buena relación de diálogo entre los magistrados y periodistas, pero que en virtud de no afectar el debido proceso se establecen, por consenso, las restricciones en la difusión.

Pueden ser distintas las causas por las cuales se adoptan las restricciones.La más común es una amenaza de las partes de un pedido de nulidad ante la difusión directa y total del juicio.También puede haber un pedido de preservación del derecho a la defensa o la imagen del imputado.O también como suele ocurrir en los juicios a superbandas u organizaciones peligrosas, está amenazada la seguridad física e integridad de algún imputado, testigo o tercero (familiar de estos).

En este contexto el magistrado muestra su amplitud y respeto al derecho a la información pero acepta como atendibles las circunstancias para que opere alguna restricción.

Estas restricciones son conversadas y explicadas por los jueces, quienes eventualmente aceptan sugerencias del personal a cargo de la cobertura periodística.

Las modalidades de difusión, entonces, operarán de acuerdo con lo establecido en ese diálogo.  Puede ocurrir que se puedan transmitir imágenes en directo, acompañadas por un informe "en off" de los móviles de televisión.Puede suceder que se restrinja totalmente a la televisión en directo pero permitir que las radios y agencias puedan trabajar normalmente.O se puede desarrollar sólo una cobertura con entrevistas e informes previo a cada audiencia o durante un cuarto intermedio.

Nuevamente debería operar una suerte de autorregulación entre el conjunto de periodistas, quienes no querrán ceder el terreno ganado en la "negociación" que existió con los magistrados para poder hacer su propio despliegue  dentro de las limitadas posibilidades.

 

Modelo IV:   Conflicto entre jueces y periodistas con desequilibrio a favor del derecho a la información

Es posible que este modelo se acerque a una tipología que roce más lo ideal que lo real, pero no debe descartarse.  En el terreno de las suposiciones, el magistrado no ignora a la prensa, sino que considera como natural la publicidad total del juicio. Y por eso cree que no es necesario hacer aclaraciones, ni tener diálogos con la prensa. Sin embargo, para que exista conflicto, del modo como lo hemos definido en el marco teórico, es necesario que no haya acuerdo con la prensa respecto de esa forma de difusión. Esta es la razón por la cual es difícil que este modelo se presente en la práctica.

Modelo V:   Consenso entre Jueces y periodistas con equilibrio entre el derecho a la información y el debido proceso

Para llegar a una situación de este tipo, que sería la ideal para la sociedad en su conjunto –y que raramente se ha dado en la práctica-, se requiere que ambas partes comprendan, valoren y acepten los roles y fines de otra. Los jueces han de contemplar en sus decisiones el objetivo que persiguen los periodistas que van a realizar su cobertura. Al mismo tiempo, los periodistas deben conocer y respetar los derechos y deberes que se ponen en juego durante un juicio oral.

En este marco de reciprocidad, los jueces han de tomar decisiones con amplitud para dejar actuar al periodismo en tanto no altere el debido proceso y la buena marcha del debate.Con esa condición previa,ha de adaptarse a las necesidades del periodismo, tratando de despojarse de formalismos o ritualismo excesivos.

Por otra parte, los periodistas deben actuar con respeto y responsabilidad hacia el debido proceso.Es decir, desarrollar su labor informativa,pero observando también como prioritario el objetivo de no intromisión en los derechos personalísimos del imputado, victima o testigos, además de no alterar la buena marcha del debate.

Ambas partes pueden delimitar previamente, en un dialogo consensuado, en qué medida el desarrollo de ambas actividades no entrará en contradicción.Además del consenso previo,es necesariala cooperación mutua durante todo el proceso.

 

MODELO VI:Conflicto entre jueces y periodistas, con equilibrio entre el derecho a la información y el debido proceso

Un juicio oral podría arribar a un modelo de este tipo por una vía accidental, antes que buscada intencionalmente por las partes. Aun sin dialogo o acuerdo previo, es concebible que ante la necesidad de desarrollar sus actividades jueces y periodistas ajusten mutuamente su conducta a medida que van descubriendo los limites a respetar. En un proceso de ensayo y error, ambas partes podrían alcanzar un equilibrio en el que ya no existan reclamos de jueces hacia periodistas y viceversa

Identificacion y definicion de variables

Del marco teórico de este trabajo surge un conjunto de variables que pueden adoptar una serie de valores e interactuar de modo tal que den como resultado un modelo específico de juicio.

Como se señalo en el marco teórico general, un juicio oral es un sistema de acción en el que entran en relación actores pertenecientes a diferentes subsistemas.

A los fines de este estudio se tendrán en cuenta tres subsistemas: medios de comunicación, Justicia y opinión publica. Cada subsistema estaregido por sus propias normas, valores, conocimientos y pautas de conducta. Los principales actores en un juicio son los jueces y periodistas, sumados a las partes, público presente en la sala, publico de los medios y personal judicial. Cada uno de estos actores persigue fines específicos mediante la utilización de determinados medios.

Fines y medios dependen del modo como los actores han internalizado las normas, valores y conocimientos del subsistema al que pertenecen. Así, por ejemplo, dos jueces pueden diferir en la interpretación y aplicación de las normas procesales. Del mismo modo, dos periodistas pueden utilizar distintos criterios de evaluación de los hechos noticiables que se presentan en el juicio.

En un juicio oral en particular, los fines perseguidos por los jueces y periodistas y los medios que utilizan para lograrlos pueden generar relaciones con distintos grados de cooperación o conflicto.

Para operacionalizar el análisis se utilizara además el concepto de “actitud”, definida como la predisposición de un actor a responder de un modo determinado en una situación dada. Una actitud tiene tres componentes: a) Cognoscitivo, es decir, la idea que consiste en una categoría utilizada por el actor para pensar sobre una situación o un objeto; por ejemplo, la idea que tiene un juez sobre un periodista o sobre la televisión; b) Afectivo, esto es, la emotividad que acompaña a la idea. Un actor puede tener un sentimiento positivo o negativo al pensar sobre una categoría; c) Comportamiento, es decir, la predisposición a actuar hacia el objeto de la actitud en una determinada situación [27].

Las variables se clasifican en cinco grupos, según estén  relacionadas con los Jueces, con los medios y periodistas, con otros actores del proceso, con las características del juicio o con el contexto en que ese proceso oral se desarrolle.

 

Variables relacionadas con los jueces:

Actitud de los jueces hacia los periodistas en general: Algunos miembros del mundo judicial consideran, sobre la base de su experiencia previa, que los periodistas en general hacen una cobertura inapropiada del juicio (por ejemplo, utilizando el tratamiento de los programas de entretenimiento de la televisión). También piensan que los hombres de prensa no están suficientemente formados en temas judiciales, concurren sin un conocimiento suficiente del caso y que, con su accionar, alteran la buena marcha del proceso. Aunque quizás sea esta la actitud predominante en la mayoría de los magistrados, hay otros jueces que evalúan a la prensa sobre la base de otros criterios, por ejemplo en cuanto a su rol de garantizar la publicidad de los actos judiciales.

Interpretación del alcance de la publicidad en el juicio:Implica la concepción por parte de los magistrados de hasta donde llega su obligación de permitir la difusión de un juicio oral en condiciones de respeto a los derechos normados por la Constitución, como son los derechos personales.

Conocimiento personal entre jueces y periodistas: hay periodistas que asisten con habitualidad a la sede judicial, contando con mayor conocimiento personal y confianza por parte de magistrados y funcionarios tribunalicios. Pueden tener un acceso más amplio a la información durante un juicio oral respecto a otros periodistas.

Disposición de los magistrados para adaptarse a los actores ajenos a los subsistemas judicial y de los medios: En especial, imputado, testigos, víctima y sus familiares, particulares damnificados y publico en la sala.Incluye lenguaje, trato personal, etc. La terminología empleada por los jueces para comunicarse -no sólo en el diálogo con las partes y periodistas, sino en las resoluciones-puede ser o no funcional a la publicidad de los actos judiciales.

Cumplimiento de reglas protocolares: Normas de presentación y modo de conducta propias del ámbito judicial.

Variables relacionadas con los periodistas:

Normas periodísticas para la selección y tratamiento de la información: pueden variar sustancialmente con el tipo de medio: prensa grafica, radio y televisión. La televisión, por ejemplo, puede aplicar al juicio oral criterios de selección y tratamiento propios de los programas de entretenimiento o “espectáculo”, los primeros planos o escenas impactantes y declaraciones aisladas de gran resonancia, en vez de un relato cronológico de las instancias procesales.

Interpretación del derecho a la información: concepción, por parte de los periodistas y personal de los medios, de los alcances del derecho a informar.

Conocimiento e interpretación de normas procesales:Un periodista con elevado conocimiento pregunta correctamente y no comete errores de interpretación referidos a las decisiones y otros hechos del juicio.

Conocimiento e interpretación de los derechos personalísimos:los periodistas pueden tener un conocimiento amplio o limitado de los derechos consagrados en la Constitución, así como distintas interpretaciones sobre su naturaleza.     Un periodista puede, por ejemplo, utilizar ciertos calificativos hacia el imputado que afecten su reputación, seleccionar datos o declaraciones que afecten la vida privada (o derecho a la intimidad), o difundir testimonios que, al tomar estado público, afecten la seguridad física (por ejemplo, un testigo complica la situación de un imputado y este lo amenaza a él o a su familia). Todo esto influirá en el balance, reflejado en la cobertura del juicio, entre la necesidad de informar y el resguardo de esos derechos.

Actitud de los periodistas hacia los jueces: Pensamiento o idea acerca de cómo se desenvuelven los magistrados respecto de su relación con la actividad periodística.

Conocimiento previo del caso:datos sobre los protagonistas, expediente, instancia sumarial y otros elementos jurídicos vinculados a la causa.

Nivel de prejuzgamiento: la selección y tratamiento de la información por parte de los medios y periodistas puede verse influida por la existencia o no de prejuzgamiento del caso. Cuando este prejuzgamiento es explicito y negativo, suele hablarse en la jerga periodística de “condena anticipada”.

Intensidad de la competencia entre los medios: influye en la selección, tratamiento e intensidad de la cobertura, así como en el tipo de relación (cooperación o competencia) entre los mismos periodistas. Puede estar influida por el interés que despierte el caso en la opinión publica

Intensidad de la cobertura previa del caso:

Es el dato objetivo que permite al magistrado evaluar previamente el nivel de trascendencia que tendrá el juicio.

La intensidad de la cobertura previa del caso sirve también para que los magistrados adviertan que tipo de medios y que empresas periodísticas siguieron linealmente el caso desde la instrucción, de manera tal de conocer que aspectos eran de mayor interés.  Asimismo aporto elementos para determinar la cantidad de periodistas que iba a convocar el proceso oral de manera tal de tomar las previsiones para la acreditación.

Tipo de relación entre los periodistas: puede implicar distintos grados de cooperación o competencia.

Variables relacionadas con otros actores del proceso:

Actitud de las partes hacia la publicidad del juicio: es la que adoptan tanto la fiscalía como la defensa, que puede afectar o verse afectada por la presencia y la labor de los medios durante el juicio oral.

Actitud del imputado hacia los medios y periodistas:influirá en su disposición a efectuar declaraciones o conceder entrevistas.

Variables relacionadas con otras características del juicio:

Complejidad del juicio:en la mayoría de los debates orales se trata de probar la autoría del hecho por parte del imputado. Cuando a esta prioridad de la prueba testimonial se le suman otras características, como por ejemplo la necesidad de preservar la intimidad o la seguridad física de testigos, familiares, etc., podríamos estar ante un ejemplo de alta complejidad [28].Allí, los jueces pueden verse inducidos a establecer mayores restricciones a la labor de la prensa. Entre los juicios de menor complejidad se encuentran aquellos que, probada la autoría del delito, se refieren principalmente a la imputabilidad, por caso, mediante prueba pericial.

Variables relacionadas con el contexto del juicio:

Interés en el juicio por parte de la opinión publica: a mayor interés, mayor intensidad de cobertura y, potencialmente, mayor intensidad de competencia entre los medios.

Nivel de credibilidad de la institución judicial en la opinión publica: puede influir en las decisiones de los jueces sobre el alcance de la publicidad del juicio, así como en las actitudes de los periodistas hacia los jueces y los criterios que utilicen para la selección y tratamiento de la información.

Actitud de la opinión publica hacia el delito: factores ajenos al juicio, por ejemplo la percepción de un elevado nivel de inseguridad, pueden afectar la actitud del publico hacia ciertos tipos de delito e influir loas actitudes y conducta de jueces y periodistas.

Otros factores externos:un conjunto amplio de factores del contexto político, económico, social y cultural puede ejercer influencia en el desarrollo de un juicio particular: percepción de niveles de inseguridad, corrupción, acción policial, etc.

Queda claro que pueden presentarse diferentes combinaciones de variables que lleven a un resultado similar. Por ejemplo, no es necesario que los jueces tengan siempre una actitud positiva hacia los medios o que el juicio sea siempre de baja complejidad para que el resultado sea un modelo con amplia libertad para la publicidad del juicio. Sin embargo, el hecho de que las variables adopten esos valores hace más probable que el juicio tenga finalmente esas características.

 

CAPITULO VII –METODOLOGÍA-

El objetivo del presente trabajo, como se señaló en el Plan de Tesis, es identificar, definir variables y formular hipótesis sobre las relaciones de conflicto y cooperación entre jueces y periodistas con motivo de la difusión de los juicios orales a través de los medios de comunicación, mediante el estudio en profundidad de casos paradigmáticos desarrollados en el ámbito penal de la provincia de Buenos Aires.

El principal soporte metodológico de la investigación es el Estudio de Casos, un enfoque de amplia utilización en ciencias sociales y otras disciplinas que, en lugar de emplear muestras grandes y examinar una cantidad limitada de variables, se concentra en pocos casos para realizar en cada uno una investigación en profundidad y descubrir, por medio de la riqueza de detalles, los numerosos y complejos mecanismos, influencias e interacciones causales que no podrían ser tratados como variables operacionales en un estudio estadístico convencional.

El enfoque de Estudio de Casos es especialmente apropiado para obtener una comprensión holística de sistemas culturales de acción, es decir, conjuntos de actividades interrelacionadas en las que se encuentran comprometidos los actores en una situación social. Del mismo modo, se caracteriza por incorporar a la investigación la perspectiva de los propios actores.

El enfoque se adapta a las necesidades de la presente investigación. Por un lado, las relaciones entre jueces y periodistas en el marco de un juicio oral constituyen un sistema cultural de acción, regido por un conjunto de valores, normas y conocimientos pertenecientes al ámbito de los medios y la Justicia. Por otro, implica un conjunto de interacciones causales sumamente complejo y poco estudiado, que hace conveniente una investigación en profundidad a fin de establecer las principales variables y mecanismos explicativos e, idealmente, la construcción de un modelo teórico que pueda ser objeto de estudios ulteriores. Por último, aun tomando como punto de partida los desarrollos teóricos del Derecho y la Comunicación, este trabajo incorpora la perspectiva de los actores, es decir, de jueces, periodistas y partes, a través de entrevistas en profundidad, lo cual es otra característica de los estudios de casos.

Las unidades de análisis en este método son los casos mismos. En nuestra investigación, se trata de los juicios orales. En lo que hace a la selección de los casos, es una característica esencial de esta metodología que se realice no mediante un muestreo aleatorio, sino a partir de la orientación que dicta la teoría. En esta investigación, los modelos identificados de difusión de juicios orales son los que se utilizaron como guía para elegir los casos a estudiar.

Otra nota esencial del método es que, dado que no sigue una lógica de muestreo, no exige tampoco un número mínimo de casos. Esto se debe a que en una muestra se realiza una selección de una población para generalizar los resultados al conjunto de esa población. Por el contrario, en el método de Estudio de Casos cada unidad de análisis (aquí un juicio oral) consiste en un estudio completo.

Surge entonces la cuestión de la validez externa, es decir, la posibilidad de generalizar los resultados más allá del caso inmediato. Algunos de los principales teóricos de esta metodología, como Robert Yin, apuntan que los estudios de caso no buscan ser representativos de poblaciones enteras, sino del tipo de caso que está siendo estudiado. En este sentido, nuestro estudio pretende plantear modelos teóricos de difusión de juicios que puedan ser generalizables a casos similares, y que sean pasibles de contrastación en investigaciones posteriores a través de investigaciones de carácter estadístico que incluyan, por ejemplo, muestras grandes de juicios orales. Lynn Davey[29] define a los Estudios de Casos “exploratorios” como “estudios de caso condensados, emprendidos antes de poner una investigación en ejecución más grande o de mayor dimensión”.

Para asegurar la confiabilidad, los Estudios de Casos apelan a un enfoque de triangulación, consistente en comparar los datos obtenidos acerca de la misma variable por medio de diferentes métodos de recolección y técnicas de análisis.

En nuestro caso se emplearon diversos procedimientos e instrumentos de relevamiento que permitieron cruzar y corroborar la evidencia obtenida de distintas fuentes. Por un lado, se recopilaron y analizaron los documentos jurídicos y periodísticos sobre cada uno de los casos, así como otros registros de archivo. Por otro, se utilizó la entrevista en profundidad para recoger información primaria de los actores del proceso: jueces que intervinieron en los juicios orales a estudiar; periodistas que cubrieron los juicios orales investigados, pertenecientes a los distintos tipos de medios: diarios, radio, televisión, etc., partes de cada juicio: abogados y fiscales.

De los tres tipos posibles de entrevista –estructurada, focalizada y de final abierto-, se optó por hacer uso de esta última. La entrevista de final abierto tiene la ventaja de permitir al entrevistado proveer ideas y proponer soluciones acerca del tema en estudio, así como corroborar evidencia proveniente de otras fuentes. Para su realización se elaboró previamente una guía que incluía los puntos principales a los que se deseaba dar respuesta, en función del marco teórico y de las variables identificadas.

 

Selección de los casos

La selección de los casos se realizó dentro del universo de la justicia del fuero penal de la Provincia de Buenos Aires. Una serie de características de casos elegidos permitían clasificarlos, como hipótesis de trabajo, dentro de algunos de los modelos descriptos de difusión de juicios. No se seleccionaron casos para los modelos de equilibrio al no existir juicios recientes de trascendencia que se ajustaran a esta tipología en el ámbito penal de la provincia de Buenos Aires.

 

Caso 1:Juicio al imputado Ricardo Barreda

La selección de este caso se motivó en la gran trascendencia publica adquirida por este juicio oral, sumado al amplio debate que provoco en toda la sociedad.

La discusión respecto de si el autor de un cuádruple homicidio (con tres victimas como familiares directos) podía ser imputable o inimputable alimento la curiosidad pero sobre todo la gran requisitoria periodística.Es conocido a través de bibliografía e informes de esa época cómo, a través de un acuerdo previo, se estableció una forma de difusión que  resulto ser un ejemplo a imitar, por ser el primer juicio oral difundido en directo por televisión.

La hipótesis inicial de trabajo fue vincular a este caso con el del modelo de consenso entre jueces y periodistas, sin restricciones, con desequilibrio a favor del derecho a lainformación.

 

Caso 2: Juicio a imputados por el crimen del reportero grafico José Luis Cabezas

El análisis de este caso se consideró potencialmente instructivo por tratarse de un proceso que tuvo también una vasta repercusión en el ámbito nacional e internacional, con  implicancias para el sistema democrático, el ejercicio de la libertad de prensa y las relaciones entre destacados protagonistas de la vida política nacional   A eso se le sumo una intenso seguimiento por parte de familiares de la victima, de organizaciones periodísticas y defensoras de derechos humanos por lograr el total esclarecimiento.

Por la observación de cómo se desarrollo este proceso, se lo podía clasificar, como hipótesis de trabajo, dentro del modelo de consenso entre jueces y periodistas,sin restricciones, con desequilibrio a favor del derecho a la información.

 

Caso 3 :Juicio a imputados del secuestro seguido de muerte de Miguel Brú

Este juicio fue seleccionado no solo por su trascendencia, sino también por los acontecimientos previos al juicio, durante la instrucción sumarial, con cambios de jueces de primera instancia, con la intensa lucha de familiares por llevar el caso a juicio oral y por la particular característica de contar con imputados policías.

Se caracterizaba además por contar con los mismos camaristas que enjuiciaron al imputado Ricardo Barreda (también analizado en este trabajo), con lo cual podrían extraerse conclusiones adicionales mediante la comparación entre ambos juicios.

Por la experiencia de lo sucedido en el caso Barreda –por contar con camaristas propensos al dialogo-  se lo clasificó inicialmente en el modelo de consenso, con restricciones y con desequilibrio a favor del debido proceso.

 

Caso 4: Juicio a imputados de crímenes en el penal de Sierra Chica en 1996

También se trata de un juicio de gran trascendencia pública. Incluyo el juzgamiento a imputados de múltiples crímenes ocurridos en oportunidad de producirse un motín carcelario.   La alevosía y ensañamiento con que se produjeron los homicidios, sumado a la tensión que genero este caso en el plano provincial, incrementaron la avidez del periodismo en seguir las instancias del caso.

Asimismo, reforzó la requisitoria periodística el hecho de haberse implementado en el primer juicio oral, desarrollado íntegramente en una cárcel de máxima seguridad, un novedoso sistema de “telejuicio” que mantuvo en contacto a los imputados desde sus celdas con sus defensores en la sala de audiencias.

Las características de este juicio permitían clasificarlo de modo preliminar en el modelo de conflicto, con restricciones a favor del debido proceso.

 

Realización de las entrevistas y relevamiento documental

Una vez seleccionados los casos, se procedió al acopio del material documental, jurídico y bibliográfico.Se consultaron archivos periodísticos y de los juzgados o Cámaras (esto último con la limitación del acceso a la causa o por que se encuentre en estado de apelación ante instancias superiores[30]).

Posteriormente se elaboró una guía para las entrevistas en profundidad y se estableció contacto con los jueces, periodistas y partes que habían intervenido en los cuatro casos seleccionados.

 

   Las entrevistas realizadas fueron las siguientes:

Caso 1: Caso Barreda

Camaristas:   Dres.Pedro Soria, Eduardo Hortel, Maria Roscentock

(Los tres participaron intensamente de las deliberaciones previas en el dialogo con los periodistas)

Periodistas:Alfredo Oleaga (agencia Telam),  Marcela Castrogiovanni (Radio Provincia), Javier Navarrete (Diario Hoy) y Marcelo Clausel (Cronica TV).(Los dos últimos nombrados participaron activamente en las deliberaciones previas)

Partes:  Abogado defensor:Dr. Carlos Irisarri, Fiscal:Dr. Héctor Vogliolo.

Caso2:  Juicio a imputados del crimen del reportero grafico José Luis Cabezas

Camarista:  Dr. Raúl Pedro Begué(jubilado al momento de ser entrevistado, los dos restantes no pudieron ser consultados en la Cámara de Dolores)

Periodistas:Gustavo Scalcini (Agencia Telam), Sergio Cortiglia (Cablevisión Dolores), Eduardo Cerda (diario Compromiso) y Miriam Di Marzio (Radio Provincia).Cabe señalar que tanto Scalcini como Cerda,estuvieron en la cobertura periodística desde la etapa sumarial.

Partes:   Abogado defensor: Dr. Fernando Burlando ( representó sólo a cuatro de los imputados); Fiscal Dr. Luis Defelitto(fue uno de los tres fiscales a cargo de la acusación)

Caso 3:Juicio a imputados del secuestro seguido de muerte de Miguel Brú:

Camaristas:Eduardo Hortel,Pedro Soria y Maria Roscentock

Periodistas:Hipólito Sansone (diario El Día), Natalia Carbonell (canal de cable Todo Noticias), Ricardo Salas (agencia Noticias Argentinas), Julián Amado (radio Red 92-Emisiones Platenses)

Partes:   abogada defensora, Dra. Norma González;Fiscal Dr. Marcelo Romero.

Caso 4:Juicio a Imputados de crímenes del penal de Sierra Chica en 1996

Camaristas:Dres. Adolfo Rocha Campos, Héctor Rodríguez y Eduardo Galli

Periodistas:  Sandra Ramos (Cablevisión La Plata), Ramiro Sagasti (diario La Nación), Pedro Romero (Radio Rivadavia) y Virginia Pignaton (Agencia Diarios Bonaerenses).

Partes:   Abogado defensores Dres. Hector Galarreta y Claudio Ritter; Fiscal Noemí Etcheverry

 

CAPITULO IX -ANÁLISIS DE LOS CASOS-

JUICIO ORAL A RICARDO BARREDA

En octubre del año 1992 ocurrió en la ciudad de La Plata un cuádruple asesinato que, desde el inicio, fue un caso paradigmático.Como primeros factores noticiables podríamos sostener el de un crimen con multiplicidad de víctimas todas ellas mujeres, de una misma familia, que las mismas eran hijas, esposa y suegra del victimario y que se trataba de una historia de "clase media" (lo que une y atrapa más al lector y oyente, más identificado con ese sector).

En segundo lugar, las sospechas, que recaían acerca del sobreviviente de esa familia, el odontólogo Ricardo Barreda, luego se confirmaron con su propia confesión en sede policial y judicial.

Si bien la intriga por la autoría se disipó en poco menos de 72 horas, la opinión pública había ya caído en la telaraña de una "historia" en la cual el propio publico aparecía participando en debates interminables acerca de los motivos que llevaron a Barreda a matar a su esposa, suegra y dos hijas(una de las cuales estaba a punto de casarse).

La polémica sobre si el victimario había "explotado" tras una supuesta presión impuesta por las mujeres víctimas, si era un demente o si se estaba ante el criminal más sangriento de los últimos tiempos, ya se había disparado hacia todos los confines del país y del mundo.

Respecto del juicio oral seguido hacia el imputado Ricardo Barreda, transcurrido en agosto de 1995 puede afirmarse que, por las observaciones, consultas efectuadas y datos relevados, se vincula con el modelo denominado como bilateral o de consenso entre jueces y periodistas con desequilibrio a favor del derecho a la información.

El hecho de que se haya llegado al diálogo, de haberse consensuado ciertas pautas de difusión entre magistrados y periodistas  y se haya logrado una amplia difusión de este proceso es explicado por una serie de factores o elementos.

Algunos de esos elementos apuntan a explicar que hubo cierta voluntad de los propios magistradosde la sala primera de la Cámara penal de La Plata para facilitar la difusión, por que tienen un pensamiento favorable a los medios de comunicación y hacia la prensa, aunque no por una cuestión mediática, sino como parte de la obligación cívica de un juez de facilitar la publicidad de los actos judiciales.

Esto es ratificado a partir de la opinión recabada en la entrevista con el camarista Pedro Soria, cuando señaló que "quienes componíamos el Tribunal, tanto la doctora (María) Roscentock como el doctor (Eduardo) Hortel somos partidarios de la publicidad máxima de los actos judiciales.  Esto que quede claro. Uno de los principios básicos del sistema republicano es la publicidad de los actos de gobierno. Dentro de los actos de gobierno están los actos del Poder Judicial que deben ser públicos en la medida en que no se perjudiquen los actos procesales"

Soria sostuvo que "excepcionalmente los actos deben ser reservados, pues, por principio, deben ser públicos y una de las condiciones para que la sociedad sepa como juzgan sus jueces es que los conozcan y valoren si son probos y aptos"

La posición de Soria respecto de una vocación por permitir la mayor publicidad de los actos judiciales es abonada por el juez Hortel cuando indicó que "en principio todos los juicios deben transmitirse, hemos excedido ya el principio de publicidad que está en el origen del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno y los actos del poder judicial son actos de gobierno"

"La publicidad -agregó- es de naturaleza del sistema de gobierno. Entonces pensamos que tenemos que exceder ya lo que se entendía antes que pasaba con que cuarenta personas se sentaran en una sala de audiencias y entonces era pública por ello. Hay juicios de mucha importancia en que la gente quiere saber de que se trata"

Respecto de aquellos que sostienen que la publicidad se agota con el público presente en la Sala, Hortel aseveró que "me parece que eso ya está perimido" y que "por la misma esencia de la publicidad, todos quieren saber que pasa".

La doctora Roscentock también ratificó su opinión favorable a la difusión del juicio oral citado en función de cumplir con  el principio de la publicidad de los actos judiciales cuando afirmó que "resulta conveniente alentar las transmisiones televisivas como una forma ampliada de control por parte de los ciudadanos y una contribución a la cultura jurídica de la población".

Sin embargo otro pensamiento lleva a manifestar una disidencia parcial, cuando expresó que "no creo que pueda hablarse de un "derecho" de oyentes y televidentes a presenciar o escuchar los juicios,porque no surge de la Ley Procesal ni de ninguna otra norma. Tampoco me parecería acertado que se estableciera el aludido "derecho" porque sería de imposible cumplimiento; basta imaginar la cantidad de juicios orales que se realizan en el país simultáneamente, sin hablar de los costos astronómicos que demandaría"   Tal disidencia, cabe aclarar se produce con respecto a la naturaleza del derecho a la información que como señalaron otros especialistas (Fayt, Loretti, por ejemplo) su titularidad pertenece al público receptor de los medios[31].

Más allá de esta última disidencia parcial, la postura u opinión de los tres magistrados favorable a la difusión a través de los medios de comunicación como parte de la satisfacción del principio de publicidad de los actos judiciales, explica tan sólo en parte una predisposición -que aparece como una condición necesaria, aunque no suficiente-, dado que  se sumarán otros elementos que también tuvieron una influencia positiva e indistinta en el logro del consenso como en la máxima difusión del juicio.   Los magistrados tuvieron ante si otos elementos que facilitaron ese objetivo, como se verá más adelante.

Pero antes también conviene saber que grado de disposición al diálogo con los magistrados hubo de parte de los periodistas que participaron en la cobertura del proceso oral, al menos, de los convocados  para este análisis.

Aparece como oportuno traer los conceptos vertidos por el periodista Marcelo Clausel del canal de cable Crónica TV.

Clausel admitió que para facilitar su tarea -y supone que otros colegas también tienen la misma opinión - hay una suerte de necesidad previa de reglas ante un hecho considerado resonante que, se sabia de antemano iba a convocar a un gran número de medios y periodistas.

Clauseldio a entender que esta postura no sólo la adoptó para el caso Barreda, sino en general , y prefirió citar un ejemplo al respecto:"si a mi un juez me dice: "vos no podés hacer notas cuando comienza el juicio, pero cuando termina la audiencia dentro del recinto te podés manejar tranquilamente, y podés hablar con nosotros, no me molesta"    De lo contrario sería un desorden el juicio, cada uno habla a su tiempo y saldría al aire en cualquier momento".

Por su parte la periodista de Radio Provincia, Marcela Castrogiovanni, cubrió sólo algunas instancias del juicio y no participó del diálogo previo, pero también a través de sus opiniones demostró ser alguien con buena vocación para la relación y el diálogo, circunstancia que alimenta la idea o la sensación de una relación en buenos términos entre jueces y periodistas.

Castrogiovanni sostuvo que su pensamiento sobre los magistrados "en su mayoría es bueno" y que "yo concuerdo con eso de que ellos hablan a través de sus sentencias, pero como periodista creo que deben explicar los alcances de algunos fallos para evitar interpretaciones erróneas"

Coincidió con la necesidad de incluir al periodismo como elemento favorecedor de la publicidad de los actos judiciales, pero también aclaró que "los medios no deben reemplazar a la justicia.Lenta, algunas veces corrupta o muy blanda como opinan algunos, ésta es la Justicia que tenemos y debemos bregar para que se cumplan las leyes" . Nuevamente, al igual que Clausel se percibe de su discurso el respeto a la Institución judicial.

Alfredo Oleaga , de la agencia Telam, a diferencia de Castrogiovanni, participó y fue testigo de las deliberaciones previas al juicio Barreda y su testimonio podría sustentar también la buena predisposición al diálogo, a partir de un pensamiento favorable de parte de los periodistas.

Oleaga, al igual que Clauseltiene el pensamiento favorable a la necesidad de reglas para la difusión, algo que ya estaba en mente de los magistrados de la Sala I y en ese sentido fue tan escueto como contundente en su respuesta cuando dijo:"seguramente que sí" a la pregunta sobre si creía necesario que se impartan reglas equitativas para la actividad periodística.

Navarrete, del diario Hoy en la Noticia de La Plata, aportó quizá elementos que no solo añaden argumentos favorables a una buena predisposición y relación, sino que también alude con que tipo de jueces se siente más cómodo en su labor y en ese sentido aseveró que "son muy pocos los magistrados que todavía resisten en afirmar “yo solo hablo por las sentencias” mientras se mantienen sentados en sus oscuros despachos"y que "la experiencia me ha demostrado que esos magistrados que aparecen como formales, serios y solemnes son los que mas atención hay que prestarles. Terminan siendo los de menor producción en materia de sentencias, los de más casos archivados o sobreseídos y menor cantidad de hechos esclarecidos".

Justamente, Navarrete graficó la antítesis de la idiosincrasia de los tres jueces que intervinieron en el caso Barreda. Esto, a partir de las citas de sus opiniones sobre lo que debe ser la relación de la justicia con el periodismo.En este caso los jueces del caso Barreda rompieron el protocolo y hablaron no sólo por sus sentencias, sino que se apartaron del tradicional estilo judicial y armaron un "taller ad-hoc"con los propios periodistas para establecer un ámbito favorable a la labor judicial y laperiodística.

Hasta el momento sólo se exponen opiniones que manifiestan una predisposición positiva hacia el diálogo entre jueces y periodistas. Nos habla de una posible predisposición a la "bilateralidad".

Pero otros elementos, sumados a los anteriormente citados, nos permitirán indagar sobre un diálogo con posibilidad de un consenso final y en un esquema de máxima difusión, con el libre ejercicio del derecho a la información.

No basta en este análisis señalar sólo que hubo una predisposición, sino saber también en qué términos.

Los magistrados, y parece natural que así sea, piden que los periodistas realicen su labor en tanto no se afecten normas procesales o legales, lo que comúnmente se conoce como "debido proceso".

Al respectoel camarista Soria señaló que siempre es necesario adoptar "ciertas precauciones para que la publicidad no distorsione todo lo que es la esencia de la investigación judicial. Esto es clave, hay que tener experiencia y hay que saber adecuarlo: No se puede hacer un juicio oral con difusión si afectamos la decisión judicial. En todo caso hay que tomar los recaudos”.

Sobre el casoBarreda sostuvo que "a nosotros se nos advirtió muchas veces con que esto podría traer complicaciones, pero tomamos todos los recaudos para que no las hubiera y nos fue bien".

Soria interpretó que "el principio general es la publicidad y si se limita tiene que ser por auto fundado, como cuestiones de honor o que hagan a la intimidad de las personas. En fin hay algunos casos que, demostrada la afectación, pueden ser razonablemente excluidos los medios de difusión".

Hortel también manifestó cierta coincidencia en el sentido de que el límite a la mayor difusión está en el respeto al debido proceso, aunque esto puede tener ciertas interpretaciones que hagan que un juez sea más flexible que el otro.

El mencionado Juez recordó que "en general habíamos recomendado que no era conveniente entrevistar a testigos. En principio no podíamos decir que había un agravio legítimo por el hecho de que se entrevistara a un testigo que había declarado, por que en principio declaró y no vuelve a declarar.El problema principal es el que resulta que de pronto los testigos generalmente están en antesalas para que no se enteren de lo que dicen los testigos que han declarado"

El magistrado sostuvo que "en juicios como el de Barreda y como tantos otros, y que duran muchos días, el que declaró hoy está poniendo en conocimiento de lo que declaró a los testigos que declaran después. En ese sentido como no se desarrollaba todo el juicio en el mismo día no podíamos mantener a los testigos en la antesala y esto fue señalado como algo que fuera perjudicial."

No obstante, Hortel también demostró cierta flexibilidad en torno de este particular cuando señaló que la difusión de prueba testimonial en directo "es perjudicial desde el punto de vista formal, pero no real.Por que todos los que declaran el primer día aunque no lo puedan escuchar los demás testigos, siempre la parte interesada le va a hacer saber a los testigos lo que se declaró. Eso es imposible de controlar.Los abogados de cada una de las partes que tratan de defender el interés siempre se ocupan de lo que tengan que saber si le conviene a la parte los testigos van a saber como otro declaró. Por eso el perjuicio es más formal que real."

Igualmente, esta situación la combinó con otra cuestión referente a la peculiaridad que tuvo el caso Barreda en cuanto a la influencia que tenía la prueba testimonial durante el debate, elemento que se verá más adelante.

La presencia de periodistas con un similar criterio alentó la posibilidad de un acuerdo en la relación entre magistrados y periodistas.La opinión de Castrogiovanni en ese sentido, aumenta la posibilidad de que haya ocurrido así, cuando sostuvo que "no me opongo a la televisación en directo de los juicios siempre y cuando no complique la situación de los acusados. Es decir que por el hecho de que se televise, el público puede llegar a acusar a alguien que finalmente pueda resultar absuelto o con una condena menor. Con los límites que deban ponerse como las garantías para los testigos o que se eviten los falsos testimonios, creo que pueden y deben televisarse. es una forma de acercar más la justicia a la gente".

Sin embargo aludió a que no siempre se respetaron derechos en la transmisión del juicio, sobre todo cuando advirtió: "la forma en que fue maltratado por los medios el señor Barreda. Recuerdo que en la lectura del fallo para algunos medios se trataba de un partido de fútbol. Para ver qué juez desempataba. También recuerdo el final cuando algunos lo querían hacer hablar o directamente le pasaban por arriba con tal de lograr un testimonio.

Navarrete también demostró una postura de respeto hacia los principios legales y procesales, cuando afirmó que "por supuesto, no estoy de acuerdo que se televisen juicios donde esté en peligro la intimidad y la integridad de la personas, en particular, en delitos de instancia privada.

"Otro de los cuestionamientos a los que se alude en este sentido, está referido a la necesidad de que los testigos que están en espera para declarar no escuchen las declaraciones de los otros", pero también aportó una propuesta cuando indicó que "muchos tribunales ya han resuelto ese punto. Y lo hicieronorganizando las listas de testigos.Por ejemplo, los presenciales o directos testimonian en primer lugar, luego los policías e instructores judiciales y finalmente los peritos".

Oleaga, de la agencia Telam relató que su trabajo consiste, en relación con los juicios orales, en "cubrir las alternativas importantes del juicio y estar muy atentos a ellas", ya que por su condición de periodista de agencia de noticias debe "mandar adelantos o boletines de declaraciones de personas o sobre alternativas consideradas importantes."

En ese sentido, el envío de un boletín a los medios con declaraciones de un testigo alentaría a los demás, afectándose con ello el debido proceso.No obstante, en este juicio, no se calificó como muy importante la prueba testimonial, con lo cual la labor de agencia no influyó negativamente, pero sí demuestra que hubo un mayor desequilibrio a favor de la información.

Lo explicado por Oleaga refiere a como es su modalidad de trabajo durante todos los juicios y ese dato debió ser tenido en cuenta a la hora del "taller previo".O en todo caso no lo vieron prioritario. De hecho, la labor de agencias (y radios) no fue mencionada durante ninguna de lasentrevistas con los tres magistrados.

Con la prensa gráfica, tampoco se consideró prioritario el tema de entrevistas a testigos, tarea que fue remarcada como importante en su cobertura por el periodista del diario Hoy, Javier Navarrete.

Con estos elementos y si se sigue una modalidad lineal, es entonces importante avanzar sobre como se logró el consenso entre jueces y periodistas para lograr una difusión ordenada.

Para esto los jueces tenían ciertas experiencias y opiniones y hasta pautas que, según creyeron necesario, había que cotejarlas con las necesidades de los medios periodísticos en cuanto a su cobertura.

Cuando se habla de pautas, se cita a las que surgen, precisamente del pensamiento de los magistrados acerca de lo que debe ser un formato periodístico con respecto a la difusión de actos judiciales.En ese sentido, los magistrados disienten con lo que perciben, vale señalar, en la mayoría de los medios al respecto.

El camarista Pedro Soria así pareció confirmarlo cuando dijo que " había que cuidar que la información no sea motivo de una distorsión del sistema de informarse. Por ejemplo las precauciones que tomó el tribunal: la primera que no se exacerbara la morbosidad de los hechos, de mostrar caras y que sólo se limitaran a la publicidad del acto y no a lo truculento.  Se acordó con todos los medios de difusión que la publicidad era lo prioritario, que lo restante iba a ser tomado como una información hacia los medios periodísticos".

Otro pensamiento expuesto por Soria ilustró mejor el objetivo que se pretendió con la difusión del caso Barreda cuando indicó que "yo asimilo esto a una sala de cirugía donde se está haciendo una operación.  Bueno una cámara filma la operación pero no vamos a molestar al cirujano ni a las personas que están auxiliando al cirujano por que se podría perturbar la atención del paciente."

La doctora Roscentock reafirmó aquelmensaje dado por la sala hacia los medios, sobre todo a los televisivos,en aquel "taller previo"cuando dijo que "se comenzó por recordar algo obvio, pero que lamentablemente no todos tienen presente al realizar el trabajo televisivo: Que se trataba de un juicio penal oral público, no de un espectáculo y que por lo tanto el juicio no iba a ser organizado en función de su transmisión sino en función de sus necesidades específicas y de las normas legales que lo rigen".

"Quienes trabajamos tanto tiempo en el Poder Judicial  -añadió Roscentock-,hemos visto que muchas veces la crónica periodística se limita a los aspectos más espectaculares, atemorizantes o macabros de un delito (prensa amarilla) y otras veces se interna en cuestiones procesales sin ningún conocimiento. Creo que, en este tema, no se puede informar seriamente si no se conocen las reglas legales que deben seguirse en el proceso; esto permitiría al periodista cuestionar con fundamentos ciertas resoluciones o actitudes y aún analizar las sentencias".

Pero el tema de la espectacularidad en la difusión del juicio o lo que muchos denominan "show" fue uno de los puntos de la necesidad de entendimiento entre magistrados y periodistas para alcanzar el consenso.

Cierto es que, con el esquema de cobertura planteado por muchos medios, los magistrados no contaban con un importante aval para acercarse a su ideal de difusión.

Tras su ejemplo, Soria volvió al caso en particularyafirmó que "nosotros no queríamos ni movimientos de cámaras ni de camarógrafos, porque cuando hay momentos de concentración de un imputado o de un testigo o de otras personas que deponen, si vemos que simultáneamente hay filmaciones y cámaras que se acercan o se alejan, o flashes, puede alterar la espontaneidad del testimonio y puede producir una modificación o alteración en la esencia de lo que uno quiere obtener"

Por caso, es importante señalar que algunos periodistas no perciben que esa forma de espectacularidad deba influir en el proceso en sí. Uno de los exponentes de ese pensamiento es justamente el periodista televisivo Marcelo Clausel.

Clausel ante este planteo se preguntó : "¿Qué puede impactar a al juez o al televidente que una persona esté llorando o que Barreda esté con las manos en su cara?.O que algún familiar de la víctima quiera pegarle al acusado.Para mi no influye, e incluso periodísticamente es mejor". 

No se puede confirmar si seguramente hubo muchos periodistas con la visión de Clausel, aunque la observación de los modos televisivos de cobertura alientan esa posibilidad.

Como dato descriptivo vale señalar que hubo un claro ejemploque en referencia a que el temor de los magistrados tenía algún grado de sustento.

Tanto Soria como Hortel relataron, en ese sentido, que durante la declaración del imputado, a éste, mientras recordaba a sus hijas se le había escapado una lágrima, dato que fue alentador para alterar el silencio de la sala de audiencia en una convocatoria implícita a camarógrafos y periodistas para tratar de dar el anticipo o lograr un primer plano.

Como dato complementario -y también vinculado al desarrollo del juicio- el defensor Irisarri indicó que la mayor difusión afectó derechos básicos, indicando al respecto que "tuvimos que pasar malos momentos ante periodistas incultos y sensacionalistas que hacían gala de un desconocimiento soberano de los principios elementales que deben animar a un juicio penal, tales como el principio de la inocencia, el derecho a la defensa en juicio, el derecho a un debido proceso legal, el derecho al ofrecimiento probatorio, el derecho a ser defendido por un abogado, el derecho del abogado a trabajar y a defender, el derecho sagrado del abogado de responder a sus concepciones interiores para asumir causas penales y sobrellevar el problema ético sin rendir cuentas a nadie, el derecho a guardar el secreto profesional, etc.Ni hablar de tópicos de la dogmática penal como la inimputabilidad: un verdadero jeroglífico para la mayoría del periodismo".

Y cuando se habla de posible "alteración" a través de la difusión, esa cuestión fue muy tenida en cuenta, no solo por el sentido común como es el de mantener silencio y orden en un lugar donde se desarrolla un juicio, sino por el efecto que tales alteraciones pueden producir en la concentración de los jueces, testigos y partes.Esto se encuentra conceptualizado en los magistrados como "la buena marcha del debate", cuya preservación fue otro de los puntos para consensuar una modalidad de cobertura.

Soria lo explicó de esta manera: "nosotros no queríamos ni movimientos de cámaras ni de camarógrafos, porque cuando hay momentos de concentración de un imputado o de un testigo o de otras personas que deponen, si vemos que simultáneamente hay filmaciones y cámaras que se acercan o se alejan, o flashes, puede alterar la espontaneidad del testimonio y puede producir una modificación o alteración en la esencia de lo que uno quiere obtener".

La ex jueza Roscentock (retirada de la actividad) ratificó que como la cobertura televisiva "como se trataba de algo novedoso, debía ser cuidadosamente reglada para que no interfiriera en el trabajo del Tribunal ni en el de las partes o perturbara las declaraciones testimoniales o indagatoria"

Hortel además de coincidir con sus ex colegas (al tiempo de ser entrevistado se desempeñaba como camarista en el Tribunal de casación Penal bonaerense) fue mas allá con lo que debe ser la valoración de la "buena marcha del debate" cuando interpretó que su respeto es equiparable al que deben tener por caso los derechos personalísimos amparados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales sobre derechos humanos.

Hasta el momento, el primer dato que surge tras este relato es el de la preocupación de los magistrados por la participación de los medios televisivosy no tanto por los gráficos.No era un dato menor, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de la primer difusión televisiva en directo desde una sala de audiencias.

Cabe agregar al respecto que en el año 1995 los argentinos eran testigos de un importante desarrollo en cuanto a aparición de nuevos medios, sumado al importante desarrollo de algunos de ellos. 

En ese sentido la televisión por cable dejaba de ser algo incipiente para convertirse en una realidad palpable.Como ejemplo, vale señalar que para 1995 hacia cerca de dos años que ya había aparecido el canal Todo Noticias del grupo Clarín, unos años antes Cablevisión -aunque obtuvo un gran desarrollo por ese año con el grupo Eurnekian- y aparecía como fuerte competidor el canal de cable Crónica. Todos estos canales, en función de la mayor competencia para captación de noticias, tenían por entonces una gran estructura que les permitía instalar móviles en directo con mucha facilidad en cualquier punto del país.

Entonces, la irrupción de la televisión por cable no era un dato menor y que los magistrados vieron entonces que su dilema prioritario era determinar la manera garantizar, con buenos resultados, la primera televisación en directo de un juicio oral.

Si bien no había una subestimación hacia otros medios, por caso gráficos, había cierta tranquilidad al respecto, por el conocimiento que tenían los magistrados acerca de cómo era el desempeño de los periodistas de ese tipo de medios. Igualmente y en lo que hace a "la buena marcha del debate" preocupaban más los fotógrafos que los periodistas de diarios, que suelen durante las audiencias tener un rol más pasivo con el registro escrito de citas textuales o datos descriptivos.

Para tratar de resolver la difusión en directo por televisión (el elemento que iba a configurar el esquema de máxima difusión) los magistrados se valieron de experiencias previas.

Vale citar que los jueces percibieron que en un programa de televisión de esa época estaba el modelo periodístico que coincidía en gran parte con su visión de lo que debía hacerse en materia de difusión de juicios.

Esto ocurrió con el programa de televisión "justicia para todos" emitido en esa época para Canal 13, conducido por la periodista María Laura Santillán y hoy fuera de pantalla -       Ya se habían registrado dos o tres experiencias de difusión con ese programa de determinados juicios sustanciados en la cámara penal y el saldo al parecer había sido favorable y satisfactorio.

Más allá de ciertos ribetes inevitables de espectacularidad televisiva, los magistrados consideraron a "Justicia para todos" tal vez como el "parámetro ideal" según para la publicidad más allá de la sala de audiencias.

Según las consultas y las entrevistas realizadas; la idea primitiva con respecto al juicio Barreda fue la de monopolizar todo en "Justicia para todos" y que luego los demás canales que quisieran cubrir el juicio lo hicieran "en duplex" tomando esas imágenes.

Hortel reseñó de esta manera esa instancia:  "Nosotros habíamos tenido dos o tres experiencias con la periodista María Laura Santillánque tenía una audición que tenía bastante bien y que salía fidedignamente y entonces habíamos pensado en que ella hiciera la transmisión. Pensamos en que hubiera un solo móvil en el exterior del programa de Santillán y que de allí se conectaran todos los demás para que emitieran todos directamente".

Pero el mismo magistrado entrevistado, admitió que hubo algunas posturas contrarias desde el mundo periodístico televisivo, sobre todo de canales competidores, por que, según suponían, no se iban a adaptar las pautas de cobertura de ese programa a las necesidades de las demás estaciones televisivas.

Esto fue corroborado por el periodista Clausel, cuando afirmó que "en principio, fue un poco complicada, por el tema de las audiencias mismas ypor que querían darle la exclusividad para la transmisión en directo a un solo programa (Justicia para Todos) hasta que los medios hicieron la presión que correspondía para que se pudiera transmitir para todos por igual".

En cuanto a las objeciones, Hortel admitió que "hubo algunas oposiciones por que los planos y las visiones que de pronto podía tomar María Laura Santillán eran distintos de otras emisoras que tenían otro interés y otras finalidades.Al final establecimos un conjunto de reglas a las cuales los periodistas y que filmaban tenían que someterse y convinimos en que si no había ningún inconveniente podían subir cámaras al estrado, por supuesto que abajo había diez o veinte más"

El punto central que destrabó el consenso fue que los magistrados en realidad hicieron una combinación entre su deseo de otorgarle a "Justicia para Todos" la responsabilidad en el "montaje" de la cobertura televisiva, permitiéndole a los demás canales que tuvieran en la sala cámaras adicionales para que registraran las tomas de acuerdo con sus propias pautas de estilo.

Así lo detalló, minuciosamente, el periodista Javier Navarrete, quien pese a pertenecer al género gráfico, estuvo presente en aquellas deliberaciones: "Hortel consideró adecuado el tratamiento de ese programa (de hecho, fue uno de los primeros en transmitir -editados- juicios orales con formato y género televisivo). Incluso, ya habían filmado debates anteriores de la Sala I de La Plata; "Y ante la imposibilidad de que estuvieran presentes dentro de la sala todas las cámaras, trípodes, micrófonos y cables de todos los canales de aire y cable, Hortel propuso que la producción de ese programa se hiciera cargo de la transmisión".

"Luego -prosiguió Navarrete- se realizó un debate entre los técnicos presentes en esa reunión. Se acordó que la producción de Justicia Para Todos montara las cámaras tal como si fuera un estudio de televisión. En el fondo de la sala de audiencias habría dos cámaras para los planos generales largos, las tomas de ubicación,reubicación y establecimiento.

"Sobre el estrado, se dispondrían una en cada lateral, y una a espaldas de los jueces, que permitieran registrarlas declaraciones y los gestos de los testigos, sentados precisamente, frente al tribunal", precisó el periodista consultado.

Navarrete añadió más detalles respecto de esta modalidad al señalar que "así finalmente se dispuso el sistema básico multicámaras conectado a un switcher de control (mezclador de registros de cámaras) ubicado en un móvil de exteriores fuera del edificio de tribunales ".

Y aquí se llega, según el periodista del diario Hoy al punto central en cuanto al consenso logrado: "si no hubo objeciones en aquella reunión inicial entre periodistas y jueces fue porque la propuesta contenía otra particularidad: Por cada medio se podía instalar una cámara adicional, además de las permitidas a canal 13." Y que "de ese modo, todos tendrían las mismas secuencias narrativas-audiovisuales del juicio, pero con la posibilidad de registrar un punto de vista o una toma particular con la cámara propia".

No es accesorio tampoco exponer como se describió este proceso de consenso a través de la visión de dos periodistas que también estudiaron aspectos de la televisación del caso Barreda:
            En ese sentido, Sibila Camps y Luis Pazos en su libro Justicia y Televisión señalaron que los jueces "tuvieron en cuenta los datos del "mercado" es decir de la gran cantidad de canales de TV ávidos por obtener registros de ese juicio - y en función de eso ordenaron la mayor disponibilidad de espacio para las cámaras televisivas, para que cada empresa periodística pudiera hacer su propia producción"[32]

Según lo relevado, surgieron otras cuestiones que ejercieron, por así decirlo, como condicionantes para que los jueces se volcaran hacia un esquema en el cual prevaleciera el derecho a la información.  

No es correcto decir que los magistrados quisieron perjudicar el debido proceso, aunque si puede admitirse que se vio afectado como una consecuencia del derecho de informar.

En primer termino vale decir que hubo alguna curiosidad o necesidad mayor por parte de la opinión pública, que ya conocía al detalle las instancias del caso desde 1992 en que ocurrió el filicidio.

A esto se le sumó un juicio paralelo que ya estaba transcurriendo en la sociedad platense y nacional acerca de si Barreda debía o no ser considerado imputable de sus delitos. En ese debate participaba desde el más lego hasta el más reconocido jurista en distintos ámbitos informales.

Esto fue alimentado por distintas coberturas previas a la instancia oral, como por ejemplo una entrevista realizada por el diario platense El Día en la cual el imputado refería que volvería a cometer el mismo delito.

Esa presión para satisfacer la necesidad informativa no se observaba sólo en la requisitoria periodística sino desde la gente que recibía las noticias a diario sobre el caso.

Castrogiovanni alentó esa hipótesis cuando señaló que " creo que incidió mucho la presión social" y Clausel, por su parte graficó que el caso Barreda "fue un hecho resonante" al que no estaba ajeno el público receptor de los medios.

La presión por la necesidad informativa fue alertada por el juez Soria cuando recordó que "el caso había llamado mucho la atención pública y también de los medios y en consecuencia era un caso que no debía resolverse sino a través de una difusión total a toda la comunidad.

No sólo a través de declaraciones se corroboró esta presión informativa.Por ejemplo la requisitoria periodística se hizo sentir con evidencia, desde el momento que hubo un centenar de acreditaciones previas a la cobertura del juicio, de distintos tipos de medios de comunicación.   Ese dato, por caso, sumado al interés del público que quería presenciar directamente el proceso llevó a los jueces a ampliar la capacidad de la sala y a habilitar las cuatro primeras filas, específicamente para los hombres de prensa.

Pero la presión del público no explicará suficientemente el resultado de un esquema liberal de difusión, sino también ciertas peculiaridades que tuvo el juicio.Algo así como una ventaja comparativa que tenía sobre otros procesos orales.

Es la cuestión relacionada con sus características en cuanto al objeto que trataba de ventilarse durante las audiencias y que estaba referido si el autor del hecho, era o no comprensivo de sus actos criminales.

Al decir del camarista Hortel, este punto tuvo gran influencia y sobre este aspecto dijo que " era un juicio ideal para transmitir por televisión el de Barreda por que no se discutía la autoría" y que ".no todos los juicios se pueden transmitir. Hay juicios donde se está discutiendo la autoría y puede haber perjuicios para alguna de las partes por el hecho de que se transmita por televisión.El de Barreda era ideal para transmitir por televisión".

Soria corroroboró lo expuesto por su ex colega de la Sala:"en el caso Barreda la discusión no estaba estructurada sobre la autoría dado que estaba reconocida y demostrada. La discusión era sobreun supuesto estado de inimputabilidad o comprensión de criminalidad del acto y dirección de sus acciones. Entonces el punto central era la disputa sobre lo que puede llegar a hacer un estado de imputabilidad"

Por su parte Navarrete también tomó de la  misma manera la influencia de la característica del juicio cuando dijo que"el juicio de Barreda parecía situarse más en el terreno científico. Estaba en los libros. Y solo debía ser explicado por losexpertos. El delirio reivindicativo, la inimputabibilidad, el comprender -o no- la criminalidad de los actos, el dirigir de las acciones. Como se dice siempre en los tribunales: media biblioteca en un sentido; media en el otro"

En similar sentido, Oleagasostuvo que "portratarse de un asesino confeso las expectativas generales no fueron las mismas que para el caso Brú y en consecuencia el juicio del odontólogo se benefició con la flexibilización de las condiciones de cobertura"
            La característica de un juicio que hizo flexible la difusión es también indicada por algunos medios, por ejemplo, en las páginas del diario El Día de tiempos coincidentes con ese proceso, se señalaba que durante el juicio oral a Barreda habría discusión entre expertos y ya citaba a que argumentos recurriría la defensa para explicar que su asistido era inimputable, con lo cual se señalaba que no iba a entrar en discusión la autoría del hecho.

También influyó en la máxima difusión y sin restricciones, el hecho de que las partes, tanto fiscalía como defensa no hayan reclamado límites o hubiera amenazado con presentar recursos de nulidad debido a una amplia difusión.

De hecho el fiscal del juicio, Dr. Héctor Vogliolo manifestó su preocupación por la no alteración de la buena marcha del debate y al respecto dijo que "entiendo que en muchas situaciones, el modo en que la prensa se comporta ante la realización de un juicio oral puede llegar a molestar a cualquiera de los profesionales intervinientes. Pero reitero, los magistrados deben dejar de lado las “cuestiones pasionales” (animadversión a la prensa, por ejemplo) y resolver en forma imparcial, que es la única forma de hacer justicia"

El defensor Irisarri, porsu partedijo que la cuestión de la difusión fue relacionada con decisiones que adoptó el Tribunal y expresó que "no hubo coordinación alguna de nuestra parte.  Accedimos a todos y cada uno de los requerimientos de la prensa sin distinción.".

"Pienso que la grabación y filmación de los juicios, así como su reproducción masiva en directo no está prohibida "per se" por nuestro Derecho"dijo Irisarri en su entrevista, quien agregó que "considero que la transmisión en directo -con los recaudos que la misma impone para que no se desvíe interesadamente la producción probatoria, ni se anule la posibilidad de contralor, ni se atente contra el contenido de verdad real que como desideratum busca la prueba-debe permitirse, en tanto "no afecte el derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial. De todos modos criticó y con mucha dureza la forma en que la prensa en general cubre los juicios orales de mayor trascendencia para la opinión pública.

Tras la exposición de los variados argumentos que explican por que en la difusión del juicio oral al imputado Ricardo Barreda hubo un modelo de relación de consenso entre jueces y periodistas y desequilibrio a favor del derecho a la información, vale reseñar los principales elementos detectados.

En ese sentido, hubo una predisposición al diálogo por parte de jueces y periodistas, basado en un pensamiento positivo recíproco.Asimismo, hubo pautas claras de parte de los magistradossobre la base de las cuales alcanzar ese consenso.

Esas pautas estuvieron basadas en el respeto al debido proceso, la buena marcha del debate y un formato de transmisión que no alcanzara excesivos ribetes de espectacularidad.

Pero también hubo comprensión de ciertas inquietudes remarcadas por los periodistas, sobre todo de quienes pertenecían a canales de televisión, cuando señalaron que había que respetar las pautas de estilo de cada uno de los canales y que era perjudicial la transmisión "en duplex" con las imágenes producidas por un programa en particular.

En cuanto a un esquema de mayor respeto al derecho a la información, la presión del público y la sociedaden demanda de mayor cobertura por parte de los medios, condicionando a los jueces a buscar la mejor forma de canalizar esa inquietud.

A su vez, al no estar en discusión la autoría del hecho y reducirse la importancia de la prueba testimonial hizo, del juicio a Ricardo Barreda, un caso con características especiales para permitir la difusión en directo.No hubo que tomar mayores decisiones debido a que los testigos no hablarían sobre la autoría, precisamente uno de los datos que siempre lleva a limitar la transmisión de los procesos orales.

Como complemento, y que no es un dato menor, las partes dejaron actuar libremente al tribunal en la reglamentación de la difusión y en ningún momento opusieron reparos a la forma en que se había decidido la cobertura periodística.

 

Juicio oral a los imputados por el homicidio de José Luis Cabezas

Con el proceso oral seguido a imputados del homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas, se advierte una vinculación con el modelo de relación de consenso entre jueces y periodistas con desequilibrio a favor del derecho a la información y en detrimento del debido proceso.

Hay una serie de factores concurrentes que así lo explican.Pero también se registra incidencia a partir de los antecedentes de lo que constituyó un caso paradigmático desde su inicio en la instrucción sumarial.

Estos antecedentes dotaron e incrementaron su nivel de trascendencia y se iniciaron en la madrugada misma del 25 de enero de 1997 en que se conoció el crimen del reportero gráfico de la revista Noticias, estremeciéndose toda la comunidad periodística y política del país.

Su muerte, producida en el marco de un secuestro a la salida de una fiesta de ricos y famosos en la localidad bonaerense de Pinamar, la ejecución mediante arma de fuego, el incendio del auto en el cual se encontraba la víctima para despejar evidencias, y su cuerpo esposado, fue lo más brutal en cuanto a conocimiento de una agresión contra la prensa, desde el advenimiento de la democracia en 1983.

A tal punto se midió la dimensión de los hechos que desde la comunidad de los trabajadores de prensa (incluyendo sindicatos de prensa y de fotógrafos por citar algunos casos) hasta el empresariado de medios de comunicación, se denunció que el sistema democrático "estaba en peligro" por haberse violentado uno de sus pilares básicos como es la libertad de informar.

No es objeto específico de este trabajo analizar como se desarrolló la etapa sumarial de este caso, que no obstante permitirá, a través de un ligero análisis determinar la raíz del conflicto entre la prensa y el poder político en general -incluyendo a la Justicia, claro está.

El horrendo crimen despertó reacciones de la comunidad de la prensa y de la editorial Perfil (propietaria de la revista Noticias) que reclamó una investigación ágil al entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y, por supuesto, a la justicia penal con asiento en Dolores, jurisdicción a la que pertenece la localidad de Pinamar.

Hubo un conflicto inicial con la Justicia -que es motivo de nuestra atención- que se inició con un amplio debate sobre si el crimen correspondía o no al fuero ordinario penal, registrándose fuertes presiones para que todo sea analizado por un juez federal, intentando apartar del caso a la justicia ordinaria de Dolores.

Como un hecho simultáneo a ese debate se registraron fuertes críticas al juez de instrucción, José Luis Macchi a quien gran parte de los medios de comunicación porteños caracterizaron como alguien que no estaba a la altura de la instrucción de un caso testigo de ataque contra la libertad de prensa.  

A tanto llegó la presión que abundaron afirmaciones de grueso calibre respecto de ciertas diligencias del magistrado, por ejemplo cuando intentó investigar sobre la vida privada del reportero o sus cuentas bancarias, induciendo desde entonces, los sindicatos periodísticos, a indagar hacia personas del accionar político que pudieron haber sido "molestados" por los flashes de José Luis Cabezas.

En tanto, la revista Noticias, aportaba determinadas pistas y con la denuncia de cómo la impunidad avanzaba sobre la necesidad de esclarecimiento rápido. Es decir no se conseguían datos sobre los culpables. Esto es, en los primeros meses de 1997.

Se advirtieron muchas pistas y hasta detenciones -como el caso de la banda denominada de "los pepitos"[33], luego liberados por falta de mérito.

Esta breve introducción sirve a los efectos de señalar que el conflicto entre la prensa y la justicia en el caso cabezas se mantuvo con fuerza desde el inicio de la etapa sumarial y siguió hasta configurarse una relación de no agresión y de posterior consensodurante la etapa del debate o del juicio oral.

Todo esto en el marco de una causa por demás compleja y con varios imputados[34].

Lo notable del caso es que se trata de un hecho curioso el asignar consenso a una relación entre jueces y periodistas donde sabido es, no hubo diálogo previo entre jueces y periodistas en torno a la modalidad de la difusión.

Pero hubo un “consenso implícito” dado que el tribunal autorizó la máxima difusión, con la posibilidad de transmitir en directo planteando sólo como límites el asegurar la buena marcha del debate.

Es importante primero determinar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esa suerte de consenso implícito, es decir sin diálogo y sin posteriores reclamos por parte del periodismo.

En primer lugar esas circunstancias surgieron de la forma de pensar que tuvo la cámara penal de Dolores que juzgó el caso, o , al menos, la mayoría de sus integrantes.

Cabe señalar que, en su entrevista, el juez Raúl Pedro Begué explicó que "a mí me tocó manejar el tema por ser el Presidente del Tribunal. Quienes me conocen saben de mi respeto por el periodismo.  Nunca se me hubiera ocurrido retacear información a un periodista ni tampoco molestar su labor.Pienso que, desde mi convicción, en la República no hay trámites secretos ni reservados al conocimiento del público.Por otra parte, para mí, todos los actos procesales sin excepción deben llegar al conocimiento del público y para ello es imprescindible la labor de la prensa".

"La mayoría, integrada por la Doctora (Susana) Yaltone y yo sostuvimos que había que otorgar la más amplia posibilidad de difusión y que se transmitiera en directo, tal cual lo habíamos manifestado respecto de juicios anteriores.Se revivió un debate que se venía dando tradicionalmente en la Cámara", dijo el magistrado.

La falta de diálogo previo, específicamente sobre la manera en que se iba a desarrollar la difusión, fue certificada por el periodista Sergio Cortiglia, quien cubrió el caso para Cablevisión Dolores, cuando señaló que "si bien no hubo un contacto directo con los magistrados pudimos desarrollar nuestra tarea con total normalidad".

La ausencia de diálogo o "taller previo" también fue confirmada por el periodista de la agencia Telam, Gustavo Scalcini, quien recordó que "no existió coordinación. El tribunal resolvió previamente que se autorizaba la presencia de dos camarógrafos en la sala para la transmisión en directo y los canales de noticias (Crónica, TN y América) arreglaron las guardias entre ellos. Es más, alegando falta de espacio sólo se permitió la presencia en el recinto de 10 cronistas. Nos arreglamos entre colegas".

Pero sería simplista señalar que "no hubo diálogo" entre jueces y periodistas sólo por que hubo una resolución unilateral a la hora de definir pautas de cobertura.

El diálogo existió en todo momento, aunque en otras circunstancias y modalidades, como también lo explicó el juez Begué (ahora jubilado en la actividad).

Begué sostuvo que "debemos distinguir dos etapas.En una primera etapa, donde la Cámara intervino como Tribunal de alzada por la Instrucción del juez doctor (José Luis ) Macchi, en este caso los periodistas se acercaban a la mesa de entradas y recababan la información de parte de los empleados.Posteriormente, esa relación se fue haciendo más fluida y obtuvieron varias entrevistas, fundamentalmente con la doctora Angulo que era la secretaria de la Cámara con la que tuvieron una excelente relación.También los periodistas, algunos, tuvieron entrevistas con algunos de los magistrados"

"Los magistrados -añadió Begué- procuraron siempre no aparecer efectuando declaraciones. Se hicieron manifestaciones "off the record".Hubo una comunicación que se fue haciendo excelente con el tiempo.Se respetaron los respectivos roles.Nosotros les dijimos lo que les podíamos decir y ellos a su vez respetaron nuestro anonimato."

No obstante Beguéaclaró que este método no resultó infalible dado que "no siempre se observó esto.En algún momento hubo alguna imprudencia de parte de algunos periodistas y fue lamentable por que era uno de los "amigos". Pero en general se observaron todos los controles".

Esta modalidad fue corroborada empíricamente en oportunidad de efectuarse, dos meses antes del juicio, una diligencia de reconstrucción en la vivienda que la imputada Belawsky posee en la localidad platense de City Bell.En dicha oportunidad, se pudo visualizar como el presidente del Tribunal, accedió a brindar información complementaria, siempre en la modalidad "off the record", es decir con grabadores y cámaras apagados.

El buen nivel de diálogo no sólo fue directo, sino también indirecto a través de personal de enlace entre la justicia y medios. Por ejemplo la citada secretaria u otros empleados del tribunal.

Respecto del diálogo, el periodista Eduardo Cerdá, que cubrió para el diario Compromiso de Dolores, dijo que "en cuanto a la relación y el diálogo  entre los periodistas y los magistrados, fue excelente”. Al punto que el tribunal, al cabo del juicio, emitió un comunicado destacando el comportamiento de la prensa y su vez los periodistas que cubrimos el caso, hicimos llegar al tribunal una nota de agradecimiento por la muy buena disposición puesta de manifiesto hacia la prensa".

En tanto, la periodista Miriam Di Marzio de L S 11 Radio Provincia afirmó que "yo mucho no viví el contacto con ellos.Los jueces estaban haciendo su trabajo y no nos molestaron.Los secretarios se acercaban a menudo a nuestro lugar de trabajo para ver si nos hacia falta algo, si le podíamos hacer alguna nota sobre algunos aspectos del juicio la hacíamos, no hubo problemas"

El mayor grado de disposición de parte de los magistrados se reflejó luego en la coordinación de la difusión del juicio.  En este caso el testigo de esa circunstancia fue el abogado defensor Fernando Burlando quien detallo al respecto que " (los jueces) no establecieron ningún tipo de límite.   Dispusieron la presencia exclusivamente de dos cámaras que a su vez iban a funcionar como emisoras para otras repetidoras o canales.  Pero uno iba a la sala y había infinidad de cámaras, de fotógrafos y la coordinación pasó todo por el orden, por el tratar de respetar los momentos culminantes del juicio oral, los silencios de los testigos"

Respecto de esta apertura que existió de parte de la Cámara de Dolores hacia la máxima publicidad y por ende hacia el derecho a la información, cabe analizar cual fue el grado de influencia que hubo desde las partes, sea por acción o por omisión.

Puede resaltarse que no hubo mayores planteos desde la fiscalía de juicio a cargo, entre otros, del doctor Luis Defelitto, quien también tiene una concepción similarla de Begué cuando dijo que en los procesos debe"primar el principio de oralidad y publicidad".

De resoluciones previas en la causa consultadas para este trabajo en la propia Cámara de Dolores, surge que, en la audiencia preliminar del artículo 338 del Código Procesal Penal, los jueces autorizaron también a varias de las partes a filmar, y , a la vez dejaron en claro que iban a ser los propios magistrados quienes resolvieran la cuestión de la cobertura periodística.

Sólo surge de las consultas efectuadas a la causa, un rechazo contra pedido de limitaciones en la difusión, que había presentado el abogado del imputado Gregorio Ríos, doctor Jorge Sandro.

Como una suerte de representación informal de la parte defensora en su conjunto (hubo varios letrados debido a la pluralidad de imputados), el abogado Fernando Burlando señaló en su momento que hubo algunos planteos más y que durante la audiencia preliminar citada "hubo reclamos" a los que él, en principio, había adherido, pero que no prosperaron.

En lo que hizo a su caso en particular Burlando dijo que no es reacio a la difusión dado que "a mí personalmente no me molesta estar siendo filmado o grabado y es un estímulo para estar más activo, más atento y para mostrarse aún más dentro del ámbito profesional.Esto no pasa por la cabeza de todos los abogados, que sienten quizá algún tipo de presión cuando una cámara está tomando su imagen personal"

Begué, respecto del reclamo de las partes, no recuerda que luego, durante el transcurso del juicio haya existido algún reclamo específico en torno de alguna instancia, por caso, prohibir la difusión de alguna declaración testimonial.

Al volver sobre la postura de las partes; es importante citar lo que señaló Burlando respecto de que entidad debe dársele a la difusión en directo.

Al respecto, señaló que "está previsto en el código penal que los testigos no conozcan lo que depusieron los anteriores ante los estrados.Es posible que un testigo ilustre al siguiente sobre los dichos de determinadas circunstancias, pero también esto tiene que ver con la forma en que se pregunta y la estrategia que adopta la defensa y eludir esa posible filtración.  Nosotros en el caso Cabezas no nos sentimos afectados como parte por la transmisión en directo".

En tanto, el periodista Scalcini opinó que la publicidad opera como una garantía pero como una suerte de obligación cívica de la Justicia y en esos términos dijo que "los juicios orales y públicos son como su nombre lo indica para que cualquier miembro de la sociedad acceda en forma directa a lo que está ocurriendo. La transmisión en directo garantiza ese derecho a la comunidad."

"Los juicios orales y públicos -remarcó Scalcini- son precisamente públicos. No es función del periodismo juzgar, sino contarle a la gente quien no pudo estar en la audiencia que ocurrió.   Los tribunales orales deberían prever lugares donde pueda acceder la cantidad de público que lo desee. De esta manera se evitaría que subrepticiamente se viole la garantía de actuar de acuerdo a derecho"

Eduardo Cerdá también expresó un pensamiento similar al de Scalcini y esto da una referencia de la presencia, en la cobertura de ese juicio, de hombres de prensa que requirieron un mayor ejercicio del derecho a la información, contando, a su vez con una buena disposición de los magistrados hacia la mayor publicidad de los actos judiciales.

Al respecto, Cerdá señaló que "en cuanto a mi opinión sobre la difusión en directo de los juicios estoy absolutamente a favor de las mismas, en tanto se cumplan los recaudos legales de cada caso. Es de destacar que los juicios orales son "públicos", es decir, cualquier interesado puede seguir su desarrollo, sea o no parte interesada en el caso. La publicidad está  acotada por disposiciones legales que le permiten al tribunal -según el Código de Procedimiento Penal que se trate, provincial o nacional- impedir su difusión pública por medios orales o televisivos, invocando cuestiones de seguridad, privacidad, etc. Por ejemplo en la justicia federal es muy extraño que se autorice la difusión en directo de juicios orales. Pero considero que la difusión -especialmente cuando se trata de hechos de notoria expectativa pública como lo fue el "Caso Cabezas"- hace al derecho constitucional de informar de los actos públicos -un juicio lo es- por parte de la prensa."

Cerdá comparó la transmisión en directo con la requisitoria periodística en ámbitos judiciales y al respecto opinó que "el acceso irrestricto de la prensa a un expediente judicial, excluye o reduce significativamente la posibilidad de esos errores por parte de la prensa. Pero este tema merecerla todo un análisis a discutir entre periodistas y magistrados"

La opinión de Cerdá también encierra una postura favorable al debido proceso, como así también quedó demostrada a través de conceptos emitidos por Miriam Di Marzio, quien también manifiesta que deben existir ciertos reparos en la cobertura y con ello respeto hacia ciertas normas procesales.

En ese sentido, Di Marzio propuso directamente que " los testigos o imputados no tengan contacto con la prensa antes de declarar" y al ser preguntada sobre si esa cuestión no limitaba su labor dijo que "si lo hace, pero me parece bien, por que los testigos van a declarar algo que va a ser la verdad (ante los estrados) y después sí que hablen con la prensa.

No obstante, Di Marzio admitió que ante el ocasional contacto con un testigo y ante la duda "el grabador lo voy a poner seguro, porque sale naturalmente hacerlo. Pero sifuera testigo evitaría contacto con la prensa" pero que "en eso hay que ser cuidadoso. Más en este caso que hubo cuestiones políticas más allá de las meras cuestiones judiciales".

Más allá de la buena disposición al diálogo -aunque no haya existido en lo específico de la difusión- de parte de magistrados y periodistas y de la escasa incidencia de las partes para obtener limitaciones, habría un diagnóstico desacertado si se descarta de plano la presión previa existente para lograr la mayor transparencia.

En este particular, se incluyen como componentes de la presión previa a la preexistencia una petición corporativa de la prensa, una suerte de sentimiento contra la impunidad, y la mayor trascendencia que había adquirido el caso.

Respecto de la presión corporativa de la prensa, hay que recordar que el 25 de noviembre de 1999 -pocos días antesdel inicio del juicio- un documento de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) sugirió que "la realización del juicio deberá permitir la más amplia cobertura periodística, que permita preservar el derecho a la información de toda la sociedad, del mismo modo en que se deberán preservar los derechos constitucionales de todos los que intervengan en él.

El documento agregó que "el Tribunal que juzgará a los que hasta aquí fueron encontrados como supuestos autores del crimen se constituye en un escenario donde la lucha de toda una sociedad -junto a familiares, compañeros de trabajo de José Luis y organizaciones como la UTPBA y la ARGRA- creó las condiciones para impedir que la mentira, el encubrimiento, la distracción dispusieran del espacio que intentaron ganar desde el primer momento, sin que esto implique que hayan abandonado su perversa intención"

" En ese marco-añadió la UTPBA-, la verdad y la justicia no sólo adquieren un valor producto del paso legal a darse a partir del 13 de diciembre: la defensa de la verdad y la justicia -nuestro compromiso- es el respeto a la consecuente e histórica lucha emprendida por toda una sociedad, hastiada de que la impunidad sea el principal instrumento de control, en el que el miedo permanente pretendió la indiferencia permanente"

Una muestra de la mayor necesidad de transparencia estaba dada a través de diversas opiniones, por ejemplo, publicadas por los diarios en los días previos al juicio.Por ejemplo, Clarín en su edición del 20 de diciembre del año 1999, cuando señaló que "dada la importancia que tienen los testigos para este caso, porque hay pocas pruebas concretas, hoy comenzará a saberse cuánto hay de cierto en lo que se ha escrito en la causa. El juicio oral permitirá ver cara y gestos de esos testigos. Quien mienta, difícilmente pueda ocultarlo. Es la hora de la verdad".[35]

Ese artículo reflejaba la necesidad de transparencia en el sentido de certificar cual fue la verdadera historia, dado que la instrucción sumarial había tramitado con una serie de pistas y detenciones que luego fueron descartadas de plano.

El gran desafío es indicar que manera el “prejuzgamiento” o “condena anticipada” influyó en la necesidad de una máxima apertura hacia la publicidad.

Sin embargo antes de hacer referencia al clima de "condena anticipada" es necesario priorizar también otro elemento y es el de la necesidad de que existiera "fin de impunidad en torno del caso". La necesidad de que la Justicia institucional y formal diera una respuesta  a una situación de incertidumbre en torno de los imputados. Como esta respuesta debía darse hacia toda la sociedad bonaerense y nacional, se puede concluir en que era ilógico plantear limitaciones al principio de publicidad de actos judiciales y al derecho a la información.

El Tribunal, dio la impresión según el relevamiento, inició su batalla por dar esa respuesta hacia la incertidumbre sorteando escollos que, legal y legítimamente plantearon los defensores respecto de sus clientes.

Esto se explicará a través de una breve reseña que no es un dato menor, sino clave en este análisis.

Debido a normativas procesales de esa época -ya regía el nuevo código procesal penal que establece una amplia gama de posibilidades excarcelatorias- la gran pregunta que funcionó como disparador era si, finalmente, habría juicio oral y público.

La gran preocupación de entonces fue que corrían los plazos y que habiendo transcurrido mas de dos años de prisión sin sentencia firme   -como establecen los tratados internacionales a los cuales adhiere nuestro país y nuestra Provincia, por ejemplo en su Código Procesal Penal- los encausados podían quedar automáticamente en libertad.

En un gran contexto de presión, sobre todo de parte de medios y organismos sindicalizados de prensa, no cabía en el imaginario colectivo la posibilidad de que imputados de un crimen resonante pudieran quedar en libertad por algo que se consideraba, para este caso, como una cuestión ligada a las formalidades judiciales, aunque fueran en realidad garantías reconocidas en pactos internacionales.

Es por eso que pese a determinados imprevistos y diligencias que hacían suponer un alargamiento de los plazos, el Tribunal -integrado por su presidente Raúl Begué y los vocales Susana Yaltone y Luis Dupuy-, demostró firmeza y dispuso que aún durante las fiestas de fin de año de 1999 y enero del 2000 debía desarrollarse el proceso oral.

De ser necesario se haría desfilar por los estrados a la mayor cantidad de testigos, calculada a un promedio de 32 por jornada, que motivó la queja de todas las partes intervinientes, según apuntan los medios periodísticos del 14 de diciembre, día en que se inició el debate.

Al revisar la documentación periodística se puede analizar como en un caso de ataque a la prensa, los jueces -aunque hubieran querido- no tenían mucho tiempo para conflictos en relación con los hombres del cuarto poder.

Ocurrió al respecto que en un caso con diez imputados, su representación, a través de varios letrados defensores, apuntó justamente a "hacer correr los plazos" para que estos caduquen, con el fin de obtener el beneficio excarcelatorio.

Puede observarse, que a través de resoluciones preliminares, la Cámara fijó su norte en el comienzo del juicio hacia fines de diciembre, prosiguiendo en enero -época de feria judicial-.

Y para evitar prórrogas inútiles, la Cámara estableció desde una reducción del número de testigos -de 600 a aproximadamente 300- y hasta debió resolver la negativa a extraer fotocopias para todos los defensores de las más de seis mil fojas que llevaba la causa.

Para el logro de esos plazos, el Tribunal de Alzada obtuvo en ese momento dos avances importantes.Logró que la Suprema Corte la relevara del "turno" en la feria judicial de enero -que le hubiera significado desatender parcialmente este juicio- y ratificó que no trataría cuestiones atinentes al "encubrimiento policial", cuestión que fue denominada "caso Cabezas II".

La gran batalla que debió dar la Cámara fue la de un fuerte debate, en el cual también hubo un escenario mediático.  Mientras sobrevolaba la sensación de "fin de la impunidad" que parecía prometer el juicio a través de varias páginas periodísticas, también tomaba cuerpo la excusación, con cierta fuerza, que intentaron imponer sin éxito los defensores.

La Cámara había resuelto un “hábeas corpus” durante la etapa de instrucción del juez Macchi y ese dato fue tomado como un posible prejuzgamiento, por parte de varios defensores.  

La reacción fue clara: voceros de la cámara no ocultaron el ámbito mediático como posible campo de batalla cuando dijeron en "off the record" al periodismo que "por más que a la mayoría de los defensores de los diez imputados no le guste, éste es el tribunal natural de la causa y será el que llevará adelante el juicio oral por el crimen de Cabezas, a pesar de todos los recursos que presentaron para apartarnos del caso" [36]

El mensaje judicial, como reacción a la petición de la defensa, que también fue en el marco de cierta presión, fue complementado por la decisión de la Cámara, de dejar la cuestión para la oportunidad procesal del dictado de veredicto y sentencia.

Todos estos ingredientes, sumados a la dimensión que ya tenía la causa, hizo que ya desde las diligencias preliminares al juicio, la difusión del caso -que hasta entonces había decaído sustancialmente-  se reactivara en forma notable, pero también la necesidad de transparencia.

En el camino hacia el juicio oral y público había quedado el suicidio del empresario telepostal Alfredo Yabrán sobre quien se indagó y ventiló un cúmulo de imputaciones durante el juicio.

Ahora, volviendo al tema de la "condena anticipada", vale decirlo, estuvo latente desde la instrucción y tan firme era la convicción o presunción de que quienes estaban en el banquillo iban a ser sentenciados de manera ejemplar que se configuró la sensación de que la realización del juicio oral pasó por no dar lugar a resquicios de quejas en cuanto a falta de garantías del debido proceso ni del derecho a la defensa.

A favor de la "condena anticipada" influyó a su vez como factor de contexto un discurso de mano dura que se impulsaba desde el entonces flamante gobierno bonaerense a cargo de Carlos Ruckauf, que apuntaba a limitar excarcelaciones y liberaciones automáticas vigentes en el código procesal penal.

A tanto llegó el efecto del discurso en este sentido que los familiares de la víctima fueron involuntarios defensores de ese citado discurso cuando los plazos amenazaban con dejar libres a los imputados por cuestiones de plazos procesales, o también por los beneficios de otras leyes amparadas en pactos internacionales.

Pero hubo voces contrarias a la influencia del prejuzgamiento que se hace desde los medios. Según el fiscal de juicio Luis Defelitto, la "condena anticipada" no debería influir ni en el final del proceso ni en alguna modalidad particular de difusión y no confirmó si incidió ese fenómeno en este proceso en particular.

En tanto, para la periodista, Miriam Di Marzio se registró una sensación de "condena anticipada" previa y durante el proceso oral, aunque no arriesgó en que dirección influyó la misma.

La Cámara Penal, también dio la impresión, asimiló el mensaje de necesidad de transparencia y de garantías en el proceso. Por ejemplo concedió formalidad a la prensa como actor del juicio cuando aceptó la intervención activa en el proceso oral, al concederle el carácter de particular damnificado a la Asociación de Reporteros Gráficos- era que no había que dar motivo a nulidades y para eso había que dar lugar a todas las garantías.

Las garantías, entendidas así por la prensa, también pasaban por una "total transparencia" del juicio y para esto no debían existir reparos para la difusión directa por medios audiovisuales de ese proceso.

Como dato anecdótico y en cuanto a la "condena anticipada" el clima al respecto permaneció latentey afloró en circunstancias previas y durante el juicio. Una muestra de ello se da en un cable de la Agencia Nacional de Comunicación perteneciente a la Unión de Trabajadores de Prensa del 21 de diciembre que aludió a que  "al comenzar ayer, lunes 20, la etapa procesal de la declaración de los testigos, el juicio oral y público que se realiza en la ciudad de Dolores por el asesinato de José Luis Cabezas ingresó en una dinámica que sumergirá al debate en una secuencia de testimonios, desmentidas, contradicciones, aclaraciones y careos" y que "con la sola intención, al menos por ahora, de condenar a los autores materiales del crimen aunque no a los participes de la red de encubrimientos y destrucción de pruebas que rodeó la causa desde un comienzo, la Cámara de Apelaciones de Dolores tuvo delante de sí el más que emotivo testimonio de María Cristina Robledo, la viuda de José Luis Cabezas[37]"

Pero cabe resaltar que el clima prejuzgamiento o de "condena anticipada" y la presión hacia la transparencia del juicio se podía desarrollar con mayor plenitud en la medida que había acciones judiciales en consonancia con pruebas o elementos aportados por la editorial Perfil, para la cual trabajaba el reportero gráfico ultimado.

En ese sentido no es ajeno como dato, el dictamen acusatorio de la fiscal Ana Lía Avalos, en septiembre de 1999, cuando pidió "penas de reclusión y prisión perpetua para ocho de los procesados por el asesinato de José Luis Cabezas. La causa quedó así, cumplida la acusación fiscal, lista para el juicio oral y público"

Pero también ese dictamen acusatorio con recomendación de durísimas penas dio por probado que "ha quedado suficientemente acreditada la pertinaz negativa del empresario, cuya seguridad y custodia estaba a cargo de Gregorio Ríos, a que trascendiera su imagen a través de los medios de prensa", escribió Avalos.

“Cabezas había sacado del anonimato la imagen de Yabrán, con fotos tomadas en las playas de Pinamar que fueron publicadas por la revista Noticias", se agregó.

"De todas maneras –añadió la información-, la Justicia dejó inconclusa la tarea de determinar si el empresario fue o no autor intelectual del asesinato, ya que su muerte terminó con la investigación sobre él.(...) De todas maneras, los indicios que involucraban al empresario postal estaban lejos de ser concluyentes. La tarea de develar quiénes y por qué ordenaron el asesinato de Cabezas quedó para los jueces que estarán a cargo del juicio oral".[38]

La propia información, que también apareció en otras publicaciones  daba por un lado elementos coincidentes entre la acusación formal y la que estaba realizando la editorial Perfil cuando señaló como una de las hipótesis que el fallecido empresario Alfredo Yabrán había sido autor intelectual del crimen por que la víctima le había sacado una foto para sacarlo del anonimato.

En tanto, al señalar que más allá de todo la cuestión se iba a dilucidar en el juicio oral y público se alimentaron expectativas en torno a la transparencia, la necesidad de la información, pero sobre todo para saber que manera el fallo final sería coincidente con la información y opinión de los medios.

Con todos lo elementos expuestos cabe señalar en resumidas cuentas, el cúmulo de factores que influyeron en la configuración de un modelo de relación de consenso y cooperación entre jueces y periodistas con desequilibrio a favor del derecho a la información.

Al respecto, cabe primero citar la influencia del pensamiento de la mayoría de los jueces del tribunal a cargo del juicio, en el sentido de que debe predominar el más amplio alcance en cuanto a publicidad de los actos judiciales. La visión de Begué fue más allá con vincular la transparencia al sistema democrático y los límites a un sistema totalitario.

También influyó no sólo la buena predisposición de los periodistas para su relación con los jueces.Pero es bueno aclarar que esta buena relación prosperó con una etapa previa de entendimiento, tanto durante la instrucción sumarial, como durante la instancia preliminar al juicio, predominando el diálogo en "off the record".

Como complemento de estos datos, cabe señalar que las pautas del consenso implícito estuvieron dadas, al igual que en otros juicios, por el respeto hacia la buena marcha del debate.

Más allá de un juicio donde estaba en discusión la autoría del hecho, esta complejidad en la producción de la prueba no tuvo incidencia en eventuales límites o prohibiciones en la difusión.

Juntamente con esta circunstancia, no hubo mayores reclamos de las partes, sobre todo la defensa, para lograr ciertos reparos en procura de garantizar algunos derechos de sus asistidos.Solo hubo unos pocos pedidos, que fueron rechazados por el Tribunal.

Pero el factor principal en el modelo, además de la buena relación recíproca, fue el de la presión surgidadesde distintos ámbitos.

Hubo una fuerte presión haciala Cámara por lograr la postergación en larealización de un juicio justo ante imputados que aparecían fuertemente cuestionados.

En ese sentido, la no realización del juicio hubiera implicado la liberación automática de los implicados.

Entonces la realización de un juicio con todas las garantías, iba a implicar una respuesta hacia toda la sociedad y esa respuesta debía ser transparente.Volver al índice

 

Caso 3

Juicio oral a los imputados por el secuestro seguido de muerte de Miguel Brú

De acuerdo con elementos surgidos del análisis y del relevamiento testimonial, periodístico y jurídico se puede señalar que en el juicio oral a imputados del secuestro seguido de muerte a Miguel Brú se produjo una coincidencia con el modelo unilateral, sin consenso previo entre jueces y periodistas, con desequilibrio a favor del debido proceso.

Al igual que en el análisis del juicio a imputados por el crimen en penal de Sierra Chica, no puede hablarse de una coincidencia "pura".

Como etapa previa al análisis conviene resumir algunos antecedentes del caso, que también servirán para examinar las circunstancias en que se llegó al proceso oral.Es decir, que contexto y que antecedentes pudieron tener los jueces para merituar un esquema distinto de otro juicio que tuvieron a su cargo -y también analizado en este trabajo- como el caso Barreda.

Entre los antecedentes del caso cabe recordar que el 17 de agosto de 1993 el estudiante de periodismo, Miguel Brú, desapareció en circunstancias que tardarían seis años después en probarse en un juicio oral. Su ausencia del hogar, de la facultad de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y de los lugares que frecuentaba, motivó la lógica preocupación familiar, generándose un cuadro de incertidumbre y a su vez de movilización permanente en distintas direcciones para descubrir la verdad.

Poco después, testigos señalaron que algunos policías de la comisaría novena de La Plata hostigaron a la víctima por razones personales y una reconstrucción de lo sucedido arrojó que Brú desapareció cerca de una casa de Magdalena desde donde fue llevado a la citada sede policial, siendo allí torturado hasta la muerte, desapareciendo su cuerpo, sin ser hallados sus restos al momento de redactarse este trabajo.

El frio y breve relato no alcanza a resumir los seis años de sufrimiento de su madre Rosa Schonfeld uno de los emblemas que el periodismo tomó como importante complemento de una historia basada en un nuevo caso de "gatillo fácil" o de excesos con policías bonaerenses alejados de la ley.

Hasta allí el resumen de un caso que no podía ser ignorado mediáticamente:un desaparecido en democracia, una historia de excesos policiales y la dura lucha de una madre que avanza contra una serie de obstáculos que procuraba tapar la impunidad de los culpables.

El caso "Brú" además registró otras aristas para el interés de los medios como es el contexto de varios casos de "gatillo fácil" adjudicados a la bonaerense como ya habían sido la "masacre de Wilde", el homicidio de tres jóvenes en Budge a manos de policías, y la desaparición de Andrés Núñez ocurrida en La Plata, todos hechos ocurridos durante la democracia y con vigencia plena de los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional.

Un caso que apuntaba a la culpabilidad de policías, sumado a la historia de un sufrimiento familiar con reclamo de justicia, conformaron factores noticiables más que interesantes para el gremio de empresas periodísticas.Pero pronto se le adicionarían otros elementos para que el caso Brú se transformara en un "estereotipo periodístico".

Como dato adicional, vale señalar que al juicio oral se llegó tras la destitución del primer juez de instrucción en la causa: Amílcar Vara.A éste se le acusó de haber ocultado pruebas -que hubieran esclarecido el caso- y de haber "plantado" o agregado otras para confundir el rumbo de la pesquisa.

La designación de un nuevo juez al frente del caso -Ricardo Szelagowski-,permitió profundizar la investigación y revelar ante la opinión pública que la historia de secuestro y desaparición que señalaba la madre de la víctima no era producto de la imaginación o del delirio.

El cuadro se completó con una serie de sucesivas medidas de protesta como marchas, carpas de ayuno y demás movilizaciones de compañeros de facultad y de agrupaciones de Derechos Humanos que alertaron que el caso Brú era realmente "paradigmático".

Una instrucción sumarial dificultosa, un juez apartado mediante juicio político, la lucha de la familia de la víctima, marchas sectorialesfamiliares contra la impunidad, ex policías imputados, fueron todos factores que presionaron en función de un mayor interés por parte de los medios y la opinión pública, configurándolo en un caso de alta trascendencia.

En este sentido, y con el solo hecho de señalar al caso "Brú" como de alta trascendencia, no debieron existir obstáculos para su mayor difusión, máxime si se tiene en cuenta la posición que los jueces Pedro Soria, Eduardo Hortel y María Roscentock dicen tener respecto de que los juicios deben ser difundidos para cumplir con la obligación de los actos judiciales, como bien señalaron en su evaluación del caso Barreda.

Sin embargo, aparece la primera cuestión que hace suponer de algún fundamento a la limitación, que se estableció sobre el derecho a la información, que en los hechos fue la prohibición para difundir en directo el juicio por radio y televisión.

Surge primero del pensamiento del camarista Pedro Soria, quien

 en la entrevista manifestó la posibilidad de la máxima difusión: "el principio general es la publicidad y si se limita tiene que ser por auto fundado, como cuestiones de honor o que hagan a la intimidad de las personas. En fin hay algunos casos que, demostrada la afectación, pueden ser razonablemente excluidos los medios de difusión".

El juez Hortel también coincidió con que, a veces, surgen inevitables limitaciones, cuando señaló que " el periodismo siempre quiere transmitir todo. Entonces tenemos que tratar de que no se vulnere ninguno de los principios fundamentales" e hizo alusión a las características del juicio, algo sobre lo que se profundizará más adelante.

En tanto la colega de ambos magistrados, la doctora Roscentock se pronunció en igual sentido cuando admitió que previamente se hizo una interpretación del artículo 342 del Código Procesal Penal, a favor de limitar la difusión, debido las condiciones disímiles que presentaba el juicio respecto del caso Barreda.

Roscentock indicó entonces que "hubo limitaciones en los términos del art. 342 del Código Procesal Penal que establece: "El debate será oral y público, bajo sanción de nulidad; pero el Tribunal podrá resolver que total o parcialmente se realice a puertas cerradas, cuando la publicidad pudiere afectar el normal desarrollo del juicio, afecte la moral, el derecho a la intimidad de la víctima o testigo, o por razones de seguridad.Asimismo podrá también disponerlo en el caso que sea necesario proteger la seguridad de cualquiera de los intervinientes para preservarlos de la intimidación y represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada.En caso de duda deberá estarse siempre por la publicidad del debate. La prensa no podrá ser excluida de la sala de audiencias, salvo el supuesto contemplado en el primer párrafo de este artículo. La resolución deberá fundarse, se hará constar en el acta y será inimpugnable. Desaparecido el motivo de la resolución, se permitirá el acceso del público."

"En este caso -añadió Roscentock- por una parte había testigos que decían haber sido amenazados, otros que habían sido golpeados, por lo que debíamos proteger la seguridad de los mismos”.

Ya es conocida, a través del análisis del caso Barreda, cual es la valoración que los citados jueces hacen de medios y periodistas en función de la publicidad de los actos judiciales.

Los periodistas entrevistados para el caso Brú son distintos y bueno es conocer su opinión respecto de los jueces para determinar si hubo allí una causal de conflicto.

Carbonell señaló al respecto que "la cámara (de televisión, a los jueces) los puede poner algo incómodos.Hay jueces y abogados que capitalizan muy bien a la televisión. Y se convierten en "superstars" y "opinólogos" y les sale muy bien. Y hay otros que no, que por ahí son muy brillantes, pero los pone incómodos ante las luces de la televisión. Dependen los jueces".

Por su parte, el periodista Hipólito Sanzone manifestó sus reparos hacia ciertos jueces que tengan determinadas características que, no son coincidentes con las del caso Brú.

Sanzone dijo que " yo creo que los periodistas somos periodistas y los jueces son jueces.    Salvo a algunos que se le salga la cadena y se deje cegar por las cámaras de televisión o quiera salir en los diarios.Pero los jueces no son tontos, hacen su laburo y saben".

Sansone estuvo dispuesto a aceptar límites aunque no en forma absoluta, cuando dijo que "hay que ver si los límites son en el medio del juicio o en el medio de la audiencia, por que son dos cosas distintas.En el medio de la audiencia yo tengo que respetar lo que me diga el tribunal.   En el medio del juicio no. Si el juicio dura veinte días, si la audiencia termina a las seis de la tarde, a las seis y un minuto puedo hacer lo que quiero y puedo hablar y entrevistar a quien quiero".

Asimismo, admitió que desde su visión empírica "la relación entre jueces y periodistas ha sido buena.A mí nunca me cayeron simpáticos los jueces que dicen que hablan por sus sentencias. Por dos razones:atentan contra mi laburo que es el periodístico y segundo que son los que más cagadas se han mandado (sic).Amparados en esas cosas de "!ah yo hablo por mis sentencias¡" han hecho cosas terribles, desde permitir asesinatos de gente hasta cualquier tipo de barbaridad.  Y jueces que hablan con la prensa no han tenido esa conducta.Es como quien habla bajo el nombre de la Patria y bajo el nombre de la patria se han cometido horrores".

En otros términos opinó el periodista de la agencia Noticias Argentinas, Ricardo Salas, de cuyo pensamiento se deduce que se iban a respetar las normas reglamentarias de la difusión del caso "Brú".

"Las limitaciones judiciales de ningún modo pueden significar reglamentar el trabajo periodístico. Pero debe quedar absolutamente en claro, que nuestra misión es informar, ser el puente entre las decisiones de la Justicia y la sociedad interesada en determinado juicio, pero sin intentar penetrar en sus  disposiciones" subrayó Salas.

Se denota en general que el pensamiento hacia los jueces no es agresivo. Se respeta su investidura y su labor, comprendiendo las normas procesales en que deben desenvolverse.Sin embargo cada uno de los periodistas consultados admite que procura establecer o exponer los límites de hasta donde permitirían las resoluciones judiciales reglamentarias de la difusión.

En tanto, no es inoportuno señalar, los condicionamientos para la limitación establecidos por las características que presentó el juicio, a diferencia del caso Barreda.

Mientras que en este último no estaba en debate la autoría, sino la imputabilidad, en el caso Brú la autoría era el interrogante clave a dilucidar en las audiencias y mediante prueba testimonial.

Muy claro en esta apreciación fue el doctor Hortel cuando explicó que el juicio a Barreda "era ideal para transmitir" dado que "no estaba en discusión la autoría", pero que en el caso Brú "fue diferente por que la discusión primera estaba sobre la autoría de los imputados y esta era una cosa muy delicada sobre la que hay que tener un poquito de cuidado".

Respecto de las especiales características del juicio Brú, Soria coincidió con Hortel al relatar que " en el caso Brú teníamos otro tipo de pruebas que demostraban la autoría y responsabilidad de los acusados por otro medio, que no era precisamente la confesión dado que la autoría estaba negada por parte de los imputados, sino que era por medio de las presunciones que llevaban a demostrar que estas personas eran las autoras de la desaparición y posteriormente muerte del estudiante".

Roscentock aportó su opinión para configurar la unanimidad de posiciones al respecto: "era importante, para llegar a la verdad, que los testigos no tuvieran la posibilidad de adaptar sus declaraciones a la de los otros testigos; por ese motivo ordenamos temporalmente las declaraciones testimoniales y tomamos diversa medidas, entre ellas no permitir la transmisión en directo de esas declaraciones, lo que también rigió para la transmisión radial"[39].

La influencia de las características del juicio es confirmada por el fiscal Marcelo Romero, quien indicó: " Sí traía inconvenientes de carácter procesal la transmisión en vivo ya sea por medios televisivos como por medios radiales, sobre todo por la prohibición de que el testigo que está deponiendo en la audiencia no puede ser escuchado por quien o quienes le continúan. Pero de esta manera la persona que declaraba a la tarde y, por ejemplo estaba en su casa escuchaba lo que se decía a la mañana.  Entonces la cámara restringió los testimonios en vivo se grababan audios e imágenes pero no se podía transmitir en vivo".

"La defensa se opuso a que durante todo el juicio no transmitieran absolutamente nada.   Pero eso se entendió que no podía ser y hubo que encontrar un equilibrio entre los derechos de las partesy la publicidad del juicio oral" subrayó Romero.

En tanto, Hortel recuerda que también "las partes habían solicitado que no se televisara" el juicio oral y deviene necesario conocer que opinión tuvo la defensa al respecto.

La abogada defensora Norma González lo narró de la siguiente manera "esa es una cuestión que se planteó y se pidió en razón de lo siguiente:los testigos eran muchos y las audiencias no se podían concentrar todas en un solo día.De hecho, duró varios días. La situación de que estén grabando o filmando en directo, permitía que otros testigos que iban a concurrir en otros días a la audiencia escuchasen el testimonio de esa gente. Por supuesto que no corresponde, corresponde que el testigo vaya y diga lo que sabe pero no enterarse de los demás por los dichos de otro y en eso hay que tener cuidado".

"Pedíamos que no se transmitiese en directo, porque justamente se alertaba a otros testigos" concluyó la letrada.

La postura a favor de la restricción de parte dela defensa, fue corroborada justamente por la contraparte, es decir la fiscalía de juicio que estuvo a cargo del doctor Marcelo Romero.

Romero resumió que " hubo mucha oposición por parte de la defensa ya que no querían una difusión masiva y la fiscalía tenía la postura exactamente contraria, razón por la que el Tribunal actuante, en ese momento la Sala Primera de la Cámara Penal tuvo que dictar una resolución.Se pusieron diversas pautas para el trabajo tanto de la televisión como de los móviles de radio, no así del periodismo escrito que ya tiene una tradición de trabajo,  y sus periodistas vienen sacan sus apuntes y después al otro día en la edición siguiente trasladan lo que ellos vieron".

Además de meras cuestiones procesales que determinaron las limitaciones ¿pudo influir la presión de los medios por condicionar el final del juicio a favor de una condena?. La respuesta afirmativa parece ser sugerida por la citada abogada.

González no se limitó sólo a afirmar que antes y durante el juicio hubo "parcialidad total" y "condena anticipada", sino que lo fundamentó de esta forma: " yo creo que por el solo hecho de ser los imputados de policías, ellos contaron con una presunción en contra. De hecho no se tuvieron en cuenta un montón de contradicciones groseras en el juicio oral.  Pero que como podían de alguna manera favorecer a los imputados no las tuvieron en cuenta. Los jueces resuelven de acuerdo a sus libres convicciones, pero hay pautas, hay bases que ellos tienen que contener".

Carbonell admite esa tendencia en cierto periodismo cuando sostuvo que "Los periodistas somos muy chantas, jamás evaluamos pruebas, no revisamos los expedientes. No somos responsables para nada. Sí creo que somos muy apresurados en condenar previamente".

Es importante saber, en este escenario comparativo con el caso Barreda saber como fue tomada por el periodismo la decisión limitativa del Tribunal, sobre el cual nada se dijo todavía acerca de su unilateralidad.

En principio hubo una reacción, debido al contraste entre la resolución adoptada para el Caso Barreda con respecto al caso Brú.

La reacción permite explicar también la predisposición positiva con que concurrieron los periodistas esperando que se dieran las mismas posibilidades de difusión que en el caso Barreda.

Natalia Carbonell, del canal de televisión Todo Noticias afirmó que "sorprendía (la decisión) por que eran jueces considerados por nosotros como bastantes "progre", más garantistas y menos autoritarios. Lo último que esperábamos era que tomaran esa resolución. La sensación que tuvimos en ese momento era que estaban condenando a policías, comisarios, subcomisarios y como que querían cubrirse".

Esta reacción explica el conflicto como efecto, pero no aún sus causas, y una de ellas pudieron haber sido las fuertes expectativas para hacer una transmisión con pautas alentadoras de un formato de entretenimiento que algunos llaman "show".

Nuevamente Natalia Carbonell hizo su apreciación y admitió que esas expectativas existieron: " un juicio de las características de "Brú" con policías involucrados se podía haber "vendido muy bien" si se lo emitía en vivo. No se lo tomó como que el Tribunal era restrictivo. Sí si no nos permitía difundir después. Digamos bueno nos impedía hacer el show que hacemos habitualmente. No lo vivimos como una gran censura, sí como una situación en la que nos teníamos que cuidar. Como cuidarse de no reproducir textualmente en las salidas que hacíamos por teléfono al canal"

Las expectativas, al menos de satisfacción de la necesidad informativa también fueron frustradas, al decir del periodista de la radio Red 92 Julián Amado, cuando dijo que "creíamos que había que trasmitir en directo, porque el juicio era bastante rico en cuanto información y mucha gente hubiera querido seguirlo, pero las posiciones del periodismo no fueron tenidas en cuenta, pero el tribunal era muy cerrado en cuanto a sus decisiones".

Para Julián Amado también debe haber influido la forma en que percibieron que el periodismo iba a tratar el tema y al respecto indicó que "los medios son formadores de opinión, y si inclinan la balanza para un lado o para otro, determinan también una condena social, que de alguna manera, según el magistrado, puede influir en el proceso final del juicio" Al igual que la doctora Norma González admitió que tanto en el caso Brú como en otros puede influir el clima de prejuzgamiento o "condena anticipada".

Amado, también vinculó la decisión con la presión periodística debido a la trascendencia del caso: "yo creo que cuando el caso es más importante o trascendente, se toman muchos más recaudos de parte de los jueces en cuanto a la relación con la prensa. No sé si se endurece, si que se trabaja con mayor cuidado, porque una palabra o declaración puede generar un escándalo en el juicio. Por eso, los jueces en casos importantes prefieren no hablar hasta el final del proceso".

Asimismo, vinculó el hecho de que en el juicio Brú haya estado en debate la autoría del hecho, cuando afirmó que "cuando el caso ya está cerrado se trabaja, con menos presión, de la opinión publica, del particular damnificado, y de los medios, porque ya saben quien es el culpable".

Por su parte, el fiscal de Juicio Marcelo Romero aparece como un testigo imparcial de las fuertes expectativas de los periodistas en cuanto a lo que suponían iba a ser la difusión del proceso y su contraste con la decisión del Tribunal.

"Más que quejas -remarcó Romero- había alguna resistencia.Lo interesante de la noticia creo yo, era la transmisión en vivo. Era mostrar lo que estaba pasando en la "cocina" del juicio que era la sala de audiencias y que a través de las transmisiones televisivas y radiales se pudiera llegar a los hogares".

En tanto, sobre las limitaciones tampoco debe subestimarse una situación de contexto político provincial configurado por la reforma policial que se había iniciado un año antes durante la administración del entonces gobernador Eduardo Duhalde.

Esa reforma se había caracterizado, entre otras cosas, por fuertesdepuraciones de oficiales considerados no aptos para continuar con el uniforme.   Es posible que los magistrados se hayan condicionado por esa situación evitando así que el proceso sea percibido como la difusión de una nueva purga policial.

Poco o nada se ha dicho sobre la unilateralidad, es decir la falta de diálogo previo en la toma de decisiones y sus posibles factores causales.

Surgen entonces nuevas interpretaciones de los magistrados acerca de lo que el término "diálogo" quiere decir.Es por eso que, en este sentido, el doctor Pedro Soria cree que en el caso Brú hubo diálogo -cuando esto no es certificado por los periodistas- a la vez que la doctora Roscentock se inclina por que tanto en el caso Barreda como en el caso Brú "no hubo diálogo" sino una "comunicación" de inquietudes de parte del Tribunal hacia el periodismo.

Es bueno citar entonces esas opiniones para advertir de que manera se desarrollan estas concepciones.

El juez Soria señaló que "se marcaron tres o cuatro pautas similares al caso Barreda" pero también lo concibió como un diálogo dado que, según el magistrado  "siempre es importante que haya una fluida comunicación entre justicia y periodismo.Por que verdaderamente esta es la exteriorización de los actos de Justicia".

Inclusive, el camarista mostró que hubo cierta predisposición a conversar ciertas pautas y lo señaló a través de un ejemplo:             " cuando tuvimos una necesidad de acordar con los medios así lo hicimos. Nosotros tuvimos con el caso Brú una reconstrucción del hecho en la comisaría donde fue visto por última vez el estudiante de periodismo. Dijimos bueno vamos a permitirles un ingreso de manera tal que puedan grabar u observar el lugar físico donde se hace la reconstrucción. Pero yo a partir de allí les pido que se retiren para que se practique la diligencia que ya no hacía a la información.La información era necesaria para conocer donde estaban ubicados los calabozos pero sólo eso.

La visión presenta algunas diferencias con la de su ex colega Roscentock quien sostuvo que la figura de "diálogo" como intercambio de opiniones para la toma de decisiones no existió en el caso Barreda y tampoco con el juicio Brú desde el momento en que no es concebible por las normas procesales.

Roscentock aclaró al respecto que en el caso Brú "no hubo diálogo sino una decisión del Tribunal comunicada luego a los medios. Por parte del Tribunal no hubo intención de lograr ningún tipo de consenso, puesto que la ley no prevé la intervención del periodismo en el proceso, por no ser parte. Pero si bien el Tribunal tiene el deber de velar por los derechos de las partes, tampoco debe consensuar con ellas, porque tiene la exclusividad de la decisión y de la responsabilidad. Todo ello sin perjuicio de que puedan ser escuchadas y aún aceptadas opiniones o sugerencia sobre cómo encarar de la mejor manera posible la publicidad del juicio; sobre todo cuando dichas opiniones provienen de expertos en el tema"

Más allá de esta opinión, la ex magistrada no recordó "si algún periodista tuvo intenciones de lograr un consenso con el Tribunal, porque no recuerdo que lo hubiera manifestado".

La única inquietud conocida fue la de la periodista Natalia Carbonell, quien reclamó ante las limitaciones comunicadas por el camarista Pedro Soria.

Pero no se advirtió, según surge de datos relevados y de la experiencia de haber cubierto instancias del juicio, que haya existido una convocatoria previa al diálogo o una presentación conjunta de periodistas para efectuar propuestas en torno a la difusión.

Cabe señalar que, finalmente, la resolución en torno a las limitaciones fueron las de prohibir la difusión directa o con algunos minutos de demora, de la prueba testimonial, durante un período que iba desde el inicio al fin de las audiencias.Sin embargo, quedaron en libertad de acción los medios para difundir los testimonios de los peritos [40] como así también el veredicto y la sentencia de la cámara penal.

No escapa a este análisis y tras lo relatado de parte de los protagonistas que existió un nivel de incidencia de la experiencia Barreda en la modalidad de difusión del juicio Brú.

Por ejemplo, muchos medios no cumplieron con la pauta prestablecida para el caso Barreda de desistir de transmitir y difundir, sobre todo por televisión, cuestiones vinculadas a la morbosidad y el dramatismo.[41]

La imposibilidad de contar con un programa "patrón" como pudo haber sido "Justicia para todos" con respecto al juicio Barreda, pudo llevar a desistir de abrir demasiado las compuertas a la requisitoria del periodismo televisivo.

La existencia de un periodismo con esas tendencias fue en parte admitido por la periodista Natalia Carbonell, quien confesó que "si nos ponemos a evaluar, me parece que los jueces son criteriosos, por que si se está evaluando hacer Justicia, me parece secundario en ese caso la cobertura de los medios si es que se pueden alterar ciertas cuestiones y si se conocen ciertos riesgos, me parece bien que se priorice la Justicia por sobre la cobertura de los medios.De última los medios hemos demostrado ser irresponsables y convertir en "carne picada" a todo esto y hacer un "show" con esto. Yo no me lo tomo como autoritario o que me limiten el acceso a la información".

Que la incidencia de cierto periodismo con tendencia a la espectacularidad constituyó un factor en una mayor reglamentación del caso Brú, no parece determinante en el pensamiento de la doctora Roscentock.  Sin embargo criticó a ese tipo de periodismo y, además la falta de capacitación de determinados hombres de prensa.

"Tanto en el caso Barreda como en el caso Brú -recordó Roscentock-, sacamos muchas copias se sentencias pensado que los medios la requerirían, pero casi ninguno tuvo interés en la ellas, cuando creo que tenían ambas, cuestiones importantes para ser analizadas.Nos dio la impresión lastimosa de que sólo importaba el espectáculo. En otras oportunidades, leímos comentarios con interpretaciones erradas de resoluciones judiciales. Creo que la nueva generación de periodistas tiene un campo muy interesante en la especialización sobre temas judiciales, porque en él está todo por hacer y haría posible que el lector de periódicos o el espectador televisivo también tuviera información seria sobre estas cuestiones que hasta ahora sólo se encuentra en las revistas especializadas consumidas exclusivamente por abogados o estudiantes de abogacía.

La experiencia del caso Barreda tuvo también implicancias positivas y esto está vinculado con lo anecdótico.Por caso, se habilitó una sala contigua a la de audiencias para que el periodismo pudiera desarrollar su labor sin alterar la buena marcha del debate.

Precisamente, la buena marcha del debate, apareció también como una de las causas en las limitaciones.

Configura una prioridad en el pensamiento de los periodistas y preocupación de los magistrados actuantes en cuanto a la garantía de la difusión y del principio de publicidad de los actos judiciales.

Hortel relató que además de los derechos constitucionales hay que tener en cuenta "la buena marcha del juicio.El derecho a la intimidad que está reconocido por los más importantes órganos judiciales de Argentina y que está en los tratados internacionales no es solamente el único.Además está para mí la buena marcha del juicio, por que si la misma resulta perturbada obvio que este principio general de publicidad debe ceder".

Que la buena marcha del debate fue una preocupación no sólo de Hortel, sino del Tribunal en pleno, lo confirma el fiscal Marcelo Romero cuando dijo que "de hecho hubo amenazas, bueno hubo teléfonos intervenidos y seguimientos. Nada grave, pero había mucha tensión.Yo no critico a ese tribunal puesto que creo que ha manejado brillantemente a un juicio difícil.No fue un juicio fácil. La tensión era permanente y en la sala de audiencias podía advertirse".

"Usted imagínese -añadió Romero- que en una sala chica como la que disponemos estaban de un lado sentados todos los familiares, colegas y ex colegas de los policías y del otro lado un montón de gente allegada a la familia Brú y estudiantes de Periodismo e integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos. Realmente se hacía hasta difícil mantener el orden en la sala.A veces había silbidos, gritos e insultos, no por parte de la familia Brú que se portó de una forma excelente y hay que reconocerlo.Pero a veces venía gente más exaltada que no entendía las reglas dentro de una sala de audiencias. Aún así creo que el Tribunal lo manejó muy bien".

La prioridad en la buena marcha del debate también le pareció un punto central al periodista Hipólito Sansone:"en el caso Brú particularmente yo digo que prácticamente no hubo diálogo, todo fue muy técnico. Todo estuvo relacionado con la cuestión técnica en cuando a los periodistas donde se iban a poner como iban a trabajar, que fotos iban a poder sacar, a que hora se iba a poder entrar a la sala, o sea ese tipo de diálogo"

Y también agregó al respecto que "yo creo que la única preocupación era que no armaramos quilombo (sic) que el trabajo periodístico no alterara el ritmo de la audiencia. Viste que a vecescuando nos juntamos dos o tres colegas nos ponemos a conversar, y en algún aspecto nosotros somos como los pibes y por ahí eso parece fundamental.Y otra recomendación era que los fotógrafos no subieran al estrado y esa limitación también iba para con los camarógrafos de televisión".

A esta altura se considera que han sido expuestos los principales motivos que llevaron a concluir en que el caso Brú observó características coincidentes con el modelo de unilateralidad, sin diálogo previo consensuado, con restricciones al derecho a la información.

Fundamentalmente, en un contexto de presencia de jueces con cierto respeto hacia el periodismo y una buena relación con la prensa, aparece la particular situación del juicio en cuanto a lo procesal.

El hecho de que haya estado en debate la autoría y se haya dado prioridad a la prueba testimonial llevó a los magistrados a limitar la difusión, para que los testigos no alertaran de sus dichos a quienes debían seguirle ante los estrados.

También incidió fuertemente la intervención de la defensa por lograr que la difusión tuviera limitaciones.

Según la defensa, además de preservar las cuestiones procesales citadas hubo un clima de "condena anticipada" que también pudo haber motivado a los jueces a adoptar limitaciones, aunque, claro está, no fueron reconocidas.

            Asimismo, las fuertes expectativas de los medios por un mayor despliegue informativo, pero sobre todo, con la posibilidad de hacer un programa de fuertes condimentos de espectacularidad, pudo haber condicionado la difusión.

No debe descartarse tampoco la presión surgida de reclamos sectoriales, como desde la misma familia de la víctima, organismos de derechos humanos, familiares de los imputados.

Sin embargo, de haber existido presión, esta no se tradujo directamente hacia una limitación, sino hacia un nivel inusitado de trascendencia del caso que amenazó con tornar inmanejable el tema de la difusión y su tendencia a la espectacularidad. 

En cuanto a la falta de "taller previo" para determinar la modalidad de difusión, esto estuvo modificado, debido a que primó el pensamiento de que "al tribunal le corresponde la exclusividad en la decisión".

Pero, asimismo, más allá de algún planteo aislado, no se registró la presentación de alguna inquietud previa por parte de la prensa. En ese sentido se concluye en que no hubo una vocación dialoguista total al igual que en el caso Barreda.

Sin embargo la predisposición parcial al dialogo se mantuvo latente para aflorar en determinados momentos, como por ejemplo el acuerdo con los medios para difundir en forma ordenada una diligencia de reconstrucción en la sede de la comisaría novena, donde se vio ingresar a la víctima.

Este elemento se suma al de la voluntad de los jueces para establecer   algún levantamiento parcial de las limitaciones -dado que no imperaron durante todo el proceso-.

Esta voluntad se demostró con la autorización para la transmisión en directo de prueba de exposición de peritos cuando, si hubieran tenido falta de predisposición,la hubieran incluido en tales limitaciones.

Estos dos últimos elementos nos puede inducir a pensar que no hubo una coincidencia pura con el modelo unilateral y falto de consenso con restricciones a favor del debido proceso.

 Caso 4

Juicio oral a los imputados por los homicidios del penal de Sierra Chica en 1996

Durante el fin de Semana Santa del año 1996 se iniciaba uno de los episodios más sangrientos de la historia carcelaria argentina, con varias víctimas fatales.   En el penal de Sierra Chica, en Olavarría, un grupo de internos -luego conocidos como "los doce apóstoles"- se apoderaron de varias instalaciones, con la previa toma de rehenes del servicio penitenciario.Luego, esa situación se agravó con la privación de la libertad de la jueza en turno que entendía en el caso, la doctora María Mercedes Malere.

El hecho fue tomando connotaciones de mayor gravedad, cuando trascendió -y luego se comprobó- que ese grupo de internos asesinó a siete personas, y sus cuerpos fueron incinerados en un horno de pan.

Tras cuatro días de tensión, que pusieron en vilo a toda la comunidad penitenciaria, judicial y política argentina, como así también a la opinión pública, los "apóstoles" entregaron el penal con ciertos condicionamientos, como los traslados hacia otras unidades y contar con beneficios durante su condena.

Multiplicidad de víctimas, toma de rehenes (una de ellas una jueza), peligrosidad de los imputados, ferocidad con que se desarrollaron los hechos, el saldo trágico y sangriento, todo conjugó una serie de factores para convertir al episodio de Sierra Chica en una historia dotada al extremo de detalles de interés para los medios de comunicación.

La introducción, breve pero válida, nos brinda elementos para interpretar la trascendencia de lo que fue el caso policial en la instancia sumarial.

Pasaron cerca de cuatro años hasta que pudo realizarse el juicio oral y público en especiales circunstancias que lo diferenciaron sustancialmente de un proceso común.

Ahora, por la forma en que los magistrados reglamentaron la cobertura periodística y por el esquema en cuanto a apertura de difusión, se configuró un modelo unilateral, sin consenso entre jueces y periodistas con restricción al derecho a la información enfavor del debido proceso.

Los mismos elementos que refrendarán el nexo entre el caso y el modelo también explicarán, a su vez, que la coincidencia no debe tomarse como "pura" sino como una aproximación.

En principio y en referencia a la mayor requisitoria de los medios, cabe señalar que la misma se reavivó tan sólo unos meses antes del juicio oral.Lo elocuente de la historia periodística no logró de los medios un seguimiento intensivo durante la instrucción, que fue desarrollada durante varios meses por la policía bonaerense y por un nuevo grupo de investigadores denominado Policía Judicial, cuerpo integrado por abogados inspectores dependientes de la Procuración General de la Suprema Corte.

Nadie hasta ahora puede contestarse la pregunta acerca de la falta de seguimiento.Lo cierto es que pudo haber influido en los periodistas, algo que también existe en el imaginario colectivo como un principio no escrito: "los crimenes carcelarios gozan de total impunidad".

Fue por eso que la mayoría de los medios se sorprendió cuando, poco más de dos años después que sucedieron los hechos, estaba realizada la instrucción sumarial, con ordenes de detención y procesamiento, claro que dirigida hacia quienes todavía purgaban condenas por hechos anteriores.

Fue a partir de conocerse el dato de la elevación a juicio oral que el caso estereotipado como  "los doce apóstoles"[42] o de "la masacre del penal de Sierra Chica" cobró vuelo nuevamente.   Claro que esto fue alimentado también por un proceso previo llevado a cabo en los tribunales porteños contra alguno de los imputados en este caso.

Lo cierto es que los nombres de los principales imputados como los "cabecillas" del grupo, fueron recordados nuevamente a la opinión pública ante la inminencia del proceso oral.

Este proceso, en su etapa previa tuvo varias connotaciones adicionales que incrementarían su poder de trascendencia e incrementaría la curiosidad periodística como una suerte de presión hacia los magistrados para permitir la mayor difusión posible.

La primera de ellas fue la integración del tribunal.El hecho de contar entre una de las víctimas -y testigo- a una jueza penal de Azul, provocó una cadena de excusaciones de todos los magistrados de ese departamento judicial.

Debió acudirse a los términos de la ley orgánica del Poder Judicial y a lo establecido en el Código Procesal Penal para poder constituir un tribunal presidido por un juez Civil de esa localidad, un abogado de matrícula de ese distrito y un juez penal de Tandil.

El segundo punto fue el de la realización práctica del juicio.

En ese sentido, la totalidad de los imputados estaban privados de su libertad en un penal de Máxima Seguridad de La Plata, la unidad carcelaria Nº 29 en la localidad de Melchor Romero. La realización del juicio, entonces, iba a requerir importantes condiciones de seguridad, durante todas las jornadas que demandara el juicio. Con traslados diarios de los imputados desde la capital bonaerense y la ciudad de Azul, sede natural del debate.

Determinadas previsiones, sumadas a un favorable contexto económico y tecnológico permitió la realización de una novedosa forma de proceso:la del telejuicio, en la citada unidad carcelaria de máxima seguridad.

Esta modalidad implicaría que el debate tuviera desarrollo en una sala acondicionada de la Unidad penal N° 29 (en el gran La Plata) donde, a través de un sistema de circuito cerrado de televisión, pudiera ser presenciado por los imputados desde sus propias celdas.

Mucho se discutirá sobre si estas dos connotaciones enunciadas incrementaron su mayor trascendencia, o la misma era por el hecho sangriento en sí.Lo cierto es que hubo numerosas acreditaciones de medios nacionales y provinciales para seguir las instancias del juicio.Incluso, la mayoría de los canales porteños tenían previsto instalar móviles para transmitir en directo.

La gran demanda periodística motivó que los jueces debieran emitir una resolución reglamentaria que contenía los siguientes puntos:necesidad de acreditación por parte de periodistas y fotógrafos, supeditar la presencia de los hombres de prensa a la capacidad existente en la sala (en el casino de oficiales de la unidad penal), señal única de video externa, e imposibilidad de contar con audio en directo para radios y televisión.

Cabe señalar que esta resolución fue dictada de oficio por los magistrados, sin previa consulta a representantes de medios -como ocurrió en otros casos-, ni a las partes, que sí hicieron reclamos durante las primeras jornadas, pero que luego se adaptaron a ese reglamento.

Aquí es oportuno detenerse en el relato para poder reunir los elementos que acrediten por qué se llegó a una situación de falta de consenso.

La unilateralidad en la toma de decisiones fue certificada por los jueces del tribunal “ad hoc” doctores Adolfo Rocha Campos y Héctor Rodríguez [43] quienes indicaron que "se fijaron pautas por adelantado.Se estableció la libre concurrencia tanto a la sala de audiencias como a la sala de prensa donde se disponía de TV en directo"

Lo cierto es que la resolución se conoció cerca de diez días antes, previendo que la realización del juicio en una cárcel iba a tornar engorrosa la tarea de acreditación.

Naturalmente, personal de seguridad de la cárcel adoptó el rol de "enlace" entre el tribunal y los periodistas y demás hombres de medios como camarógrafos y fotógrafos.

Lo curioso del caso es que, más allá de la lógica requisitoria periodística, no hubo algún acercamiento al diálogo concreto para establecer pautas de difusión consensuadas.  Esto, más allá de algún reclamo posterior a la resolución - de parte de algún canal de televisión porteño de cable para instalar una cámara para transmitir en directo desde el penal- el cual no fue atendido positivamente.

De parte de los jueces citados se desprende esta situación de falta de diálogo previo, y al respecto confirmaron que hubieran escuchado alguna inquietud previa. Al respecto Rocha Campos y Rodríguez dijeron que "sería útil que los periodistas de medios se adelantaran y formularan sus propias peticiones para saber en el futuro como organizar un juicio similar." Pero también repararon en que "lo que sí podría pedir el Tribunal (este u otro) es que para este tipo de juicios es preferible que el periodista esté capacitado en temas jurídicos penales y cuanto más, mejor será su trabajo"

El tercer juez en cuestión, Dr. Eduardo Galli, también ratificó la unilateralidad de la resolución judicial para reglamentar la difusión cuando aclaró que "se dictó con bastante anterioridad al comienzo del juicio una resolución, por parte de la Cámara de Apelaciones, que reglamentaba aspectos de la realización y difusión del debate" y que "en base a tal resolución se intentó centralizar a través de la Secretaría de la Cámara el otorgamiento de credenciales para presenciar el debate. Se entregó en general a todo el que la solicitó, priorizando a los medios de comunicación y a familiares de víctimas e imputados".

Galli añadió que "en atención a que muchos medios en lugar de solicitar la autorización en la Cámara -vía secretaría- acudían directamente al Servicio Penitenciario para obtener el ingreso a la Unidad Penintenciaria Nº29, se coordinó para que también el Servicio otorgara credenciales. No obstante la cantidad de acreditaciones, se aclaró que el ingreso a la Sala, estaba determinado por la capacidad de la misma, por lo que secontrolaba en la puerta de acceso que las personas autorizadas para ello que ingresaban al juicio no excedan el número de butacas."

"La coordinación -indicó Galli- consistió en hacer saber los términos de la resolución de la Cámara y la explicación por parte del jefe de la Unidad Nº XXIX del Servicio Penitenciario a todos los concurrentes, fundamentalmente medios de comunicación, sobre las normas de seguridad con relación a horarios de ingreso y egreso, exhibición de documentos, zonas de circulación y áreas restringidas de la Unidad de máxima Seguridad. Se otorgó también un espacio físico que funcionó como sala de prensa".

Resta saber de parte de los periodistas consultados si existió o no diálogo previo y al respecto Sandra Ramos, de Cablevisión La Plata afirmó que "en cuanto a la filmación del juicio no tuvimos acceso por decisión del Tribunal", y no desmiente a los magistrados en cuanto a la falta de iniciativa del periodismo para lograr un consenso previo de reglas de difusión.

Sin embargo, Sandra Ramos, no advirtió que haya habido mala relación ante la decisión unilateral y la restricción, sino todo lo contrario y así fue que expresó: "la cobertura del juicio a imputados por el motín de Sierra Chica fue positiva desde el punto de vista de la coordinación entre los medios de comunicación y los magistrados, quienes nos otorgaron la información en cada cuarto intermedio que se realizaba en las audiencias".

En idéntico sentido opinó el periodista del diario La Nación, Ramiro Sagasti: "La relación entre periodistas y magistrados fue fluída. Había diálogo durante los recesos, en los que los juecesevacuaban dudas de los periodistas. Se trataba de dudas de carácter jurídico-técnico y no vinculadas con el desarrollo de la audiencia. Es que los magistrados no pueden adelantar opiniones sobre el proceso en el que están interviniendo". En cuanto a su opinión personal de lo que debe ser la relación entre magistrados y periodistas, Sagasti señaló que " creo que deben establecerse reglas claras en la relación entre magistrados y periodistas. No pueden quedar dudas respecto de lo que se puede publicar o no. El periodista no puede alterar el desarrollo de la Justicia. Si esto está claro, dicha relación puede ser muy provechosa para los el periodista.

Cabe señalar que Sandra Ramos y Ramiro Sagasti aludieron a una relación durante el juicio y la posibilidad de que haya existido diálogo "en off" en cada cuarto intermedio, pero no advirtieron como algo negativo la ausencia del diálogo previo para lograr un consenso entre jueces y periodistas.

Importa también saber si las partes tuvieron alguna influencia en la toma de decisiones del Tribunal respecto de la difusión del juicio.

Uno de los defensores, Héctor Galarreta ratificó la unilateralidad al reafirmar que "la mecánica exacta respecto de los extractos para la prensa televisiva era resorte decisivo del tribunal".

Por su parte la fiscal Noemi Etcheverry sostuvo que "la coordinación con los medios y periodistas para la cobertura del juicio estuvo a cargo del Tribunal, que permitió que quien estuviese acreditado presenciara todas las jornadas que demandó el desarrollo del debate.   En la Unidad 29 se preparó especialmente una sala de periodistas, para que aquellos que no deseaban permanecer durante todo el día en la sala de audiencias, o que no hubieran podido ingresar por estar colmada la capacidad del lugar, tuvieran la oportunidad de seguir las secuencias del debate a través de pantallas de video con audio".

Ahora, Rocha Campos y Rodríguez, sostuvieron que hubo cierta influencia de las partes y que se atendieron algunas inquietudes, cuando señalaron que " si por partes se entiende Fiscalía y Defensa, las mismas estuvieron presentes cuando se diseñó todo el procedimiento para el juicio, aún haciendo sus reservas.De tal modo que en principio, fue consensuado".

Tras haberse probado la falta de consenso previo y, en parte, las restricciones en la difusión, es oportuno tratar de establecer los factores causales que llevaron a un escenario limitativo.

En principio, los magistrados tenían una idea previa del periodismo que, ligado a las necesidades del desarrollo del juicio y a la trascendencia del mismo, le permitió establecer una resolución como herramienta para cumplir con el equilibrio entre el principio de publicidad, el debido proceso y la buena marcha del debate.  Son causas que surgen de la interpretación, aunque como se verá, hubo otras amparadas en cuestiones procesales y ligadas a la modalidad en que se desarrollaba el juicio (por ej: que se haya sustanciado en una cárcel de máxima seguridad)

Un ejemplo de lo que se puede interpretar como factor causal lo manifestó el juez Galli y está relacionado con la modalidad con que se difunde un juicio :"tengo presente para la consideración efectuada, que una gran parte, yo diría la mayor parte de la demanda social que sigue el juicio oral y público, lo vivencia más allá del drama que subyace en él, trascendiendo el ámbito o marco de la noticia e información, y pasando a tomarlo también como un espectáculo, similar a una obra de teatro o un partido de fútbol."

No escapa a todo este análisis un clima de “prejuzgamiento” o “condena anticipada” hacia los imputados que pudo haber incidido en las limitaciones.De hecho en los diarios que cubrieron la información abundaron en todo momento calificativos hacia los acusados, aún antes de conocerse el veredicto y la sentencia.

A su vez esa sensación de “condena anticipada” fue alimentada por un discurso "antigarantista" impulsado por el entonces ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas y el gobernador Carlos Ruckauf, respecto de combatir a la delincuencia con penas duras y disuasivas para combatir la inseguridad.

Si se tiene en cuenta que el telejuicio fue durante el primer cuatrimestre del año 2000, es simultáneo con lo que eran las negociaciones entre el justicialismo y la oposición por establecer reformas parciales al código procesal penal para endurecer el capítulo de excarcelaciones.   Esto indirectamente influyó en el público que siguió el juicio para ver como se materializaba en un fallo la aplicación de tal "mano dura" y concretando la "condena social" que estaba anticipada.

El Dr. Galli también agregó ingredientes de lo que significa este fenómeno del “prejuzgamiento social” o también llamado "condena anticipada" citando como ejemplo: " la sola imagen de un imputado, llevado esposado hasta la sala de juicio custodiado por funcionarios del servicio penitenciario, que es vista por miles de personas y llega a ojos de sus allegados, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y que luego es declarado inocente, es muchas veces mayor condena por el escarnio que implica, que una condena a poco tiempo de prisión de un juicio al que no se lo ha difundido por los medios. En realidad no debiera ser así, pues el principio de inocencia plasmado en la Constitución Nacional (art.18) impera hasta tanto una sentencia firme no lo condene, pero si Ud. conversa con quien ha padecido la situación le dirá que eso es así solo en el texto de la Carta Magna, porque en realidad lo vivió, no tanto al juicio, si no a la difusión de las imágenes referidas como verdadera condena, sobre la cual no hay reparación moral ni económica de ningún tipo. Es este aspecto el que muchos jueces tienen en cuenta y tratan de impedir que ocurra."

¿Había motivos de parte de los magistrados en pensar que iban a concurrir periodistas con tendencia a resaltar ciertos elementos espectaculares?. La respuesta parece ser positiva cuando se cita la declaración del periodista de Radio Rivadavia, Pedro Romero, quien admitió que el objetivo inicial de su cobertura fue el siguiente: "la tarea específica era brindar información acerca de los antecedentes de los denominados “apóstoles”; abundar en detalles de “color”, buscarle la vuelta para darle dramatismo".

Los colegas de Galli para este juicio, Rocha Campos y Rodríguez coincidieron en cuanto a que hay medios como la televisión que con la transmisión añaden más componentes que los necesarios para transmitir objetivamente un juicio y lo asimilan quizá a un espectáculo.

Ambos magistrados parten de la base que esto tiene que ver con la capacitación de los periodistas dado que -según razonan- al no tener profundos conocimientos le dan un tratamiento frívolo al juicio.

Lo dijeron de esta manera: "lo que sí podría pedir el Tribunal (este u otro) es que para este tipo de juicios es preferible que el periodista esté capacitado en temas jurídicos penales y cuanto más, mejor será su trabajo" de cobertura de de futuros juicios.

También añadieron que "cuanto más profesional sea el periodistamás se eliminarála peligrosa conexión entre transmitir un juicio y hacer un show de un juicio (sic)" y que "obviamente el periodista que asume un área social, debe conocer el tema.Quien haga deportes deberá conocer deportes y quien haga crítica musical deberá hacer música. Quien cubra un juicio debe conocer por lo menos el ABC del Derecho y sobre todo el proceso"

La postura de los magistrados es materia opinable, sobre todo en lo que corresponde al calificativo de “profesional” sobre el periodista que va a cubrir los juicios.  Es posible que, con este tipo de coberturas –por ejemplo la que planteó Pedro Romero-, muchos ejecutivos de medios o especialistas en periodismo considere que se alcancen los objetivos  de estilo periodístico.

En otro orden, a los dos jueces del tribunalles molestó sobre manera cierto rol activo que fue adquiriendo la televisión durante la difusión de los juicios trascendentes para la opinión pública.

Rocha Campos y Rodríguez recordaron que tal vez eso se vio con evidencia en la cobertura del primer juicio a imputados de la muerte de María Soledad Morales en Catamarca.

Allí un periodista de televisión captó un gesto de un miembro de ese tribunal que luego interpretó como un modo de prejuzgamiento, cuestión que fue materia de posterior nulidad del proceso.

Con referencia a este punto expresaron que "si el que cubre un juicio puede interpretar erróneamente un gesto del juez, ello implica un cierto temor del magistrado a ser malinterpretado.  Pero ello es deficiencia del control y no error del juez".

"Va de suyo que si el tema hubiera estado en manos especializadas, no se hubiera hecho el escándalo que surgió sobre señas entre los jueces durante el Juicio de María Soledad Morales", concluyeron.

Estas causas se pueden catalogar de tan reales como las que luego fueron expuestas como fundamentos que explicarán las restricciones en la difusión del juicio, las cuales pueden ser detectadas en las especiales condiciones en que se desarrolló el juicio y el cumplimiento de normas procesales.

Nuevamente es oportuno citar que pensaron Rocha Campos y Rodríguez sobre la restricción en la difusión que, en este caso, fue evidente hacia la televisión y la radio con la prohibición de transmitir en directo.

Los citados magistrados dijeron que "la idea (acerca de esa restricción) es respecto de eventuales filtraciones de testimonios que se produzcan más allá de lo que es la transmisión señalaron que "obviamente lo que digan las partes o los presentes en la audiencia está fuera de todo contralor del Tribunal".

En tanto, el juez Galli enriqueció esta opinión respecto de las limitaciones a la transmisión en directo, sobre todo por televisión, al señalar que "el celo de los magistrados para preservar que los testimonios vertidos no contaminen a otros futuros, debería ser de todos por igual", explicando con ello que las limitaciones son tanto para los medios como para demás posibilidades de filtración.

Sin embargo añadió que "las filtraciones de información sobre lo dicho por un testigo, se producen muchas veces por la carencia de una estructura edilicia apropiada para el funcionamiento de los juicios orales y también por la falta de personal suficiente para controlar lo que ocurre fuera de la audiencia"

"Generalmente -sostuvo- los juicios orales se hacen con los pocos medios con que se cuenta dentro de la estructura existente, que distan bastante de lo ideal, tanto estructural como funcionalmente. En medio de estas carencias se trata de evitar que ocurran filtraciones sobre lo testimoniado, lo que resulta difícil. Por ejemplo muchas veces se comparte el baño entre testigos que ya han declarado y otros que no, se comparten también los pasillos de tribunales, y como se hoy se dijo no hay personal suficiente para efectuar el control, para evitar o impedir que tomen contacto"

Gallí asimismo subrayó: "la diferencia de unas con otras (las ocasionadas por los medios y las producidas por las partes) radica en que, en las primeras, donde hace mención al mayor celo por parte de los magistrados, se pueden evitar por que generalmente hay buena fe de quien difunde y del testigo que se contamina con aquella información. Si bien no ocurren por casualidad, -sino por un afán de informar por parte del medio y de enterarse de lo que está sucediendo por parte del testigo, o del familiar o amigo que trasmitió al testigo- no hay un ánimo especial de testimoniar falsamente, es decir de saber que dijo otro para adecuar o acomodar una declaración en consecuencia. Con el dictado de una resolución o disposición del Tribunal, generalmente se evita mayormente el inconveniente del primer tipo de filtraciones. En cambio en las segundas, ya existe una predeterminación, una intencionalidad para que el dato o la información se filtre y gravite en el testigo que va a declarar, y resulta entonces más difícil de eludir en las condiciones ya mencionadas de trabajo que ofrecen las actuales infraestructuras edilicias y la escasez de personal para realizar el debido contralor". -

Más allá de las limitaciones establecidas y como elemento descriptivo de lo que realmente ocurrió, vale señalar que, según lo admitió el propio Galli y los defensores Héctor Galarreta y Claudio Ritter se registraron casos de testigos que estuvieron "contaminados" por testimonios anteriores a través de lo que leyeron en los diarios o escucharon de informes de la televisión realizados al final de la jornada.

La postura de los tres jueces con respecto a las limitaciones a la difusión en directo tuvo adhesión de parte del defensor Dr. Claudio Ritter quien opinó que " es importante que el testigo que declara con posterioridad, desconozca lo que ha dicho el que le antecede; ello, a los efectos de controlar la veracidad de sus dichos y cotejar las diversas versiones que pueden darse a lo largo del juicio (de tales motivos derivan los principios de “concentración” y “continuidad” durante la audiencia del debate).  En aras de tales cuestiones (que tienen directa incidencia en la garantía de defensa en juicio) entiendo que es admisible la restricciónla difusión periodística; al igual que la evitación de cualquier otro contacto de los testigos con el mundo que los rodea.Todo, en última instancia, debe constituir un adecuado equilibrio entre el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, la garantía de defensa del imputado y su derecho a mantener incólume su honor e intimidad (todos de raíz constitucional)".

"En mi humilde opinión -añadió- la publicidad no es un derecho del que informa, sino del informado y se relaciona con el control del ejercicio de la actividad estatal.Cuando ese deber del Estado entra en colisión con un derecho subjetivo del ciudadano, aquél debe ceder a favor de éste".

La fiscal Etcheverry también demostró tener una posición afín a la contraparte y a los magistrados, cuando aseveró que "es cierto que la difusión en directo del desarrollo del debate puede llevar a entorpecer el resultado del juicio, y es por ello que algunos Magistrados ponen recelos a que se difundan las declaraciones testimoniales y las demás pruebas que vayan surgiendo.Como Fiscal encuentro poco aconsejable la difusión en directo, porque quienes han sido citados como testigos deben declarar lo que percibieron sin recibir influencias de otros.Es ese el motivo por el cual el testigo que ya declaró no puede luego tener contacto con el que aún no lo hizo. En el caso puntual de la causa que nos ocupa, no hubo difusión al exterior, es decir que sólo quienes estaban en el lugar podían ver y escuchar, pero no conectarse directamente con algún canal de televisivo.  En cuanto a la presencia de terceros que concurren como público a la sala, no puede impedirse su asistencia, a excepción de que de una u otra forma molesten o entorpezcan la labor de las partes o del Tribunal, en cuyo caso el Presidente puede ordenar el alejamiento de aquellos cuya presencia resulte inconveniente (arts. 342 y 343 del C.P.P.)"

Uno de los principales afectados por la prohibición de difundir en directo fue el periodista de Radio Rivadavia, Pedro Romero, quien no percibió esa limitación como una mera cuestión procesal y relató que  "en el caso de las radios, yo sentí que todo estaba prohibido muy a pesar de que en radio no existe el riesgo de la imagen (que era lo que se “prohibía”). No hubo una explicación clara. En mi caso, daba por sentado que si no podían ingresar las cámaras, mucho menos se iba a otorgar alguna “prebenda” a las radios. La única explicación que se me dio a través del coordinador era la de la restricción para la televisión y por ende, para todos los medios; había una sensación de máxima seguridad, y todos los medios transmitían en directo. Era la primera vez que me pasó una cobertura así, porque cuando el juicio por Miguel Brú, podía ingresar después de la requisa policial, sin inconvenientes y a cualquier hora al sector de prensa. un detalle importante fue la lejanía del lugar del juicio a “los apóstoles”, que lo complicaba todo para estar allí en directo".

Una referencia aparte merece también una alusión a las condiciones especiales del juicio que finalmente derivaron en limitaciones en cuanto a la difusión.La descripción de estas condiciones no evita que, justamente, también se haga referencia directa a las causas que derivaron en las restricciones, que están vinculadas con decisiones adoptadas previamente por los magistrados.

La primera de ellas está relacionada con la situación de los imputados.  Muchos de ellos, considerados de extrema peligrosidad (de hecho estaban en una cárcel de máxima seguridad), alentaron medidas extremas de control. El denominado "telejuicio" (que colocó a los acusados en una sala contigua a la de las audiencias) fue justamente para evitar lo que hubiera significado una serie de traslados de 500 kilómetros entre la unidad penitenciariay el departamento judicial Azul.

El "telejuicio"[44], derivó en el monopolio de la imagen a una empresa contratada a tal efecto, con lo cual los canales de televisión -además de la prohibición de difundir en directo- no pudieron desarrollar sus actividades propias de cobertura.

Nuevamente aparece aquí el fantasma del juicio de María Soledad Morales:  Los magistrados evitaron así que determinado canal captara a su manera determinados gestos y ademanes que pudieran complicar el proceso.

Además del "telejuicio" otro condicionante estuvo dado porla sede donde se desarrollaron las audiencias del debate, es decir la unidad 29 situada en el gran La Plata.

En ese sentido se añadieron, a las normas propias de seguridad típicas de un juicio oral, las correspondientes al sistema penitenciario bonaerense.

Esto implicó retrasos en la cobertura en el ingreso y egreso al casino de oficiales -donde se desarrollaron las audiencias- por parte de los periodistas, quienes, si no ingresaban a determinada hora, debían esperar horas hasta que pudiera ser admitido en la sala, si es que había capacidad.

La capacidad de la sala fue otra de las cuestiones relacionadas con la restricción en la mayor satisfacción del derecho a la información, no sólo por parte del público de los medios, sino también de los asistentes en general.   Además de magistrados, partes y personal de seguridad no hubo más de treinta lugares disponibles en la sala de audiencias del casino de oficiales.   Un posible contrasentido ante un proceso oral que había concitado un gran interés de la opinión pública.   De hecho el juez Galli relató como anécdota que el diario Clarín aumentó la tirada de ejemplares cuando publicó un suplemento con los antecedentes de este caso.

La menguada capacidad de la sala de audiencias como limitación al principio de publicidad de los actos judiciales está previsto en una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Araujo. Recurso de queja", donde la opinión es favorable a una sala acorde con la trascendencia del hecho en juzgamiento. [45] También se expone como otro elemento el de la disponibilidad de espacios acotada en esa unidad carcelaria, como lo admitió también el juez Galli.

Lo cierto es que no hubo un acceso amplio de los medios a la sala de audiencias, generándose entonces una situación objetiva de desigualdad entre quienes habían accedido a la sala y quienes debían esperar en la oficina de prensa.Los primeros pudieron obtener registros de información y declaraciones.Los últimos, al no tener audio, les resultó imposible hacer una digna cobertura.

Esto es confirmado por la periodista de la agencia Diarios Bonaerenses, Virginia Pignaton cuando comentó que "La única complicación era llegar fuera de horario y sólo ingresaban los primeros. Se podía tomar nota de todo y salir al patio para hacer anticipos por teléfono" y que "creo que por lógica el que estaba dentro de la sala de audiencias tenía más posibilidades de trabajar mejor, especialmente por el contacto con los abogados y jueces".

Otro asunto vinculado también con la toma de decisiones de los magistrados, que no ha quedado evidente, pero que no debe descartarse está también relacionada con la peligrosidad de los imputados en relación con los testigos.

Resulta curioso que no haya sido expuesto como fundamento esta circunstancia de riesgo físico de testigos, que es una de las posibilidades que el artículo 342 del Código Procesal Penal admite como motivo de limitación.   Con relación a este caso, los magistrados tal vez tuvieron en cuenta, aunque no lo hicieron expreso, la necesidad de limitar la difusión en función de preservar a los intervinientes "de intimidación y represalias".

No es anecdótico señalar que varios de los imputados tenían sobre sí condenas por hechos anteriores. Esto, sumado a la situación contextual de los códigos carcelarios que justamente suele tomar represalias con quienes perjudiquen la situación procesal de algunos internos, pudo haber provocado un clima propicio para las limitaciones.

Como ejemplo:un testigo -que también era detenido-durante el juicio aportó datos incriminatorios hacia uno de los imputados y pudo haber generado represalias posteriores cuando volviera a su lugar de detención. Claro está que, en algunos casos, los jueces determinaron traslados como medidas de seguridad para preservar la integridad física de los testigos que son internos de las unidades.

Al haberse expuesto y desarrollado todas las cuestiones que explicaron la coincidencia del caso en análisis con el modelo de unilateralidad y de falta de consenso con restricciones al derecho a la información, bueno es remarcar suscintamente esas causas.

La primera es la idea que tuvieron los jueces en cuanto a su obligación de resolver una cuestión previa como era la forma de difundir este caso.

Tal resolución la adoptaron en función de un fin más general como es el del principio de la publicidad de los actos judiciales, en el cual según los jueces de este caso, los medios son comprendidos en igualdad de condiciones con el público asistente a la sala.[46]

Como factor causal de falta de consenso, también primó una cierta pasividad del periodismo para lograr un contacto previo.  Más allá de la preocupación por la requisitoria informativa, no hubo intentos por presentar inquietudes al Tribunal, situación que fue confirmada por los jueces.

Asimismo, los periodistas manifestaron un pensamiento para nada negativo contra la figura de los jueces, manifestando respeto hacia su forma de proceder en su relación con el periodismo.

No fue expuesta como causa determinante, aunque si puede establecerse que influyó en el Tribunal para las limitaciones, el hecho de contar con periodistas "no capacitados" en Derecho, y que tengan como pautas de cobertura la selección de instancias que hacen a la espectacularidad.

También se reflejó como un pensamiento previo influyente en los jueces a favor de las limitaciones, el prejuzgamiento o condena anticipada que suelen hacer algunos medios.

La postura de las partes, coincidentes en general con elpensamiento de los jueces acerca de cómo deben difundidos los juicios orales, tuvo cierta influencia desde el momento en que no hubo reclamos previos contra esas limitaciones.

En tanto, las condiciones especiales del juicio también influyeron, por ejemplo, en la decisión sobre modalidad de transmisión y  el desarrollo de un lugar poco amplio para las audiencias.

También fue factor causal el hecho de contar con imputados de alta peligrosidad y también la circunstancia de ser, la autoría de los hechos, el principal motivo del debate, situación que incidió para preservar la prueba testimonial.

Por último, es necesario señalar que no hay una coincidencia pura con el modelo citado.   Esto desde el momento en que existió por parte de los magistrados una vocación de diálogo o de recepción de inquietudes de partes de los periodistas, que dejó abiertas las puertas para un consenso parcial. De hecho, esa vocación de diálogo luego se vio en la modalidad "off the record" a lo largo del juicio oral y público.

 

CAPITULO X -CONCLUSIONES GENERALES-

VALIDEZ DE LOS MODELOS DE DIFUSIÓN DE JUICIOS

Del análisis de los casos surge que los modelos identificados en esta investigación constituyen un esquema teórico útil para identificar variables y formular hipótesis sobre la difusión de juicios orales a través de los medios de comunicación.

A continuación se evalúa el papel y grado de pertinencia de cada una de las variables identificadas, de acuerdo con los resultados del estudio empírico:

Variables relativas a jueces

- Actitud de los jueces hacia los periodistas en general

En tres de los cuatro casos analizados la actitud de los magistrados hacia los hombres de prensa es predominantemente positiva. Los periodistas son considerados parte importante del desarrollo del principio de la publicidad de actos judiciales, para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos que quieran informarse.     

No siempre esa actitud positiva se tradujo en una respuesta, acción o conducta positiva en la relación con los periodistas.   Puede observarse, por caso, como los mismos jueces que dispusieron limitaciones en el caso "Brú", no las habían resuelto para el caso "Barreda".Fueron los mismos magistrados quienes aseguraron que pese a una aceptación incondicional del principio de publicidad de actos judiciales, hubo otros factores que influyeron en un cambio de normas.

Asimismo, la actitud positiva del juez entrevistado para el caso “Cabezas” (Dr. Begue) se observó a través de su valoración efectuada respecto de que los periodistas son un factor importante para asegurar la publicidad de los actos judiciales y de la necesidad de transparencia.

Pese a tener una actitud positiva, hubo una  clara diferencia de Begué respecto de los jueces de los casos Barreda y Brú, Dres. Roscentock y Soria.

Estos últimos hicieron explícitos ciertos reparos por la tendencia que tienen medios y periodistas en la cobertura de juicios orales al aplicar normas que hicieron del juicio un espectáculo o un entretenimiento,restándole la seriedad que debiera tener la difusión de un proceso.   Así lo manifestó la doctora Roscentock cuando recordó que en el caso Barreda no se admitirían coberturas morbosas o el doctor Soria quien pretende una difusión pasiva de los juicios, algo así como quien “muestra una operación quirúrgica, pero sin molestar al cirujano”.

En tanto, los jueces consultados que intervinieron en el juicio por "el motín de Sierra Chica" demostraron, a través de sus opiniones, una actitud diferente de las anteriores.

Esas opiniones apuntaron hacia las modalidades de cobertura que realizan los periodistas y medios, sumadas a la falta de capacitación de muchos hombres de prensa, y cierto trato descalificador hacia el imputado.

Los jueces Rocha Campos y Rodríguez expresaron continuamente su malestar por “la falta de capacitación”, con desconocimiento de las mínimas reglas procesales.Esa falta de capacitación, a criterio de los entrevistados, influye en efectos posteriores en la difusión del juicio que algunas veces pueden ser nocivos, como por ejemplo la interrupción del proceso, como ocurrió en el juicio a Maria Soledad Morales en Catamarca.[47]  

En tanto, el juez Galli aportó otros fundamentos respecto deuna actitud no positiva hacia medios y periodistas cuando resaltó cierta tendencia a la “condena anticipada”.

En otro orden, cabe señalar que en los cuatro casos en general, la actitud -sea esta positiva o negativa- tuvo característica de variable principal para influir en la determinación de los modelos.

Interpretación del alcance de la publicidad en el juicio:

En general se ve, en los cuatro casos, una amplia interpretación del principio de la publicidad de los actos judiciales.

Así se deja traslucir de las opiniones de los doctores Soria y Hortel –que intervinieron en los casos Barreda y Brú- cuando indicaron que eran partidarios de la máxima publicidad, entendida como la posibilidad de llegar con las instancias del juicio mas allá de la sala de audiencias.

Soria se inclinó por esa amplia publicidad como la divulgación pasiva del juicio, asimilando al oyente o lector con las mismas posibilidades de percepción que un ciudadano presente en la sala: captando con sus sentidos, sin ninguna posibilidad de intermediacionmediante manipulacion de planos o testimonios.

Hortel no formulo un juicio de valor tan explicito como su colega aunque si manifestó con convencimiento que limitar el principio de publicidad a la presencia de publico en la sala de audiencias es “algo perimido”.

Distinta opinión manifestó la doctora Roscentock, quien no admitió que hubiera “un derecho” a recibir contenidos del juicio por parte del publico que se encuentra mas allá de la sala de audiencias. Es mas  dijo que de existir ese derecho, la obligación de parte del tribunal respecto del principio de publicidad seria de imposible cumplimiento.

También se percibió esa actitud a través de cierto pensamiento respecto del papel de los medios y periodistas en relación con el principio de publicidad de los actos judiciales.Al respecto, se señaló que la difusión del juicio analizado (Sierra Chica) no se reglamentó por inquietud de los medios,sino para garantizar la publicidad del juicio, pensamiento que ubica a la actividad periodística en un segundo plano.

Asimismo se denoto cierta amplitud en el juez del caso "Cabezas" por su percepción en cuanto a que la publicidad se encuentra también fuera de los perímetros de los tribunales donde se desarrollen las audiencias, concibiendo a la misma como una obligación de los jueces hacia el publico en general y no solo en el marco de la sala de audiencias.

El citado juez (Begué) tuvo esto muy en cuenta quizás cuando decidió la máxima difusión, balanceando de esta manera la restringida posibilidad de los ciudadanos de acudir a una sala de audiencias de pequeñas dimensiones, en la cual gran parte del lugar debía ser ocupado por las partes.

No ocurrió lo mismo y, por tanto, hubo una restringida interpretación del principio de publicidad de parte de los magistrados del juicio “Sierra Chica” cuando, pese también a la limitada capacidad de la sala, no existió esa “equiparación” con una amplia difusión (recordemos que se restringió la salida de audio en directo hacia los medios).-

Conocimiento personal entre jueces y periodistas:

Esta variable afloró con bastante evidencia en el análisis de dos casos como lo fueron los casos "Barreda" y "Cabezas" y en forma sugerida se la puede identificar a través de los casos "Brú" y "Sierra Chica".

Es en el caso Barreda el conocimiento entre jueces y periodistas fue justamente uno de los puntos clave en la negociación. Y tuvo dos manifestaciones concretas.

La primera de ellas apuntó al conocimiento, como experiencia, de un tipo de programas especializado en Justicia en la televisión abierta. La mayor relación de conocimiento con la conductora del programa (María Laura Santillán) sirvió luego como parámetro de negociación en el "taller" entre jueces y periodistas para establecer las normas definitivas de difusión del juicio.

A su vez el "taller" entre jueces y periodistas fue una segunda evidencia de ese conocimiento entre ambos.El mayor intercambio de inquietudes -por consecuencia el mayor conocimiento- tuvo una alta influencia en las reglas posteriores que configuraron un modelo sin restricciones a favor del derecho a la información.

Podría establecerse una tercera manifestación del conocimiento y es la que verbalizó la doctora Roscentock cuando aludió a que la prensa gráfica no era un problema por que ya se sabía como trabajaban sus periodistas en cuanto al respeto de las normas que la Justicia espera de las coberturas periodísticas.

El conocimiento, como experiencia, pareció no haber funcionado positivamente en el caso Brú, en el cual tal variable no apareció tan explícita, aunque sí sugerida.   El conocimiento permitió la comunicación aunque no diálogo, dado que hubo una transmisión unilateral de decisiones desde los jueces hacia los periodistas.  

Pudo haber influido el conocimiento de medios y periodistas en cuanto a experiencia en la cobertura del caso Barreda, aunque esto no fue debidamente demostrado.

En el caso "Cabezas", en cambio, el conocimiento entre jueces y periodistas fue admitido como una experiencia positiva por el juez entrevistado.   

En ese sentido, el doctor Begué hizo alusión a la influencia del conocimiento en una relación de consenso.Aquél conocimiento entre ambos sectores, se venía sosteniendo desde la época de la instrucción sumarial del caso, a través de la herramienta periodística del llamado "off the record".

En el caso Sierra Chica, a diferencia de los casos "Barreda" y "Cabezas", fue evidente la ausencia de conocimiento personal previo entre jueces y periodistas como posible variable influyente en el modelo de relación de conflicto.

Los jueces Rocha Campos y Rodríguez hicieron notar esta circunstancia cuando dijeron que les hubiera gustado conocer las inquietudes de los hombres de prensa previo decidir las normas de difusión. 

Paradójica o sorpresivamente, tanto magistrados como periodistas vinculados a ese caso admitieron una fluida relación (al igual que con el juicio Cabezas, a través del "off the record") que distendió el nivel de conflicto planteado por la ausencia de diálogo inicial. Esto hace suponer o especular que el mayor conocimiento previo pudo haber modificado el modelo.

Disposición de los magistrados para adaptarse a los actores ajenos a los subsistemas judicial y de los medios:   

Se pudo advertir en los cuatro casos con distintos grados de incidencia sea a favor o en contra del principio de publicidad de los actos judiciales.

Esta circunstancia se vio claramente expuesta por ejemplo en el juicio oral por el caso "Barreda", cuando los magistrados, advirtiendo la gran afluencia de publico, decidieron ampliar la sala de audiencias para poder atender esa demanda directa de información de parte del público, entre ellos familiares de victimas y del imputado y representantes de organismos defensores de derechos humanos.   Los aludidos magistrados volvieron a demostrar esa adaptación, cuando en el caso Brú también ampliaron más plazas para el público en la sala de audiencias, habilitando una sala especial de prensa, liberando así para el publico los espacios que estaban destinados a los periodistas.

En el caso "Cabezas" y en el caso "Sierra Chica" ocurrieron idénticas situaciones con la habilitación de una sala para el periodismo, aunque en el último de los casos el esfuerzo por esa adaptación no tuvo la total eficacia esperada ante la diminuta dimensión de la sala de audiencias en la cárcel donde se desarrollo el juicio oral.

En estos dos casos y en el juicio Barreda, se determinaron cupos máximos de ingreso de periodistas, en pos de la adaptación y la funcionalidad en el cumplimiento de la publicidad para el publico asistente.  Sin embargo, el cupo a periodistas –cuando es demasiado limitado- es disfuncional a la publicidad de los actos judiciales en cuanto a la llegada al publico receptor de los medios de comunicación que transmiten el juicio.

Esta variable tuvo cierta presencia en todos los casos, pero no llego a ser determinante en cuanto a la coincidencia con alguno de los modelos predeterminados.

Cumplimiento de reglas protocolares:

El alejamiento del protocolo judicial efectuado por los magistrados intervinientes en los cuatro casos,  posibilitó un mejoramiento de las relaciones entre jueces y periodistas.

El “leading case” por así decirlo,se estableció con el caso "Barreda", cuando, en procura de mejorar y ordenar la cobertura periodística, los magistrados asignaron a los periodistas un "status" de interlocutor que no tenían formalmente-  Así, pudieron dialogar y consensuar en un “taller previo” las pautas de difusión.   En el diálogo, por demás informal, primó la horizontalidad por sobre  todo grado de visión subestimadora de la prensa. Esto habla a las claras del alejamiento del protocolo.

En el caso "Brú" también se registro parcialmente el alejamiento de las normas protocolares, aunque con menor dimensión.   Fue cuando el camarista Soria decidió adelantar verbal y personalmente al periodismo los términos de la resolución acerca de cómose iba a desarrollar esa cobertura, aunque con unidireccionalidad y sin aceptar cuestionamientos.También ese alejamiento se observó en oportunidad de establecer pautas para la cobertura de una diligencia judicial de reconocimiento en el exterior de la sala de audiencias.  La informalidad o ausencia del cumplimiento de normas protocolares se registro tanto en el caso "Cabezas" como en el caso "Sierra Chica", aunque en este ultimo hay algunas observaciones.

En el caso "Cabezas" el diálogo informal mantenido durante varios meses –desde la instrucción sumarial hasta el juicio oral- fue una constante entre jueces y periodistas que fortaleció la relación de mutua cooperación y respeto por sus respectivos roles.

En el caso "Sierra Chica", en cambio, se registró la ausencia de cumplimiento del protocolo, pero en algunos pasajes del juicio, con lo cual no se puede analizar su influencia en el modelo.   Con respecto a esto, cabe señalar de la intención de al menos dos magistrados por apartarse del protocolo y recibir las inquietudes previas del periodismo,situación que no se cumplió por la falta de iniciativa de los hombres de prensa en ese sentido.

Como dos ultimas consideraciones respecto de esta variable, cabe consignar cómo el diálogo informal coincidió con una importante herramienta periodística como es el “off the record” que le permite a los periodistas obtener información sin comprometer a los magistrados en una exposición que podría perjudicarlos.En este sentido, cabe señalar que los magistrados tienen prohibido hacer referencia a los juiciosa su cargo, hasta tanto no se haya dictado veredicto y sentencia.

La ultima consideración es que este no respeto al protocolo con el dialogo informal suele sustanciarse en etapa previa al juicio. Al menos eso ocurrió en tres de los cuatro casos analizados.  

En ese sentido también cabe señalar la voluntad por salirse del protocolo con la aceptación de la audiencia preliminar del juicio (art. 338 del C.P.C.) como ámbito natural de dialogo referente a la participación del periodismo en los juicios orales.Dado que no hay un texto explicito al respecto, esto también habló a las claras de la predisposición a la informalidad de los magistrados en función de mejorar la relación con los periodistas y la publicidad de los actos judiciales.

 

Variables relativas a medios y periodistas:

Normas periodísticas para la selección y tratamiento de la información:

Es uno de los factores básicos para interpretar los niveles de relación y equilibrio que se registraron en tres de los cuatro casos como "Barreda", "Brú" y "Sierra Chica".

Antes de la relación directa con los casos conviene también indicar que esta variable es el gran disparador del debate a dar respecto de la problemática de la difusión periodística de los juicios orales.

¿Los medios garantizan el derecho a la información si sólo transmiten un juicio como un espectáculo o entretenimiento? ¿Los jueces pueden invadir el terreno de los medios y condicionar la difusión de un juicio al alejamiento de esas normas periodísticas?

Son las dos grandes preguntas que quedan sobrevolando y, sobre las cuales, sería aconsejable un diálogo entre ambos sectores para consensuar una postura con respecto a futuros juicios.

En el caso Barreda, los magistrados -conocedores de los formatos de difusión efectuados por los medios, sobre todo de la televisión- sólo atinaron a expresar su queja respecto de esa modalidad.  Sin embargo, fue uno de los datos de mayor influencia en el “taller previo” con los periodistas.Puede decirse que tuvo un efecto ambivalente, dado que incidió como pauta de diálogo (y de mejor relación) entre jueces y periodistas.Pero, en un esquema sin demasiadas restricciones, no se pudo evitar por ejemplo la espectacularidad de ese juicio que pudo haber dado la televisión con la selección de planos, imágenes y declaraciones en base a lo impactante y “vendible” a la audiencia.

En cambio, en el caso "Brú", el tema de la espectacularidad en la difusión, tuvo su influencia.   Los magistrados no lo señalan como un condicionante de la limitación en la difusión, pero bueno es decir que esa queja contra el periodismo la manifestaron en entrevistas realizadas unos años después de este juicio, con lo cual puede deducirse que si esas ideas estaban vigentes desde el caso Barreda, también tuvieron influencia en el caso Brú.

Sin embargo, no lo hicieron evidente, dado que no hay texto legal que autorice a limitar la difusión de un juicio por el grado de espectacularidad en el tratamiento de los medios.

No obstante una cierta influencia se apreció, por ejemplo con la instrucción para que las cámaras de televisión (que transmitieron en diferido gran parte del juicio) se ubicaran al final de la sala de audiencias.   Con ello, los magistrados lograron neutralizar el grado de espectacularidad, dado que también hubo alcance limitado para la captación de primeros planos y gestos que la forma pudiera distraer al televidente del seguimiento lineal del contenido.Esta variable tuvo mayor influencia en este caso que en el anterior.

En el caso "Cabezas", también se dispusieron cámaras de TV al final de la sala, aunque no surge que haya sido derivado de un pensamiento negativo sobre la espectacularidad en el tratamiento, con lo cual solo se ve que tuvo un efecto inocuo.

En tanto, en el caso Sierra Chica, si hay en principio una relación entre una idea negativa de los magistrados sobre el tratamiento periodístico de programa de entretenimiento y la reglamentación de la cobertura periodística.

Se advirtió en la opinión recabada a los tres magistrados intervinientes un cierto rechazo a esa modalidad de transmisión.   Pero es notable saber que hubo  una brecha entre el deseo de los magistrados y el efecto posterior.

Por un lado, al establecer la señal única de video y coordinar con una empresa la filmación, el Tribunal se reservó la influencia en la modalidad del tratamiento, privilegiando el uso de las cámaras para seguir las declaraciones de los imputados y lograr que estos se observaran a través de monitores o pantallas, en detrimento del espectáculo televisivo.

No obstante, efectos no deseados se registraron cuando los canales de televisión tomaron la señal única de video y captaron algunas tomas con cierta dosis de espectacularidad, por ejemplo con las imágenes de los imputados detrás de las rejas, circunstancia que fue motivo de reclamos por parte de la defensa.    No obstante este dato anecdótico, lo cierto es que la variable relativa a las normas periodísticaspara la selección y tratamiento de la información influyó en este caso, en aspectos determinados de la relación jueces y periodistas.

Interpretación del derecho a la información:  

Los periodistas tienen una interpretación amplia del derecho a la información que ejerce influencia a su vez en el ejercicio de otros derechos.  

Los hombres de prensa conciben el derecho a informar como la columna vertebral de la actividad periodística y también a su vez como un derecho laboral.

En algunas ocasiones la amplitud en la interpretación del derecho a informargenera también que se entienda como una arista importante en la actividad comercial o negocio periodístico,dado que en muchas ocasiones los periodistas trabajan para empresas privadas y que las mismassustentan sus ingresos en pautas publicitarias asignadas en la medida de captar mayor audienciao lectores.

Puede establecerse que primó esta última interpretación -según el relevamiento de testimonios y observación de determinadas circunstancias- como influyente en la relación de loscasos con los modelos.

Vale destacar al respecto como,por ejemplo, en el caso "Brú", un periodista gráfico (Sansone) privilegió su derecho a informar cuando fundamentó la publicación de entrevistas a testigos antes de que estos pasaran por el estrado.  Esto como parte del negocio periodístico, que implica adelantar las instancias del juicio y, con ello vender mas ejemplares a sus lectores.   Pero  pudo haber motivado alguno pedido de nulidad, con las consecuencias negativas hacia el debido proceso.

En el mismo caso señalado, una periodista de televisión alertó sobre cómo la limitación a la difusión afecto el negocio del canal, dado que el móvil de exteriores para transmitir una “mercadería barata de adquirir” tuvo que irse hacia otro destino para captar otro hecho noticiable que sea justificable en el marco de la administración de recursos.

Pero estas anécdotas solo sirven ser citadas si explican el grado de predisposición existente en los periodistas para el ejercicio del derecho a informar en su concepción más amplia.

Esta predisposición pudo haber chocado tal vez con pensamientos conservadores de los magistrados , afectando así una buena relación de consenso y equilibrio entre el citado derecho a la información y el debido proceso.

Conocimiento e interpretación de normas procesales:

El desconocimiento de las normas por parte de los periodistas no tuvo un efecto observable en el caso Barreda.   Se puede recordar al respecto que los jueces (por ej: Roscentock) resaltaron que había un predominio de periodistas con falta de capacitación y que esa carencia de conocimientos les impidió aprovechar mejor la cobertura de cada juicio oral.Sin embargo, más allá de esta opiniónhubo una relación de consenso.

En el caso "Brú" intervinieron los mismos jueces que en el caso Barreda, pero sin el mismo nivel de calidad de relación con los periodistas.

Para el caso Brú no surge en forma precisa y directa que esa falta de conocimiento haya influido con fuerza en la relación con los magistrados, como si ocurrió con otras variables ya expuestas.

En el caso "Cabezas" tampoco se advirtió influencia en la relación con los magistrados.

En tanto, en el caso Sierra Chica, la ausencia de ese conocimiento o capacitación judicial se visualizo como negativa para con la relación inicial entre jueces y periodistas.

Esto fue certificado por las opiniones de los jueces Rocha Campos y Rodríguez, quienes pusieron como una precondición para un efectivo dialogo el hecho de que existan periodistas capacitados en temas judiciales como interlocutores válidos.

Si bien se vio luego una importante relación de dialogo en el transcurso del juicio, lo cierto es que no se produjo la instancia clave para el consenso, que era el diálogo previo.

Pero la ausencia de conocimientos de normas procesales también tuvo su influencia en el aprovechamiento de una mejor labor periodística como bien lo revelaron ciertos periodistas consultados.  

Conocimiento e interpretación de los derechos personalísimos

No hay en los periodistas una concepción definida sobre donde deben estar los límites en la difusión y parten de la base que, ante la ausencia de normas,“todo vale”.Esto implica  muchas veces colisionar con derechos personalisimos de imputado o testigos en el juicio oral.

En algunas consultas a periodistas el límite a la cobertura se planteó sólo sobre la base “del buen gusto” siendo este parámetro algo muy amplio y difuso.   

Es por esta razón que se puede señalar que el conocimiento e interpretación de los derechos personalísimos que hacen los periodistas haya influido como condicionante en la relación y en el equilibrio entre el derecho a informar y el debido proceso, sobre todo en aquellos esquemas con mayor restricción.

Esto pudo haber influido como causa en la relación entre jueces y periodistas.Los magistrados pudieron haber detectado esta circunstancia a través de coberturas en juicios anteriores, como así también de la instancia de instrucción sumarial en cada caso analizado.

En el análisis del caso Brúuna periodista de televisión admitió que “seguiría a un testigo hasta la puerta del baño”. Esta frasepuede resultar emblemática de hasta que punto están difusos los límites entre el derecho a informar y, por ejemplo, los derechos a la intimidad y a la imagen, según la óptica del periodismo.

En tanto, en otro caso, aunque con un esquema mas liberal como el de Barreda, otro periodista televisivo señaló que los magistrados no habrían de molestarse si se capta en primer plano a un imputado que este llorando por que “periodísticamente es mejor”, sin reparar quizás en que -más allá de estar en un lugar publico- hay también un derecho a la intimidad en juego.

Por otra parte, esto no fue motivo de preocupación para el magistrado consultado respecto del caso Cabezas.

Pero tal preocupación surge o al menos se desprende de las consultas efectuadas a los jueces a cargo del juzgamiento a imputados por el motín de Sierra Chica.

    Actitud de los periodistas hacia los jueces:  

Se observa un predominio de cierta actitud negativa en general hacia los magistrados en cuanto a su postura un tanto avasallante hacia quienes no forman parte del mundo cultural judicial, sin que los periodistas constituyan la excepción a la regla.

Hay una tendencia mayoritaria de los periodistas consultados a criticar duramente a los jueces decididos a comunicarse con el  periodismo “solo a través de sus sentencias”, por que lo ven como una limitación del trabajo periodístico.

Por otra parte, también fue advertida cierta postura socrática de realzar la ignorancia de los periodistas en temas técnicos procesales.Pero a su vez, también critican a los jueces que por una necesidad excesiva y puramente personal se convierten en “mediáticos” a través de una fuerte y continua exposición personal ante los medios.

Los resultados en cuanto a influencia, como se dijo, no están tan evidentes, ni surge una conclusión importante acerca de la influencia de esta variable.Tampoco surge claramente que la actitud de los periodistas haya influido en la falta de dialogo previo en el caso Sierra Chica. También se manifestó como inocuo el efecto de esta variable en los casos Barreda y Cabezas.

Conocimiento previo del caso:

El conocimiento previo del caso, bueno es señalarlo, es un elemento vital para una buena cobertura periodística.   Saber como se desarrolló cierto episodio del hecho delictivo en juzgamiento, conocer a los principales testigos y lo que estos dijeron en la instrucción sumarial son elementos básicos a tener en cuenta por un periodista que cubra juicios orales.

Tuvo que ver con el mayor aprovechamiento en la selección de datos, imágenes y testimonios que derivaron en el mayor ejercicio del derecho a la información, aunque concibiendo al publico como destinatario último.El mayor conocimiento permitió canalizar la mejor información al publico receptor de los medios que ejercen también su derecho a la información.

Pero, de acuerdo con los testimonios recogidos, se lo vincula mas con lo descriptivo de lo que pudo ocurrir durante el juicio, mas que como causa influyente en la relación.   Se podría hipotetizar que la mayor cantidad de periodistas con un mayor conocimiento del caso, pudieron determinar una profundización del derecho a la información. Pero también, como se vio, el ejercicio del derecho a la información tuvo que ver con la posibilidad de que el esquema fuera, fundamentalmente, sin restricciones.

Nivel de prejuzgamiento:

En este caso se intenta determinar si existió o no alguna suerte de sensación de la llamada "condena anticipada" hacia el imputado. Esa posibilidad pudo advertirse con mayor o menor presencia, tanto en el relevamiento periodístico como en las entrevistas realizadas, con los cuatro casos analizados.

Sin embargo, muchos magistrados consultados - y de ellos dependió la decisión final en cuanto a modelos de difusión-   la influencia de la "condena anticipada" de los medios se dio como una concepción generalizada más allá de lo que se haya percibido para el caso que se dio en el análisis.

En lo referente a la "condena anticipada" en casos particulares, se pudo detectar su presencia a través de las opiniones de los defensores de cada uno de los cuatro juicios aludidos.

En algunos casos, esto ocurrió a través del uso de determinados calificativos, como fue en el caso "Doce Apóstoles", y en otros a través del mismo tratamiento periodístico desarrollado por el medio, sea porel hecho de resaltar instancias desfavorables al imputado, como así también a través de opiniones y comentarios que intentaron adelantar un final del juicio.

Esto último pareció suceder con los casos "Cabezas" y "Brú",mientras que en el caso "Barreda", al conocerse la autoría,  la sensación de condena anticipada pareció algo natural en el tratamiento periodístico.

En cuanto a influencia, se pudo visualizar una relación directa entre ese clima previo de "condena anticipada" y la relación que surgió entre jueces y periodistas en el caso Brú.Esto fue por que la defensa, ante ese clima de "condena anticipada" y posible vulnerabilidad de garantías reclamó determinadas restricciones para la difusión.

Fue también en el caso Sierra Chica en que el nivel de prejuzgamiento o "condena anticipada" influyó en el modelo restrictivo. Pero vale reiterar que en este caso, los magistrados (Galli lo afirma contundentemente), tenían una concepción general de los medios en cuanto a esta tendencia.

Intensidad de la competencia entre los medios:

La intensidad en la competencia entre los medios fue un dato muy tenido en cuenta por los magistrados de cada uno de los casos y tuvo mucha influencia en cuanto a decisiones de los magistrados y la relación de estos con los periodistas.

Si hubiera que sintetizar esa influencia de la competencia, se debería resumir en la siguiente frase: adaptación de espacios para la publicidad.

En un breve repaso, cabe señalar que fue en el caso "Barreda" en que precisamente la competencia entre medios televisivos modificó la idea previa de los magistrados de centralizar la filmación en un solo programa televisivo.

Así fue que la competencia forzó la decisión de instalar cámaras anexas por cada uno de los canales.  

En otro orden, y en cuanto a la competencia de medios en general, la influencia de esta circunstancia de presencia masiva de periodistas se tradujo en la necesidad de acreditación para actuar con equidad en la administración de espacios no solo para los distintos medios, sino también con respecto al público en general.

En el caso "Brú" la intensidad de la competencia influyó para el esquema de difusión del juicio, con la habilitación de la franja posterior de la sala de audiencias para las cámaras de televisión, sumado a la habilitación de una sala especial de prensa.

Esto influyó en una mejor relación, pero, como se vio en el análisis integral, no llego a neutralizar el esquema de conflicto entre jueces y periodistas.

En el caso "Cabezas", por el contrario, la intensidad mayor de competencia generó decisiones a favor de una buena relación, como fue la acreditación, el establecimiento de cupos para periodistas en la sala de audiencias, la señal única de video externa (ante la insuficiencia de espacios para varias cámaras de televisión) y la habilitación de una sala de prensa.

Al igual que en el caso "Brú", este dato no acerca certezas de una mayor influencia que otras situaciones en la relación de consenso implícito entre jueces y periodistas.Si pudo haber influido en la posibilidad de un esquema de difusión con restricciones, generándose las circunstancias para una óptima labor periodística.

En el caso "Doce Apóstoles" la mayor intensidad de la competencia, fue también tomada como dato para la decisión en cuanto al esquema posterior de difusión, con la acreditación, señal única de video sin audio y sala de prensa, pero no se advierte una influencia en la relación entre jueces y periodistas.

Tipo de relación entre los periodistas:

No se percibieron directamente en los casos estudiados influencias importantes de la relación entre periodistas sobre la marcha de los juicios.

Tan solo en el caso Cabezas se pudo observar una relación solidaria no sólo por la particular característica de contar con una victima del ámbito periodístico, sino por la cooperación existente entre periodistas y técnicos televisivos para hacer que la señal de video y audio llegara a los demás canales que la quisieran captar y difundir.

Esto pudo haber influido en el desarrollo de un mayor esquema liberal por que facilito la llegada a la mayor cantidad de medios televisivos.

Tal vez el caso "Barreda" haya tenido alguna característica de relación solidaria entre periodistas, con el compromiso de sustentary hacer cumplir las pautas que reglamentaron la difusión y que fueron decididas tras un consenso entre jueces y periodistas.

En el resto de los casos, tan sólo se advierte no una postura competitiva sino de cierta indiferencia desde periodistas gráficos hacia los televisivos. Esto se vio por ejemplo a través de hechos y declaraciones en los cuales no asimilan, al conjunto de los periodistas, los conflictos que mantienen sus colegas televisivos con los magistrados.

Intensidad de la cobertura previa del caso:

Es el dato objetivo que permite al magistrado evaluar previamente el nivel de trascendencia que tendrá el juicio.  

La intensidad de la cobertura previa del caso sirvió también para que los magistrados advirtieran que tipo de medios y que empresas periodísticas siguieron linealmente el caso desde la instrucción, de manera tal de conocer que aspectos eran de mayor interés.  Asimismo aporto elementos para determinar la cantidad de periodistas que iba a convocar el proceso oral de manera tal de tomar las previsiones para la acreditación.

En el caso “Barreda”, los magistrados entrevistados admitieron explícitamente que el nivel de cobertura previa influyo en la decisión de convocar a los medios para definir las reglas de difusión.En el caso “Brú” también se deduce la influencia a partir de las reglas que luego se decidieron en forma unilateral.

En el caso “Cabezas” ocurrió algo similar que con respecto al caso “Brú” en cuanto a que el juez no hizo alusión explicita a esa cobertura previa intensa, pero si admitió tener una fluida relación con varios periodistas durante la etapa de instrucción sumarial y durante la Instrucción Penal Suplementaria que incluyo la realización de diligencias de reconstrucción del hecho en el exterior de los Tribunales. Este elemento llevó a la Cámara de Dolores a establecer de manera unilateral las reglas de difusión.

No aparece como influyente esta variable en la difusión del juicio “Sierra Chica”, donde, salvo en el hecho en si que luego fue motivo de juzgamiento, no hubo una intensidad mayor de cobertura previa, salvo hasta unos pocos días antes de iniciarse el proceso oral.   

 

Variables relacionadas con otros actores del proceso:

Actitud de las partes hacia la publicidad del juicio:

El reclamo  persistente en contra de determinados aspectos de la difusión del juicio fue un complemento tal vez decisivo para la configuración de un modelo restrictivohacia la prensa.   Y eso pareció ocurrir con mayor evidencia en el caso Brú, en el cual la defensa fue muy meticulosa en evitar que se filtraran determinadas instancias del juicio.  

La amenaza latente de un pedido de nulidad de las actuaciones en el juicio oral, fue percibidapor algunos de los periodistas entrevistados. Esto pudo derivar en las restricciones comentadas.

La postura de las partes respecto de los casos "Cabezas" y "Doce Apóstoles"no resultó influyente respecto de la modalidad de difusión, según lo señalan los respectivos magistrados de ambos casos.

En tanto,tuvo un efecto contrario la queja de la defensa en el caso Barreda, que más que nada apuntaba contra el tratamiento periodístico con un mayor nivel de prejuzgamiento que se le hizo al juicio, pero que no motivó en los magistrados a adoptar alguna limitación al respecto.

Pero definida la actitud como idea o pensamiento que se tiene respecto de algo en particular, en este caso, la publicidad de los juicios, cabe señalar que hubo alguna influencia en el modelo final, sobre todo en la mayor o menor apertura hacia el derecho a la información.

En el caso "Brú", la actitud no positiva hacia medios y periodistas de parte de la defensa fue advertida en la entrevista respectiva.Quejas hacia la intromisión de la prensa en el debido proceso, posible vulneración del derecho de defensa, fueron expuestos como motivos para poder oponer reparos hacia una actividad periodística ilimitada en la cobertura de juicios orales.   Su posterior reclamo de restricciones –por ejemplo a la difusión directa- influyó en la decisión de jueces que tenían una actitud positiva hacia medios y periodistas.

En forma distinta operó la actitud no positiva de la defensa en el caso "Barreda" que, pese a esta circunstancia, no genero luego unreclamo restrictivo.

En el caso Cabezas -al menos en la limitada muestra como fue la consulta a un fiscal y a un defensor de solo cuatro imputados- se advirtió la existencia de una actitud positiva hacia la publicidad del juicio, entendiendo a esta como omnicomprensiva en cuanto a la actividad periodística.Pero no se observó una alta influencia, dado que los jueces del Tribunal del Dolores manifestaron tener (al menos uno de ellos) una amplia y positiva actitud hacia la publicidad de los actos judiciales.

A su vez, la actitud no positiva de la defensa en el juicio de Sierra Chica se tradujo, entre otras cosas, por una cierta subestimación de los periodistas en cuanto a su capacitación.No se puede asegurar que esa actitud haya influido en la decisión de los magistrados, dado que, como los explicaron los abogados consultados, el modelo restrictivo obedeció a un resorte decisorio exclusivo de ese Tribunal.Sin embargo, cabe reconocerlo, los jueces, en cierta manera, manifestaron coincidencias en este tipo de pensamiento con la defensa.   

Actitud del imputado hacia los medios y periodistas:

Su importancia se manifestó en el caso Barreda.  El imputado Ricardo Barreda concedió entrevistas a distintos medios de difusión en etapas previas a la substanciación del juicio.Esto pudo  sugerir que no iba a haber mayores resistencias en la relación del imputado con los medios, comprendiendo el primero del nivel de trascendencia que había alcanzado el hecho que iba a ser juzgado.Se puede señalar que hubo una influencia positiva de la actitud del imputado hacia los medios.

En el caso "Brú" esa predisposición al contacto con los medios no fue la constante por parte de los imputados.  Esa falta de contacto o indiferencia hacia los medios pudo haber influido en posteriores reclamos de la defensa para motivar restricciones.Por eso en todo caso se puede hablar de una incidencia indirecta en el modelo restrictivo.   La misma situación pareció ocurrir en el caso Sierra Chica,donde los imputados no tuvieron un contacto directo con la prensa

En tanto, en el caso "Cabezas" existió predisposición de algunos imputados hacia los medios a través de la concesión de entrevistas y formulación de declaraciones.    Fue el caso de los imputados Gustavo Prellezo y los vecinos del barrio de los Hornos en el gran La Plata.   Esa predisposición al contacto con la prensa alentó la especulación -luego confirmada- de que la difusión del juicio oral no iba a ser motivo de reparos.Esto se ratificó con la ausencia de enérgicos reclamos de la mayoría de los defensores para restringir la difusión.

 

Variables relacionadas con las características del juicio:

Complejidad del juicio:

Este elemento estuvo presente con distinto grado de influencia y también con diferentes consecuencias en los cuatro casos analizados.   En tres de  los cuatro juicios (Barreda, Brú y Sierra Chica)pareció tener una influencia decisiva.

Cabe recordar que en este trabajo se definió la alta complejidad del juicio cuando no está develada la autoría del hecho, la necesidad de abundante prueba testimonial, o por los riesgos de seguridad física de testigos e imputados.En tanto, la baja complejidad está relacionada con un juicio donde está aceptada la autoría y sólo se debate sobre la inimputabilidady no es altamente influyente la prueba testimonial.

Cuando un juez entrevistado (Hortel) se refirió al caso Barreda como un juicio "especial" para ser difundido o televisado apuntó justamente a quese  trataba de un caso con "baja complejidad": el imputado estaba confeso, había algunas pruebas periciales forenses que lo comprometían y sólo faltaba definir si era culpable, es decir si podía ser imputable del delito.   El hecho de que un perito haya escuchado antes a otro no es determinante en términos procesales:se supone que el perito habla en base a sus conocimientos, especialidad y experiencia propia de haber tomado contacto con elimputado.

En cambio una alta complejidad del juicio en el caso "Brú" alentó a los mismos jueces a decidir normas totalmente distintas: menos liberales y más restrictivas.Cabe recordar que en el caso "Brú", no estaba probada la autoría del hecho, abundó la prueba testimonial ofrecida por las partes y hubo amenazas y riesgos de seguridad física para testigos y familiares de la víctima.

En cambio, la alta complejidad del juicio del caso "Cabezas" no tuvo influencia en favor del modelo definitivo.   Es decir, no operó a favor de la difusión sin restricciones.  

Distinto es el caso "Sierra Chica", en el cual sí existió una alta complejidad que pareció operar en la misma dirección que en el caso Brú.    Al respecto vale recordar sobre ese juicio oral la necesidad de evitar problemas con el traslado de detenidos (de allí la necesidad del telejuicio), todos los imputados tenían antecedentes de peligrosidad, no estaba definida la autoría del hecho y había riesgos de seguridad física en testigos.   Ese cúmulo de situaciones que configuraron una alta complejidad parecieron tener sus efectos en las decisiones de los jueces en cuanto a una mayor restricción en la difusión.Mas allá de esta observación, esta circunstancia no fue admitida explícitamente por los magistrados, sino que surgieron de consultas a otras fuentes.

Variables relacionadas con el contexto del juicio:

Interés en el juicio por parte de la opinión publica:

Está vinculada al igual que otras circunstancias aquí analizadas a la mayor trascendencia del caso.El mayor interés, claro está, se verá a través del nivel de encendido o de audiencia a través de medios audiovisuales o de tirada de ejemplares en el caso del periodismo grafico.

Este cuadro de situación, sumado a otros datos objetivos,anticiparan al magistrado el esquema de situación con el que se va a encontrar respecto de la mayor o menor presencia de los medios para la difusión del juicio oral.

Se puede señalar que tuvo alta influencia en todos los casos, aunque no siempre con el mismo resultado en cuanto a consenso o menor restricción.El mayor interés de la opinión pública fue un factorque reforzó la decisión de los magistrados en uno o en otro sentido.

Por ejemplo, en el caso "Cabezas" operó favorablemente hacia un esquema liberal, como complemento de otros datos como la mayor necesidad de transparencia.   En los casos "Brú" y "Sierra Chica" operó negativamenteal temer los magistrados queese mayor interés de la opinión publica pudieraacentuarcierta modalidad de difusión ligada al entretenimiento.

En el caso "Barreda", sirvió para anticipar y prever circunstancias que faciliten la organización del esquema de difusión posterior.       

Nivel de credibilidad de la institución judicial en la opinión publica:  

No se vio una influencia directa salvo en el caso "Cabezas". En ese caso, un seguimiento intensivo de la etapa sumarial, sumado a la visión critica de varios medios hacia la Justicia ante la insuficiencia por satisfacer en forma inmediata el esclarecimiento de los hechos, tuvo mayor influencia en un esquema liberal y sin restricciones para la difusión y la mayor satisfacción del derecho a la información.   El mejoramiento de la imagen de la justicia se iba a dar, justamente, en una mayor transparencia en cuanto a la publicidad de los actos judiciales.

Actitud de la opinión publica hacia el delito:

En algunos casos esa opinión pública pudo haberse presentado dividida frente a la situación del imputado, como ocurrió en el caso Barreda.   O con una posición más cercana a la condena previa como en el caso "Brú" o "Sierra Chica".

Lo cierto es que hay que diferenciar la posición de la opinión pública de lo que resulta de la conducta asumida por el  público en la sala de audiencias.    A través del protagonismo registrado en los medios, se vio una conducta muy activa del público en el caso "Brú", con la participación de familiares de la víctima y de familiares de organismos defensores de los derechos Humanos que influyo tanto en la relación jueces-periodistas como en el esquema de difusión.

Una idéntica observación -en cuanto a un rol activo- también se dio en la participación de organismos sindicalizados de la prensa en el caso Cabezas,pero en este caso con respecto a un esquema de difusión sin restricciones en procura de la mayor transparencia del proceso..

No se registró, o no fue evidente, la postura del público en la sala respecto de los casos Doce Apóstoles y Barreda. ,pese a que, en este último caso se pudo advertir la presencia de varios familiares de las víctimas algunas organizaciones defensoras de derechos de la mujer.

Otros factores externos:

La presencia de factores de contexto parecen ser determinantes en al menos dos de los casos evaluados:"Cabezas" y "Brú",aunque con menor grado de incidencia en los casos "Barreda" y"Doce Apóstoles".Aún en estos dos últimos casos,el contexto no parece estar ausenteyno puede ser ignorado.

En el caso Cabezas el contexto analizado fue el de una serie de circunstancias políticas -enfrentamientos personales,  situación de la prensa,riesgos en la libertad de expresión-que pudieronhaberpromovido una mayor necesidad de transparenciaydepublicidad de los actos judiciales, más allá de la actitud que hayan observado los jueces.

El caso de una fuerte presencia de factores de contexto negativos a la publicidad se dio en el juicio orala imputados del secuestro y muerte de Miguel Brú.

En este sentido, los magistrados expresaron su reafirmación de un amplio desarrollo de la publicidad de los actos judiciales, delrespeto al  periodismo y a la transparencia, pero tuvieron un giro de 180 grados en cuanto a relación con ese periodismo respecto del caso Barreda, que también habían juzgado.

El factor de contexto que se dio con simultaneidad al juicio, donde los imputados eran policías,fue el del pleno desarrollo de una reforma depuradora de la institución policial, desde el gobierno bonaerense. Y esto pudo haber influido en las medidas restrictivas, que no fueron admitidas explícitamente por los magistrados consultados, aunque si desde el sector de los periodistas.

Una menor influencia se observó respecto del contexto en el caso Barreda y Doce Apóstoles o motín de Sierra Chica.

En el caso Barreda, como se dijo, fue muy importante el contexto de desarrollo tecnológico que ese había producido en cuanto a medios audiovisuales (aparición el celular y mejor habilitación de móviles con antenas parabólicas).   Pero no pareció habersido decisivo para el modelo sin restricciones.

En tanto, en el caso Sierra Chica, el contexto pareció también tener menor influencia para lograrse el modelo restrictivo.Lo cierto es que el gran factor contextual de este juicio fue la presencia de un gobierno provincial con un discurso predominante a favor de la          "mano dura" o de reducción de garantías en la investigación y represión del delito.   Pero en todo caso, ese factor debería estudiarse más en referencia con el final del juicio, para saber si hubo influencia en cuanto a las condenas.

 

   AJUSTES A LOS MODELOS DE DIFUSIÓN DE JUICIOS

Los resultados de la investigación empírica sugieren además la necesidad de efectuar una serie de precisiones y ajustes de carácter teórico a los modelos planteados:

-Hay instancias de un juicio que tienen un común denominador de máxima publicidad y es la etapa final de alegatos, dictado de veredicto y sentencia. Así surge de los testimonios obtenidos, aún en los casos presumidos como los de mayor restricción al derecho a la información.

A esto hay que sumar que hay varias opiniones del campo jurídico que no oponen reparos a la difusión de la exposición de peritos (Ej.: médicos forenses, asistentes sociales, expertos en rastros, que suelen ser de presencia habitual en estos juicios) dado que ello no complicaría la preservación de la prueba.

Esto significa que, a los efectos del estudio de futuros casos, debería delimitarse el análisis a la etapa de prueba testimonial y es en esa instancia donde debiera contemplarse su acercamiento o predominio de los modelos enunciados.

Sin perjuicio de lo señalado y en el caso de hallarse detalles de fuerte relevancia en otras instancias (por Ej.: alguna restricción a la difusión durante la etapa de exposición de partes) estos elementos podrán ser balanceados con la etapa testimonial para obtener una conclusión más categórica.

Esto no sería suficiente si no se agregara otro elemento y es el del período previo al inicio del debate para analizar debidamente la relación entre magistrados y periodistas.Generalmente, ese período se inicia desde la convocatoria de la Cámara Penal a las partes para desarrollar la Instrucción Penal Suplementaria (IPS), oportunidad en que suelen acercarse medios y periodistas para requerir detalles del caso.

Es en ese interín en que los hombres de prensa acuden al Tribunal para saber que modo actuarán los Jueces y que detalles tendrán éstos en cuenta a la hora de organizar la cobertura periodística.

-El acotamiento del tema en esta tesis, hizo que el estudio se centrara sólo en la etapa del debate. Sobre la base de lo manifestado en la conclusión anterior, no son pocas las opiniones, tanto de jueces, partes y periodistas que señalan de la preocupación que motivaba la modalidad de la difusión del juicio aún meses antes de su inicio.  

En muchos casos el juicio es seguido porperiodistas que vienen investigando el caso desde la instrucción sumarial. En otros casos los jueces se encontraran con los trabajadores de prensa durante la etapa de Instrucción Penal Suplementaria (IPS) en que se desarrollan las pruebas (no testimoniales) solicitadas por las partes ante la cámara penal.

Cabe afirmar que a veces el sentido común de los magistrados y en otros la demanda de los periodistashizo que el tema de la difusión se comenzara a tratar mucho antes de sentar al imputado en el banquillo.Desde ese momento ya se pueden obtener indicios de cómo se desarrollará esa relación.

Como se señaló, en algunos casos será necesario ir más atrás y observar cómo fue la relación durante la etapa de la instrucción.Esto en el caso de observarse presencia de periodistas que estuvieron siguiendo el caso desde el inicio de la investigación.Si bien esta instancia está a cargo de otros magistrados (distintos que los del debate), se podrán obtener valiosos elementos o antecedentes para promover una fluida relación.

Otras conclusiones

La presente investigación permite extraer una serie de conclusiones que pueden servir de base al establecimiento de un conjunto de principios guía para mejorar el proceso la difusión de los juicios orales.

POR LA NATURALEZA DE CADA ACTIVIDAD, LA RELACION ENTRE JUECES Y PERIODISTAS TIENE UNA TENDENCIA AL CONFLICTO EN UN JUICIO ORAL

En el universo elegido de los cuatro casos de la Justicia penal bonaerense hubo una interacción distante de la pretendida por el periodismo que es la de lograr jueces con una mayor exposición mediática.

Los casos estudiados y las opiniones en general de periodistas y magistrados (también de las partes) llevan a inferir que es natural una tendencia a la conflictividad en la relación entre jueces y periodistas sea por el mundo en que cada uno de ellos se desenvuelve, su cosmovisión, y los fines propuestos en sus respectivas actividades.

El conflicto es el presupuesto básico a la hora de iniciarse una etapa de relación entre jueces y periodistas y dependerá de la habilidad de ambos sectores para atenuar esa situación.Recordemos, el concepto del autor Esteban Rodríguez que concibe al conflicto como una "situación problemática" entre ambos sectores o, como se definió en la introducción teórica, que el conflicto iba a estar referido a la ausencia de diálogo o falta de acuerdo.

La garantía del debido proceso exige además de la seguridad física de testigos e imputados y el derecho a la defensa,   el contar con testigos hábiles y con jueces independientes y probos, y una cobertura periodística como parte de la publicidad de los actos de gobierno.   Este aspecto es conocido por muchos magistrados y es un punto obligado en la agenda y lo llevará a establecer pautas para proponer o disponer respecto de los medios.    De la respuesta o reacción que despierten estas pautas en los hombres de prensa se podrá deducir el nivel de conflicto existente.

Pero la conflictividad también tiene otras aristas y otros elementos, sin los cuales este análisis sería insuficiente.

Es común que, durante un juicio oral, un magistrado decida no exponersedebido al riesgo de emitir conceptos que lo coloquen en la vereda del "prejuzgamiento" con la consiguiente recusación de la causa y la posible nulidad de lo actuado durante el debate.

Igualmente, lo distante y frio de la relación no evitó un mínimo acercamiento de los jueces hacia el periodismo para evacuar inquietudes acerca de la modalidad de difusión de las audiencias.   Esto fue, en algunas ocasiones mediante un diálogo, en otras, contestando esas requisitorias a través de resoluciones judiciales.

Más allá de una fría relación, también trasciende que una vez fijadas las reglas de juego, jueces y periodistas no dejaron de tener, en algunos casos, un diálogo rutinario en el marco de un "off the record" (con reserva de la fuente).

En tanto; otro de los  parámetros de relación está dado por la opinión que los magistrados tienen de los periodistas y viceversa.

En general, los magistrados consultados (también las partes) desearían a periodistas con cierta especialización, de manera tal que hayan tenido previa incursión en el Derecho o tengan un mínimo de conocimientos judiciales.

Por otra parte, desde el mundo periodístico, se critica a aquellos jueces que sólo por una cuestión de posicionamiento personal se exponen a los medios.Pero a la prensa les sugiere una idéntica opinión respecto de aquellos jueces ubicados en las antípodas, es decir aquellos que decidieron hablar "sólo por sus sentencias".   Estos últimos son ubicados por los periodistas en una actitud "conspirativa" o "disfuncional" en referencia con el trabajo de informar a la opinión pública.

Imperan en el pensamiento de magistrados y trabajadores de prensaciertos estereotipos que generalizan las características de ambos.   Los periodistas ven en los jueces a personas un tanto aisladas del mundo rutinario, con cierta dosis de suficiencia que los lleva a mirar peyorativamente a todo aquel que esté ubicado fuera del Derecho.En otras palabras, dicen que "los jueces hacen de su mundo jurídico, el mundo".

Los magistrados, por su parte, también advierten que, en su óptica, el periodismo es banal, frívolo y tienen a muchas coberturas periodísticas, entre ellas las de juicios orales, como montaje de un "show" donde se destacan cuestiones secundarias y con poco sentido formativo.

EL AVANCE TECNOLOGICO DE LOS MEDIOS Y LA FALTA DE ADAPTACION DE LA JUSTICIA SE CONVIERTE EN OTRO FACTOR DE CONFLICTO

No hace falta recurrir a bibliotecas para demostrar que los tiempos periodísticos corren más rápido que los judiciales.      Pero el avance tecnológico pareció agigantar esta brecha, poniendo al desnudo la falta de anticipación de la Justicia a estos cambios que se avecinaban.

Es indudable que la tecnología facilitó al máximo la mayor disposición en el acceso a la información, potenciando el derecho a la información.

Más posibilidad de transmitir en directo para radio y televisión, con más móviles reorganizó el esquema de cobertura de un juicio oral, configurándose un periodismo mucho más activo y tal vez, más agresivo.

Ante esto, muchos magistrados que no advirtieron el proceso de cambio resisten este nuevo esquema, sin calcular que esa conducta también puede ser interpretada como la negación hacia este avance que hacen los medios en su uso del derecho a la información.  

Es que la posibilidad de un mayor manipuleo de la información, la mayor diversidad de exposición de fuentes informativas, un mayor universo disponible de planos y escenas televisivas está ligado a ese avance tecnológico.   Volvamos, sino, al ejemplo de un juicio decimonónico, en el cual sólo era cubierto por periodistas gráficos que sólo escribían lo que observaban y no tenían mayor posibilidad de influencia en el desarrollo de las audiencias.

La falta de interpretación de ese avance tecnológico en los medios y la ausencia de adaptación proporcional a ese avance -por ejemplo adoptando medidas preventivas en un esquema de difusión- convoca a un cambio brusco de la Justicia en sus formas de desenvolvimiento. Y esto genera resistencias.

Un ejemplo de ello podría ser el del impedimento o limitación de transmisiones en directo, aún en circunstancias que no afecten el debido proceso.  

Este nuevo escenario parece llevar a la conclusión de obtener de parte del sistema judicial una especialización en la comprensión de esos avances tecnológicos y su relación con el trabajo periodístico, como parte de ese proceso de adaptación.

Esa adaptación es necesaria para asimilar a la imagen de la Justicia al proceso de modernización integral el cual no puede ignorar, aunque sí tiene la opción de elegir su modo de incorporación.   

 

LA APLICACIÓN DE NORMAS DIFUSIÓN LIGADAS AL FORMATO DE ENTRETENIMIENTO ES OTRO FACTOR CENTRAL DE CONFLICTO

La aplicación por parte de los medios de normas de difusión ligadas a lo espectacular y al entretenimientoha estado presente a lo largo de este trabajo y se ha ubicado en diferentes esquemas de interpretación de parte de magistrados y periodistas.

De esta manera, se advierten segundas lecturas detrás de lo favorable y negativo de esa modalidad.

De parte de magistrados se puede inferir que se observa a este esquemacomo un factor de irritación, dado que se muestra a un juicio oral o a la justicia como un espectáculo más asimilable a una telenovela.

Por otra parte, desde los medios televisivos se proclama el derecho de información, pero pocas veces admitieron que amparados en ese reclamo legítimo, también está el de hacer un negocio a través del montaje de la espectacularidad.

En este contexto se hace necesario un sano debate que coloque en igualdad de exposición la intención de informar y de darle un formato de espectacularidad a un juicio oral.  

Los magistrados, a través de sus posturas manifestadas en entrevistas, expresaron su disconformidad con la modalidad de difusión de un juicio, asimilándolo a un uso disfuncional del derecho a la información.

Por otra parte, la prohibición de la transmisión de un juicio con el sólo fundamento de evitar la espectacularidad, es interpretado como "arbitrario" y rayano con la censura por muchos periodistas y medios consultados.

En este sentido, aparece oportuna la reflexión de un magistrado que compara la difusión de un juicio oral con una intervención quirúrgica: "mostrar sin participar, observar como el cirujano utiliza el bisturí, aunque sin ir más allá".

Por otra parte, si es el ciudadano -aquél que también puede estar presente en la sala de audiencias- el titular principal del derecho a la información ¿por qué no equiparar las condiciones de observación de ese juicio que tiene el hombre común con las que puede tener un medio televisivo?.

El magistrado tiene la oportunidad de aprovechar que aún existe esa "falta de reacción total" de los medios que le permite impartir reglas de juego y lograr que estas sean pacíficamente acatadas.

Por otra parte, el o los jueces no desean ser socios del negocio periodístico, y sólo quieren cumplir con la obligación de la publicidad de actos de gobierno.

Permitir la divulgación con pautas acordes a un formato judicial (por ejemplo evitar escenas fuera de contexto y ajenas a lo que se está escuchando), reforzaría la imagen de cumplimiento de esa obligación republicana.

En muchos casos se permite colocar una cámara al final o en un punto fijo de la sala, de manera tal que permita la difusión aunque no un manipuleo de planos y de información, otorgándole a ciudadanos que miran el juicio por la pantalla chica, el mismo derecho a la información que quienes estén presentes en la sala de audiencias.

Entre la opción por acatar las reglas y no transmitir, los medios televisivos seguramente elegirán la primera posibilidad.Y ante una reacción por un supuesto "límite", la justicia estaría en mejores condiciones de afrontar un debate sobre si se cumple o no con el derecho a la información.

De todos modos, los medios de comunicación -preferentemente los televisivos-no perderán su oportunidad de mostrar un show.  Ese formato lo establecerán con su cobertura por fuera de lo sucedido en la sala de audiencias, de manera tal que se separa a los magistrados de una imagen de partícipes de esa modalidad de difusión.

 

EXISTEN MECANISMOS DE AUTODEFENSA QUE OPERAN COMO FUENTE POTENCIAL DE CONFLICTO

Se ha comprobado, a través de distintas opiniones, sobre todo de gente perteneciente al género televisivo (el que más preocupa a los jueces). Su labor apunta hacia el desarrollo de la información, pero también al favorecimiento de un negocio periodístico, en el cual el juicio oral es "la mercadería de bajo costo" y los televidentes, los consumidores.

Por tratarse los medios televisivos de empresas periodísticas, donde el norte es el lucro y no la formación cultural de sus destinatarios, es lógico pensar que, en un futuro, puedan observarse presiones para lograr un mejor acceso a esa "mercadería".

Las primeras presiones -latentes en cuanto a su utilización- podrían ser los reclamos generados a través de "opinadores", "periodistas" y, en los casos más graves, campañas adaptadas a ese fin, que estigmaticen a tales o cuales magistrados como "detractores del derecho a la información" o de responsables de juicios "poco transparentes".

En ese sentido "jueces que hablen por sus sentencias" quedarán excesivamente débiles ante esos ataques, sin una estructura o estrategia de difusión para contrarrestar tales agresiones.

Una muestra de agresividad -más allá de si estuvo razonada o no- fue la comentada en varias entrevistas en torno de un caso no analizado como el primer juicio a imputados del crimen de María Soledad Morales.   Allí, un canal de televisión que advirtió gestos sospechosos de un magistrado, potenció esa escena al punto de lograrse su recusación.

La reacción judicial fue la de prohibir la televisación, pero esto no hizo más que agigantar la postura de ese medio para presionar mediaticamente, además de efectuar reclamos judiciales por el cercenamiento del derecho a la información.

Esta última herramienta -uso de recursos judiciales por parte de los medios- está latente aunque no es de uso común de parte de los medios en la justicia penal bonaerense.

Sin embargo, los medios -cuyos periodistas y propietarios son también ciudadanos- están en condiciones de poner en duda tales o cuales determinaciones restrictivas de la difusión de juicios orales.En buen romance la herramienta judicial puede constituir "el as bajo la manga" de las empresas periodísticas.

 Una primera instancia podrá hacerse ante los mismos jueces  que deciden esas restricciones.  Pero la peor sobrevendrá cuando aparezca en escena algún amparo favorable tramitado ante otro magistrado distinto (EJ: juez de garantías en turno) y cuya decisión sirva de precedente.

 Desde la otra vereda, la judicial, también hay mecanismos latentes en cuanto a utilización.Por ejemplo, hay magistrados que permiten coberturas que en otras épocas hubiera merecido una importante reacción.

La realización de notas a testigos, antes de que ellos vayan ante los estrados; la invasión de la intimidad; la condena anticipada, son algunos ejemplos de modos periodísticos que afectan derechos y que sin embargo no en todos los casos merecen una reprobación.Esta reacción latente está también en la disposición de los magistrados del inicio de causas penales por la violación de derechos personales que pueda provocar la difusión.   

No obstante, un pleno ejercicio de estas acciones contra los medios y periodistas podría constituir un efecto "boomerang" y atentar contra la imagen de los propios magistrados.

 

El PERIODISMO GRAFICO SE ADAPTA MEJOR QUE LOS OTROS TIPOS DE MEDIO AL MUNDO JUDICIAL EN EL CONTEXTO DE UN JUICIO ORAL

De todos los tipos de medios, el gráfico parece ser el que mejor se adapta a las necesidades del debido proceso y la buena marcha del debate.

En este caso, el periodista de diario, tiene un rol más pasivo si se tiene en cuenta que no cuenta con la presión de canalizar la información con la inmediatezque sí exige el trabajo de una agencia de noticias, radio o televisión.

Por ejemplo, no hacen "molestos" copetes en medo de una audiencia que puedan distraer a magistrados y partes durante un testimonio y su labor pasa por registrar la mayor cantidad de datos para su crónica del día siguiente.

Ese rol, mal llamado "pasivo" de la prensa gráfica es lo que lleva a obtener alguna preferencia encubierta o, tal vez, menos críticas desde los magistrados.

Esto explicaría, en principio, por que registra cierta permisividad que no tiene, por caso, la televisión.

Por ejemplo, durante un juicio oral de varias jornadas, un diario volcará en sus páginas declaraciones de testigos que serán conocidas por testigos siguientes en la lista, algo que va en contra de la preservación de la prueba.

Sin embargo,  esta posibilidad de difusión le está vedada a la televisión cuando se realiza una transmisión en directo.

Cuando fue expuesta esta cuestión, desde el mundo jurídico se interpretó que establecer cierto límite en los diarios implicaba "pasar las fronteras" y atentar contra el derecho a la información.Pero a la hora de garantizar derechos, no se "nivela hacia arriba" garantizando esa posibilidad de informar a la televisión.

El comentario no es fortuito dado que un riesgo de pérdida de preservación de la prueba testimonial se dio en uno de los cuatro casos estudiados.  

La anécdota en que se funda esta afirmación se refiere al juicio a imputados por masacre de la cárcel de Sierra Chica.Allí, un testigo concurrió ante el tribunal y admitió haber leído testimonios anteriores en un matutino, sobre hechos similares a los que iba a ser interrogado, de lo cual se deduce que hubo alguna influencia de la prensa y no precisamente de medios audiovisuales.

Esta apreciación no debería servir para que, en lo sucesivo, los magistrados adopten mayor cantidad de limitaciones.Por el contrario, sirve para alertar que se hace necesario también indagar sobre las distintas modalidades del periodismo actual y establecer, así, igualdad de oportunidades teniendo en cuenta las necesidades de cada tipo de medio como diarios, radio, agencias y televisión.

 

COMO MEDIDA AISLADA, EL LIMITE A LA TRANSMISION EN DIRECTO DE UN JUICIO RESULTA INEFICAZ PARA LA PRESERVACION DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Es la prohibición o limitación de difusión en directo uno de los puntos clave, tanto para la discusión como así también un factor latente de conflicto entre jueces y periodistas.

Antes de analizar ese punto hay que reproducir el argumento judicial por excelencia para explicar esta decisión: "si se transmite en directo, un testigo estaría alertando a los posteriores acerca del contenido de su declaración".

Esta aseveración parte de la base de que el testigo no hablará sólo en torno a lo que captó mediante sus sentidos,            sino que reproducirá textualmente lo que dijo quien le precedió.   Faltará entonces al juramento de decir la verdad  sobre lo que vio o escuchó acerca del hecho en debate. Ello podría resultar un prejuicio (y, por que no, una subestimación intelectual) con referencia al testigo, que no se hace con el imputado, quien gozará de la presunción de inocencia hasta el dictado del veredicto.

En el Código Procesal Penal bonaerense, vale aclarar, concurren ante los estrados testigos que ya depusieron en la etapa del sumario o Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y también quienes son propuestos por las partes, exclusivamente, para la instancia del debate.

Los primeros tienen un condicionamiento, en cuanto deben ser coincidentes con lo que dijeron ante el fiscal a cargo de la IPP (o ante el juez de Instrucción para casos anteriores al nuevo código), bajo el riesgo de ser procesados por falso testimonio.

En tanto, quienes declaran directamente en el debate no tendrían ese riesgo, aunque sí la posibilidad de que, si sus dichos no son coincidentes con los de otros, puedan ser sometidos a la presión de un careo en la sala de audiencias.

Ante estos condicionamientos expuestos¿Qué hace que un testigo se deje influenciar por un testimonio de una persona que le precedió tal vez lejana o desconocida de su entorno?.

Si un testigo va a mentir ante jueces, fiscal, defensor y sala de audiencias: ¿lo hará por lo que escuchó de un testimonio anterior o porque fue debidamente preparado para hablar sobre determinada circunstancia?.

Son preguntas que sirven para balancear elementos de concepto a la hora de tomar decisiones sobre el límite de la difusión en directo de un juicio oral.

En todos los casos se presume que, de haber difusión directa, todos los testimonios tendrían una reproducción textual, algo que, por otra parte, también llamaría la atención de los magistrados y partes.

Pero más allá de esto, la preservación de la prueba testimoniales un principio que viene de antaño, con la redacción de los códigos procesales y se tienen en cuenta varias medidas parasu cumplimiento.

Lo cierto es que si la prueba se ventilara en una sola jornada no existiría ese riesgo.Esto es por que todos los testigos estarían, antes de declarar, en un lugar distinto y aislado de la sala donde se desarrolla la audiencia.

En ese caso, la difusión directa no afectaría dado que los pormenores del debate no serían captados por los testigos siguientes.

Pero los cuatro casos analizados tuvieron una duración mayor a la de una sola jornada y merecen una observación aparte.

Dos de esos casos se transmitieron en directo, sin limitaciones, como fueron los procesos contra imputados del crimen de José Luis Cabezas y al imputado Ricardo Barreda.

Los dos restantes, referentes a los casos Brú y Sierra Chica, tuvieron limitaciones parciales.

En el caso Brú se declaró un período de veda de transmisión hasta las 18 horas de cada jornada (incluyendo también a la radio.   En tanto, en el caso Sierra Chica se prohibió la difusión de audio en directo, aunque sí la transmisión de imágenes, pero no hubo límites para la posibilidad de hacer transmisiones parciales a través de radio y agencias.

Respecto de estos dos últimos casos, los testigos pendientes de declaración -sólo los que debían concurrir en jornadas posteriores- pudieron tal vez enterarse de los testimonios que se estaban difundiendo.

Fue en el caso Brú donde, una de las modalidades de distribución de testigos (por bandas horarias, matutina y vespertina) se podría justificar una postura favorable al argumento judicial.   

Desde la cámara penal juzgadora de este caso se señaló que los testigos que deponían por la tarde no se encontraban aislados desde la mañana, sino que concurrían recién después del cuarto intermedio del mediodía, con lo cual se hubieran alertado de las declaraciones de los testigos anteriores efectuadas durante la banda horaria "matutina".

Aún en este último caso se debe observar el contexto en que se desarrollan los juicios.

A nadie escapa -y algunos magistrados lo admitieron- que si se quiere preservar debidamente la prueba testimonial deberán efectuarse los controles más allá de lo que implica la televisación o difusión.

Por ejemplo, debieran adoptarse medidas respecto de evitar el contacto de las partes con los testigos,de testigos entre sí fuera de la sala de audiencias, de testigos con personas que hayan presenciado testimonios anteriores y otras complementarias.

Ante una falta de control integral -fin para el cual la justicia bonaerense no cuenta con la estructura, ni con los recursos necesarios- la televisión y los medios audiovisuales en general, pagan el costo por todos los demás controles que no se adoptaron, quedando en una situación de inequidad o, lo que es más grave, de discriminación.

El medio televisivo, afectado en su derecho a cumplir con una digna cobertura, puede tal vez preguntar por que es el único destinatario de ese control inequitativo, sin pruebas de controles sobre las demás circunstancias enunciadas.

En este mar de incertidumbre y dudas, sobrevuela la interpretación sobre "segundas intenciones" en la limitación.   Los magistrados a veces las hacen expresas como ocurrió en el juicio oral a las juntas militares en 1985, cuando la cámara penal de Capital Federal estableció la prohibición de televisar el juicio para que este no se convierta en un "show mediático".

Pero los magistrados que limitan la televisación también limitan la capacidad de una gran sala de audiencias virtual como la compuesta por miles de argentinos con tanto derecho a la información como quienes lograron obtener una butaca cercana a los estrados.

Ante una multitud de televidentes ansiosos por información, la prohibición de difusión en directo provocará sensación de falta de transparencia en el obrar judicial, alimentando de esta manera a aquellas usinas y opinadores que denostan la imagen judicial o asocian a una gran mayoría de magistrados - que hacen bien su tarea - a la de quienes fueron sometidos a procesos de juicio político o criticados por actitudes indecorosas.

Según este contexto, el magistrado que limite o prohiba la difusión, deberá tener en cuenta estos detalles y verificar en que medida, para el caso puntual que le toque juzgar, es realmente necesario e imprescindible establecer tal limitación.

 

LOS PERIODISTAS TIENDEN A ACEPTAR LIMITACIONES A LA DIFUSION DIRECTA BASADAS EN DEFENSA DE LA INTIMIDAD, SEGURIDAD FISICA Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA

Como un correlato de la conclusión anterior, hay argumentos que son aceptados o tolerados, en general, por los hombres y mujeres de prensa que cubren un juicio oral.Tal es el caso de, por ejemplo, ciertos derechos constitucionales amparados por pactos internacionales, esto es el derecho a la intimidad y a la seguridad física.

Esto surge de no haber observado grandes reacciones por los límites impuestos a partir de argumentaciones vertidas en favor de esos derechos.   Por caso, en el código procesal penal se prohibe la difusión en directo o en diferido de juicios por casos de violación o abuso sexual, por que se estaría invadiendo la intimidad de la víctima.

Asimismo, el tema de la seguridad física de testigos o terceros está muy relacionado con la cuestión de la responsabilidad social de la prensa.   En este sentido -y como ocurrió con el juicio del motín de Sierra Chica- es posible que un testigo haya brindando datos que, de difundirse en directo, generen represalias para con su persona o familiares.Ante la certeza de esta posibilidad, la difusión se transforma en un socio no deseado de la delincuencia que quiere generar esas represalias que, en los códigos carcelarios, suele pagarse hasta con la vida.

No queda claro, en tanto, si esa tolerancia se presta también a otro derecho personalísimo como es el de la imagen.Al volver sobre el caso citado de Sierra Chica, de hecho los medios no respetaron que imputados que gozaban del principio de presunción de inocencia, fueran retratados tras las rejas de la celda en la cual se encontraban.

 

LOS MAGISTRADOS OTORGAN UNA IMPORTANCIA PRIORITARIA A LA BUENA MARCHA DEL PROCESO

El estudio de los casos seleccionados arrojó que una cuestión que parecía secundaria es, sin embargo, uno de los máximos desvelos de magistrados, junto con el debido proceso, como lo es la buena marcha del debate.

Una distracción del magistrado ante un murmullo o disparo de flash fotográfico, en medio de un testimonio clave, puede influir en su interpretación de la prueba.

La preocupación por la buena marcha o desarrollo del debate se traduce en medidas tales como: establecer un lapso para tomas fotográficas, prohibición de notas o comentarios durante un testimonio, permitir informes o reportajes sólo en el exterior de la sala de audiencias, habilitación de una sala contigua para la prensa y toma externa de señal de video y audio para su retransmisión hacia los medios.

En otros casos, se advierte la colocación de cámaras de video en el final de la sala en puntos fijos y evitando desplazamientos.   En tres de los juicios analizados se tercerizó la filmación central. Esto, por una cuestión de obtener un registro de determinadas características y también para lograr un normal desarrollo de las audiencias.

En todas las consultas a periodistas, estos admitieron esa preocupación de los magistrados y muchos efectuaron su autocrítica, dado que muchas veces su actividad puede entorpecer las audiencias.En tanto, no hay unanimidad sobre que medio es el que provoca mayores anomalías.   Por ejemplo, los gráficos suelen adjudicarle esa "virtud" a sus colegas televisivos y radiales.

La sala de prensa, en donde se toma la señal externa de audio y video, aparece como un eficaz remedio.   Si esta aseveración resultara inocua, imaginemos entonces una cobertura en la misma sala de audiencias y en el marco de un óptimo ejercicio del derecho a la información. Estas serían las características:

Periodistas de radio haciendo móviles a medida que detectan un testimonio interesante

Periodistas de televisión y radio con ingresos y egresos permanentes de la sala de audiencias sea para hacer notas al testigo que salió como para cubrir los testimonios siguientes.

Periodistas gráficos dando instrucciones a fotógrafos.

Fotógrafos retratando y disparando flash a diestra y siniestra a medida que observen planos interesantes de los principales protagonistas.

Periodistas de agencias de noticias que egresan de la sala en forma intempestiva para enviar boletines o despachos a sus centrales de redacción, vía telefónica.

      Casi todas estas actividades podrían hacerse en una sala de prensa contigua, prescindiendo de la presencia de periodistas en la sala de audiencias.

 

***

La difusión de los juicios orales debería tener en cuenta los siguientes principios:

EL NIVEL DE PREJUZGAMIENTO AL IMPUTADO SE ENMARCA COMO UNA CUESTIONETICA, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA PERIODISTICO COMO JURIDICO.

A través de distintas entrevistas se pudo concluir que corre por cuenta del magistrado interviniente absorber o no esas presiones y que, en la medida que tenga más independencia, menor influencia sufrirá al respecto.  

Desde el mundo jurídico, vale la acotación, se acepta la existencia de este nivel de prejuzgamiento y su dimensión, pero se niega efectividad en cuanto a su influencia de parte de los medios.

Desde el mundo periodístico, la mayoría de las consultas permite arribar a la conclusión de que ese nivel de prejuzgamiento constituye una disfunción dentro de la actividad periodística y que es repudiable desde lo ético.   Sin expresarlo categóricamente, los consultados sugirieron que esa"condena anticipada" está más cercanaal formato de entretenimiento observado en la mayor aplicación de normas periodísticas, y que no debe ligarse este concepto a una cobertura seria y responsable.   De otro modo, según se asegura, se caería en una tentación demagógica de absorber presiones que se puedan advertir desde la opinión pública, que no tiene todos los elementos ni formación para analizar un caso determinado.

En una menor medida hay periodistas que no se hacen cargo -como es de esperar- de lo que puedan hacer algunos colegas, en quienes sí observan esa tendencia.

Muchas veces el efecto de una mayor prejuzgamiento hacia el imputado surge como sensación de contraposición a un hecho delictivo tan aberrante, que, en el imaginario colectivo no cabeotra alternativa que una sentencia con condena. El deseo prioritario de la audiencia suele ser el de lograr el fin de la impunidad en el caso, más allá de quien esté sentado en el banquillo. Pero aceptar juicios con final acordes a los del estado de ánimo de la opinión pública es entonces aceptar la "justicia de Barrabás".En este esquema los televidentes conformarían una asamblea virtual que vota su preferencia por la condena o absolución, sin garantías ni derechos del imputado.  

Pero, casualmente, esto también surge por una constante advertida a través de discursos que exigen mano dura relacionando lo justo de un caso con el haber condenado inexorablemente al imputado.  

En muy pocas o inexistentes ocasiones, tras un juicio terminado en absolución y que tenía una condena anticipada, se despertó en los medios otra variante: por ejemplo la de establecer críticas por una mala investigación policial durante la etapa de instrucción que determinó que estuvieran en el banquillo los imputados equivocados, mientras el culpable anda suelto y goza de impunidad.

ES NECESARIO MANTENER UN DEBATE PREVIO AL JUICIO RESPECTO DE LAS REGLAS DE DIFUSION

Prevaleció entre los periodistas consultados una demanda de conocimiento de las reglas de cobertura periodística.   Quienes no lo hicieron explícitamente admitieron que actuarían en función de la competencia y sólo regularían su tarea en función del "sentido común" y el "buen gusto" dos concepciones con tanta diversidad en su interpretación como cantidad de mortales hay en la provincia de Buenos Aires.  Es decir, dos parámetros que son materia subjetiva y opinable.  

Tales criterios podrían derivar en un escenario caótico que conspiraría contra el normal desarrollo del proceso.

Por otra parte, y ante una pregunta específica, no pocos magistrados y partes aceptaron la validez de la audiencia preliminar fijada por el artículo 338 del Código Procesal Penal, como una instancia para establecer esta discusión sobre la participación de la prensa, cuyo rol algunos podrán subestimar, aunque no ignorar.

Cabe señalar que, en esa audiencia se incluyen todos los temas atinentes a la modalidad de prueba a recibir por el tribunal.   No siempre se habla de la difusión de esa prueba, sobre todo la testimonial.   Es más. De hecho, se aceptó que en algunos casos analizados esa audiencia fue utilizada para debatir sobre la modalidad de difusión, situación que resalta esa instancia procesal.

Asimismo, cabe señalar que el artículo 342 del Código Procesal Penal bonaerense obliga al Tribunal a fundar las limitaciones que debieran existir en cuanto a participación del periodismo.  

Se supone que el magistrado no va detrás de los acontecimientos, sino que es un visionario que se adelanta a eventuales problemas.    En ese sentido, la opinión de las partes en la audiencia previa del Art. 338 aporta no solamente las inquietudes, sino que alertaría sobre posibles pedidos de nulidad relacionados con la difusión (Ej. : prohibición de invadir intimidad del imputado por determinado testimonio).

Como bien lo señalaron muchos periodistas consultados, los magistrados no viven aislados del mundo que los rodea, si bien su tarea específica puede llegar, por un momento, a abstraerlos de esa realidad.   Pero su relación con el entorno social y, sobretodo, su percepción y sentido común, le indican cuando un caso es trascendente y merecerá la atención de los medios.

Organizar, entonces, la cobertura periodística -para algunos una tarea indeseada, pero obligada e ineludible- con demasiada antelación al debate se torna necesario para asegurar el debido proceso y la buena marcha del debate.

En los cuatro casos analizados, la organización previa fue una constante y los resultados -en cuanto a ordenamiento de esta temática- fueron óptimos.

SON NECESARIAS REGLAS DE JUEGO CLARAS Y EQUITATIVAS

La actividad periodística sin código de ética, ni regulación, se transforma en un negocio, muchas veces sin escrúpulos, donde todo vale.

Esta observación se hace ya no por el modo de cobertura periodística, sino por el riesgo de no garantizar la buena marcha del proceso.   No importa ya si una cámara de televisión captó el llanto de un imputado.  Sí importa, por ejemplo que la actividad periodística durante un juicio no interrumpa un testimonio clave.

Un magistrado consultado señaló que sería interesante difundir una intervención quirúrgica, pero que no sería aconsejable que algún periodista asomara un micrófono en el quirófano para preguntar y distraer al cirujano en ese momento tan especial.   También se dio el ejemplo de un partido de fútbol donde tampoco un cronista ingresaría al campo de juego.

En tanto, desde la óptica periodística se señaló que en un juicio el condicionante principal es la competencia entre medios y cronistas para obtener primicias.   Sin regulación alguna, no cuesta mucho imaginar a una topadora que todo derriba a su paso y sin contemplaciones de ninguna índole.Y en el medio está, vale reiterar, el debido proceso y la buena marcha del debate.

Algunos periodistas han admitido que "seguirían a un testigo hasta el baño" o que han hecho cosas similares y que sólo criterios de buen gusto o sentido común frenarían su voracidad por la información.

Entra en el buen gusto y el sentido común, asegurar la buena marcha del debate y, en ese sentido no resulta trivial la formulación de reglas básicas para el periodismo, algunas de ellas pueriles: no hacer comentarios en vivo durante las audiencias, hacer notas sólo antes o después de esas audiencias, sumadas a otras que aseguren cierta tranquilidad a magistrados y partes.

La necesidad de reglas claras se traduce de las consultas efectuadas a los hombres y mujeres de prensa.  Algunos las solicitan para ordenar su propia tarea y para delimitar el escenario en que se van a desenvolver.

Pero la claridad en las reglas es una condición necesaria, aunque no suficiente.El requisito adicional es que también vayan acompañadas de un espíritu equitativo.   Los periodistas reclaman equidad -justamente en la Justicia- para evitar favorecimientos muchas veces involuntarias tanto hacia una empresa periodística como así también hacia determinado medio (Ej. : diario, agencias, televisión).

Se ha apreciado que en los cuatro casos estudiados se forma un arco de opiniones que va desde quienes hacen un "culto" de esas reglas hasta aquellos que no las piden, pero tampoco rechazan esa posibilidad.   En ninguno de los casos se lo percibe como una cuestión gravosa.

Puede que el contenido de algún reglamento resulte concebido como un "límite" desde el punto de vista periodístico.   Pero también se advierte una rápida "adaptación" a esas reglas.

En otras palabras, un reglamento es el escenario o delimitación del campo de acción de periodistas y medios en general. De la certidumbre que demuestren los magistrados en la ejecución de esas reglas, se establecerá un fortalecimiento de la "adaptación" a esta nueva instancia.

La garantía de equidad -tanto para empresas que compiten entre sí, como para el desenvolvimiento de distintos tipos de medios (radio, TV)- aseguran la etapa de "adaptación".Es más se ha observado que, en muchos casos, periodistas que quieren aprovechar el terreno conseguido a través de esta reglamentación, se convierten en tenaces defensores de esos eventuales reglamentos.

En tanto, la falta de certeza en la ejecución del reglamento sumado a la falta de equidad, reinstaura la hipótesis de conflicto entre jueces y periodistas, que conspira no sólo contra la relación, sino contra el debido proceso y a la buena marcha del debate.

En síntesis:En el marco de dicha relación hay varias etapas a saber:  

Incertidumbre: Con necesidad de contacto entre justicia y prensa que suele ocurrir en un período anterior al inicio del debate.

Formalización del contacto:Se inicia de oficio mediante convocatoria de los magistrados al diálogo con la prensa, o en su defecto, por la requisitoria de distintos periodistas y medios que generalmente deviene en una resolución reglamentaria.

c)Reacción del periodismo: Esta puede ser pasiva o confrontativa. Generalmente, y por los casos analizados, es la TV la que tiene un rol protagónico y determinante en esta instancia.

Adaptación del periodismo: Ante la configuración del nuevo escenario de acción, la prensa acepta las reglas de juego.

Estas etapas son de un cumplimiento cierto en la presencia de las siguientes condiciones:

1)Certidumbre en la ejecución de las reglas impartidas

2)Equidad en la aplicación de las reglas impartidas.

 

ES NECESARIO  QUE LA JUSTICIA COMUNIQUE ADECUADAMENTE CONCEPTOS BASICOS

El obligado bajo perfil que deben adoptar los magistrados en el marco de un juicio oral arrastra a un estado de pasividad en todo el sistema judicial que podría perjudicar la imagen de la Justicia bonaerense.

Esta afirmación se deduce de la cada vez más activa participación del periodismo en temas judiciales, muchas veces con efectos negativos que generalizan un concepto impreciso de la actividad judicial.

A esto debe sumarse el "campo virtual de batalla" en que se ha convertido el espacio disponible en medios audiovisuales y gráficos, aprovechado por las partes para librar su juicio paralelo al cual muchas veces la opinión pública suele darle más entidad que al verdadero proceso.

Está vigente la idea en muchos abogados defensores –algunos lo admitieron expresamente- que es necesario lograr la absolución en el juicio y, además, restaurar el buen nombre de sus asistidos ante la opinión pública.    Esto pareciera provocar una reacción de la contraparte fiscal, ante la posibilidad de evitar influencias sobre el o los magistrados.

Esto logra una espiral peligrosa, provocando un sobredimensionamiento de ese debate informal ante los medios, en detrimento del lógico y único ámbitoen que se deben dirimir los conflictos –en este caso del fuero penal- que es el sistema judicial.

No necesariamente debe ser el magistrado –convocado para otras tareas- el exclusivo responsable y encargado de comunicar  conceptos y posicionar a la Justicia para revitalizar su imagen por sobre ámbitos informales que sólo hacen al negocio periodístico.   

El posicionamiento, cabe resaltar, es un recurso de trabajo utilizado a conciencia por la actividad publicitaria, la cual busca que sus consumidorestengan en mente siempre el nombre de determinada marca o imagen empresaria.

Quizá llegó la hora de efectuar mecanismos de posicionamiento con otras herramientas conceptuales, teniendo como norte llegar a ciudadanos y no a consumidores.   En este caso de parte de la Justicia.

Con los avances tecnológicos, hay una amplia demanda informativa y empresas necesitadas o inducidas a efectuar otro tratamiento periodístico. Para los medios esperar a que un juez hable “por sus sentencias” es negativo.En este caso, aguardar la lectura del veredicto y sentencia tras varias jornadas en que sólo se escucharon por los medios especulaciones de periodistas –algunos sin formación- o visiones de quienes tienen interés en la causa, acorralan y presionan la actividad de los magistrados.

Conceptos básicos para la convivencia democrática, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, juicio con todas las garantías y, sobre todo, la independencia de los magistrados quedan en una nebulosa para el entendimiento de una opinión pública condenada a ver los juicios orales como si fuera un show previamente digitado.

La justicia parece dejar un lugar vacío, y que se resigna a ocupar, en un debate necesario para determinar que manera la sociedad quiere disipar sus problemas o pleitos, si en un estudio de televisión o en los estrados tribunalicios.Hay una ausencia total de ese concepto ante una gran masa de televidentes que, en busca de terminar con la impunidad, condenan sin prueba alguna.

Tampoco está instalado ante la opinión pública que cualquiertelevidente, oyente o lector, es pasible de estar algún día en el banquillo, y que, si eso ocurriera, también le gustaría contar con todas las garantías de un juicio transparente y justo.

Esto no significa que los magistrados deban prestarse a ser meros “partenaires” del show, sino avanzar en la modalidad de la "divulgación docente".Eso se gana, justamente con las mismas herramientas que utilizan los medios y demostrando capacidad de debate.

Ese debate se puede promover –todos los días, o ante cada juicio resonante- desde la misma Justicia, a través de voceros especializados –idóneos para comunicar esos conceptos básicos, no necesariamente abogados- o desde organismos independientes  con una amplia cuota de credibilidadante la sociedad.

El complemento de lo dicho se gana justamente con mayor transparencia en la transmisión de juicios orales, acompañados por una tarea de divulgación en torno a los fundamentos de las reglas básicas del debido proceso, que no siempre debe explicarse para integrantes de la comunidad jurídica, sino al ciudadano y contribuyente en general.

Muchos criticarán esta comparación que para quien escribe se torna necesaria:así como ante la necesidad de un producto el consumidor compra sobre la base de la marca que tiene posicionada en su mente, ante un esquema de mayor nivel de prejuzgamiento el ciudadano pensará automáticamente en la garantía de presunción de inocencia.

No escapa a estas consideraciones la necesidad de un alerta para organismos de Derechos Humanos que –como terceros imparciales en el proceso oral- podrían, didácticamente, incorporar esos conceptos básicos al patrimonio de la opinión pública.

Justamente, es hora de demostrar la presencia en este debate desectores de la opinión pública que no compartan una difusión tendenciosa, plagada de prejuicios, o de avances sobre derechos básicos.   En ese sentido la participación de entidades o personas, como "terceros imparciales" en el conflicto entre la justicia y la prensa, puede ganar en credibilidad a favor de la imagen de una sociedad sana.

 

PROPUESTA PARA LA COBERTURA DE  JUICIOS ORALES

Sobre la base de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, se podría pensar en una propuesta que contemple los siguientes puntos.

1) Anticipación. Sondeo acerca del interés en el juicio por parte de la opinión pública.   El o los magistrados a través de una percepción de la cobertura de la causa   durante la etapa de instrucción, imagina un escenario de máxima y de mínima convocatoria a medios de prensa.   No es ajeno a esta tarea una consulta al juez o fiscal que llevó a cabo la etapa de instrucción para una mejor contemplación y adaptación a las requisitorias del periodismo.Se puede establecer un parámetro respecto de que tipo de periodismo acudirá a la cobertura del juicio oral y cuales serán las inquietudes al respecto.

2) Esquema de cuestiones previas:   De la lectura de la causa y del sondeo periodístico se podrán establecer cuestiones de hasta donde es perjudicial determinado esquema de difusión y si la misma debe ser parcial.   Algunas de esas inquietudes fueron volcadas en este trabajo. Por ejemplo, saber si sólo se debatirá sobre la imputabilidad, si hay algunas cuestiones de riesgo físico de testigos o imputados que puedan ser perjudiciales mediante su difusión. En qué medida la repulsa al show televisivo puede afectar el legítimo derecho a la información.   O cual es la posibilidad de ordenar la prueba testimonial de manera tal de facilitar la transmisión en directo.Por supuesto, hay un sinnúmero de cuestiones que se formularán a partir de la capacidad de interpretación del Juez y de la información existente en la causa.

3) Convocatoria al debate: Aún antes de la audiencia estipulada en el artículo 338 del Código Procesal Penal, el juez debe saber cuales son las principales inquietudes del periodismo en cuanto a cobertura.   El magistrado no debe ser vocero de los medios,  aunque sí puede exponer ante las partes un resumende esas inquietudes, más allá de si coincide con las mismas.Se hace así un"traslado virtual" hacia las partes, que necesariamente deben adelantar sus criterios al respecto.   De esta manera, se pueden evitar incidencias durante el debate que interrumpan el proceso, como así también impedir sorpresivos pedidos con amenazas de nulidades.

4) Constitución de enlace entre tribunal y medios:La designación de un "enlace" entre la Cámara y la prensa permitirá hacer más operativa la relación durante el juicio.   Muchas veces suele ser uno de los tres camaristas, aunque esto reduciría tiempo para el análisis de la prueba durante el debate.Surge muchas veces y naturalmente la asignación de tales responsabilidades en el secretario o prosecretario de la Cámara. Otras veces en un empleado.   El enlace será una etapa de contención previa de inquietudes de la prensa y un ejecutor de la organización de medidas que el Tribunal decida en torno a la prensa.    

5) Acreditación:   Es una medida tomada naturalmente en muchos juicios orales y aconsejada.   Con la debida anticipación se realiza el llamado a la acreditación, sujeto, entre otras condicionesal espacio, equidad sobre la base de la cantidad de medios (Ej., Un periodista por medio).No sólo sirve para garantizar al periodista su cobertura.También permite aseguraruna identificación del medio a magistrados, partes, testigos y demás fuentes informativas.   El fin es que la acreditación tenga la mayor amplitud posible como modo de garantizar el mayor acceso a la información.      La acreditación no servirá sólo para la presencia en la sala de audiencias, sino también para la cobertura en zonas adyacentes al ámbito del debate.

7) Resolución en cuanto a modo de cobertura periodística.   Así se deduce de las conclusiones de este estudio.También lo prevé el artículo 342 del C.P.C.para el caso de observarse límites en la difusión.    Lo principal de esta decisión es la claridad en los fundamentos y la equidad en su aplicación.No necesariamente debe surgir de un consenso con los hombres de prensa.   Sin embargo, para reducir los niveles de conflicto es aconsejable el relevamiento de algunas inquietudes previas como las expuestas en el punto 1 y 2.  

8)   Disposición de sala de prensa:     Está demostrado que ha dado excelentes resultados la habilitación de una sala contigua, exclusiva para los trabajadores de prensa.   En muchos casos,hay periodistas que privilegian su propia labor a la realización de notas exclusivas que al mero relato de lo que ocurre en la sala de audiencias.   Esto se produce cuando hay televisación en directo, configurándose un esquema en que muchos comunicadores ven superflua la narración de lo que ya se vio por la pantalla chica.   Esto suele suceder mucho con periodistas de radio y gráficos.

Una sala donde se puedan realizar entrevistas a distintos voceros, redactar notas para diarios, cables para agencias de noticiaso enviar informes directos a radios,sin interrumpir el debate se torna necesario para la buena marcha del proceso.

9)   Señal externa de audio y video:   Es una medida complementaria de la anterior.   A través de esa señal los periodistas se enterarán de las instancias del debate de la misma manera que si estuvieran en la sala.   La presencia de periodistas en la sala de audiencias se hará necesario quizá para quienes deban hacer notas de "color"  (relatos acerca de gestos, actitudes de imputados, testigos y magistrados) que suelen hacer los periodistas gráficos.   En tanto, con la señal externa de audio y video se logra que periodistas de radio puedan retransmitir informes vía telefónica, si es en directo, o registrar esos testimonios en sus grabadores.   De la misma manera, para el periodismo televisivo se pueden retransmitir imágenes a sus respectivos canales.

Con la señal única de audio y video se puede controlar con mayor facilidad la posibilidad de no emitir instancias en que situaciones en que se invada el derecho a la intimidad o a la seguridad física, restableciendo automáticamente la transmisión cuando hayan cesado esas circunstancias.

10)   Sistema multicámaras, preferentemente a cargo de personal judicial:    Este esquema tiene varios propósitos y demuestra utilidad.En primer lugar permite que los magistrados puedan adoptar rápidas medidas de monitoreo.      Una o dos cámaras en puntos fijos derivadas a un control único de emisión es más observable que lo que estén haciendo varios canales de televisión a través de sus respectivas emisiones.  

Quedará a criterio de los magistrados, establecer si esa señal la debe controlar personal judicial.  Esto a los efectos de, quizá, reducir los niveles de "show" que suelen darle las emisoras privadas.  Pero de todos modos no se estaría perjudicando el derecho a la información.

Muchas veces, ocurre que también se adopta el sistema multicámaras por una razón de costos.  Muchos canales que deben transmitir en directo suelen turnarse (por ejemplo uno por semana) con el compromiso de ceder la señal a las demás empresas.    Esto posibilita también que la Justicia reduzca, por ejemplo, costos de instalación de sistemas de filmación, que pueden ser solventados desde la esfera privada.

11) Monitoreo rutinario de condiciones de cobertura:Lo marca simplemente el sentido común y no puede quedar excluido de este esquema.  Esta labor queda a cargo de quien haya sido designado como enlace y permite establecer decisiones prácticas para facilitar la tarea de la prensa, sin interrumpir la tarea del tribunal.  Quedará en el enlace la posibilidad de elevar inquietudes a la Cámara, que obliguen, por ejemplo, a un replanteo en las condiciones de la cobertura periodística.

12)Evaluación final. Redacción de informe:   No parece una actividad superflua y resulta necesaria para correcciones respecto de futuros casos.    Eximido el juez de su veda para entablar contactos con los medios tras haberse dictado el veredicto y sentencia, sería muy válido el contacto con algunos hombres de periodismo para establecer conclusiones de cómo se desarrolló la relación entre ambos, como así también modos de cobertura.   Es indispensable la sinceridad acerca de que se interpretó como obstáculo en esa relación.El enlace entre ambos puede ser un testigo fiel de ese diálogo y un buen documentador del mismo a través de un informe escrito.   De no preferirse esta opción, bien puede habilitarse un "libro de inquietudes" en el cual los periodistas puedan volcar en pocas palabras su asentimiento o no hacia las medidas adoptadas respecto de la cobertura periodística.En ese libro de inquietudes también pueden archivarse las resoluciones adoptadas en torno a la prensa y demás elementos que permitan establecer un adecuado registro de esa experiencia.

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Material complementario de consulta

ACTA 28-4-99 en causa 83.161 "LOPEZ, Justo y otros. Torturas seguidas de muerte (caso Brú)

Archivo Diario El Día (desde el 7 hasta el 15 de agosto de 1995) caso Barreda.

Archivo periodístico Oficina de prensa Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Resolución del 27-04-99 en causa "LOPEZ, Justo y otros", Cámara de apelación y Garantías en lo Penal del departamento Judicial La Plata.

Resoluciones del 17-11-99 (audiencia art. 338 C.P.P.), 9 y 3 de diciembre en Causa N ° 11.085"Cabezas, José Luis, víctima de privación ilegal...en General Madariaga".

Noticias en sitio de internet de El Día en http://www.eldia.com en ediciones anteriores, correspondientes a fechas 28 de abril hasta el 17 de mayo de 1999)

Noticias juicio "Doce Apóstoles" en Clarín digital en http://old.clarin.com/diario... para las ediciones entre el 8-3-99 al 14-4-00

Noticias juicio "Cabezas" en sitios www.clarin.com, www.lanacion.com

Archivo periodístico de la oficina de Prensa Suprema Corte de Justicia bonaerense

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DEDICATORIA

A mi querida esposa Claudia

A mis queridos hijos y principales desvelos de mi vida, Matías y Mariano

A la memoria de mis padres Rosa Juana Avalos y el Dr. Julio Emilio López Lastra

A mis hermanos Claudia y Daniel

 

AGRADECIMIENTOS

Al Lic. José Jorge y Dr. Marcelo Garófalo,  Director y Asesor de esta tesis

A los entrevistados, sin cuya colaboracion este trabajo no se hubiera concretado

A la Cámara Penal del Departamento Judicial La Plata

A la Cámara Penal del Departamento Judicial Dolores

 

 

Autor:   

Martín López Lastra

martinlop@argentina.com

 


[1] RODRIGUEZ, Esteban. Justicia Mediática. Editorial Ad Hoc. 2000. Pág 31.

[2] Fue incorporado al Código Procesal Penal mediante ley 12059 con el fin de establecer pautas de difusión en juicios orales.

[3] FAYT, Carlos. La omnipotencia de la prensa, Bs. As.. la ley, págs 25 a 27, 1994. PP419

[4] LORETTI, Damián El derecho a la informaciónPAIDOS, 1997, 246 págs.)

[5] Fallo "Ponzetti de Balbín", C.S.J.N., 11-12-84

[6] Prólogo de La Pantalla Ubicua, comunicación en la sociedad, Diego Levis,Digital ediciones Cicus La Crujia, 1999, página 6

[7] Miami Herald Publishing Co. Division of knight Newspapers Inc. V. Tornillo (418 U.S. 241).

[8] Maier, Julio B. Derecho Procesal Penal. Tomo I Fundamentos. Pág 647. Editores del Puerto, 2ª edición. 918 págs.

[9] Seminario "PODER JUDICIAL Y PRENSA" ( Bs. As.Asociación de EntidadesPeriodísticas Argentinas y Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en ADEPA, 14,15, y 16 de agosto de 1995). 77 p.

[10] ADEPA, Ob cit.. Pag. 44

[11] Recurso de hecho "Araujo, Francisco Marcelo s/denuncia" causa 36.268 del 18/12/90, C.S.J.N.

[12] ADEPA. Ob cit.Pág 38

[13] ABRAHAM, Tomás. La aldea local. Eudeba 1998, p 78

[14] SHAW, E "Agenda-Setting and Mass Comunication Theory", Gazette (International Journal for Mass Comunication Studies), Vol XXV, N° 2

[15] GUREVITCH, Michael y BLUMBLER, Jay en CURRAN, James y otros. Sociedad y Comunicación de masas. FCE. México, 1981. 1° ed en español.534

[16] Clarín, Manual de Estilo, 1997, Pag. 29. Clarín - Aguilar. 155 p.

[17] Clarín, ob. Cit. Pág 18.

ZANNONI, Eduardo y BISCARO, Beatriz. Responsabilidad de los medios de prensa, Ed. Astrea, 1993, pags. 35/36.

[19] Poder Ciudadano (Héctor Ruiz Nuñez y Otros) Jueces y Periodistas. Cómo se informa y cómo se juzga, ed. 1996, pág. 7.  PP 215

[20] SARTORI, Giovanni, Homo videns La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1998.

[21] RODRIGUEZ, Esteban. Ob Cit. Pág 276

[22] Lello, Gustavo Iván, Justicia penal y medios de comunicación, en Revista Latina de Comunicación Social, N| 41, mayo de 2001, La Laguna (Tenerife) en la siguiente dirección telemática (URL): http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina41may/53lello.htm.

[23] BINDER, Alberto M. Importancia y límites del periodistmo judicial, en Justicia penal y estado de derecho, Ed. Ad Hoc, p. 272

[24] Perfil, año 1999, pág 228/9

[25] Fayt, Carlos ob. Cit. Pag 85/86

[26] La referencia es al senador provincial del Partido Justicialista Horacio Román y un pedido de Jury que no prosperó contra camaristas penales del departamento judicial San Isidro

[27] En este caso pareciera recaer en los jueces el rol de parte que no comprende la situación problemática.

[28] TRIANDIS, H.C. Actitudes y cambios de actitudes, versión española de J. Bermejo Cirac, Ediciones Toray S.A., Barcelona, 1974, 236 pags. PP 2-3

[29] Conviene aclarar que la alta o baja complejidad es un concepto a los fines de aplicar en análisis que tengan que ver con comunicación social, dado que respecto de la ciencia del Derecho puede tener otros significados y aplicaciones.

[30] Davey, Lynn. El uso de las evaluaciones del estudio de caso. En Practical Assessment, Research & Evaluation en http://www.216.239.39.120/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ericae.net/pare/getvn.asp%3Fv%3…

[31] Vale decir al respecto que de los cuatro casos seleccionados, uno se encuentra con sentencia firme de la Suprema Corte bonaerense (causa Brú), mientras que los demás siguen apelados en instancia de Casaciòn.

[32] Ver más al respecto en el marco teórico de este trabajo.

[33] PERFIL. Bs. As. 1999. 371 págs.

[34] Banda integrada por personas de Mar del Plata que, luego se determinó, no tuvo vinculación con la causa y fueron finalmente excarcelados.

[35] La etapa del plenario tuvo en el caso Cabezas a diez imputados, desde quienes iban del mero acto material del homicidio, hasta quienes quedaron catalogados como ideólogos del crimen.Uno vinculado a la autoría material (Gustavo Prellezo), cuatro partícipes primarios (Horacio Braga, Gustavo González, José Augé y Héctor Retana), dos partícipes secundarios (ex policías Anibal Luna y Sergio Cammarata), un instigador (Gregorio Ríos)Uno por falso testimonio y desvío de la investigación, CarlosRedruello, y otra por estafa y partícipe secundaria (Silvia Belawsky).

[36] Edición de Clarín del 20-12-99 "Cabezas: amenazaron a testigos", nota escrita por los periodistas Gerardo Young y Leonardo Torresi.

[37] La Nación On Line, 14-12-99, en artículo "juzgarán el crimen que conmovió al país" firmado por el periodista Gustavo Carabajal.

[38] Cable de Agencia Nacional de Comunicaciön del 21-12-99

[39] Información de Asociación de Periodistas del 18-09-99 en http//www.asocaciondeperiodistas.org

[40] Como referencia anecdótica, la decisión adoptada por el Tribunal se mantuvo firme a lo largo de todo el proceso, con una supervisión minuciosa de las normas.A tal punto que en las actas de jornadas iniciales, consta un llamado al estricto cumplimiento de esas reglas bajo apercibimineto de profundizar las limitaciones.   En ese sentido, uno de los destinarios de una fuerte advertencia pública fue el periodista de la radio platense Red 92 Julián Amado quien transmitió una declaración testimonial pese a estar prohibido por la cámara penal.

[41] No perdió interés la exposición de peritos, sobre todo calígrafos, que demostraron que hubo adulteraciones en el libro de guardia de la comisaría donde la víctima fue torturada.

[42] Ver en el análisis del caso Barreda, anécdota sobre el llanto del imputado.

[43] Tal denominación obedece a que los crímenes ocurrieron en semana santa. Los principales imputados fueron Marcelo Brandán Juárez, Jorge Pedraza, Víctor Esquivel, Miguel "Chiquito" Acevedo, Miguel Angel Ruiz Dávalos, Juan Murgia Cantero y Guillermo López Blanco,

[44] Prefirieron contestar las preguntas en conjunto. Rocha Campos fue el presidente del Tribunal Oral y Rodríguez uno de los vocales.

[45] Se realizó con cierto esfuerzo económico por parte del Estado y del Poder Judicial bonaerense. Cabe señalar que el costo de filmación de cada audiencia se estimó en 3000 pesos o dólares de esa época.

[46] ARAUJO, Francisco s. Recurso de Queja, C.S.J.N., Causa 36.268 del 18/12/90

[47] El juez Galli señaló al respecto que se parte de una premisa equivocada si se cree que la resolución se firmó en función de la necesidad de los medios, sino que se hizo en función de la publicidad de los actos judiciales.

[48] La referencia fue a la captacion de gestos de magistrados a traves de la television.A esta situacion se hace alusion en la evaluacion del caso Sierra Chica.

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