Opiniones

28/10/2002

Fuente: La Prensa Digital

LO QUE VENDRA
Miserias por la miseria

El muy meneado "caso Grassi" -que combina miserias varias- contiene aristas aún muy oscuras.

POR ALFREDO M. OLIVERA

Un repaso puntual de los hechos globalmente considerados debería comenzar con lo ocurrido en 1998, cuando el sacerdote denunció la presunta estafa de una empresa privada dedicada a la organización de una movida mediático-comunicacional con efectos benéficos para la Fundación Felices Los Niños que, como es público, estuvo y está fuertemente involucrada en la distribución de ayuda social a sectores infantiles carecientes.

El tema que se comenta tuvo tratamiento en sede judicial y, tiempo después, irrumpió otro denunciante; en este caso, un pretendido damnificado por actos de abuso sexual a cargo del sacerdote. El juez interviniente en la causa no halló mérito alguno para imputar al denunciado. ¿Una cuestión privada en la que sólo faltaron "elementos de prueba" o simple y grosera calumnia?

En agosto del año en curso, un matutino de gran circulación aludió a una presunta puja entre sectores oficiales y privados dedicados a la problemática social, por cuestiones no suficientemente aclaradas pero que -se dijo- tenían algún grado de conexidad con la temática de los costos de la ayuda para los carecientes.

En medios consultados, a su turno, se dijo, a modo de ejemplo, que mientras los hogares a cargo del sacerdote mencionado ofrecían alimentos por más o menos dos pesos por cada persona, las viandas distribuidas con el soporte de las cocinas de campaña del Ejército (que obviamente en sus números debió agregar el equivalente a combustible y a otros insumos para darle "movilidad" a la ayuda) significaban aproximadamente $3,50 cada una. La estructura que combina elementos estatales, comunales o provinciales, merced a un entramado que es difícil desagregar de la red clientelístico-política al servicio del oficialismo, casi triplica los costos (se aludió a $6,- ó $6,50 por persona).

Coincidentemente, en la reciente edición de una revista de actualidad con fama de "contestataria" o "progresista" se dice que "el gasto-inversión por niño y por mes de lo que recibe como subsidio la Fundación Felices Los Niños equivale a tres veces menos de lo que invierte el Estado en la misma tarea".

Desde esta misma columna, con fecha 26 de agosto de este año, cuando parecía inimaginable el escándalo actual, se aludió a una aparente '"campaña" destinada a "recuperar" para las estructuras oficiales, sobre todo en el Gran Buenos Aires, la distribución de la ayuda social para sectores carecientes por la existencia de un denunciado "choque" entre la conducción del Ejército y sectores de la Iglesia"'. A los pocos días, la Justicia sobreseyó a los empresarios acusados por Grassi y éste recibió una nueva embestida judicial que culminó con su reciente detención, con cargos aún más "pesados" que en la ocasión anterior y profusamente difundidos, inicialmente, a través de un programa de TV. Los testimonios mediático-judiciales constituyen, por lo hasta aquí conocido, un clásico caso de "una palabra refutable por otra, u otras". En suma, acerca de esta conducta de Grassi, es la Justicia la que tiene la obligación de establecer, sin preconceptos, y con arreglo a derecho, si es, o no, punible.

Sin embargo, el juez interviniente en la causa se animó muy rápidamente a describir como "suite nupcial" el dormitorio del padre Grassi, aun cuando hubo lentes de la TV que lo exhibieron entre "normal" y modesto. Otro dato objetivo: a 48 horas de la detención de Grassi, autoridades gubernamentales, en presencia de miembros de la fundación, admitieron que ahora será el Estado el que intervendrá en los aspectos dinerarios de la asistencia social que hasta aquí se canaliza a través de la Fundación Felices Los Niños. ¿Será por eso que el 53% de las personas consultadas por la empresa UOL cree más en la versión del sacerdote que en la de sus acusadores?

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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