Opiniones

30/6/2007

Fuente: Ministerio de Seguridad - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La gestión de la (in)seguridad ciudadana.
Criminalización mediática y políticas de seguridad

Por Esteban Rodríguez.*


1. Criminalización mediática.

La criminalización no es una forma novedosa para pensar las situaciones problemáticas, o mejor dicho, para evitar que esas mismas situaciones problemáticas se liguen a su intensidad histórica. La criminalización ha sido uno de los tantos estratagemas ensayados para evitar que las situaciones problemáticas se traduzcan en conflictos políticos, para desapercibir digo, la diversidad social que contiene. Desde que se postuló que todos los hombres son iguales ante la ley, las formas jurídicas no dejaron de invocarse una y otra vez para evitar la politización de dichas situaciones. Si lo que se buscaba era evitar la dramatización histórica de dichas situaciones, las formas jurídicas fueron (y son) uno de los resortes favoritos a tener en cuenta para realizar el hechizo.

La criminalización es el proceso por el cual se disponen una serie de contenedores sobre las situaciones problemáticas. Cada hecho que se sale de la superficie normal debe correr por andarivel propio. Habrá enseguida que desenmarcarlo, particularizarlo. Entonces, cada una de estas situaciones deberá tener su fiscal, su juez, así como también su titular de diario; es decir, su momento de actualidad y punto. Y, dicho sea de paso, la democracia representativa, no viene a contradecir su funcionamiento cuanto a complementarlo, al posibilitar que el despliegue se realice sin mayores costos políticos para el funcionariado de turno. Si lo que surge a la luz no puede evitarse, al menos habrá que evitar su onda expansiva. Entonces habrá que criminalizarlo. Enseguida se nos dirá que hay que dejar a los jueces actuar por su cuenta, porque la justicia es un poder independiente, y que los periodistas deben ser más pacientes y mirar para otro lado, o sea, no hacia los políticos respetuosos de las imparcialidades republicanas, sino a los magistrados que investigarán lo sucedido. Total, los magistrados hablan a través de la sentencia. De esta manera la situación problemática quedará engarzada a explicaciones legales y otras transparencias visuales que impedirán cualquier lectura conjunta. De eso se trata la criminalización: Evitar las lecturas históricas sobre los hechos que enseguida redundarían en la politización de los conflictos.

Pero estábamos diciendo que la criminalización no ha sido un recurso propio de las instituciones estatales. Desde hace un tiempo, y más precisamente, desde la configuración del periodismo subjetivo, desde que el periodismo comenzó a tomar partida (se comprometía) en la noticia que relevaba, desde ese momento, el periodismo comenzaría también a diagramar sus propias formas jurídicas que le permitirían plegarse al proceso de criminalización. Pero hete aquí que no se trataría de la misma forma de criminalización. El modelo no se dispone para su repetición. El periodismo le imprimirá su propia diferencia. Y es esta diferencia la que le permitirá postularse en términos alternativos, es decir, la que le permitirá disputarle el sentido de verdad en juego en el proceso de criminalización estatal.

Desde ya que tampoco se trata de un fenómeno nuevo. Son varios los antecedentes que tenemos en mente. Basta recordar dos: la literatura de folletín y el cinematógrafo.

Pero antes de seguir permítasenos una breve digresión sobre la justicia mediática. La digresión se justifica, porque si bien la criminalización suscita efectos de judiciabilidad, y en este sentido el periodismo le disputará a los propios magistrados el sentido de las situaciones problemáticas; al mismo tiempo, aquellos efectos no se detienen en su devenir judicial sino que continuarán más allá, a partir de dicha judicialización, interpelando otras instituciones, produciendo efectos de in-seguridad, sosteniendo la actuación de las agencias policiales en la gestión del crimen.

2. Justicia Mediática.

En los últimos años asistimos al esplendor, a veces exacerbado, de la justicia mediática. No se trata de una sustitución de funciones -el periodismo suplantando a los magistrados-, sino de una serie de desplazamientos de prácticas que antes operaban, al menos visiblemente, en sus respectivas esferas de influencia, actuando sobre terrenos separados y separables. Se trata de un modelo particular de investigación en que los conflictos son definidos, enjuiciados y hasta castigados periodísticamente. Se han confundido los roles, superpuesto las expectativas, entre la justicia y la prensa. Vemos cómo los medios se arrogan ciertas funciones que antes permanecían petrificadas en los tribunales; pero cómo también los magistrados se pasean displicentemente por televisión para decir aquello que ni se atreverían siquiera a balbucear en el expediente. Se han trastocado las relaciones entre la Justicia (Estado) y los Medios Masivos de Comunicación (Periodismo); términos antes escindidos, que se disponían en función de determinado sentido se desacomodan de sus enlaces para re-acomodarse en el terreno ambiguo que postula el uso de la técnica. Justicia estatal y justicia mediática, decíamos, son practicas diferentes que utilizan parecidas estrategias. Cada una postulándose como alternativa de la otra. Cada una complementando, pero también cuestionando a la otra, interpelándola, presionándola. Las palabras se desplazan de un campo a otro en un juego de reapropiaciones que terminaron por postular una forma novedosa de administración judicial a través de los medios masivos empresariales.

La justicia mediática se ha producido en el desplazamiento del periodismo objetivo al periodismo subjetivo. La justicia mediática acompaña este proceso de subjetivización. Se formulará a partir de estas variaciones. Es en el modelo subjetivo, bajo la figura del periodista fiscal, cuando el periodista se encuentre en condiciones para comenzar a disputar el sentido de justicia a los propios magistrados. Para entonces ya no le bastará con dar cuenta de la actualidad, sino que tendrá que tomar partida, comprometerse en las situaciones problemáticas relevadas como noticia. Ese mismo desplazamiento, que reconstituye al periodismo desde el compromiso, desde la promesa de transparencia, desde la denuncia y la investigación lo emplazará en términos jurídicos, desde la posibilidad de administrar justicia.

La criminalización de la actualidad produce efectos de judicialidad. El protagonismo del periodismo judicial se dispone para verificar un estado de cosas, es decir, para señalar que alguien no cumplió con lo que se había alguna vez acordado; porque la denuncia y acusación apuntan a refundar el consenso, antes que poner en evidencia un conflicto social.

Desde ya que la Justicia Mediática no tiene un origen concreto y determinado. Su jurisdicción resulta diseminada, se constituye desde la dispersión. La Justicia Mediática se fue constituyendo desde diferentes programas distantes en el tiempo uno del otro, pero distantes también en cuanto al contenido que versaban. Diferentes programas, pero también desde diferentes casos que fueron interpretando aquella programación. Toda programación desarrollará su casuística. La justicia mediática no es un fenómeno que quedó planteado de una manera acabada en un solo programa, ni siquiera en dos o tres; si no que desde diferentes programas se vino planteando. De manera que la justicia mediática se fue montando itinerantemente, repartiéndose entre diferentes programas que abarcan incluso diferentes géneros periodísticos. Alrededor de estas experiencias (programación y casuística) se fue construyendo un campo de discusión, una región de problemas, que contribuyó a problematizar al periodismo judicial como justicia mediática. Entonces, la justicia mediática como el efecto de la crítica también. Se reordenó el debate, problematizando las relaciones entre los medios de comunicación y el Estado en general; entre el periodismo judicial y la justicia oficial en particular.

La justicia mediática es reconstitutiva de lo jurídico en cuanto redefine ritmos y formas para los tribunales, y en cuanto también produce una modalidad novedosa de administración judicial. La mediatización de la justicia entonces, ha redefinido lo judiciable, pero también lo que deviene justiciable. La justicia mediática ha expandido las fronteras de lo jurídico al incluir al Estado en situaciones problemáticas que antes optaba por excluir. Pero la justicia mediática nos habla no simplemente de la mediatización de la justicia cuanto de nuevas formas de administración que no se mantienen transitando por andarivel propio sino que alcanzan con sus efectos a la misma justicia estatal, sea cuestionándola, sea incluso redefiniéndola, sea reinstituyéndola en situaciones que antes o bien desapercibía, o bien desatendía. La administración que tiene lugar en los medios se apropia de elementos con que discurre la justicia gestionada desde los tribunales estatales pero reubicando sus sentidos, inscribiéndolos en nuevos espacios, en función también de otra duración que no es la de los estrados.

3. (In)Seguridad mediática.

Tiempos violentos son estos. Tiempos delineados por la fuerza, acechados por la brutalidad. Existe la sensación de que la criminalidad está sitiando la ciudad hasta reconstituirla desde la pusilanimidad. Los homicidios y los robos se multiplican semana a semana. El mismo taxista será acribillado diez veces en el mismo día, con cada noticia, con cada flash informativo. Los medios de comunicación han sumergido al ciudadano en espacios de violencia. Desde las páginas amarillas, hasta los programas más progresistas se nos advierten una y otra vez que una ola permanente de crímenes sobresalta al barrio, hasta enrejarlo, hasta clausurarlo con barreras, alarmas y seguridad privada. Las calles son especies de vitrinas del horror donde el arrebato, la violación, hasta el asesinato son algunos de los acechos que esperan a la vuelta de la esquina. Un perverso espiral de violencia rodea nuestra rutina y cualquiera de nosotros, en el momento menos pensado, puede ser la víctima fatal. Aunque no hace falta ser el blanco directo y carnal de esa violencia, con los medios de comunicación, el enemigo está en casa y se aloja dentro de nosotros.

Cuando hablamos de la criminalización mediática, nos estamos refiriendo al proceso discursivo por el cual se constituye al “otro” como peligroso y, por añadidura, a la sociabilidad en un cotidiano inseguro. El peligrosismo hobbesiano encontró una nueva veta para introducirse. La utilización de la ubicuidad del crimen para atemorizar al cotidiano social es otro de los mecanismos que nos lleva a ver al "otro" como peligroso. Cuando cualquiera de nosotros puede ser nuestro potencial criminal hay que tener cuidado; hay que tener miedo de exponerse frente a ese-otro por que nos puede hacer daño.

La criminalización mediática ensayada por el periodismo judicial, nos introduce pues por pasajes o túneles de la cultura moderna y plantea varios problemas cruciales. En la producción de la cultura se definen como marginales y al mismo tiempo como centrales distintas situaciones conflictivas; son máquinas de poder dominadas por la ambivalencia y por cierta indeterminación interpretativa: ¿son enfrentamientos a la ley estatal o sus suplementos? ¿Son ficciones antiestatales o simplemente ficciones que se han independizado del estado pero que lejos de contradecirle le posibilitan? ¿Son escrituras de deslegitimación o legitimantes?

La criminalización mediática funciona como aparato de distribución de diferencias y determinando integraciones, exclusiones y subjetividades. Las criminalizaciones no son inocentes. No se disponen solamente para dar cuenta de una serie de situaciones problemáticas en el seno de la sociedad, sino que procurarán además con su judicialización (justicia mediática) dar cuenta de una serie de anomalías estatales en el funcionamiento de la justicia. Pero esa misma criminalización no siempre se dispone de la misma manera. No será lo mismo que su interlocutor sea un juez que un ministro de gobierno. Cada uno de los poderes ensayará sus propias lecturas. Y esas lecturas pueden llegar a ser antagónicas. Si por un lado cuestiona, por el otro sostiene, legitima.

“La territorialización del delito –decía Nelly Richard- (...) produjo dos efectos: por una parte, delimitó la figura del miedo asignándole una geografía conocida que permitiera vigilar su extensión y, por otra parte, hiperbolizó la sensación del terror dentro del perímetro señalizado por la noticia con marcación delictiva. En todo caso, la reiteración del nombre del lugar en la información de la noticia puso en escena la creación de un fantasma urbano, de una construcción imaginaria que proyecta en zonas de la ciudad imágenes y símbolos inconscientes que se funden oscuramente con las prácticas cotidianas del espacio social.” “Se ubica así el horror en un paisaje familiar para que el lector del diario popular reconozca su propio entorno de todos los días y tiemble aún más al pensar en la insospechada delgadez del hilo que separa lo anodino de lo tremendo. Al dibujar un fondo de habitualidad, las ‘tejas verdes, dos perros y un gallo? son la prosaica condición del escalofrío que recorre el lector dividido entre lo monstruoso y lo insignificantemente normal. Ya víctima de una angustia intermitente, ese lector deviene inseguro del límite que antes relegaba el horror en zonas declaradamente siniestras. No se repondrá fácilmente del efecto disruptivo que produce saber que lo horrible puede ser la cara simplemente reversible de lo diumamentte familiar, sin que ninguna señal anticipe la súbita anormalidad de ese reverso traicionero.”1

Demás esta decir que el sensacionalismo tampoco es un tema nuevo. Por ejemplo, según Michel Foucault, que rastreaba sus antecedentes en la medianía del siglo XIX, la prensa roja contribuía a desarmar lo que se amasaba periféricamente, desde la exclusión; a introducir una serie de escisiones en las capas populares. La prensa era también ese complemento de la escuela, el sentido que retomaba pedagógicamente hasta moralizar lo que invocaba. La prensa roja contribuía a criminalizar el cotidiano popular hasta que este se volvía irreconocible para los propios sectores populares. Estas capas comenzaban a pensarse desde aquellas moralinas que criminalizaban su cotidiano. Lo criminal descolocaba lo popular, lo fragmentaba. Se criminalizaba la diversidad social hasta correr la historia de lugar, hasta excluir a la historia de la vida diaria.

Para Foucault la crónica se inscribe en un momento particular donde resultaba necesario desencontrar a los sectores populares, entre el proletariado y lumpenproletariado. Se trataba dice, de crear una serie de malentendidos entre los delincuentes y los obreros, que son muy necesarios para el funcionamiento mismo del sistema. Estos malentendidos se introducían mediante un discurso moralista que provenía de diferentes instituciones, entre ellas, de la propia prensa, a través del uso de la crónica roja. Para decirlo con las palabras de Foucault: “A partir del momento que la capitalización puso entre las manos de la clase popular una riqueza investida, bajo la forma de materias primas, de maquinarias, de instrumentos, fue absolutamente necesario proteger esta riqueza. Porque la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en las manos no de quienes la poseen sino de aquellos que permitirán obtener beneficios de ella trabajándola. ¿Cómo proteger esta riqueza? Mediante una moral rigurosa: de ahí proviene esta formidable capa de moralización que ha caído desde arriba sobre las clases populares del siglo XIX. Observad las formidables campañas de cristianización de los obreros de esta época. Ha sido absolutamente necesario construir al pueblo en sujeto moral, separarlo pues de la delincuencia, separar claramente el grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no solo para los ricos sino también para los pobres, mostrarlos cargados de todos los vicios y origen de los más grandes peligros. De aquí el nacimiento de la literatura policíaca y la importancia de los periódicos de sucesos, de los relatos horribles de crímenes.”2

De lo que se trataba era de introducir miedo en la sociedad a través de la constitución del criminal. Inventar al criminal como acechante por doquier. No es algo monstruoso sino algo que se desplaza sigilosamente, en medios de la multitud. El criminal está entre nosotros. Esa sería la consigna. Hay que estar atentos, andar prevenidos. En cada vuelta de esquina puede llegarnos el turno. Por eso decimos que a través de la invención de la figura del criminal (del criminal como peligroso) se quiere producir malentendidos entre los delincuentes y los obreros, que son a su vez la imposibilidad de pensarse solidariamente. Romper los vínculos sociales que el contexto les propone. Y para constituir al criminal como criminal se necesita al mismo tiempo pensar a la sociedad como sujeto moral. De esta manera se termina separando al criminal de la sociedad. Pero en ese momento, cuando se separa a la delincuencia, se está constituyendo a la delincuencia como tal; y al constituirla se produce, por añadidura, a la sociedad en tanto sujeto moral. En este sentido la moralización supone la descontextualización de la situación problemática. Las razones ya no deben buscarse en las relaciones económicas, sino en cuestiones espirituales. El delito es un problema moral. Y como problema moral puede explicarse de diferentes maneras según se trate de interpretaciones higienistas (el crimen es el resultado de una mala asepcia), criminológicas (el crimen es el resultado de una patología); pedagógicas (el crimen resultado de la falta de cumplimiento de las normas morales). Como sea, la moralización de la realidad provoca la deshistorización del crimen. Deshistorización que supone otra vez, sustraer a la situación problemática del contexto en que tuvo lugar; abstraerla de sus condiciones de posibilidad cuales son por ejemplo, las causas económicas, o sociales, políticas, o religiosas incluso.

4. Rudimentos mediáticos: legitimaciones espectaculares.

No vamos a decir nada nuevo cuando decimos que el Estado ha perdido relevancia en la definición de los conflictos sociales. Con el auge de las sociedades de comunicación, esto es, atravesadas por las técnicas audiovisuales, ya no sería exclusivamente el Estado el que visibiliza lo que es “delito”, el que fija el límite entre lo lícito/ilícito, el que establece de una manera generalizada y anticipada cuáles son los intereses afectados y en qué orden de prelación. El Estado ha perdido protagonismo en la definición de los conflictos sociales. No es el Estado el que prefigura la sustancia y su marco formal, sino, los propios medios de comunicación los que, a través de lo que denominamos criminalización mediática, traducen las situaciones interpeladas como problemáticas al imaginario social, evitando también de esta manera la inintelegibilidad política de los mismos en la reconstrucción de la experiencia criminal. (A esto hay que agregarle los efectos de judicialidad que se producen y que coadyuvan a profundizar la criminalización mediática.)

Sin embargo, no deberíamos apresurarnos a pronosticar el declive del Estado, y el auge de los medios masivos de comunicación. El Estado no siempre reacciona de la misma manera frente a la prepotencia técnica del periodismo consensual. Expliquémonos. En primer lugar tengamos en cuenta que cuando decimos “Estado” no estamos haciendo referencia a una institución homogénea. Más bien pensamos que el Estado es un campo de fuerzas contrapuestas, de tensión entonces, donde se disputan el sentido de diferentes situaciones. Distintos grupos de poder (se trate de la policía bonaerense o policía federal, o la gendarmería, el ministerio del interior, la clase política, gobierno nacional, gobierno provincial, pero también la magistratura, etc.) se disputan el sentido de diferentes prácticas. La teoría clásica del Estado, que auspicia una concepción piramidal, no sirve para pensar la actualidad histórica del Estado contemporáneo. Puede canalizar las aspiraciones políticas e intelectuales, pero en ningún caso ayuda a entender los distintos desplazamientos y las pujas internas. Eso por un lado. Pero por el otro, tengamos en cuenta también que si la mediatización de justicia determinó un campo de discusión que tuvo como protagonistas en varias oportunidades a magistrados, juristas y abogados exitosos, que se indignaban por las incursiones periodísticas por las regiones que a ellos incumbía en exclusividad; no ocurrirá lo mismo cuando se trate de pensar las políticas de seguridad; cuando el ejecutivo prepare y ensaye las diferentes políticas criminales. En estos casos ya no se sentirán “tocados” (acosados) por los medios. Todo lo contrario: se encontrarán alentados. En esas ocasiones el administrador de turno interpelará el discurso mediático en función de sus propias estrategias. Para entonces ya no se estará ante una “crítica” cuanto ante nuevas posibilidades de acción, ante nuevos rudimentos de legitimación.

En el límite, lejos de contradecir al Estado, le corroborará en su mismísima potencia. De alguna manera el periodismo consensual posibilita nuevos rumbos para la gestión de la seguridad pública. Sospechamos, queremos decir -y con ello queremos sacarle contundencia a la afirmación anterior-, que le sirve de sustento. Allí donde el Estado no puede hacer pié, porque se trata de un Estado de Derecho, porque se trata del garantismo, de los tratados internacionales que resguardan los Derechos Humanos, allí mismo, decíamos, encontramos a los miembros del gobierno ejecutivo apelando (invocando) a la criminalización mediática para fundamentar el “endurecimiento” de sus políticas de seguridad ciudadana.

Para entonces ya no se tratará de la justicia cuanto de la seguridad ciudadana. No se tratará digo del sentido de verdad administrado por los tribunales estatales, cuanto del sentimiento de seguridad gestionado por la administración ejecutiva. Por eso dijimos que la criminalización mediática asume diferentes funciones según el interlocutor que se trate. Si los magistrados se indignaban; los funcionarios de sonreirán con cierta sorna.

Por eso en el límite, cabe preguntarse por la compleja relación que existe entre los Medios y el Poder Ejecutivo, entre la criminalización mediática y las agencias de control estatal; o mejor dicho, de cómo estas últimas canalizan y articulan los efectos de aquellos otras en su propio provecho; y preguntarse también si la praxis policial no ha encontrado un nuevo rudimento de justificación para su accionar. Porque ocurre que dichos "efectos de actuación", producidos por los medios en las conductas de los hombres, se condicen con los respectivos niveles de decibilidad y visibilidad del Estado.

En este sentido sospechamos que la criminalización mediática viene a reforzar la legalidad del sistema, el deber-ser biblificado alguna vez en el ordenamiento jurídico oficial; en el sentido de que, si los Medios impulsan a los hombres a desear y a aceptar los mecanismos de control, entonces, la policía, vendría a cubrir esta expectativa y tendría como función social tutelar los derechos de los ciudadanos, “seguracionarlos”, y resguardarlos de la criminalidad. En síntesis, la criminalización mediática, lejos de socavar las bases del Estado contemporáneo, le permite declarar el estado de inseguridad permanente y ofrecer seguridad en forma de policía “dura”. Eso por un lado, pero por el otro, a través de la criminalización mediática le posibilita apuntalar su estrategia de conservación y reproducción. Esto significa que si la mediática violencia institucional conduce a la negación de los mecanismos de control; la policía pues, vendría a recordar a los habitantes "quién es el que manda", "dónde están los límites" y tendría como función de dominación la vigilancia y represión de los cuerpos potentes. Digamos: por medio del policial crónico (como el reverso fatal de la crónica policial), al tiempo que se proclama garante de la salud de los derechos, acaba siendo el gendarme de la conducta humana y el pilar armado de un Estado amenazado por la expansión de los bolsones de miseria.

Pensamos entonces en un nuevo dispositivo de legitimación de carácter espectacular. La criminalidad es exhibida por los medios como muy cercana, presente por doquier, y amenazadoramente terrible. De esta forma, como señala Michel Foucault: "...cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por que en los periódicos, en la radio, en la TV (...), se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad cada nuevo día..."3 Así entonces, la crónica policial, impulsa a los hombres a requerir mayor efectividad en los mecanismos policiales.

Para decirlo con otras palabras, esto quiere decir que si el desplazamiento de las políticas criminales de las agencias encargadas de la seguridad del Estado, encontraron soporte en los medios de comunicación, es porque el “miedo” se instaló en la vida diaria de relación. Es en esa sensación de sentirse el blanco de acontecimientos hostiles lo que sostendrá de alguna manera el desenvolvimiento policial. A partir de la violencia mediática, el gobierno tiene la posibilidad de institucionalizar el temor y proporcionar mecanismos de control ya sea para liberar de la inseguridad al hombre o bien para sumergirlo en ella.

De ahí que los gobiernos sean los más interesados en el proceso de espectacularización de las situaciones conflictivas. Lo que antes podría haber sido información, ahora se transformó en novedoso rudimento de legitimación.

5. Control Machete (conclusión).

Hace poco Loïc Wacquant, en Las cárceles de la miseria4, nos hablaba de ciertos desplazamientos. Se trataba del desplazamiento del Estado Bienestar al Estado Neo- Liberal, pero también del Estado de Providencia al Estado de Penitencia. Una cosa llevaba a la otra. El debilitamiento del Estado Social suponía como contrapartida el fortalecimiento y glorificación del Estado Penal. En efecto, la criminalización de la pobreza resulta la consecuencia ineludible cuando las administraciones deciden la retirada del cotidiano. Paradójicamente el retiro del Estado de la sociedad, va acompañado de una mayor inserción en la misma, sobre todo en las regiones sensibles, solo que esta vez asumirá la forma de control machete.

Lo que no explica Wacquant a nuestro entender, son los fundamentos que acompañaron este desplazamiento, o más bien, los rudimentos que permitieron que ese borramiento no sea percibido como tal. Es que de eso se trata nuestra ponencia. Los medios masivos de comunicación fueron la piedra de toque que les permitió -y permite- a los ejecutivos, penalizar lo que excluye, lo que permite entonces que aquello que sobra sea tratado como eso: como residuo social que contener o levantar todas las noches para mantenerlos maniatados.

En este desplazamiento los medios aportaron lo discursivo, es decir, el consenso social necesario para que se avance en esa dirección.

Fueron en definitiva, justamente los propios medios de comunicación, los que posibilitaron que el modelo de “mano dura” o “tolerancia cero” se difundiera muy rápidamente desde los EEUU hacia el resto del mundo. Ello explica porque gran parte de las últimas campañas electorales, se trate de las presidenciales del ’99 o las de la jefatura porteña del 2000, se decidieran sobre una agenda que incluía viajes por el mundo para entrevistarse con los alcaldes y comisarios prestigiosos que explicaban sus respectivas recetas para controlar la delincuencia que padecían pero domaban, según decían, desde la implacabilidad de sus intervenciones. Entonces si Ruckauf, Cavallo o Beliz viajaban a New York, Ibarra, más progresista, visitaba Londres para diferenciarse.

Lo mismo decía Nils Christie en “La Industria del control del delito”5: “Los medios lo preparan todos los días y noches. Los políticos se unen a la fila de los medios; políticamente es imposible no estar en contra del pecado. Se trata de una competencia que gana el que más apuesta. Ninguna causa es más justa que proteger a la gente del crimen. (...) Una sociedad libre de delitos es un objetivo sagrado para tantos, que ni siquiera importa el dinero. ¿Quién pregunta por los costos en medio de una guerra total? El verbo manejar tiene como segunda acepción ‘gobernar los caballos o usar de ellos según arte.’ El modelo del que maneja es el domador, que con su látigo controla a los caballos. El éxito del control se relaciona con la habilidad para simplificar estructuras de valor. Esa condición parece cumplirse en la sociedad moderna.”

Hablamos de un fenómeno que se desarrolla al mismo tiempo que la gestión de justicia, y es la gestión de inseguridad por parte de los medios masivos. No hablamos tanto de causas y consecuencias, como de los procesos que se insinúan recíprocamente, casi diríamos a contrapunto, como dos fenómenos concatenados que se van montando al mismo tiempo pero que es necesario entenderlos conjuntamente para explicar cómo los medios han contribuido a trastocar no solo las relaciones de sociabilidad sino las relaciones entre los ciudadanos y el propio estado; y cómo el Estado se ha redefinido desde la criminalidad gestionada por los medios masivos de comunicación.

En definitiva el periodismo terminará lo que el Proceso comenzó alguna vez. Terminará por dar forma al sujeto del siglo XXI: un sujeto serializado, esto es deshistorizado, despolitizado, descontextualizado, desconyutado que conocemos con el nombre de opinión pública. El periodismo sigue siendo la prótesis preferida del Estado, los que darán el pretexto para su interferencia que, como sostenemos, no será cualquier interferencia. Por eso pensar la teoría (o doctrina) de la seguridad nacional desde la criminalidad mediática (en tanto nuevas formas jurídicas) será repensar al Estado, a la acción de Estado, desde los desquicios temerarios.


Notas.

1 Richard, Nelly, “Crónica policial, pornografía y tráfico de los códigos”, Revista Voces y Culturas Nº13, Barcelona, Septiembre 1998: Op. cit., pag.107 y 108 respectivamente.
2 Michel Foucault, “Entrevista sobre la prisión: el libro y su método” en Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992, pag. 90/1. Los destacados son nuestros.
3 Michel Foucault, “Las redes del poder” en Lenguaje Libertario Nº1, comp. por Christian Ferrer, Montevideo, Nordan-Comunidad, 1991, pag. 22.
4 Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000. 5 Nils Christie, La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto?; Editores del Puerto, Bs. As., 1993, pag. 173.

Bibliografía

Christie, Nils, La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto?; Editores del Puerto, Bs. As., 1993.

Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992.

Foucault, Michel, “Las redes del poder” en Lenguaje Libertario Nº1, comp. por Christian Ferrer, Montevideo, Nordan-Comunidad, 1991.

Richard, Nelly. “Crónica policial, pornografía y tráfico de los códigos”, Revista Voces y Culturas Nº13, Barcelona, Septiembre 1998, pag.107 y ss.

Wacquant, Loïc, Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000.


* Abogado y magíster en Ciencias Sociales en la UNLP. Autor de Estética cruda (2003); La radicalidad de las formas jurídicas (2002); La invariante de la época (2001); Contra la prensa (2001); Justicia mediática. Las formas del espectáculo (2000). Coautor de La radicalidad de las formas jurídicas (2002); La criminalización de la protesta social (2003) y Pensar a Cooke (2005). En la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) se desempeña como profesor de Problemas Sociológicos y Teoría Social del Estado (Fac. de Periodismo y Comunicación Social); Introducción a la sociología y Seminario de la Criminalización de la pobreza y la protesta social (Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales) y Estado, sociedad y poder (Fac. de Humanidades y Ciencia de la Educación); en la UNQ (Universidad Nacional de Quilmas) como Profesor de Derecho a la Información y en la UNL (Universidad Nacional de Lanús) como profesor invitado en Comunicación y Seguridad (Lic. en Seguridad Ciudadana). Miembro del colectivo La grieta y editor de la revista la grieta. Miembro del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción jurídica), organismo de DDHH de la ciudad de La Plata.

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