Fuente: Cristianos.com
Justicia mediática
QUITO, Setiembre 3, 2003 (alc). Una prestigiosa empresa encargada de realizar encuestas y sondeos de opinión, de la ciudad de Quito, acaba de publicar los resultados respecto a la medición de popularidad, credibilidad y gestión positiva de varios personajes políticos que gobiernan diversos sectores del estado.
El mismo estudio ha medido las instituciones que a los ojos de los ecuatorianos que viven en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas, son las que cuentan con su mayor confianza y credibilidad.
El resultado arroja que el 12 por ciento tiene confianza en la Iglesia (para efectos de este trabajo y en muchos sectores de la sociedad se identifica como tal a la Iglesia católica exclusivamente), con lo cual esta institución se ubica en quinto y último puesto de las mencionadas por la población.
En agosto del 2003, los ecuatorianoss que confían en los medios de comunicación son el 14 por ciento, en las fuerzas armadas el 13 por ciento y a continuación los municipios y la comisión anticorrupción con el 12 por ciento respectivamente, con el mismo porcentaje que la iglesia.
Comparando las opiniones de los ciudadanos de las dos ciudades, entre enero y agosto de este año, los cambios son significativos. En enero, la Iglesia ocupaba el primer puesto con un 38 por ciento de confianza. Las fuerzas armadas la seguían, con un lejano 13 por ciento. Los medios de comunicación ocupaban el tercer puesto con el 8 por ciento, la comisión anticorrupción el 5 por ciento y el último lugar los municipios con 4 por ciento.
¿Cómo es que la Iglesia (católica se entiende) cayó 26 puntos en tan solo seis meses?. La explicación es que en marzo se destapó un escándalo que involucró al sacerdote Carlos Flores en varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, pues había amasado una fortuna en su cargo de administrador de Aduanas de Quito del 2000 al 2002, durante el gobierno del militante católico Gustavo Noboa.
Flores se encuentra prófugo y vive en Estados Unidos. No se sabe con certidumbre si es culpable o no; sin embargo, el gran despliegue que los medios dieron al caso llevó al ciudadano común a quedar convencido de que el cura y sus superiores eran culpables. El sacerdote por haber robado dinero y la jerarquía por haberle permitido el ejercicio de una función pública expuesta al comentario negativo.
El caso lleva a varias reflexiones. La primera es la inconveniencia de mezclar el ejercicio de la función sacerdotal o pastoral con la función pública y política. La segunda, la falta de sentido común y disciplina de parte de la jerarquía al permitir el ejercicio de una función tan delicada a un sacerdote.
En tercer lugar, es falso que una persona sola pueda moralizar ambientes públicos de por sí corruptos; creer que un cura puede moralizar un burdel administrándolo honestamente es absurdo.
La lección mayor que debemos sacar es lo que podemos denominar “justicia mediática”. Esto es, la tremenda capacidad de los modernos medios para presentar un caso bajo su propia percepción y llevar a la población a juzgar y condenar a los involucrados, sean culpables o no.
Por último, el caso nos invita a reflexionar sobre la enorme importancia de nuestra conducta individual, puesto que con ella podemos prestigiar a nuestra comunidad de fe o causarle un gravísimo daño, que puede tornarse irreparable. A los ojos de los demás nuestro testimonio cuenta, y por él hablan bien del evangelio o lo critica para mal.
