Opiniones

22/6/2002

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de México

Derecho de la Información y el respeto a las garantías del debido proceso

Trabajo presentado en el taller internacional sobre “Periodismo Judicial”, organizado por la Universidad de Los Andes, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), que se realizó los días 21 y 22 de junio de 2002 en la ciudad de Bogotá.

por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

Los derechos esenciales del hombre que tienen como fundamento los atributos de la persona humana no sólo deben reconocerse por los Estados, sino que deben ser garantizados por éstos en su eficacia concreta.

En ello, el llamado debido proceso legal constituye una conceptualización de un conjunto de garantías esenciales que tienen que asegurarse para una tutela adecuada de aspectos centrales de los derechos fundamentales de las personas que se deben proteger.

Repárese en que esta garantía es la que permite que el Estado, desde la ley y con los debidos recaudos previos, pueda adoptar decisiones válidas, que pueden afectar la libertad, el honor, los bienes y otros derechos de hombres y mujeres sometidos a pronunciamiento en actuaciones judiciales. El ámbito de tutela también es extensivo a las causas administrativas de naturaleza jurisdiccional.

Implica, en consecuencia, que el Estado debe regular por ley, bajo determinadas pautas,[1] el debido proceso y por tanto hacerlo sobre la base de formas y modos que amparen diversos aspectos que son propios de la defensa en juicio de los derechos y los que hacen al respeto de la persona, a la eficacia del accionar procesal, la prontitud de las resoluciones y aquellos que, en definitiva, permiten asegurar una solución justa en cada caso.

Además, desde esta garantía, se debe prevenir que lo que se establece legalmente se cumpla en los hechos, o sea, que el proceso debido normado de manera adecuada y previa, en su aplicación concreta, también se desarrolle como corresponde.

A su vez, debe entenderse que el debido proceso legal es una garantía que abarca las cuestiones suscitadas en causas de todos los órdenes, como las que se desarrollan en materia civil, laboral, comercial, penal, fiscal, aduanera o de cualquier otro carácter. Si bien es cierto que, por la naturaleza de los bienes jurídicos en juego y las consecuencias que acarrea, en las normativas básicas el tema se ha desarrollado más enfáticamente en lo que atañe al ámbito de lo penal,[2] su vigencia y exigibilidad, en lo pertinente, abarca, tal como se ha dicho, todos los procesos que se dan en otros campos del Derecho.

Hay que agregar también que esta garantía se tiene que respetar respecto de todas las partes interesadas en el proceso: imputado o víctima del delito; actor o demandado; parte, funcionario o magistrado judicial o ministerio fiscal; interesado directo, Estado o sociedad en general; todo ello desde el papel que les toque desempeñar o cumplir en el juicio, el interés en juego y en lo que resulte pertinente.

En esta perspectiva, es esencial señalar que en todo momento resulta de particular importancia contemplar el cumplimiento de aspectos básicos que hacen a la información, como parte del debido proceso. Por ejemplo, como se verá, es primordial para el imputado estar informado de lo que se lo acusa; que haya publicidad en el debate de su causa; entre otros perfiles de dicho derecho. Por su parte, y en el ejercicio del derecho a informarse, además, existe un interés genuino de la sociedad de estar informada de la utilización y respeto de la garantía del debido proceso legal y de las resoluciones y sentencias que se derivan de su cumplimiento.

Para lo último, y en la necesidad de asegurar a las personas ese ángulo del derecho humano a conocer sobre lo que sucede en las causas judiciales, los periodistas y los medios de difusión ejercen la representación implícita de la comunidad.[3] Eso los habilita para conocer e informar sobre los procesos judiciales y su desenvolvimiento. Pero esa función de ayudar a brindar ese bien social debe resguardar los requisitos propios de cada etapa de las causas, la oportunidad, la naturaleza del juicio, el tipo de implicado y los demás aspectos a contemplar, a los efectos de asegurar la búsqueda de la verdad y la justicia, desde una conjugación armónica de todos los derechos a tutelar.

I. Educar en el debido proceso legal

A los efectos de poder comprender la dinámica del conjunto de garantías que conforman el llamado debido proceso normativo, es necesario educar y educarse en la lógica que lo justifica. En ello hay que tener en claro que dicho proceso, con sus modos, formas y tiempos, no puede implicar nunca una pena en sí mismo o una manera de eludir o diferir responsabilidades ante la ley. Cualquier desviación que implique estos últimos supuestos evidentemente desnaturaliza su esencia.

En consecuencia, desde la visión adecuada de la tutela es primordial tener en cuenta que, en cualquier juicio, siempre debe existir un proceso, que éste tiene que estar establecido por una norma anterior y que, en función de ello, hay una obligación de acatar tiempos, etapas, formas y modos que hagan al respeto adecuado de la garantía que se brinda, al servicio de los derechos implicados en la cuestión. Sólo ello hará válida cualquier resolución que implique decidir sobre derechos de los hombres, sometidos a ámbitos con potestades jurisdiccionales.

Sin embargo, estos aspectos, que aparecen lógicos y fundamentales, no siempre son entendidos en su alcance y justificación por la sociedad.[4]

A su vez, los medios desarrollan pautas en la manera como encaran la temática, que en muchas ocasiones generan en los lectores o audiencias radiales o televisivas modalidades que no ayudan a cimentar la vigencia efectiva del debido proceso. Dichas pautas son las que imprescindiblemente tienen que compatibilizarse entre la Justicia y los medios, para educar y ayudar a que se vuelva efectiva, en su vigencia, dicha garantía.

II. Un problema de lenguaje

Uno de los perfiles que aparece en esta problemática, resultante de la cultura propia de la llamada sociedad de la información, es la necesidad de encontrar caminos que concilien la manera de hacer conocer la información de los procesos judiciales sin que en ello se desnaturalice la esencia de los lenguajes que portan los contenidos.

Esto sucede porque los juicios, y en general la actividad del Poder Judicial, se desarrollan particularmente de forma escrita, en menor medida de manera oral, es difícil que sean icónicos y lo que se comunica de manera gestual, por lo general, no tiene valor respecto de lo sustantivo de los asuntos que se tratan.

En cambio, la lógica comunicacional —en especial la que impone la televisión— da mayor importancia a la imagen, luego a lo gestual y oral, y salvo los medios gráficos y en alguna medida Internet, es muy poco lo que se maneja de manera escrita.[5]

Por lo tanto, cuesta hacer comprender de manera accesible y visual pasos, momentos de procesos y conceptos e ideas jurídicos. A ello que hay que sumar que los pronunciamientos judiciales son escritos y razonados, y en su extensión y presentación no siempre resulta fácil volcarlos para la noticia que los informadores buscan dar a conocer, con sentido general, de manera rápida y resumida.

En este aspecto, es de importancia pensar en la complementación de los medios, para que los periódicos no pierdan su gran papel de ayudantes del pensamiento profundo y crítico, desde lo escrito, junto a la palabra en la radio y en la televisión. Además, es preciso agudizar la técnica para que la imagen, en especial la televisiva, refuerce las ideas, evitando diluirlas. Las nuevas modalidades comunicacionales deben asegurar un lugar informativo y formativo que permita trasmitir más genuinamente los conceptos propios del funcionamiento procesal y sustancial del Derecho.

También el esfuerzo debe hacerse en el Poder Judicial, para permitir que sus actos, en la medida de lo posible y sin perder las esencias, colaboren a una mejor comprensión de los fundamentos de éstos, teniendo presente la existencia de nuevas exigencias para trasmitir socialmente la información.

III. Un problema de formas

Por su parte, la realidad muestra que la cultura mediática está en contra de las formas y por ende de las solemnidades, mientras que las pautas procesales tienen mucho contenido de formas y en ocasiones requieren solemnidades. El proceso mismo se desarrolla como una secuencia de formas, y entre los actos que se llevan a cabo, por ejemplo, hay también formas solemnes: los testigos juran solemnemente, el juez ingresa solemnemente, las sentencias se leen solemnemente, etc.

Las formas dan seguridad jurídica a los actos y las solemnidades tienen que ver, además, con la manera de exteriorizar, con más énfasis, el respeto a las personas sometidas al proceso, a los derechos que deben dirimirse respecto de ellas y a la trascendente función estatal de administrar justicia. Pero en las formas, a su vez, es importante rescatar los principios que motivan los actos y evitar que los pasos procesales se queden en formalismos insustanciales.

Los medios, por su parte, tendrán que evitar, entonces, ridiculizar las formas del proceso, para que no se desnaturalice la comprensión de su justificación y se pierda el peso de garantía que él implica; mas a su vez deberán estar atentos de cuidar que las formas no tapen las esencias de las cuestiones sobre las que hay interés social en que se analicen y diriman ante el derecho.

Así la información educará y permitirá controlar a la vez.

IV. Un problema de lógicas

También el debido proceso necesita que las resoluciones que se adopten en él sean razonadas, lógicas y debidamente fundamentadas, mientras que los medios de difusión tienden a evitar los planteos complejos. Al decir de Esteban Rodríguez, “se propone al interlocutor la comprensión intuitiva antes que la argumentativa […] Antes que la razón meditada, la elocuencia temperamental”.[6] Muchas veces se prefiere lo sentimental a lo lógico, lo anecdótico a lo central.

Evidentemente, todo esto no ayuda a fortificar el andamiaje básico del debido proceso legal y deben encontrarse caminos que permitan respetar y conocer las modalidades de la garantía.

El periodismo tiene que evitar la tentación de reducir todo a modos que, en definitiva, si bien pueden ser efectistas con las audiencias, no educan, no forman ni informan a la sociedad.

V. El tiempo, el proceso y los medios

La concepción y las pautas de tiempo en el proceso y su visión desde los medios es uno de los aspectos centrales a contemplar en el análisis de la cuestión. Es evidente que el proceso existe para dar ropaje en civilización a la administración de justicia, y es importante que cada paso que se dé para la definición de las situaciones llegue adecuadamente a las partes y a la sociedad, en el menor tiempo posible, evitando desgastes institucionales innecesarios. Pero no siempre las modalidades judiciales coinciden con las necesidades de los medios de difusión en lo que hace a contenidos, modos, tiempos e intensidades.

VI. El derecho al plazo razonable y la razonabilidad temporal, desde el proceso y desde lo mediático

Asiste razón a la conocida frase que dice que la justicia lenta no es justicia, pero es cierto también que una premura que no garantiza la defensa y otros aspectos propios del debido proceso legal puede llevar a injusticias y a graves violaciones de garantías y derechos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos se cuida entonces de no fijar plazos estrictos, pero los exige razonables, tanto para ser oído por un juez o tribunal competente, como para preparar la defensa, ser juzgado o permanecer detenido sin sentencia.[7]

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, para determinar lo razonable de los tiempos, “comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”.[8]

Dentro de lo razonable se encuentran comprendidos los plazos o términos concretos que, en el proceso, las normas de forma estipulan para cada etapa o para que las medidas que se adopten en él o los actos realizados o a realizarse se consideren efectuados en tiempo propio.

En contraste, lo que las modalidades de los medios requiere no necesariamente conduce al respeto o a la búsqueda de la misma razonabilidad de tiempos que indica la garantía del debido proceso.

Los medios, por modalidad, trabajan a alta velocidad y tratan de imprimirle a todo lo que manejan la misma impronta, lo que ayuda en ocasiones a empujar soluciones que no pueden demorarse o, por el contrario, pueden tentarse a no respetar tiempos imprescindibles para administrar correctamente la justicia, en el caso concreto.

Los contrastes de concepción en lo temporal entre lo mediático y lo jurídico se agudizan por la cultura del momento. Hoy se busca intensidad y velocidad en el planteo de los hechos y en su resolución, y por esa lógica se propician soluciones que, desarrolladas por la prensa, pueden afectar derechos a tutelar en un proceso judicial, entre ellos el principio de inocencia o el honor de las personas. Los tiempos necesarios para desentrañar la verdad y sus modos respetuosos de las garantías individuales no necesariamente coinciden con las urgencias del “rating” radial o televisivo o con el índice de ventas de diarios o revistas.[9]

Incluso ciertos tiempos y necesidades de información son inversamente proporcionales entre lo periodístico y lo judicial, en algunas etapas. Es así, por ejemplo, que cuando sucede un hecho de trascendencia que genera estrépito público comienza la ola de la información, que tiene una gran avidez de nuevos datos, mas ese momento coincide muchas veces con el estado de secreto de sumario en la causa. En dicho estado procesal, por lo general, la Justicia debe ser muy parca y escueta en las referencias que proporciona, para no obstaculizar la investigación y la producción de prueba válida de importancia. Ello no implica que los medios no puedan informar sobre el asunto, pero es importante que tengan en claro la razón de la actitud judicial y no la trasmitan como un capricho de los jueces.

VII. Cantidad de información sobre los procesos

Por otro lado, la premura y urgencias de los medios a fin de tener cantidad de información sobre un tema para volcarla sin medida opera a veces agravando los delitos o la corrupción que se desean combatir.

No es que deba haber una medida para la cantidad de información, pero ello se debe tratar de hacer sin abrumar y aturdir en el tema y con constancia en el tiempo. Hoy se puede sostener que la repetición de verdades en sobreabundancia produce un cansancio social que luego se transforma en apatía y olvido de la cuestión. El exceso de datos sobre un hecho y su tratamiento intenso y reiterado suelen colmar las necesidades de búsqueda de justicia de la sociedad y agotan su interés en el fugaz tiempo mediático. Todo ello después genera mayor dosis de impunidad.

Los grandes delincuentes saben entonces que deben soportar el embate de la ola noticiosa que instala el tema, pero que una vez pasada ésta y colmada la apetencia primera de conocimiento sobre la situación, tal vez nadie se acordará del problema y su causa duerma sin resolverse o se lo sobresea por prescripción. La somnolencia de la conciencia colectiva es lo que hay que evitar, con un periodismo comprometido y vigilante en su papel de hacer conocer y recordar, para evitar impunidades desde el silencio.

VIII. Información oportuna para ayudar en el proceso

Es necesario también que los periodistas reserven y no difundan por un tiempo ciertas noticias, si es que eso fuera preciso para permitir el accionar adecuado de la Justicia. Ello suele suceder cuando la prensa toma conocimiento de hechos delictivos conjuntamente con el juez o antes que él. En estas situaciones es de una gran riqueza para el sistema que la prensa se coordine con los tribunales. No se trata de ocultar información ni de perder la primicia, sino de optimizar la tarea de lograr justicia desde el Derecho, cuya responsabilidad es conjunta, tanto del ámbito judicial como del informativo. Repárese, a manera de ejemplo, en lo inútil que puede resultar el allanamiento a un determinado lugar ordenado por un juez, en una investigación penal, si los medios de difusión hubieran hecho conocer con antelación que se iba a realizar dicha medida procesal.

Asimismo, y desde esta perspectiva, si mediante una investigación periodística se toma conocimiento de un delito, como primer paso se debe hacer conocer el tema a la Justicia o al ministerio fiscal. Esto se debe a que la modalidad de pasar la situación previamente por los medios no permite muchas veces el accionar oportuno de los fiscales o jueces, puede arruinar la prueba y, más que informar, se puede terminar siendo funcional a la impunidad.

IX. No discriminación e igualdad ante la ley

La no discriminación ocupa un lugar central en la garantía que debe darse a todos hombres y mujeres, para tener la certeza de un juicio justo que dirima sus derechos.[10] Además, este concepto se complementa, necesariamente, con la obligación de asegurar igualdad ante la ley.[11]

Mas lo cierto es que, en este tema, no cabe quedarse sólo en el análisis de la expresión formal de la ley, pues en los hechos existen limitaciones y discriminaciones que deben corregirse, bajo pena de permitir que se consumen. Por eso la Corte Interamericana ha dicho:

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales, […] y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.[12]

Superar la discriminación que opera en los hechos no sólo es responsabilidad del Estado, sino que hay que evitar que a través de posturas mediáticas se estereotipen desigualdades discriminantes que luego tienen consecuencias procesales negativas gravísimas. Una de las más dolorosas e inaceptables es la postura que lleva a identificar la pobreza, y por ende a los pobres, como representación de la delincuencia. Los pobres y su injusta asimilación los vuelve más vulnerables y ello aumenta el pecado social respecto de esos sectores, que aparecen soltados de la mano de la comunidad. Esto se evidencia cuando los medios tienden a identificar, con presunción de culpabilidad, a los menesterosos imputados, en especial si se trata de un delito contra la propiedad. Se muestra la foto, se lo pone como personaje peligroso y se lo responsabiliza asertivamente, antes de que concluya el proceso en su contra.[13]

Como contrapartida de la desigualdad antes referida, los delitos llamados de guante blanco no siempre son explicados en su complejidad y magnitud por los medios de difusión. Es común a su vez que, por ejemplo, ante defraudaciones bancarias, la noticia no aparezca en la sección policial sino en la sección económica, con una imagen de la institución en la que se produjo el hecho pero sin foto del sospechoso. Todo esto puede llevar a confundir la conciencia social y a que la comunidad tenga la sensación de que es más peligroso el ladrón furtivo de una bicicleta o un televisor que un banquero defraudador que se queda con los ahorros de miles de personas.

Desde otro ángulo, la difusión por los medios de las causas penales y su seguimiento hasta la conclusión final no suele ser igual si se trata de situaciones que atañen a ciertos sectores con poder —político, económico o social.

X. Tribunal competente, independiente e imparcial

Otra garantía esencial del debido proceso legal es la que requiere que a todas las personas se les asegure, para su causa o proceso, un juez que sea competente, independiente e imparcial.[14]

Es así que el concepto del juez natural es un aspecto central, porque ello implica la necesidad de que se respete el doble alcance que esto conlleva: que sólo un juez competente será el que dirimirá la situación y que la competencia del tribunal estará establecida previamente por ley.

Por su parte, el concepto de independencia alude a la necesidad de que los magistrados no tengan dependencias de otros poderes políticos del Estado, ni de otros órganos o instancias judiciales, ni de otro tipo de organizaciones, al tiempo de resolver. Su única dependencia debe ser de la ley y el objetivo de desentrañar la verdad para llegar a la justicia.

A su vez, el tribunal imparcial es la garantía de que el juez no tenga pre-juicios, porque será quien emitirá el juicio. Además, garantizará que no haya intereses personales en juego y que actuará con objetividad al adoptar resoluciones en la causa.

En consecuencia, la imparcialidad de los tribunales implica que las instancias que conozcan cualquier clase de proceso no deben tener opiniones anticipadas sobre la forma en que los conducirán, el resultado de los mismos, compromisos con alguna de las partes, etc. Asimismo, esta garantía obliga al magistrado a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones del público sobre sus actuaciones, por información diferente a la que aparece en el proceso, ni por influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas de cualquier sector.[15]

Por su parte, los medios deben evitar la tentación de ejercer la función de informar generando condicionamientos o presiones que no respeten la lógica del debido proceso. La prensa debe ayudar a urgir los trámites judiciales y exigir respuestas por las demoras que pudiera detectar en las causas, pero con lealtad al sistema que implica el Estado de Derecho.

Por ello, que haya jueces que no actúen a la altura de sus responsabilidades no autoriza a generar un escepticismo en la sociedad sobre el necesario papel que cumple el Poder Judicial. Ante situaciones de demoras o ineficiencias de la Justicia, es importante que los medios no propicien o ayuden a fomentar, generalizadamente, escepticismos desalentadores o conductas en la población que incentiven a no creer en la Justicia como método civilizado de dirimir las cuestiones y avalar directa o indirectamente la aplicación de justicia por mano propia.

Tampoco se debe propiciar o incentivar presiones en los procesos desde la desesperación. Si bien se puede comprender la situación de muchas personas que, en aras de encontrar la justicia que buscan en sus causas, amenazan con suicidarse o se cosen la boca en la cárcel o se encadenan a los Tribunales, esos gritos de desesperación deben ser disuadidos, colaborando en el logro de la justicia anhelada, aunque se trate de actitudes que generan audiencia o rating a quienes las difunden o justifican.

Tampoco la prensa puede transformarse en tribunal de justicia. Es bueno que la sociedad confíe en sus periodistas, pero éstos no deben sobredimensionarse, al punto tal que pretendan convertirse en jueces, por encima de los jueces. En su actividad informativa sobre asuntos judiciales, muchos hombres de prensa realizan actos semejantes a los del proceso mismo: investigan y producen pruebas, formulan conclusiones en sus noticias, dentro de una modalidad que se transforma en una verdadera justicia paralela que, en algunas ocasiones, puede afectar sustancialmente los derechos de los involucrados en los procesos. Ello es negativo, desorienta y conduce a verdaderos curanderismos jurídicos que difícilmente podrán lograr que la sociedad supere la injusticia. Además, atenta contra la garantía del juez natural.[16]

Los periodistas deben tener siempre en cuenta que es importante que ayuden a lograr justicia y que en ello pueden y deben colaborar con los tribunales, pero eso no los transforma en jueces.

A su vez, la utilización de la valiosa herramienta que es el secreto profesional periodístico, que permite guardar el secreto de la fuente de la que se obtiene la información, si bien ayuda a aportar elementos en los temas de discusión judicial, no puede llevar al facilismo de trasmitir a la sociedad una sensación de eficacia para dilucidar las cuestiones jurídicas superior a la que deben atenerse los jueces, dentro de la garantía del debido proceso legal.

Repárese en que los magistrados, para justificar sus decisiones, no pueden apelar a fuentes secretas. La validez constitucional de un fallo depende de que esté correctamente basado en ley y tenga una evaluación razonada de los elementos probatorios concretos acreditados en el juicio, bajo pena de nulidad. Todo esto, evidentemente y para bien de las garantías de los ciudadanos, evita que se condene sin prueba; pero eso insume más tiempo y a veces no permite castigar a todos los sospechosos a los que el periodismo pudo sindicar como supuestos autores, fundándose en fuentes reservadas, sin tanta necesidad de rendir cuentas de aspectos que sí es obligatorio y fundamental que respete el juez, en aras del debido proceso legal que debe garantizar.

En definitiva, hay que denunciar y atacar la delincuencia de todo tipo, pero educando sobre que es un avance en civilización el someterse a magistrados que, desde la ley, busquen la verdad. De lo contrario, se instalan dos sensaciones o actitudes negativas en democracia: o la parálisis de impotencia ante la corrupción o la barbarie de la venganza social sin jueces.

XI. La presunción de inocencia

La Convención Americana determina también que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.[17] Este importante principio es constante en todas las legislaciones internacionales en la temática.[18]

Por eso, bien ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró violatorio al principio de inocencia el haber presentado a una persona ante los medios de difusión “vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado”.[19]

Este instituto es, además, el que justifica las figuras de la eximición de prisión o de la excarcelación, que gozan de poca comprensión mediática y, por ende, social. Repárese en que el principio de inocencia, como se ha dicho, es básico y opera otorgando la libertad de los procesados mientras se sustancia la causa y se determina la culpabilidad, si es que, por la naturaleza de la cuestión que se investiga, los antecedentes del imputado y demás consideraciones legales, cabe otorgarle el beneficio de no ser detenido preventivamente.

Pero ello es visto muchas veces por la sociedad, como un fracaso represivo del delito. Se suele sostener que la Justicia es ineficaz porque, debido a la aplicación de dichas garantías, los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, lo que genera sensaciones de impunidad e inseguridad.

No es justo que la comunidad se sienta desprotegida por una norma de protección de garantías que son esenciales. De allí que resulta importantísimo esclarecerlo, para que el logro de civilización que implican estos institutos procesales no termine desvalorizado e incomprendido.

En este principio también se asienta la garantía de la razonabilidad del tiempo de detención preventiva.[20]

A su vez, la presunción de inocencia es la que exige que una persona pueda ser condenada sólo cuando exista prueba plena de su responsabilidad en las causas criminales. Por ello, cuando la prueba es incompleta o insuficiente, opera la duda a favor del reo, porque es preferible tener varios culpables sueltos que un solo inocente en prisión. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:

El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.[20]

XII. La prueba deber ser obtenida por medios legales

Por su parte, y dado que la prueba es la que permite romper el principio de inocencia, para que ella sirva debe ser obtenida por métodos legales. Es inaceptable la tortura o la coacción para lograr información o confesiones.[22]

Ha sucedido también que la prensa, en el afán de tener primicias, ha obtenido por métodos ilegítimos pruebas que en sí mismas habrían permitido incriminar, pero, al no haberse respetado las formas que garantizan que hayan elementos probatorios válidos en el proceso, cumpliendo las formas necesarias para ello, quedan descalificadas para el caso.

También hay que garantizar que los testigos, peritos y otros intervinientes en el juicio actúen con la espontaneidad que se compadezca con la tranquilidad de decir la verdad y no estén sometidos a otras presiones que condicionen sus dichos, ya que ello vuelve nula su intervención.[23]

A esto hay que sumar el derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación que se le formula, para poder contradecir y ejercer el control de las pruebas y participar con pleno conocimiento en todas las etapas de la causa.[24]

Además, tendrá que poder contar con asistencia letrada y medios y tiempo, como ya se ha dicho, para ofrecer su propia prueba y descargo.[25]

XIII. Los medios de difusión y el principio de inocencia

Cabe agregar que el valioso principio de inocencia muchas veces no es respetado por la prensa, debido a la modalidad con que manejan las noticias judiciales.

Por lo general, la ola informativa que se arma sobre un caso judicial de trascendencia pública tiene intensidades variables y no dura mucho, razón por la cual la prensa necesita que el desarrollo noticioso del juicio tenga conclusión en plazos cortos.[26] Y en este razonamiento, a los medios les cuesta asegurar el principio de inocencia.

Tampoco se suele informar haciendo comprender la garantía que tienen los sospechados de la abstención de contestar respecto de lo que se les imputa, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Sin embargo, es común que, en la difusión de la noticia, se deje la sensación de que el que calla otorga. Y si bien la abstención de declarar no puede usarse en contra del acusado, en la opinión de la gente se termina interpretando que, si éste no habla, ello implica un reconocimiento tácito de culpabilidad.[27]

Por su parte, la prensa a veces busca y necesita presuntos culpables, más que un inocente cuya su culpabilidad haya que demostrar, luego de un proceso que lleva tiempo y en el que deba respetarse la garantía de defensa, entre otros aspectos del debido proceso legal. Esto se debe a que la lógica del espectáculo requiere una trama con claros papeles de malo o bueno y, de ser posible, una pronta resolución que cierre el problema, dado que, si la dilucidación de la cuestión demora demasiado, la audiencia se cansa y pasa a otra noticia.

Muchos medios no distinguen que el interés público de la información no es igual al interés del público. En esta mentalidad y modalidad propia de la filosofía posmodernista, bañada de relativismo, se ataca la verdad, que ha dejado de ser un valor central, por lo que la lógica mediática dice que no es necesario pensar en inocentes si la gente quiere culpables.[28] Y ante la duda sobre la posibilidad de culpabilizar tempranamente a un inocente, la cuestión la resuelven los medios dejando que trabaje la Justicia, porque ellos, para cuando se aclare la situación, estarán con otra causa y en el mejor de los casos harán constar la novedad, pero sin autocrítica, si es que culpabilizaron a un inocente.[29]

XIV. El principio de publicidad del proceso judicial

Debe dejarse en claro que, si bien el principio general es el de la publicidad de los actos procesales, la obligatoriedad de hacer conocer las resoluciones o sentencias que se adopten —y esto aun con algunas limitaciones en determinadas circunstancias— no significa que la prensa tenga acceso irrestricto a expedientes, pruebas, audiencias y a todo acto procesal. El principio de publicidad del proceso no es absoluto y acepta matices diferentes y excepciones, en aras de la defensa de otros intereses que la Justicia debe cuidar.

De allí es que, al referirnos a causas judiciales y al conocimiento que sobre ellas cabe dar, se abre un panorama amplio y con particularidades. A los fines de brindar información o permitir el acceso hay diferencias de momentos, etapas, tipos de actos judiciales, materia de que se trata, fuero en el que tramita, jurisdicción que corresponde y demás aspectos que deben contemplarse. No es lo mismo el grado de publicidad requerido para las sentencias que para otras actuaciones judiciales como el diligenciamiento de pruebas, las audiencias, el acceso al expediente, etc. Además, tampoco es igual la publicidad en un proceso penal cuando se ha decretado el secreto del sumario que la que se da en la audiencia de debate de la causa.

Ahora bien, es indudable que la publicidad de los procesos es algo central para la garantía efectiva de las partes. Ello evita el secreto como pauta, permite que la ciudadanía conozca el funcionamiento del Poder Judicial y educa en forma ejemplarizante sobre las consecuencias de respetar o no respetar la ley.

A su vez, dado el hecho de que el principio de publicidad no es absoluto, hay que armonizarlo también con otros derechos fundamentales de las personas, como son el honor, la intimidad, la vida privada y la imagen, entre otros, o con la obligación de la preservación de la identidad de los menores, el cuidado de no dar nombres y domicilios respecto de testigos protegidos, etc.

Por su parte, resulta paradójico que, si bien históricamente se buscó consagrar la publicidad de los procesos penales para garantizar el principio de inocencia y evitar arbitrariedades del poder de turno,[30] ahora, en muchos casos, los medios de difusión que acceden a los juicios y les dan publicidad no necesariamente despiertan en los inculpados la sensación de protección de sus derechos que dicha publicidad debe implicar.

Mientras tanto, si la temperatura mediática que se ha puesto en un tema es demasiado alta, se llegan a construir cárceles virtuales, en las que los sospechados de un accionar delictivo quedan recluidos y aislados de la sociedad con más firmeza que en las cárceles de encausados propiamente dichas. Se producen de esa manera injusticias tremendas a personas que, sin que se haya desvirtuado su presunción de inocencia, no pueden desarrollar una actividad normal en su comunidad, y la condena se traslada incluso a todo el núcleo familiar y allegados del imputado.[31]

En definitiva, es preciso que el periodismo aprenda a aceptar que existen límites morales y legales para la información.

En todo momento, para la difusión de cualquier noticia, se tiene que analizar su interés social por sobre los objetivos comerciales o personales del periodista.

Por otra parte, la prensa debe aceptar que pueden existir razones de moral, orden público y seguridad que justifiquen reticencia en la información que brinda, por ejemplo, el Poder Judicial, y que si los datos vedados se obtuvieran de otra fuente, no siempre pueden hacerse conocer, si con ello no se respetan las razones que tuvo en cuenta el tribunal para restringir algunos aspectos de la noticia. No les resulta fácil a los medios de difusión tolerar límites legales para su tarea.

De la misma manera, muchos tribunales no son permeables a la necesidad de informar como un deber de su función, lo que también es inaceptable y viola el principio de publicidad que hace a la defensa del imputado y al control republicano de la función judicial.

Finalmente, es importante hacer conocer las sentencias que se dicten en los casos sometidos a la Justicia, y buscar informar sobre ellas de la manera más comprensible posible, sin que dichos pronunciamientos pierdan la esencia que los justifica. En esto último, nuevos medios de difusión, como Internet, han permitido que muchos medios gráficos, radiales o televisivos incluyan en sus páginas web no sólo la noticia, sino que agreguen allí un link que permite acceder al fallo completo y bajarlo a la computadora del interesado, para un análisis integral de dicha resolución sin intermediaciones.

Por todo lo expresado, sólo respetando y educándonos en la defensa del debido proceso, entre otros aspectos propios de las garantías de los derechos humanos, se puede avanzar en civilización. De lo contrario, la barbarie se disfraza de facilismo e inconstancia ante derechos y garantías, lo que ha conducido históricamente a retrocesos en la dignidad del hombre y a las más crueles tiranías.



Notas

1 Entre las pautas mínimas que deben asegurar los Estados en lo que respecta a la garantías del debido proceso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ha fijado diversas condiciones que deben respetarse, resumidas, especialmente, en lo dispuesto bajo los títulos de Derecho a la integridad Personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales (artículo 8), Principio de Legalidad y de Retroactividad (artículo 9) y Protección Judicial (artículo 25).

2 “En materias que conciernen con la determinación del o los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 [de la Convención Americana sobre Derechos Humanos] especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva [en adelante OC] 11/90, de fecha 10 de agosto de 1990).

3 Véase artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4 “Frecuentemente, los conceptos de garantismo y celeridad, garantismo y sanción debida, bien individual y bien común, etc., se presentan como si fuesen términos opuestos de una cuerda en la que dos grupos tiran con fuerzas contrarias”, Aída R. Kemelmajer de Carlucci, “Primera aproximación al tema Prensa y Justicia”, Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, segunda época, año XLIII, nº 36, 1998, p. 227.

5 “Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia. Un proceso que tiene numerosas ramificaciones (Internet, ordenadores personales, ciberespacio) y que, sin embargo, se caracteriza por un común denominador: tele-ver, y como consecuencia, nuestro video-vivir […] el video está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen” (Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Buenos Aires, 1998, p. 11.

6 Esteban Rodríguez, Justicia mediática. La administración de justicia en los medios masivos de comunicación. Las formas del espectáculo, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 429.

7 Véanse artículos 7, incisos 5 y 8, 8 inciso c, 25 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, § 77, y Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, § 72.

9 Véase Miguel Julio Rodríguez Villafañe, “Periodismo e información judicial en Argentina”, Contribuciones (publicación trimestral de la Fundación Konrad Adenauer [KAS] y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano [CIEDLA], Buenos Aires), año XVIII, nº 2, abril-junio de 2001, pp. 69-70. En ese artículo trato algunos de los temas del presente estudio, amplío otros y analizo perspectivas complementarias, en especial desde el Derecho Interno de la República Argentina.

10 El artículo 1.1 de la Convención Americana determina que los Estados parte tienen la obligación de respetar los derechos reconocidos en ella y “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

11 “En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación, ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones (artículos 1.1 y 24), éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, OC 04/84, § 54). Véase también artículo 24 de la Convención.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, OC 16/99, del 01 de octubre de 1999, § 119.

13 Miguel Julio Rodríguez Villafañe, “La pobreza no es sinónimo de delincuencia”, publicado en los diarios La Voz del Interior, Córdoba, 14/11/1996, y La Unión, Catamarca, 23/11/1996.

14 “Toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tribunal Constitucional, sentencia del 31 de enero del 2001, § 77).

15 En esta temática véase el importante trabajo “El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, documento de trabajo de la Comisión Andina de Juristas, elaborado por Luis Alberto Huerta Guerrero, investigador de la institución, con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso. Se puede encontrar completo en la Red de Información Judicial Andina, .

16 Véanse el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 14 inciso 1º del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.

17 “[…] subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, § 77).

18 El artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre determina: “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública […]”. El artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad”. El artículo 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Y el artículo 11 § 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público”.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto del 2000, § 119.

20 Véase artículo 7 inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto del 2000, § 120.

22 “Los límites constitucionales a la adquisición de la prueba son básicamente dos: a) La garantía o la prohibición de la coacción para lograr del imputado datos que le son desfavorables y que importa la facultad de abstenerse de declarar y la voluntariedad de la declaración. b) La protección de la intimidad (domicilio, comunicaciones, papeles privados)”. Fernando Díaz Cantón, “Exclusión de la prueba obtenida por medios ilícitos. El principio de inocencia y la adquisición de la prueba”, Nueva Doctrina Penal-del Puerto, libro III, Buenos Aires, 1999, p. 334.

23 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a sostener que se viola el artículo 8.1 de la Convención si se meritan los testimonios de quienes evidenciaron temor cuando declararon, manifestado ello en “la reticencia de los testigos presenciales a testificar ante el entonces Juez de la causa” (caso Paniagua Morales, sentencia del 8 de marzo de 1998, § 150 y 155).

24 Véase el artículo 8 inciso 2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

25 La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que Perú, Estado demandado, no había respetado el debido proceso y violó el artículo 8.2.c de la Convención porque, en un procedimiento excepcional de naturaleza penal, se prohibió al imputado “contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas”; así se impidió a su defensa que pudiera “intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso” (caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de septiembre de 1997, § 62).

26 Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, con sede en la Ciudad de La Plata, “la tendencia actual de los ‘mass media’ es llegar inmediatamente a un público ansioso por conocer cada detalle de los sucesos que ocurrieron hace apenas momentos con interpretaciones necesariamente signadas por la provisoriedad. Todo lo que aparece en los periódicos es incontrovertiblemente precario, aunque con la peligrosa impronta de su impacto estigmatizante […] La primera versión de la historia es la que brindan los periodistas, o en rigor, los diarios en que ellos vuelcan sus expresiones. Esa es la explicación que signará en buena medida la apreciación prospectiva del informado […] La despiadada competencia comercial que marca la presencia de otros medios de comunicación de masas, fundamentalmente la televisión y la siempre vigente radiofonía y obviamente de los diversos voceros de la prensa escrita, requieren un difícil equilibrio que tiene que conjugar celeridad, oportunidad, control de las fuentes y otro muy gravitante factor que es la medida del impacto público o sensacionalismo que representa la noticia, entre otras consideraciones […] La actividad periodística aparece desenvuelta dentro de un contexto particularísimo en el que la posibilidad de solicitar y obtener de cada fuente consultada una garantía de veracidad aparece cada vez más remota. En la mecánica de la ‘primicia’ —aquella información que se tiene con prelación a cualquier otro medio periodístico, en muchos casos con absoluta exclusividad—, el tiempo perentorio, la premura con que se publique, resultan aspectos sustanciales que hacen a su utilidad, relevancia y posibilidad de consumo. Lo que es noticia no ya hoy, sino ahora, puede dejar de serlo apenas instantes después” (sentencia del 11/05/1999, en el caso Spacarstel, Néstor Alberto c/ El Día SAICF s/ Daño moral).

27 Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable y a declarar sin coacción de naturaleza alguna (artículos 8.2.g y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

28 La Corte Suprema de Justicia de la Argentina resaltó esta costumbre negativa de los medios de difusión cuando sostuvo: “[…] si —más allá de si el cable de una agencia noticiosa puede ser equiparado a fuente de información— el diario reprodujo en forma asertiva y como título de la noticia lo que en el texto del cable fue difundido —en modo potencial— como declaraciones del demandante, tal afirmación constituye una clara imputación delictiva, propia del periódico, que no ha sido demostrada”. Causa Espinosa, Pedro Francisco c/ Herrera de Noble, Ernestina y otros (Super Pibe), sentencia de fecha 27/10/94, fallo 317.

29 “Erigiendo en norma de juicio el prejuicio —afirma Escrivá de Balaguer—, ofenderán a cualquiera antes de oír razones. Luego, obviamente, bondadosamente, quizás concederán al injuriado la posibilidad de defenderse contra toda moral y derecho, porque, en lugar de cargar ellos con la prueba de la supuesta falta, conceden al inocente el privilegio de la demostración de su inocencia”. Carlos Soria, Derecho a la información y derecho a la honra, ATE, Barcelona, 1981, p. 40.

30 “La Corte considera probado que los procesos militares de civiles supuestamente incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por jueces y fiscales ‘sin rostro’ y conllevan una serie de restricciones que los hacen violatorios del debido proceso legal. En efecto, se realizaron en un recinto militar, al que no tiene acceso el público. En esta circunstancia de secreto y aislamiento tuvieron lugar todas las diligencias del proceso, entre ellas la audiencia misma. Evidentemente, no se observó el derecho a la publicidad del proceso, consagrado por la Convención”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi, sentencia del 30 de mayo de 1999, § 172.

31 De esta manera no sólo se viola gravemente el principio de inocencia sino que, en los casos en los que resulte condenado el acusado, se contraría incluso lo dispuesto por el artículo 5 inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.



* Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Municipal, y Derecho de la Comunicación y de la Información. Docente, consultor e investigador en el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC). Director de la Sala de Derecho de la Información y de la Comunicación del Colegio de Abogados de Córdoba.

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¿Inocente o culpable?




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