Novedades del Juicio

20/2/2005

El Recurso de queja

Recurso de queja

Excma. Corte Suprema
de Justicia de la Nación

Adrián Maloneay y Luis Emilio Osler, defensores de Julio C. Grassi, con el patrocinio letrado de los Dres. Julio E. S. Virgolini y Mariano H. Silvestroni, de la matrícula federal, en la causa caratulada "Grassi, Julio Cesar en causa nro. 15.813. Recursos extraordinarios de inconstitucionalidad" del registro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio constituido en Av. Córdoba 669 2do. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.E. nos presentamos y como corresponde decimos:


I. Objeto

Que, en los términos de los arts. 282 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 14 de la ley 48, y dentro del plazo de 5 días hábiles, venimos a interponer recurso de queja contra la resolución de fecha 29 de diciembre de 2004, notificada a esta parte el día 7 de febrero de 2005, que rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto contra la resolución de fecha 6 de octubre de 2004, notificada a esta parte el día 21 de octubre de 2004, que rechazó los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos ante esta Corte Provincial, a su vez, contra la resolución de fecha 11 de mayo de 2004 notificada a esta parte el día 17 de mayo, que rechazó el recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal Oral que había desestimado el pedido de juicio por jurados formulado por esta defensa.

Solicitamos se conceda el presente recurso y que oportunamente se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene la realización de un juicio por jurados en los términos en que lo prescribe la Constitución Nacional.

En los términos del inciso segundo del art. 283 Cpcc manifestamos que:

  • El día 21 de octubre de 2004 fue notificada a esta defensa la resolución recurrida de fecha 6 de octubre del mismo año.
  • Contra dicha resolución se interpuso recurso extraordinario federal el día 4 de noviembre de 2004.
  • La denegatoria de dicho recurso fue notificada el día 7 de febrero del corriente año.

Y, asimismo, acompañamos fotocopias de:

  • Presentación efectuada en los términos del artículo 338 del Cpp prov. Bs. As
  • Resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Morón que rechaza la inconstitucionalidad solicitada
  • El recurso de casación presentado contra dicha resolución
  • Resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Morón que concede el recurso de casación
  • Resolución de la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que rechaza el recurso de casación
  • Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de la ley presentado ante el Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires
  • Resolución del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires que rechaza el recurso presentado
  • Recurso extraordinario federal presentado contra dicha resolución
  • Resolución que rechaza el recurso extraordinario federal, contra la que se interpone la presente queja


II. Síntesis de motivos del recurso extraordinario federal

El recurso extraordinario interpuesto (cuya desestimación motiva la presente queja) se sustentó en los siguientes fundamentos:

1) Sentencia definitiva

La resolución recurrida, dictada por el superior tribunal de la causa, es equiparable a definitiva porque decide definitivamente sobre el planteo de inconstitucionalidad enderezado a obtener la realización de un juicio por jurados.

Esta es la única oportunidad procesal para hacer valer este derecho porque luego de la realización del juicio ya será imposible volver el tiempo atrás y llevar a cabo un juicio conforme lo establecido por la Constitución Nacional.

2) Arbitrariedad

La decisión de la Corte Suprema de la Provincia es arbitraria y nula porque:

a) No responde ninguna de las razones invocadas por esta parte para demostrar la existencia de una sentencia equiparable a definitiva.

b) Desconoce la existencia de una manifiesta gravedad institucional que afecta el derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, recurriendo a argumentos meramente formales y alejados de la realidad.

c) No responde el argumento de la convalidación de la violación de derechos constitucionales que le pedimos dejara sin efecto. De este modo, incurre en una nueva convalidación inconstitucional.

d) Desmembra arbitrariamente los planteos de esta defensa, omitiendo considerar aquellos que contradicen los argumentos que la propia Corte ensaya como fundamento de lo que decide.

3) Convalidación de la privación de derechos constitucionales

El Tribunal Oral rechazó el planteo constitucional de esta defensa. La Cámara de Casación renunció a su potestad revisora alegando que la decisión del Tribunal Oral no era definitiva ni equiparable a definitiva.

A su vez la Corte Suprema de la Provincia rechazó los recurso extraordinarios sosteniendo: aa) idéntico argumento, esto es, que no se dirigían contra una sentencia definitiva y bb) de modo infundado, pero como sustento de la decisión, afirmando que no se violaba garantía alguna porque el juicio por jurados no era una garantía operativa.

Todas estas decisiones son totalmente arbitrarias y nulas en el sentido técnico constitucional del término, conforme se analiza a continuación en los mismos términos que en el escrito de interposición del recurso.

El recurso extraordinario se interpuso contra la decisión de la Corte de la Provincia que convalidó las decisiones anteriores y que, además, y sin fundamento alguno, rechazó el planteo de la defensa.

Esa decisión, que en apariencia decide una cuestión meramente formal (porque la afirmación de que la garantía del jurado no es operativa se utiliza como argumento para justificar la presunta ausencia de gravedad institucional) como lo es la procedencia de un recurso (al igual que la decisión de la Cámara de Casación que hizo lo mismo) tiene, en realidad, un sentido jurídico diferente: constituye la convalidación de las decisiones inconstitucionales y nulas dictadas por el Tribunal Oral, al desestimar arbitrariamente la inconstitucionalidad planteada, y por la Cámara de Casación al convalidar (incurriendo en nuevas arbitrariedades) la decisión del Tribunal Oral.

La sucesión de formalidades y de discusiones atinentes a la procedencia formal de los recurso no debe hacer perder de vista el planteo central: de lo que se trata es de recomponer los derechos constitucionales afectados por el Tribunal Oral y todas las decisiones de Alzada.

Se trata del supuesto previsto en el art. 14 inc. 3ro. de la ley 48 porque planteada una discusión sobre la inteligencia de diversas cláusulas constitucionales (arts. 24, 67 inc. 11 y 118 CN, 11 DUDH, 8 CADH, 14 PIDCP), la decisión fue contraria a la validez del derecho fundado en dichas cláusulas.

Esa es la esencia de lo resuelto en las instancias inferiores: denegar el pedido de ser juzgado por un jurado popular imparcial.

Y esa es, entonces, la esencia de lo que se pide en el recurso extraordinario: que se recompongan los derechos constitucionales afectados, haciendo lugar al pedido de juzgamiento mediante un jurado popular imparcial.


III. Antecedentes (1) - El contexto del planteo constitucional de juicio por jurados


a) La fabricación y la exposición del caso

Las dos caras de este proceso, la procesal y la mediática, evidencian la conjunción entre actos funcionales públicos y motivaciones privadas espurias.

Veamos:

Primero: Telenoche Investiga se puso en contacto con el Juez Meade, con la Juez Ravera Godoy y con el Fiscal Flores para la preparación de un conjunto de testimonios coincidentes con parte de la historia que se presentaría en el programa del 23 de octubre de 2002.

La prueba de estos contactos surge con claridad del cruce de los llamados telefónicos de los teléfonos particulares de Meade, Ravera Godoy y Artear, y de las constancias de las declaraciones testimoniales y de las filmaciones que dan cuenta de una intervención privada y comercial previa a las declaraciones judiciales. Sin embargo, la investigación de esos cruces telefónicos fue cuidadosamente omitida por todas las instancias anteriores.

Esos testimonios se reciben en otra jurisdicción, sin ninguna explicación. El cruce de llamadas descarta que obedeciera a razones casuales o contingentes: indica que el lugar de radicación de los primeros testimonios fue elegido, y que de esta elección participó el Juez a quien le habría debido tocar esa recepción. En otras palabras, el Juez competente por lo menos consintió en que actuara una Juez de otra jurisdicción, recibiendo material preparado o reunido por una productora comercial, que no podía ser sino compatible con ese mismo material preparado para su exhibición fílmica en un programa comercial. Entre uno y otro material no podía haber diferencias: el éxito del programa requería del éxito de la investigación y a la inversa.

Segundo: El Fiscal Flores pide la detención de Grassi y el Juez Meade la ordena el mismo día en que todos los medios promocionaban el programa en publicidades sumamente onerosas e inusuales (por ejemplo, página completa en el diario Clarín).

Tercero: En el programa se refiere la existencia de cuatro presuntos hechos de abuso sexual. Salvo el caso de Gabriel, quien relata ante las cámaras el hecho del que habría sido víctima, el resto de los "testimonios" presentados se basan en rumores y se refieren a lo que le habría ocurrido, quizás, a terceras personas (quienes serían Ivan Goex, Fabián Amarilla, Luis Gutierrez y F.M.M.). No está de más decir que éstas personas negaron categóricamente haber sido víctimas de algún tipo de abuso por parte del Padre Grassi.

En ese programa el Juez Meade tiene una infortunada aparición pública en la que no sólo prejuzgó, sino que hizo referencia a una pericia inexistente en virtud de la cual estaría probada una relación homosexual consolidada entre el Padre Grassi y un menor.

Y allí aparece el primer traspié de la maniobra: la mayor parte del informe periodístico se desmorona cuando Amarilla, Goex y F.M.M. niegan públicamente haber sufrido abuso alguno. Y luego se descubre que la pericia citada por Meade, recalcada especialmente en el programa, jamás existió.

Cuarto: Paralelamente, la Fiscalía de Morón, bajo las instrucciones del Fiscal Nieva Woodgate (quien asume públicamente como el director de la investigación) se dedicó a producir prueba en total secreto, sin intervención de la defensa, acudiendo injustificada e indiscriminadamente a testigos de identidad reservada y, lo que es peor, modificando la prueba de cargo en contra del imputado.

Y allí aparece el segundo traspié de la maniobra, cuando se descubre el modo irregular de actuación del Fiscal Flores: la manipulación de los testimonios en perjuicio del imputado. Cabe relevarse que Flores actuaba bajo las instrucciones del Fiscal General, quien luego, también de manera pública, avaló la validez de todo lo que Flores había hecho.

Quinto: Cuando las irregularidades comienzan a salir a la luz aparece un nuevo ataque: Canal 13 inventó un inexistente viaje a Suiza del Padre Grassi y de Fabián Amarilla, y se afirmó que habrían llevado a ese país 140.000 dólares de la Fundación Felices los Niños.

Otro traspié de la maniobra fue cuando se probó que el viaje no había existido. Esta maniobra fue investigada en el Juzgado Federal de la Dra. Servini de Cubría, con intervención del Fiscal Eduardo Freiler, y allí se demostró la falsedad de la información difundida irresponsablemente por Canal 13.

De todos modos, junto con este nuevo embate (que esta vez se dirigía a la Fundación) comenzó en los medios la hipótesis conspirativa que vincula a Grassi con personajes públicos no muy queridos por la opinión pública.

Sexto: en el terreno judicial se tomó la decisión de llevar hasta sus últimas consecuencias la producción de prueba de cargo en condiciones que la hacían incontrolable por todos menos por los funcionarios y los periodistas interesados en ese resultado, y todo ello a través de violaciones sistemáticas del derecho de defensa en juicio.

Sobran los ejemplos: se negó sistemáticamente a la defensa el control de la prueba pese a los insistentes pedidos para hacerlo; se escamoteaban las audiencias a los defensores, incluso recurriendo a mentiras; se recibían declaraciones en horarios inusuales; aparecían testigos no previstos, que eran recibidos siempre que declararan contra Grassi lo único que hay en la causa: vagos rumores; se produjo la casi totalidad de la prueba de cargo fuera del expediente (para apartar a la defensa) y ante el Juzgado de Ravera Godoy (por ejemplo las pericias psicológicas); se negó toda la prueba pedida por la defensa; se insistió en llevar a cabo una pericia psicológica respecto de Grassi sin las debidas garantías de imparcialidad y en la investigación por extorsión se negó la realización de una rueda de reconocimiento; pero, si el reconocimiento no pareció pertinente, sí lo pareció la aparición sorpresiva de una persona que aseguró haberse hallado con el sospechoso de extorsión en horas próximas al hecho denunciado por Grassi, y también pareció pertinente otro testigo que cierra el círculo de protección sobre Gabriel, que es uno de los periodistas sospechados de colaborar con Flores en la manipulación de la prueba y de armar la maniobra con fines comerciales: su interés en el resultado de la investigación es obvio.

Séptimo: El día viernes 15 de noviembre se amplió la indagatoria de Grassi por el hecho relatado por "Ezequiel". En esa indagatoria la delegada de Nieva Woodgate, la Fiscal Bustamante de manera continuada impuso restricciones a la posibilidad de expresión del imputado, evidenciando incomodidades y expresando sugerencias contrarias a la decisión de Grassi de dictar su declaración; opuso reparos permanentes frente a la insistencia del sospechado de ofrecer pruebas o efectuar precisiones sobre circunstancias relevantes para el caso. Sólo con grandes esfuerzos y por la presencia de la Juez de Garantías, pudo cumplirse con el objetivo de una indagatoria, que es expresar las razones de la defensa. No obstante, ninguna de ellas fue siquiera escuchada.

Y ese mismo día, a la noche, retirado el defensor, se tomaron por lo menos dos declaraciones sorpresivas, una de las cuales, bajo identidad reservada, exculparía al presunto extorsionador: la defensa no pudo estar, y tampoco la querella.

Y la otra, la de Amalia Castro, se tomó en términos que, aunque fueron empleados para sostener la hipótesis acusatoria, en realidad se dirigían a sostener la actuación del Fiscal Flores, no obstante que sobre ese punto existía una investigación que no estaba a cargo de la Fiscal Bustamante.

Pero, hay como siempre algo más: esas declaraciones fueron tomadas luego de terminar la ampliación de la indagatoria de Grassi (seguramente los declarantes habían sido citados desde antes), y luego de que el defensor presente en esa declaración inquiriera expresamente si habría nuevas declaraciones, porque quería estar presente: la Fiscal le contestó que no las habría y que se limitaría a redactar su dictamen.


b) La elevación de la causa a juicio

El 21/11/02 se dispuso la libertad de Grassi y se dictaron medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, en relación al hecho denunciado por el menor Gabriel. La medida fue anulada por la Cámara (27/11/02) en razón de la reserva de la identidad del denunciante, que ocasionaba la nulidad de la indagatoria. Ello motivó una nueva indagatoria que culminó nuevamente en una medida similar (del 16/12/02) que luego fue confirmada por la Cámara.

Posteriormente la Juez de Garantías dictó idéntica medida cautelar en relación al hecho denunciado por Ezequiel. Esa medida fue revocada por la Cámara en razón de la declaración prestada por el testigo con fecha 12 de diciembre de 2002 en la que dijo que su denuncia era falsa y que la había efectuado porque gente de Canal 13 lo había inducido a ello a cambio de beneficios.

Ni con anterioridad a esas decisiones, y ni con posterioridad a ellas se admitió ninguna prueba de descargo. Todas eran rechazadas por la Fiscalía a quien sólo le importaba armar su caso, con independencia de la verdad. El deber de objetividad e imparcialidad fue grotescamente quebrantado. Lo único que importaba era generar actos que permitiesen elevar la causa a juicio, aunque para ello fuera necesario violar todas las reglas constitucionales que rigen el proceso penal, y aunque hubiese que basarse en un proceso ilegal, armado y fabricado entre funcionarios y una empresa comercial, y en prueba y declaraciones manifiestamente falsas.

La Fiscal Bustamante requirió la elevación de la causa a juicio, estando pendiente de resolución por parte de la Cámara la apelación la apelación interpuesta contra la medida cautelar decretada por el caso Gabriel. Ese requerimiento, totalmente prematuro, tuvo como único objetivo impedir la realización de prueba de descargo y, especialmente, privar al imputado del derecho a ampliar su indagatoria, que había sido anunciado al momento de su indagatoria anterior.

De hecho, a partir de ese requerimiento ni la Cámara, ni la Juez ni la Fiscal admitieron valorar prueba de descargo que demostraba sin lugar a dudas la falsedad de los hechos denunciados por Gabriel. Y Grassi no pudo declarar porque ni la Fiscalía ni la Juez de Garantías admitieron la ampliación de la indagatoria, acudiendo al argumento formal de que ya había un requerimiento de elevación a juicio.


c) Conclusiones preliminares

La administración de Justicia, que es una de las condiciones por las cuales el Gobierno Federal garantiza a cada Provincia su autonomía (art. 5 C.N.) tiene por objeto la realización del derecho. En este caso, se trata del derecho penal. Debe hacerlo según reglas que no son ni más ni menos que la especificación detallada del derecho de la Constitución. Se trata, acá, del derecho de los procedimientos.

Ambos, derecho penal y derecho procesal penal, tienen una doble faz. El primero es un programa abstracto de criminalización, pero también una tabla de garantías: marca un límite que el Estado no puede sobrepasar. El segundo es un programa de actuación formal tendiente a realizar la programación criminalizadora, pero también es una tabla de garantías: marca el límite de lo que el Estado no puede siquiera intentar.

El poder del Estado no puede pasar esos límites; fuera de ellos no tiene legitimidad, es tiranía y autoriza el derecho de resistencia. O la intervención federal de la Provincia.

El proceso que motiva este recurso es el intento de borrar todos esos límites, a partir de una jurisdicción que ha corrompido sus modos de actuación funcional. Por qué se han corrompido las formas procesales: porque se han apartado de su finalidad, y entre otras cosas, porque ese apartamiento proviene de la pérdida de la independencia intelectual de quien investiga o de quien decide. Y la independencia no debe ser entendida sólo en relación al poder económico o al poder político, sino también, o mejor dicho, primero, independencia de las propias pasiones, de los propios sentimientos, del propio orgullo o de las propias vergüenzas.

Por qué meter a la corrupción en este tema? Porque este término, en general, como mejor se describe es a través de la introducción de intereses (también sentimientos, pasiones y orgullos) privados a motivación de los actos públicos. Porque significa alterar, de una manera que conduce a la imposibilidad de alcanzar sus finalidades, la forma y la dirección de los actos públicos.

¿Por qué corrupción? Porque este término es la antítesis de la humildad, de la integridad, del desempeño laborioso en pos de probar la verdad, y de probarla en los términos en los que ésta legalmente puede ser adquirida y valorada. Es la antítesis del trabajo silencioso y discreto para alcanzar la verdad, sin precondicionamientos.

Un proceso penal consiste en una forma reglada de reconstrucción de hechos históricamente sucedidos, pero no puede partir, como se ha hecho en esta causa durante el sumario, de la afirmación de que lo que se quiere probar es ya cierto, y de que lo que la defensa dice o pretende probar es innecesario frente a la verdad ya reconocida por la autoridad, aún antes de haber sido adquirida mediante procedimientos regulares.

Una investigación de este tipo carece de objeto. Las formas que se despliegan en su interior están vacías: sólo conducen a legitimar falsamente un procedimiento, por puras razones exteriores que aparecen como un ropaje superfluo frente a la autoafirmación de la verdad que sólo el funcionario conoce (junto con algunos periodistas).

Este procedimiento es el ropaje falso necesario para que la verdad intuida subjetivamente por un grupo de funcionarios pueda ser presentada como lo que no es: como el resultado de un laborioso proceso de investigación.

Un procedimiento de este tipo está vacío de contenido, porque no está dirigido a su finalidad esencial, que es probar la verdad, de una manera formalmente aceptable, razonada, contrastable, objetivada; y todo ello requiere la posibilidad de defensa y la independencia e imparcialidad del Tribunal que está llamado a juzgar.

Un procedimiento vaciado de la defensa, a la que se le otorga simplemente el recodo formal de una o dos declaraciones indagatorias, desarrolladas en condiciones de grave restricción a su posibilidad de expresión, no es un procedimiento republicano. Es un procedimiento que se ha corrompido porque sus autores ya saben que es lo que tiene que aparecer como si hubiera sido probado a través de las diligencias de prueba: y lo que tienen que aparecer de esa forma mentirosa es simplemente la verdad que sólo los funcionarios (y los periodistas) conocían.

Podríamos haber obviado todos esos procedimientos, y con una lettre de cachet, arrestar a Grassi. Sin proceso, sin indagatoria, sin defensores, sin apelaciones. Pero no estamos en Francia en los albores de la revolución. Creemos que estamos peor, porque en el siglo XVIII las garantías de los ciudadanos estaban en pleno proceso de formación, podían ser discutidas, requerían la consagración legislativa o constitucional, sufrían la oposición política de los grupos conservadores, todavía muchos miles debían morir para lograr las garantías de la libertad.

Ahora basta, sencillamente, con olvidar la valiosa y costosa herencia de Occidente.

No hay que matar a nadie, no hay que tomar la plaza de armas; sólo se requiere arrestar a un sacerdote.

Esos motivos señalan la pertinencia del término corrupción, porque éste se refiere a la destrucción de lo valioso, de las reglas que aseguran la libertad de los ciudadanos frente al poder, del patrimonio social y jurídico acumulado durante siglos de luchas y de sangre, o durante siglos de pensamiento ahora olvidados.

El olvido de esos términos implica corrupción, porque además implica la ausencia de límites. Y la ausencia de límites frente al poder equivale a la tiranía o, lo que es lo mismo, a la ausencia de la Justicia, que es lo que el Gobierno de la Provincia debe asegurar a los ciudadanos por una parte y al Gobierno Federal por la otra.

Porque la Justicia reclama formas, garantías, recaudos. Es posible que los ‘logros’ de este proceso sean la lejana consecuencia de la irreflexiva ansiedad política y mediática por la seguridad callejera y por la presencia de fiscales y de jueces inflexibles, con olvido de que la inflexibilidad requiere límites, que éstos no pueden someter a los ciudadanos a procesos en los que la defensa esté ausente, en los que la libertad dependa del sentimiento o la convicción de una persona o de un grupo de personas guiadas por ambiciones personales, y por una subjetividad incontrolable. El reclamo por la severidad suele hacer olvidar el derecho de los inocentes. El reclamo enardecido por una justicia ciega suele sepultar el hecho de que un proceso sólo es justo cuando otorga al derecho a la defensa.

Si no es, nuevamente, tiranía.

¿En qué se manifiesta la tiranía, de una manera que sea pertinente con el proceso al padre Grassi?

En que el proceso se ha desarrollado sobre la base de la convicción de la verdad de una hipótesis –la del abuso sexual- y ha admitido (y por lo menos en parte ha fabricado) sólo aquellos elementos que pudieran confirmarla.

Y al hacerlo ha excluído: a) todas las pruebas ofrecidas por el sospechado para demostrar lo contrario; b) todas las pruebas ofrecidas por el sospechado para indicar que había sido extorsionado por los mismos que lo acusan; c) todas las pruebas ofrecidas por el sospechado para revisar la verdad de los que lo acusan; d) todas las afirmaciones efectuadas por el sospechado en su descargo; e) todas las peticiones efectuadas por el sospechado y por la defensa para poder confrontar las acusaciones; f) todas las diligencias necesarias para corroborar las circunstancias presentes en los relatos de los testigos que valora contra el sospechado.

Y para lograr el objetivo fijado al inicio, la instrucción ha: a) ocultado a los testigos de cargo, presuntas víctimas de los dos hechos imputados; b) ocultado a una serie de testigos que sólo refieren rumores o comentarios de terceros, sin relación directa con los hechos imputados; c) ocultado (bajo mentiras) a la defensa la realización de los testimonios, que se tomaban en horas o días imprevistos o en condiciones que aseguraban la ausencia de los defensores; d) ocultado a la defensa la realización de pericias, que se efectuaron en otra jurisdicción, ante un tribunal incompetente, impidiendo el control de la defensa; e) manipulado el contenido de las declaraciones de algún o algunos testigos, para resaltar lo gravoso y minimizar o suprimir lo favorable al imputado.

Pero allí no acaba el carácter tiránico del procedimiento: a) ha recurrido a una empresa comercial para la identificación, preparación y ocultamiento de la prueba; b) ha generado la recepción judicial de esa prueba en una jurisdicción extraña, a través de una serie de contactos entre jueces de dos jurisdicciones y una productora de televisión; c) ha proporcionado el aval explícito del Poder Judicial de la Provincia a la realización de un programa de televisión, generando un nivel de audiencia insospechado; d) ha permitido la difusión de referencias mentirosas en dicho programa, convalidando los resultados comerciales de esa emisión; e) ha omitido toda diligencia para la determinación de los sospechosos contactos entre dos jueces y un canal de televisión, en los días previos a la emisión del programa inicial.

Afirmar que la corrupción se liga a la independencia, o más bien a la falta de independencia, se encuentra estrechamente relacionado con esta serie de vínculos entre privado y público.

Afirmar que la corrupción se encuentra ligada a motivaciones, orgullos y vengüenzas particulares proviene de la obvia –esperamos que no se requiera la prueba de cuestiones que se demuestran por sí solas- necesidad de reconfirmar lo que se ha hecho de manera tan pública y desembozada.

Pero allí no termina el procedimiento tiránico. Porque para lograr la extinción total de las garantías de los ciudadanos: a) se la invertido la garantía de no declarar contra sí mismo, computándola como elemento de cargo; b) se han omitido de computar testimonios objetivamente favorables al procesado, tales como, sin agotar la lista, los de Amarilla, Goex, F.M.M. y Gutierrez, que contra las afirmaciones públicas negaron haber sido abusados sexualmente; c) se ha admitido como la expresión más gráfica y completa del carácter de este proceso a una novela de Franz Kafka, y la pertinencia de la comparación proviene de la propia fiscal, en un rapto de espontánea sinceridad.

Cuando decimos que se trata de la extinción de las garantías de los ciudadanos, hacemos referencia a que todos los ciudadanos de la jurisdicción de Morón, o los que transiten por ella, se encuentran sometidos a los riesgos de un juicio sin garantías.

Y a los riesgos de un dictamen fiscal que, por más que formalmente parezca consistente, en este caso no es más que la autojustificación de la ausencia de un proceso válido de investigación.

Esta Corte no debe convalidarla.


IV. Antecedentes (2) - El planteo constitucional y de recusación

Con el fin de tornar operativas las garantías constitucionales de contar con un tribunal independiente e imparcial y de ser juzgado por los propios pares, esta defensa llevó a cabo el planteo siguiente:

En los términos de los arts. 18, 24, 33, 75-12, 116 y 118 de la Constitución Nacional, 8 CADH y 14 PIDCP, hemos solicitado, y solicitamos expresamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se declare para este caso concreto la inconstitucionalidad del régimen de juzgamiento establecido en el código procesal penal de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establece la realización del juicio ante jueces técnicos y profesionales, y se arbitren las medidas dirigidas a realizar un juicio por jurados.

Dimos a ese trámite no sólo el carácter de planteo constitucional sino, también, el carácter de recusación, por el anuncio concreto -objetivado en la constitución reciente del tribunal anómalo- de privación de una garantía constitucional expresa, que denota falta de independencia e imparcialidad (art. 47, inc. 13, C.P.P.).

Y le dimos ante la Corte Provincial el carácter de planteo constitucional enderezado a fundar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley.

Los motivos que sustentaron la petición formulada ante el Tribunal Oral y que fundamentaron los recursos extraordinarios interpuestos (y también el recurso extraordinario federal) son los siguientes:


1) Introducción

Nuestro cliente fue sometido a una especie de linchamiento público, promovido por una empresa comercial dedicada a la difusión de noticias, propaganda y mensajes (verdaderos y falsos) de diversa índole, que actuó de forma coordinada con diversas autoridades del Estado provincial pertenecientes a distintos poderes del Estado, en especial, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Junto con el derrotero de la difusión de información falsa y malintencionada, Grassi tuvo que padecer un constante y reiterado abuso de poder llevado a cabo por el Ministerio Público, y convalidado por los Jueces, para quienes los usos forenses del fuero local y algunas normas procesales (interpretadas de modo antojadizo) valían más que la propia Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos.

Sobre el avasallamiento del derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal producido en esta causa, hicimos remisión (en esa oportunidad) a lo expuesto por esta defensa en diversos escritos (en especial los siguientes: "Pide se permita ejercer la defensa. Reservas" del 5/11/02; "Solicita" de fs. 477; "Solicita" del 6/11/02; "Protesta" del 7/11/02; escrito de fecha 8/11/02 planteando recusaciones y nulidades; "Oposición a peritaje con peritos oficiales de esta jurisdicción y sin registro" del 13/11/02; "Aclara y amplia motivos de recusación – Ofrece pruebas – Pide se designe audiencia" del 14/11/02; "Pide presencia de la Juez de Garantías" del 15/11/02; "Plantea nulidad – Reservas" del 15/11/02; "Oposición a peritaje – Documentan protesta – Reserva federal" del 18/11/03; "Vuelve a protestar" del 18/11/03; "Expone – Reservas" del 20/11/02; "Recurso de Apelación – Reservas" del 26/11/02; "Manifiesta – Solicita" del 4/12/02; "Pide se rechace petición" del 13/12/02; "Expresa agravios – Reservas" del 18/12/02; "Apela – Reservas" del 23/12/02; "Solicita se permita presenciar audiencia" del 17/12/02; "Reitera oposición a peritaje" del 7/2/03; "Solicita" del 7/2/03; "Denuncia nuevo hecho" del 24/02/03; "Solicita se fije audiencia" del 18/2/03; "Plantea nulidad – Reservas" del 26/2/03; "Acompaña nota periodística – Pide que se aclaren inexactitudes" del 16/02/03; "Pide declaración ante un Juez (8-1 CADH; 10 DUDH; 14-1 PIDCP)" del 5/3/03; "Manifiesta. Solicita autorización" del 23/5/03; "Se oponen a elevación a juicio – Reservas" del 16/6/03; "Memorial – Reservas" del 19/9/03, entre otros presentados en la presente causa y en otras conexas) y damos por reproducidas todas las quejas y planteos constitucionales allí efectuados, que son elocuentes en cuanto a la situación de indefensión en que se encuentra el Padre Grassi en esta Jurisdicción judicial, hasta aquí ávida de protagonismo mediático y de adulación periodística.

Funcionarios casi anónimos pasaron a la tapa de los diarios y a las pantallas de TV y se hicieron famosos por actuar en un sentido determinado, es decir, contra los derechos constitucionales del Padre Grassi y a favor de la versión oficial acuñada por los nuevos "garantes" de la verdad: los autodenominados periodistas de investigación.

En ese contexto era evidente que Grassi no podía pretender que se hicieran valer sus garantías, que se respetaran las reglas del proceso acusatorio, que se produjera la prueba de descargo, que la Fiscalía actuase con imparcialidad, que los jueces cumplieran su rol (tan lejano al de luchadores contra el delito que le asigna el estereotipo social); en definitiva, no podía pretender evitar ser enviado a juicio como consecuencia de un proceso preparatorio abiertamente contrario a la Constitución Nacional.

Y ahora estamos aquí, en las vísperas de un juicio oral que no debería diferir en nada en cuanto a sus características respecto a lo que ocurrió hasta ahora en este proceso. De hecho, estamos sometidos a la misma jurisdicción judicial, con el mismo ministerio público, en el contexto de los mismos cánones burocráticos, regidos por el mismo código procesal (emblema del abuso de poder más acérrimo); estamos, en definitiva, en manos de la misma "familia judicial" que ha demostrado por actos múltiples una predisposición marcada a tolerar los desmanes increíbles de la fiscalía.

No cabe duda alguna de que se mantiene el contexto propicio para que las pretensiones mediáticas hallen terreno fértil y logren su cometido. No hay posibilidad alguna de que Grassi pueda contar con un Tribunal imparcial, con un juicio justo, que dicte una sentencia contraria a lo que quiere la "opinión publicada" por la poderosa empresa comercial que impulsó esta patraña histórica.

Es inimaginable que tres jueces puedan dictar una sentencia absolutoria en esta causa, no sólo por la casi insostenible presión publicitaria contra la inocencia de Grassi, sino por el hecho de que la falsedad de las imputaciones corre pareja con las falsedades, incorrecciones e irregularidades que signaron la promoción y el desarrollo de la investigación penal preparatoria, de lo que se desprende claramente que la defensa del imputado requerirá examinar detalladamente los procedimientos judiciales adoptados y las relaciones existentes entre la empresa comercial que originó este escándalo con algunos de los jueces y funcionarios que intervinieron en la investigación: está claro que una revisión de tal naturaleza, que pondrá de relieve responsabilidades funcionales y aun personales, de variada índole, será resistida por un tribunal profesional que, además, proviene del mismo departamento judicial donde tuvieron lugar dichas irregularidades.

Es muy improbable que Jueces con dicho compromiso objetivo estén dispuestos tanto a avanzar sobre la posible responsabilidad de sus pares o colegas, como a afrontar la crítica despiadada que vendría después, para el caso de un pronunciamiento adverso al veredicto ya establecido por cierta prensa y por el sector político radicalizado que ostensiblemente apoya la difamación.

Sobran ejemplos de casos de gran resonancia en los que la decisión un ápice por debajo del "dictamen publicitado" genera una inmediata reacción de los grupos de presión. Y sobran también los ejemplos de sentencias jurídicamente insostenibles que sólo se explican, sociológicamente, por la voluntad periodística de producirlas.

En la cultura mediática que nos gobierna el juicio oral se ha transformado en un mero trámite previo a la condena y convalidante de lo actuado durante la instrucción, que es el verdadero juicio (escrito) que rige. Lamentablemente TOC no significa, en la práctica, Tribunal Oral Criminal sino Tribunal Oral de Condena. La "opinión deformada" espera, habitualmente, una confirmación de sus reivindicaciones y exige de los tribunales judiciales (sólo) esa respuesta; a la vez que recrimina severamente cualquier "aventura garantista".

Son contados los "juicios mediáticos" que han terminado con una sentencia que contraste con el clamor público y no existe ninguna razón (es más, todas indican lo contrario) de que con este caso vaya a pasar algo diferente.

Existe una realidad innegable: en las condiciones actuales Grassi ya está virtualmente condenado y el juicio que nos espera no será más que una parodia; un espectáculo formal destinado a salvar las apariencias de legalidad.

Sólo hay una alternativa para que ello no suceda: cumplir con la Constitución Nacional y otorgar a Grassi el derecho de ser juzgado por un jurado popular.


2) El juicio por jurados como garantía constitucional

La garantía constitucional más importante en materia penal, y a la vez la menos respetada, es la garantía de ser juzgado por los propios pares.

Que la Constitución consagra de forma obligatoria el juicio por jurados para las causas criminales en todo el país no puede ser materia de discusión seria. Son elocuentes al respecto los arts. 24, 75-12 y, especialmente, el 118 que dispone:

"Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución."

La aclaración final de la norma citada no es óbice para el juzgamiento por un jurado, ya que el transcurso de más de 150 años desde la sanción de la Constitución no puede excusar al parlamento por no haberlo instaurado, ni puede redundar en perjuicio del justiciable que quiere ejercer activamente la garantía.

Esta conclusión puede derivarse de diversos principios jurídicos, pero hay uno que lo resume con claridad y es el que dice que nadie puede invocar en su favor su propia torpeza. Si el poder público pretende someter a juicio a un ciudadano debe hacerlo en un todo de acuerdo con el proceso establecido en la Constitución; si por su misma inactividad no puede cumplir con ese procedimiento no está habilitado a llevar a juicio a ese ciudadano.

El principio que consagra el juicio por jurados no es absoluto, pero rige sin duda cuando el ciudadano pide ejercer la garantía de la que es titular. Esto no significa que todos los juicios practicados desde 1853 hasta ahora sean nulos, ni ninguna otra calamidad que los detractores de la operatividad de la garantía anuncian como argumento funcional (y perverso) en su contra. Nada de eso. Esto significa, solamente, que quien pide ser juzgado por un jurado tiene derecho a ese tipo de enjuiciamiento, porque es el que consagra la Constitución Nacional.

Si el ciudadano exige que se respete la garantía no puede esgrimirse en su contra una razón funcional. Mucho menos si esa razón es que el legislador ha omitido cumplir con el mandato constitucional.

Esta garantía se vincula no sólo con la del Juez natural (ya que sólo reviste dicha calidad, en los términos del art. 18 constitucional, el jurado popular) sino con la de la imparcialidad de los magistrados, ya que en ciertos contextos como el que rodea a la presente causa (y como lo analizaremos seguidamente), sólo un jurado puede garantizar la independencia e imparcialidad exigidas por los arts. 8 CADH, 14 PIDCP, derivada de la garantía del debido proceso legal (18 CN) y de la adecuada administración de justicia (116 CN).


3) La necesidad constitucional del juicio por jurados en la presente causa

Hemos hecho referencia al derrotero irregular sufrido por esta causa a raíz de la insanable contaminación producida por su repercusión pública y por la actitud hostil de los funcionarios públicos provinciales para con nuestro cliente.

Grassi está convencido, y con toda razón, de que no tendrá un juicio justo, de que no se respetarán sus garantías constitucionales y de que no contará con un Tribunal independiente e imparcial.

El concepto de independencia judicial en general se mide en función de la autonomía de los jueces respecto de los funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, como si sólo pudiese existir dependencia respecto de estos poderes.

Ese es un grave error. No hay mayor condicionante de la independencia judicial que el "sentir" de la "opinión pública" o, lo que es lo mismo, que la opinión de quienes supuestamente difunden ese sentir. En otras palabras, no hay mayor dependencia que la que deriva de la presión ejercida por los medios de comunicación social.

Y ello es lógico si se tiene en cuenta el poder abrumador que hacen valer. Un poder mayor que el de muchos órganos estatales. Un periodista puede "condenar" con mucha mayor eficacia que un juez. Si en un programa de 30 puntos de "rating" una persona es sindicada como autora de un delito recibe materialmente una sanción mayor que si se la condena por la justicia a una pena de cumplimiento condicional.

Esa espada de Damocles mediática pende sobre la cabeza de los jueces; sobre su conciencia; sobre su tranquilidad; sobre sus carreras; sobre sus vidas privadas; sobre sus destinos.

Y no es sólo presión. Es también tentación. Porque el poder que puede acabar con un juez, también puede transformarlo en un héroe. ¿Y quién no quiere ser un héroe?

Y es justamente por todo ello que la garantía del jurado reviste una importancia medular, para la efectiva vigencia de todas las demás garantías constitucionales.

El jurado es la vía de escape. El jurado es el único tribunal imparcial que puede resistir a la vez la presión y la tentación. O, al menos, el que mejor puede hacerlo. No tiene mucho para ganar, y no tiene nada para perder.

Un razonamiento rústico diría: acaso no es todo lo contrario?; si se teme de la presión mediática, no es más peligroso para el imputado el juicio por jurados?

Claro que no. Y de la respuesta a estas preguntas surge la razón que denota la necesidad del juicio por jurado en esta causa. Veamos:

a) Los jueces del Tribunal Oral nro. 4 tienen, necesariamente, contacto con la opinión formada respecto del caso. Forman parte de la jurisdicción judicial de Morón, han leído el expediente y seguramente han visto u oído los programas de "Telenoche Investiga" que descalificaron a nuestro cliente o las numerosas proclamas públicas hostiles del fiscal general de este distrito. La defensa no puede preguntarle a los jueces del Tribunal Oral nro. 4 si conocen algo sobre el caso, si vieron los programas, qué piensan sobre ellos, qué opinan sobre los casos de abusos sexuales de los religiosos, etcétera.

Y ni la defensa ni la acusadora podrán elegir a los jueces en función de esas razones, ya que se trata de jueces que están allí, designados con anterioridad al caso y que no pueden ser desplazados sino por causales rígidas de recusación que nada tienen que ver con el tipo de garantía de independencia e imparcialidad que el jurado está llamado a custodiar.

En definitiva, el Tribunal Oral que juzgaría a Grassi según el código provincial está formado por personas que, por la función que ocupan: aa) conocen circunstancias que afectan su imparcialidad; bb) no pueden ser preguntadas sobre circunstancias relevantes que en un caso como éste la afectarían; cc) no pueden ser apartadas por conocer algo sobre el caso o por conocer el expediente.

Con el jurado ocurriría todo lo contrario. Podrían ser apartados tan sólo por conocer o haber escuchado algo determinante sobre el caso, o por tener opinión formada sobre aspectos relevantes del caso (o recusados simplemente sin causa hasta cierto límite) y, además, podrían ser preguntados sobre estas cuestiones con el fin de decidir su designación.

Pedimos la chance de hallar en toda la Provincia un grupo de personas (jurados) que no tenga tendencia especial u opinión previa fija sobre el caso y que pueda funcionar como un verdadero tribunal imparcial.

b) Los jueces profesionales tienen intereses creados respecto de la causa.

Por el sólo hecho de ser funcionarios burocráticos del Estado tienen como mínimo la intención de permanecer en su cargo, y dicha permanencia depende, esencialmente, de las decisiones que tomen.

Dado que en este caso de gran repercusión la decisión que adopten será censurada en función del resultado final más que en relación al recorrido argumental y sustento jurídico que utilicen, es imposible que el instinto de supervivencia no los compela a adoptar el resultado más beneficioso para salvaguardarse.

Los Jueces saben que el periodismo (al menos el grupo económico más poderoso del país) los devorará si absuelven a Grassi. No querrán correr ese riesgo. Lo más probable es que actúen por reflejo, como se suele hacer en estos casos: el Fiscal pide el impulso de la causa y piensa: que se las arregle el Juez de Garantías; el Juez de Garantías dicta la medida cautelar y ordena la elevación a juicio y piensa: que se las arregle la Cámara; la Cámara confirma y piensa: que se las arregle el Tribunal Oral; y el Tribunal Oral sabe que debe absolver, pero jamás lo haría; entonces condena y piensa: que se las arregle Casación.

Así funciona hoy, en líneas generales, la corporación judicial. Es un juego donde el ciudadano aparece como un convidado de piedra a merced de las pulsiones de los diferentes grupos de poder y/o de los intereses burocráticos más banales y primitivos. La presión mediática potencia la lógica perversa de este juego e impide que se resuelva como corresponde conforme a derecho.

En este contexto, son evidentes las razones personales que pesarán sobre los jueces a la hora de decidir en la presente causa y no cabe duda que ello afectará su independencia e imparcialidad.

En contraposición con ello, los miembros de un jurado popular no tienen razones como éstas para decidir en un sentido determinado. Ni sus trabajos ni sus vidas dependen de lo que decidan y no existen condicionantes externos que puedan tentarlos o presionarlos para hacerlos decidir en un sentido determinado.

c) Los Jueces profesionales de la jurisdicción de Morón y de toda la Provincia, se encuentran condicionados por sus vinculaciones funcionales, por sus relaciones personales y por una serie indefinida de lealtades recíprocas, que restringen severamente su capacidad de revisión imparcial de los procedimientos adoptados por sus colegas o por otros funcionarios judiciales o del ministerio público.

Por lo tanto, se encuentran inhibidos de declarar lo que ha de ser uno de los puntos esenciales de la defensa, esto es, que no sólo la denuncia originada en una empresa comercial dedicada al periodismo fue falazmente armada, sino que su recepción y las medidas y decisiones adoptadas como consecuencia de esas denuncias provienen de acuerdos indebidos entre magistrados y funcionarios judiciales entre sí, y entre ellos y miembros de la mencionada empresa.

Y, por lo tanto, sólo un tribunal que se encuentra absolutamente al margen de toda relación -no sólo con la causa o con los hechos que fueron materia de exposición pública por algunos medios- sino con funcionarios públicos que tuvieron parte activa en la confección de las imputaciones y en la producción de determinadas consecuencias procesales contra el imputado, podría ser catalogado como independiente e imparcial.

Esas condiciones las reúne un tribunal que no sea profesional y que, además, no tenga vinculaciones con la estructura judicial en cuyo seno esta causa se desarrolló.

d) Cada miembro de un Jurado puede ponerse en el lugar del ciudadano sentado en el banquillo -a diferencia del Juez técnico que en general está imposibilitado de hacerlo- y puede juzgar libre de condicionamientos funcionales.

El ciudadano común que juzga carece de poder, de inmunidad, de fueros. Está a merced del destino que puede colocarlo en el banquillo de los acusados en cualquier momento; igual que lo hizo con el sujeto al que debe juzgar. El Juez técnico, en cambio, está en un escalón superior: tiene inmunidades, fueros, poder. Es muy difícil que le toque en suerte ser un imputado sometido a juicio y ello dificulta el poder ponerse en el lugar del justiciable. Pero resulta que el poder ponerse en el lugar, es una de las características esenciales la imparcialidad.

El ciudadano común juzga con sentido común y no con deformación profesional. Para el ciudadano común no rige la máxima: si absuelvo en este caso me contradigo con el anterior; o: si absuelvo ante esta excusa cómo condeno en el futuro; o: si absuelvo en este caso se me cae el sistema, ya que todos podrían usar la misma estrategia de defensa. En suma, las razones funcionales que determinan el modo de razonar y decidir de los jueces técnicos son ajenas a las razones del Tribunal popular.

e) Existen múltiples preconceptos (religiosos, sociales, políticos y de diversa índole) que giran en torno de este caso.

Se trata de prejuicios que condicionan un abordaje independiente e imparcial del caso y que imposibilitarán el dictado de una sentencia justa y conforme a derecho.

Sólo un jurado popular elegido libremente por las partes entre personas que carezcan de tales prejuicios podría revestir el carácter de Tribunal independiente e imparcial para juzgar a Julio Grassi en esta causa.

El respeto por la garantía constitucional a ser juzgados por los propios pares es, por ello, esencial para asegurar el juicio justo que pretendemos.


4) Conclusión

Julio Grassi siente que no será juzgado por un Tribunal independiente e imparcial. No porque dude de la honorabilidad de los magistrados del Tribunal Oral, sino porque las condiciones objetivas de la causa ponen de manifiesto una realidad incompatible con las citadas garantías.

La garantía consagrada en el art. 118 constitucional integra y complementa las garantías a la independencia e imparcialidad judicial consagradas en los arts. 8 CADH y 14 PIPDH y fue por ello que al llevar a cabo este planteo ante el Tribunal Oral no sólo formulamos protesta casatoria y reserva federal sino también reserva de acudir ante los organismos internacionales pertinentes (en especial ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos) para el caso de que se resolviera en contra de lo peticionado. Esa reserva federal habilita el recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la presentación de la queja ante esta Corte Suprema.

No hay que perder de vista el trasfondo central de este planteo: el Tribunal Oral no sólo no es el Juez Natural sino que jamás podría ser un tribunal independiente e imparcial, en razón del contexto del caso. Ello viola las garantías del juez natural (art. 18 CN) y las previsiones de los arts. 8 CADH y 14 PIPDH que establecen a la competencia, a la independencia y a la imparcialidad como características esenciales del Tribunal encargado del juicio en materia penal.

En suma, sobre la base de los argumentos expuestos, planteamos oportunamente la incompetencia (por no ser el Tribunal Oral juez natural), la ausencia de independencia y la ausencia de imparcialidad del Tribunal Oral y de cualquier otro tribunal técnico que pretenda actuar como Tribunal decisor en el presente caso.

Y pedimos la constitución de un jurado popular en los términos de lo consagrado por la Constitución Nacional.

Solicitamos que se diese al planteo, además del carácter de cuestionamiento preliminar a la constitución del Tribunal efectuado dentro del plazo del art. 338 CPP, el trámite propio de un planteo de recusación.


5) Integración del Jurado y procedimiento

En el planteo formulado hemos solicitado que, una vez que se haga lugar al presente planteo, se fijara audiencia con convocatoria de las partes a fin de establecer el procedimiento de selección del jurado y el procedimiento a seguir para el desarrollo del juicio.


V. Antecedentes (3) - La decisión desestimatoria del Tribunal Oral

El planteo fue rechazado por el Tribunal Oral mediante la siguiente resolución:

AUTOS Y VISTOS

Los de la presente causa 1422 seguida a Julio César Grassi, para abordar la recusación que se planteara sobre los miembros del Tribunal:

Y

RESULTANDO

Los codefensores del imputado interponen la recusación del Tribunal aduciendo que se han infringido las garantías del debido proceso y la defensa en juicio; en tal sentido, discurren sobre los aspectos inherentes a la imparcialidad, independencia y la objetividad para juzgar a su defendido por parte del órgano de juicio, y, postulando la incompatibilidad constitucional del sistema de enjuiciamiento, tras la tacha de inconstitucionalidad respectiva, propugnan la conformación de un juicio por jurados para someter el caso de su defendido; los peticionantes desarrollaron como argumento vinculado a los motivos recusatorios, incluídos en la taxatividad del art. 47 del C.P.P., concerniente a "si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad" (inc. 13 del art. Cit.).

Y

CONSIDERANDO

Primero

En el marco del proceso penal se exigen "las más agudas garantías de neutralidad" (J. Bamman, "Derecho Procesal Penal, Conceptos fundamentales y principios procesales". Pp 22, 157 y 160. Ed. Depalma, 1989) y ello es así, porque en el régimen constitucional se reconoce a todas las personas, el derecho a ser oída, públicamente y con las debidas garantías, por u juez o tribunal competente, independiente e imparcial, organizada conforme la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella (art. 75 inc. 22 de la C.N. y 11 de la C.B.A.: art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), por lo cual, hay una obligación de la judicatura para ajustarse o arreglarse a estándares mínimos de imparcialidad fijados como garantía judicial tanto para la determinación de los derechos y obligaciones de carácter civil, como para la determinación sustancial de una acusación de carácter penal.

Por tratarse de un acto de singular gravedad, dado el respeto debido a la investidura de los magistrados, la rigurosidad, cautela, estrictez y restricción se imponen como reglas de valor y condicionan el examen de la recusación, teniendo en cuenta que su acogimiento a través de pautas de liviandad contrariaría sus propios fines y llevaría al resultado de excluir a los jueces intervinientes sin motivo que lo justifique, con todas las implicancias institucionales que ello genera.

Conviene recordar que el instituto de la recusación es el medio previsto en la ley para asegurar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial, revistiendo carácter excepcional y restrictiva, desde que la separación de la judicatura, en tanto es susceptible de conmover la estructura institucional de la administración de justicia, al comprometer el atributo mas distintivo de la jurisdicción, esto es, la imparcialidad, ínsito en el concepto mismo de aquella, demanda la estricta invocación de aquellas causales enumeradas para provocar la separación de los jueces, pero con un alcance que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial.

Segundo

Y así como las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, ninguna duda cabe de que el ejercicio de dicha facultad encuentra en nuestro ordenamiento procesal límites temporales precisos para hacerla valer (C.S.J.N., 1994/12/06, La ley, 1995-B. 573 y D.J. 1995-1-1005).

Por lo tanto, habiéndose introducido la cuestión en el lapso de citación previsto en el art. 338 del rituario común, corresponde su abordaje (doct. Y arg. Art. 51 inc. 2° del Código Procesal Penal); es dable significar, entonces, que no se aprecia la existencia de ninguno de los motivos que autorizarían el pretenso apartamiento, pues los fundamentos en los que se asienta el pedido recusatorio reconoce un núcleo argumental concerniente a la ausencia de imparcialidad, independencia y objetividad del Tribunal, a través de la aseveración del recusante de que han mediado circunstancias mediáticas o públicas vinculadas al caso que, por su gravedad, han afectado esos principios básicos.

Frente al argumento central del pretensor en cuanto reflexiona sobre aspectos extraprocesales que no alcanzan de ninguna manera a los miembros del Tribunal, debe recordarse que, dada la trascendencia y gravedad de la pretensión articulada, es preciso una argumentación sólida y seria de las causales que se invocan, pues no basta la argución que se abastece en apreciaciones meramente dogmáticas sobre los conceptos de imparcialidad, independencia y objetividad que se denuncian comprometidos, desde que ello es únicamente susceptible de invocarse en el tema recusatorio con la concreta indicación de los elementos de prueba vinculados a esos motivos; en el presente caso, más allá de haberse determinado los motivos, no se han señalado los elementos, medios u órganos de prueba relevantes para fundar la pretensión recusatoria, en todo cuanto puedan involucrar a los proveyentes.

Tercero

En este aspecto, debe repararse que la prueba que debe acompañarse con la pretensión recusatoria debe ser puntualmente y específicamente demostrativa de los extremos denunciados en cuanto alcanza a los miembros del órgano de juicio, por lo cual, la formulación masiva de conceptos genéricos con los que se pretende justificar el apartamiento son insuficientes, sin la correspondiente probatura.

La doctrina ha prenotado una clara diferenciación entre lo que es la prueba y la demostración propiamente. La primera tiene por objeto comprobar la verdad o falsedad de proposiciones fácticas, son los hechos los que se comprueban. En cambio la demostración tiene por objeto determinar la validez o no validez de una proposición abstracta o general, de determinada tesis u opinión, más no de hechos (C. Climent Durán, "La prueba penal", pp. 49 y ss. 58 y ss. Edit. Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1999).

De allí que en la prueba hay que tener en cuenta dos conceptos que aparecen persistentemente en paralelo, los de averiguación y de verificación; averiguar, significa caminar hacia la verdad; verificar significa presentar esa verdad (O. Orguedas Salazar. "Nuevos medios probatorios", en "Derecho Procesal Moderno", obra colectiva, p. 299.1. Ed. Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia, 1987). Por lo cual, primero se averigua lo que se desconoce y seguidamente se verifica lo que se afirma, entonces primero se averigua y luego se verifica; de tal modo que la prueba consiste en verificar que lo que se afirma corresponde a la realidad, porque la prueba es el medio de verificar la verdad.

Y si nos está vedado como órgano de juicio –más aún en este incidente de recusación- la labor de averiguación y de verificación, en este aspecto, transferida la carga probatoria al recusante, frente al déficit advertido, concluímos que el pretensor ha fallado en su proposición por no haber averiguado ni haber verificado aquello con lo que pretende el apartamiento de los miembros del órgano de juicio, pues en este aspecto tan trascendental del instituto recusatorio, el reclamante tiene el deber legal y moral de saber si esas afirmaciones son verdaderas, suministrando los elementos que prueben que esa averiguación y verificación ha sido correcta y justifican su pretensión.

Esto es así, porque ni la averiguación ni la demostración de los extremos invocados se acompañan en la pretensión recusatoria; por ende, el postulante no sólo debe hacerse cargo del contenido de su discurso sino también de las proyecciones que irradia, y, consecuentemente, del éxito de su resultado al no aportar la evidencia necesaria que, por lo menos, torne cierta sus singulares afirmaciones.

Por otra parte, no puede entenderse de los actos jurisdiccionales preliminares al juicio, llevados a cabo durante la intervención de este Tribunal, que se haya avanzado intempestivamente, ni comprometido la imparcialidad en función de órgano juzgador sobre el pendiente asunto de fondo, teniendo en cuenta que no se ha anticipado criterio alguno susceptible de calificarse de prejuzgamiento y consistente en emitir una declaración de ciencia aplicable al caso, o una opinión o juicio que haga entrever o permita deducir una dirección lógica o una actuación futura, con implicancia en la decisión final que ha de tener la causa.

Debe enfatizarse que tampoco concurre ninguno de los otros motivos consagrados en el código adjetivo para sustentar la recusación que, en tales condiciones, aparece desprovista tanto de soporte fáctico como legal.

En consecuencia, la postulación es manifiestamente improcedente y debe ser desechada de plano, porque las circunstancias alegadas por el peticionario no configuran ninguna de las causales previstas en el Código Procesal Penal.

Cuarto

Contrariamente a la aseveración del pretensor, resultaría violatoria de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso, amparadas por el art. 18 de la C.N. una decisión que hiciese lugar a su petición de "juicio por jurados", no sólo porque la ley procesal que rige en la provincia instituye a los Tribunales en lo Criminal como los órganos que conocerán "en única instancia los delitos cuyo conocimiento no se atribuye a otro órgano judicial" (art. 22 del C.P.P. con reenvío a los arts. 1: "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la provincia y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código..." 15: "La jurisdicción penal se ejercerá sólo por los jueces o tribunales que la Constitución de la provincia y la ley instituyen..."; y 24: en cuanto ordena la competencia de la judicatura correccional, sino porque de aceptarse su petición dejaría al proceso suspendido sin la decisión de mérito al preferirse "sine die" el juzgamiento, comprometiendo, a su vez, la cláusula constitucional bonaerense de que "las causas deberán decidirse en tiempo razonable..." (art. 15 de la C.B.A.).

Asimismo, si bien la Constitución Nacional en el art. 118, dispone que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados, "luego que se establezca en la república esta institución" (cfr. De la misma Constitución, el art. 75 inc. 12: "Corresponde al Congreso |...| Dictar |...| especialmente leyes generales |...| y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados"), la fórmula constitucional contiene un deber para el legislador, pero un deber que no es de cumplimiento inmediato (porque se dice que los juicios penales terminarán por jurados, "luego que se establezca esta institución", lo que revela que el constituyente ha librado claramente al criterio del congreso la oportunidad en que a éste le parezca menester cumplir con su deber de implantar el jurado). La norma comentada podría entenderse como si dijera aproximadamente lo siguiente: "no hay derecho al juicio por jurados mientras ésta institución no sea establecida por ley" (G. Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", tomo II-A, pp. 173-174, Ed. Ediar, 2003).

Y sostiene el autor que se cita que "en suma, la omisión legislativa de incluir el jurado dentro del proceso penal no puede ser alegada ni como falta de acatamiento a un deber inexorablemente impuesto por la constitución al congreso (sin posibilidad de plazo dilatorio), ni como agravio al derecho del enjuiciado en orden a las garantías que cubren el proceso penal. De ser así, su inexistencia actual no implica una omisión legislativa inconstitucional, ni tampoco una violación al supuesto derecho del enjuiciado a contar con la garantía de un jurado en el proceso penal que se tramita en su contra" (íd. aut. y ob. cit. pp.174-175).

Por ello, aún cuando la Constitución Nacional ha fijado entre sus objetivos programáticos el establecimiento del juicio por jurados, no lo ha determinado de modo operativo, siendo el propio legislador por atribución indelegable, intransferible e irrenunciable del poder constituyente, quien debe considerar la oportunidad para proceder a su instalación; no se pueden reconocer otros mecanismos autónomos que alteren las potestades legislativas; y, consiguientemente, por vía de interpretación pretoriana, tampoco puede forzarse un criterio que alteraría la razón de ser de la división de los poderes de un Estado de derecho.

Consecuentemente, hasta tanto ocurra la actividad legisferante sobre la instalación de jurados para la terminación de los juicios criminales, es necesario responder al procedimiento ordinario establecido por la ley procesal local para el juzgamiento de los delitos perpetrados en su territorio (arts. 1, 15, 22 y concs. Del C.P.P.).

La Constitución de la provincia de Buenos Aires, no tiene cláusula expresa sobre la instalación del juicio por jurados, por lo que frente la regulación procesal local respecto del juzgamiento de causas criminales, el procedimiento instaurado, no desampara la garantía del debido proceso.

Conviene acotar que hasta tanto el acto legislativo se lleve a cabo, el jurado es una institución inexistente en el derecho positivo argentino, resultando impracticable, por lo que no está justificado el abandono de las formas procesales vigentes; por consiguiente, no procede declarar la inconstitucionalidad pretendida por el recusante, pues al decir de cierta casuística, se estaría exponiendo al trámite del proceso a sufrir su posible extinción por obra de la prescripción de la acción, o, consagrar la impunidad del delito acusado por el Ministerio Público Fiscal, o, desamparando los derechos de éste y de las víctimas y del imputado a una pronta solución del conflicto que dirima definitivamente su situación, o, en suma, creando un precedente que, de ser admitido y generalizado, debería importar la paralización de todos los procesos penales en trámite y la revisión de los ocurridos desde 1853, hasta la fecha.

Quinto

Abundando sobre la tacha de inconstitucionalidad de la preceptiva procesal que regula la atribución del juicio oral, ante el Tribunal en lo Criminal, de conformidad a los arts. 1, 15, 22 y concs. del C.P.P., conviene expresar lo siguiente.

Los magistrados tenemos no un deber de carácter moral, sino un deber jurídico constitucional (en palabras de Chamorro Bernal, "La tutela judicial efectiva", Bosch, Barcelona, 1994, citado por O. Gozaini, en "Derecho Procesal Constitucional", tomo 1, pp 123-124, Edit. de Belgrano, 1999), de proteger eficazmente el derecho fundamental del debido proceso legal y de la defensa en juicio, ejerciendo una tutela judicial efectiva en salvaguarda de todas las garantías magnas involucradas. Ello ha de ser el norte de la actividad jurisdiccional y así aparece consagrado por el art. 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

Es añoso el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que "el Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar" (Fallos 12:134).

La Constitución, en consecuencia, presupone la existencia de un proceso como garantía de la persona humana, siendo consustancial con la idea del debido proceso, la de la defensa en juicio, a través de los actos que componen el proceso judicial, porque la normativa procesal no es una mera técnica de organización formal, sino que tiene como fin concretar el valor justicia en el caso litigioso y resguardar la defensa en juicio como basamento constitucional; y ello, en definitiva, implica observar las formas sustanciales del juicio (C. Varela, "Fundamentos constitucionales del derecho procesal", pp 96 notas 33, 34 y 35, 171, 174 y 176, Ed. Ad-Hoc, 1999).

En la dimensión constitucional del debido proceso legal, tanto éste es inviolable como lo es la defensa que entra en la composición de aquél (arts. 18 de la C.N. y 15 de la Constitución de la Provincia; art. 1, 2do. párr. del C.P.P.).

El insigne procesalista uruguayo Eduardo Conture ha destacado que el proceso es, en sí mismo, un instrumento de tutela del derecho; y que, a su vez, la tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales (aut. cita., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", o 148, n° 93, Ed. Depalma, 1974).

En este punto, los estatutos fundacionales de la Provincia aseguran a todas las personas sujetas a procedimientos judiciales la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 15 de la Constitución de la Provincia), tanto como su pleno y eficiente ejercicio.

Como puntualiza Claria Olmedo, el Estado satisface la pública administración de justicia a través de órganos predispuestos que deben actuar conforme a un procedimiento legalmente regulado. Tal es el basamento de la garantía judicial, que debe encuadrarse y desenvolverse de conformidad con los principios del proceso previo, del juez natural y de la inviolabilidad de la defensa (aut. cit., "El ejercicio de la jurisdicción conforme el nuevo código...", en L.L. 130-850).

El inalienable derecho de defensa está preservado con rango supralegal por los instrumentos internacionales adoptados por los constituyentes de 1994, a partir de la manda del art. 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación, a saber: arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con la reformulación de derechos y garantías asentadas en la Carta Provincial, aparecen tales textos internacionales igualmente adoptados (art. 11 de la Constitución), con más la garantía para todo individuo, de la tutela judicial continua y efectiva, como también el acceso irrestricto a la justicia (art. 15, ídem Constitución). El reconocimiento de los representantes del pueblo bonaerense, patentiza que es con el debido proceso adjetivo, por el cual todas las personas obtienen la salvaguarda de tales garantías, mediante un amparo continuo, real, útil y efectivo a través del servicio de administración de justicia (H. Quiroga Lavié, "Los nuevos derechos en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires" en L.L. 1994-E, 1074 y J. L. Lazzarini, "La Constitución de Buenos Aires", p. 3 n° XI-1, en L.L. del 11-12-95).

Asimismo, en este orden de ideas tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, han señalado enfáticamente a través de su doctrina jurisprudencial que los derechos y garantías consagrados por la Ley Fundamental no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecuen al fin que requería su establecimiento y no incurran en arbitrariedad.

En este punto, los Altos Tribunales han significado que es preciso tener en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y constituye la "última ratio" del orden jurídico (C.S.J.N. en Fallos 294:51; 264:364; 302:457 y 484; 303:625; 304:849, 892 y 1069; 307:531 y 1656; 311:394; 312:122, 345, 1437 y 1681; 314:407, etc; S.C.B.A. en Acs. L del 29-IX-1998, entre otros), puesto que las normas debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (C.S.J.N., Fallos 314:424), pues no debe perderse de vista que la Corte Federal a partir de un añoso fallo de 1864 (Fallos 1:300) pronunció que la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se suponen con el legislador (reiteró la doctrina en Fallos 304:794; 307:518, entre otros).

Y, si es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal de máxima trascendencia institucional y que el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que deba pronunciarse la judicatura, no lo es menos que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad (id. Corte, Fallos, 249:252; 263:460; 304-972, 305-159, 307-802 y 906, 308-418, 311-395, 460, 1435 y 2478).

La garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de certidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional (ibíd: Corte, Fallos, 298-312, 300-1102, 302-299, 311-1644; Fallos 315-1179, voto del juez Fayt).

De allí que sólo cabe formular la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal, cuando un acabado examen del mismo conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía comprometida (íd. Corte, Fallos, 315:923).

Mayor estrictez reviste el examen de la ley procesal, pues los procesos adjetivos se presumen sancionados en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables contenidos en los mandatos constitucionales (ibídem Corte, Fallos, 321:2826).

Desde este punto de vista, la reglamentación de los derechos constitucionales debe ser razonable y no debe alterar los mismos, sino conservar incólumnes y en su integridad sin degradarlos ni extinguirlos en todo o en parte (C.S.J.N., Fallos 98:20), tal como surge de la letra del art. 28 de la C.N. que establece el principio de la inalterabilidad de los principios, garantías y derechos reconocidos por la carta fundamental y que, a su vez, origina la denominada máxima de razonabilidad, como técnica idónea para analizar la inteligencia y congruencia y, por ende, la validez constitucional de la normatividad infraconstitucional (J. V. Sola, "Control Judicial de Constitucionalidad", pp. 547-548, Abeledo- Perrot, 2001); de allí que la impugnación de inconstitucionalidad de las leyes reglamentarias de derechos individuales impone la consideración de su razonabilidad en cuanto, siendo ellas arbitrarias, alterarían los derechos referidos por vía de reglamentación, en los términos de la disposición constitucional citada (íd. Corte, Fallos, 249:252).

De tal máxima se desprende el único examen posible que incumbe al órgano jurisdiccional que controla la constitucionalidad "ex petitio parte" para decidir únicamente, sin efecto "erga omnes", el caso sometido; esto es, determinar si la ley es o no razonable con el texto constitucional que contiene las garantías sin llegar a la determinación de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (S.C.B.A. en Acs. P 38.504 del 1-I-1989; P 38.533 del 1-VIII-1989; 60.031 del 19-IX-1995; 66.497 del 25-III-1997; 69.969 del 10-II-1998; 74.345 del 13-IV-1999, entre otros), como en este caso, si la normatividad que organiza el juicio oral en materia criminal, repugna manifiestamente o es incompatible inconciliablemente con la defensa en juicio y el debido proceso.

En este punto, conviene apontocar que el interesado en obtener la declaración de inconstitucionalidad debe demostrar, claramente, de qué modo la preceptiva atacada contraría la Constitución; para lo cual, es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio que le origina su aplicación, siendo insuficiente para la tacha de inconstitucionalidad –tal como ocurre en la especie- la mera invocación de determinados preceptos constitucionales, sin contener un sólido desarrollo argumental con los cuales fundamentar en qué forma han sido vulnerados, de conformidad al principio constitucional de que el análisis de la razonabilidad de las leyes sólo puede llevarse a cabo en el ámbito de las previsiones de ellas y que efectuar tal análisis sobre la base de resultados obtenidos en su aplicación importaría valorarlas en mérito a factores extraños a las mismas (íbid. Corte, Fallos, 288:325; 294:383; 299:45; 305;1597; 306:655; 311:1565; 321:3081).

La anunciada máxima de razonabilidad prescribe, muy genéricamente, que toda regulación legislativa en materia de derechos fundamentales debe ser razonable o proporcionada. A la hora de determinar concretamente el alcance de la razonabilidad se sostiene que se encuentra integrada por tres subprincipios, a saber: de adecuación, de necesidad y de razonabilidad en sentido estricto. El primer subprincipio, establece que la norma reguladora de un derecho fundamental sea adecuada o idónea para el logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado. Es decir, establecido el fin que busca, el legislador y el medio que emplea, debe verificarse que este último resulta apto para el logro del primero (J. Cianciardo, "El conflictivismo en los derechos fundamentales", cap. 4, ep. 4.1, Eunsa, Pamplona, 2000). El segundo subprincipio reclama que el legislador escoja de entre los medios idóneos para el logro del fin que procura aquel que resulte menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados. Una vez establecidas la adecuación y necesidad de la medida legislativa, se debe determinar si es razonable "stricto sensu", es decir, si la medida guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar; por lo cual, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, una norma razonable será aquella que sea: a) adecuada al fin; b) la menos restrictiva de los derechos fundamentales de entre todas las alcanzadas y, finalmente; c) respetuosa de una relación proporcionada entre los costos y los beneficios que causa.

Al confrontar las disposiciones de la ley procesal vinculadas al establecimiento del órgano en materia criminal para llevar a cabo el juicio oral, con el plexo constitucional, permiten concluir sobre la razonabilidad constitucional que posee esa preceptiva cuestionado para preservar tanto el debido proceso como la garantía de la defensa en juicio; es decir, que no se aparta de la Constitución en consonancia a la que se dicta; por lo cual, constituye un todo jurídicamente armónico en donde no se contrasta ni repudia la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, contenida en la Ley fundamental. Los argumentos utilizados para demostrar que la no implementación del juicio por jurados no resulta constitucionalmente lesiva a los intereses del particular sometido a juicio, sellan también la suerte del planteo.

Ello se corresponde a la noción de "razonabilidad técnica" que se define como aquella que inviste a los poderes legislativo y ejecutivo a quienes se le ha encomendado sancionar y promulgar normas que no pugnen con la Constitución, sino que resulten reconocimientos congruentes de sus postulados.

De lo que se colige y, definitivamente, se concluye, que la preceptiva procesal guarda razonabilidad con las mencionadas garantías constitucionales que, de ninguna manera, quedan infringidas, o, siquiera, mínimamente desatendidas mediante el sistema procesal de enjuiciamiento vigente (arts. 1, 15, 22 y concs. del C.P.P.).

Asimismo, Morello con cita de Bidart Campos, dice que el debido proceso legal adjetivo, con rasgos más acentuados en el juicio penal, significa que: "a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que cumpla un procedimiento regular fijado por la ley; b) ese procedimiento no puede ser cualquiera sino que debe ser el debido; c) para "el debido" se tiene que dar suficiente "oportunidad" al justiciable para participar con utilidad en el proceso; d) esa "oportunidad" requiere tener noticia fehaciente o conocimiento de la causa y de cada uno de sus actos o etapas..." (aut. cit., "El proceso justo", p. 55, Abeledo-Perrot, 1994).

Teniendo en cuenta estos criterios rectores, no detectamos, que haya afectación del debido proceso o la defensa en juicio, en perjuicio del imputado, por vía de la inconstitucionalidad de la normatividad que regula su enjuiciamiento.

Por todo ello, de conformidad con los arts. c.s. 47, 48, 50, 51, concs. y demás disposiciones legales citadas del Código Procesal Penal, el Tribunal

RESUELVE

I. Rechazar la cuestión de inconstitucionalidad de la preceptiva procesal local que organiza el enjuiciamiento del imputado y el planteo de recusación deducido contra el Tribunal; y, en consecuencia, no hacer lugar a la suspensión de la audiencia preliminar.

II. Notifíquese y regístrese.


VI. Antecedentes (4) - El recurso de casación

Contra la resolución citada, interpusimos recurso de casación sobre la base de los siguientes argumentos:

1) Sentencia definitiva

Sostuvimos que la resolución recurrida era equiparable a sentencia definitiva, porque su efecto concreto era la lesión irreparable de una garantía constitucional esencial, que reviste gravedad institucional y que sólo puede ser reparada en esta etapa procesal, ya que un eventual recurso contra la sentencia final de la causa sería un remedio tardío.

Sostuvimos que estábamos ante la última oportunidad procesal para decidir definitivamente sobre la procedencia del juicio por jurados. La realización de un juicio mediante otro sistema de juzgamiento pondría fin a la posibilidad de subsanar la lesión de la garantía.

Respecto de la equiparación a definitiva de la resolución recurrida citamos diferentes precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la procedencia del recurso extraordinario federal. Ello en razón de la naturaleza extraordinaria de ambos recursos.

Todas las citas efectuadas y los planteos concretos formulados al respecto (similares a los que se desarrollan más adelante en este mismo escrito) no merecieron tratamiento alguno por parte de la Cámara de Casación, ya que se rechazó el recurso invocando la falta de sentencia definitiva, sin explicar absolutamente nada.

2) Inobservancia y errónea aplicación de los arts. 24, 75-12 y 118 de la Constitución Nacional – Crítica de la aplicación efectuada por el Tribunal Oral

Previamente, en este mismo escrito se expuso cual era, a juicio de esta parte, la inteligencia que correspondía asignar a los arts. 24, 75-12 y 118 de la Constitución Nacional, que deriva en la inconstitucionalidad del régimen de juzgamiento consagrado en el Cpp provincial.

En este punto se efectuará una crítica a los argumentos utilizados en el auto del Tribunal Oral y se expondrán las razones por las cuales es pertinente la interpretación de las normas constitucionales que esta defensa postula.

Las razones que se exponen a continuación constituyen, también, una crítica a la decisión de la Cámara de Casación, ya que ésta ha convalidado los vicios de la decisión del Tribunal Oral. Por ello fue que además solicitamos expresamente a la Corte Provincial que tuviera a los razonamientos que siguen como parte integrante de los motivos de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley. Y corresponde aclarar que estos fundamentos también forman parte del recurso extraordinario federal.

La resolución del Tribunal Oral no respondió prácticamente ninguno de los argumentos de fondo efectuados en el planteo de inconstitucionalidad, por lo que éstos (al no haber sido respondidos –tampoco por ninguna de las instancias ulteriores-) quedan plenamente subsistentes como motivo de este recurso.

De todos modos corresponde referirse a los argumentos que intentan dar respuesta al planteo efectuado por esta parte.

a) El Tribunal Oral dice (punto cuarto primer párrafo) que de hacerse lugar al planteo de juicio por jurados se violarían las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio porque: aa) El Cpp instituye a los tribunales de juicio como órganos competentes; y bb) porque el planteo dejaría el juicio suspendido sine die.

La primer razón contiene una evidente deficiencia lógica. Si estamos planteando la inconstitucionalidad del sistema de juzgamiento previsto en el Cpp no podemos afirmar que ese sistema es válido porque lo consagra el Cpp. ¡Si no lo consagrara no podríamos plantear su inconstitucionalidad!

La segunda razón es antojadiza. ¿Por qué habría que paralizar el caso sine die?; ¿acaso falta imaginación a los jueces sobre cómo llevar a cabo un juicio por jurados? Esta parte solicitó concretamente la fijación de una audiencia para definir entre el Tribunal y las partes el curso del proceso para hacer efectiva la garantía del jurado. Es muy sencillo hacerlo y no es necesario esperar ningún evento extraordinario para poder concretarlo. Todo depende de que exista voluntad de cumplir con la Constitución Nacional.

b) El Tribunal Oral sostiene (punto cuarto, párrafo restantes) que la Constitución no consagra de modo operativo el juicio por jurados. Con cita de Bidart Campos sostiene que la cláusula constitucional debe ser interpretada más o menos así "no hay derecho al juicio por jurados mientras esa institución no sea establecida por ley".

No se entiende como de una afirmación (la consagración del juicio por jurados) se deduce una negación (la no consagración del juicio por jurados).

Si la Constitución dijese lo que el Tribunal Oral afirma, no sería necesario decirlo, ya que es evidente que las instituciones no rigen hasta que la ley las consagra. Una perogrullada que no es propia de un texto constitucional.

Pero si ese fuese el sentido del texto constitucional no se explica la redacción contraria que dista en mucho de lo que la resolución recurrida pretende deducir.

Es evidente que la Carta Magna dice justamente lo contrario: ella misma consagra la institución del jurado y establece un mandato concreto dirigido al legislador para que lo implemente en un código procesal único para todo el país. Esa institución es una garantía constitucional y el incumplimiento del mandato por parte del legislador constituye una lesión a la garantía.

El hecho de que se haya utilizado la fórmula "luego de que se establezca en la República esta institución" no significa que la garantía no es operativa. Se trata de una referencia necesaria al mandato contenido en el art. 75 inc. 12 que no sólo asigna al Congreso la función de dictar los códigos de fondo sino también la de dictar el código pertinente para establecer el juicio por jurados.

Pero con independencia del sentido que se pudiese haber asignado a la frase en los primeros años de sancionada la Constitución, lo cierto es que han transcurrido 150 años desde que se estableció constitucionalmente el mandato dirigido al legislador para hacer efectiva la garantía constitucional de ser juzgado por los propios pares.

El incumplimiento del mandato no es inocuo porque de lo contrario también lo sería el mandato mismo. El incumplimiento ocasiona una inconstitucionalidad, justamente, porque la voluntad del legislador, tanto nacional como provincial, ha sido la de establecer un sistema de enjuiciamiento diferente al consagrado en la Constitución.

Desde la sanción de la Constitución se han sancionado diversos códigos procesales tanto en el orden nacional como en el provincial y ninguno de ellos ha contemplado el juicio por jurados.

Frente a dicha situación no se puede afirmar que estamos dentro del tiempo de espera que prevé el art. 118. Ese tiempo era el originario, esto es, el que transcurrió entre la sanción de la Constitución y la sanción de los códigos procesales.

Pero una vez sancionados estos códigos, en un franco alzamiento contra lo dispuesto en la Constitución, no hay más que esperar. El legislador decidió implementar un sistema de enjuiciamiento diferente al que prevé la Constitución y con ello ha lesionado una garantía fundamental (ya no por omisión sino mediante una acción).

En otras palabras, el tiempo que la Constitución le dio al legislador para sancionar el juicio por jurados ya pasó al momento de la sanción del primer código procesal posterior a la sanción de la Constitución. El momento de expiración del plazo coincide con el momento del alzamiento contra el mandato constitucional.

Consecuentemente, estamos en presencia de una evidente y palmaria inconstitucionalidad porque el legislador (tanto nacional como provincial) se opuso activamente a la vigencia de la garantía al sancionar códigos procesales que establecían un sistema de enjuiciamiento diferente al previsto en la Constitución Nacional.

Esto demuestra que el argumento del Tribunal Oral no es pertinente y que la única aplicación correcta de los artículos constitucionales citados es la que propugna esta defensa.

c) El Tribunal Oral sostiene (punto cuarto in fine) que de admitirse nuestro planteo deberían paralizarse todos los juicios en trámite y revisarse todos los juicios llevados a cabo desde 1853 hasta la fecha.

Este argumento funcional (que por ser tal no es apto para oponerse a la vigencia de una garantía individual en un caso concreto) no sólo contiene una falacia, sino que además fue expresamente analizado en el planteo rechazado (y no fue respondido por el Tribunal Oral).

No es cierto que de admitirse el juicio por jurados para este caso se deban anular todos los demás juicios practicados en la república con anterioridad. De hecho cada vez que evoluciona la jurisprudencia en un sentido garantista no se anulan los casos anteriores en los que no regía esa jurisprudencia.

Pero más allá de ello, lo cierto es que el juicio por jurados es un derecho constitucional del que los ciudadanos pueden hacer uso o no hacerlo conforme lo que decidan libremente. Por lo tanto es lógicamente imposible que el ejercicio de un derecho por parte de un ciudadano se extienda a los demás que no lo han ejercido.

Además, y dado que en nuestro derecho el sistema de control de constitucionalidad es difuso, las inconstitucionalidades se declaran para el caso concreto y no tienen efecto erga omnes. Por ello, es imposible que la declaración de inconstitucionalidad que se pide en este caso pueda extenderse a otros diferentes.

Pero, además, la invocación de la paralización de los juicios parte del supuesto de que no es posible llevar a cabo un juicio por jurados, lo que es un error porque tal como se ha expuesto, sí es posible hacerlo sin necesidad de esperar ninguna reforma legislativa.

d) El punto quinto de la resolución del Tribunal Oral contiene una sucesión de citas doctrinarias y jurisprudenciales y afirmaciones dogmáticas que nada tienen que ver con el planteo de esta defensa.

En concreto se afirma que: aa) la declaración de inconstitucionalidad es un acto excepcional; bb) el planteo de inconstitucionalidad debe ser suficientemente explicativo; cc) el planteo de la defensa fue analizado en función de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, las que se consideran razonablemente reglamentadas por el sistema de enjuiciamiento establecido en el Cpp.

Que la declaración de inconstitucionalidad es un acto excepcional más que una aserción prescriptiva es una afirmación descriptiva. Desde el punto de vista prescriptivo (normativo) la declaración de inconstitucionalidad procede cuando la ley contraría la Constitución. Si ello es excepcional o no en todo caso será un problema de los encuestadores o recolectores de estadísticas pero no es un problema jurídico.

Desde el punto de vista jurídico es evidente que la legislación procesal provincial no establece el juicio por jurados y ello es manifiestamente incompatible con la garantía a ser juzgado por un jurados. No hay en esta cuestión un problema de grados. O juzga un jurado o no juzga un jurado. Y si es esto último la inconstitucionalidad es manifiesta.

Y ello fue suficientemente explicado y argumentado en el planteo de inconstitucionalidad, en el que se expusieron con claridad las razones por las cuales el juicio por jurados es una garantía esencial, vinculada a las garantías de la independencia e imparcialidad judicial.

El argumento de la razonabilidad ensayado en la resolución recurrida, lejos de responder el planteo de la defensa, confirma su acierto y pone de manifiesto lo forzado de la tesis que se pretende defender para justificar la violación de una garantía constitucional.

La resolución analiza la razonabilidad en función de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, concluyendo que el sistema de enjuiciamiento establecido en la Provincia constituye un modo razonable de reglamentar tales garantías.

Este argumento falla en lo siguiente:

aa) Olvida que el juicio por jurados es una garantía en si misma y que es en función de ella que debe analizarse la razonabilidad. Desde ese punto de vista es innegable que la consagración de un sistema de enjuiciamiento mediante jueces técnicos no es un modo razonable de reglamentar la garantía de ser juzgado por un jurado.

Y no es razonable porque un tribunal integrado por jueces técnicos es lo opuesto a un tribunal integrado por legos. Y si es lo opuesto no hay reglamentación sino lesión de la garantía constitucional.

bb) Olvida otra garantía que es la de contar con un tribunal independiente e imparcial (8 CADH) que es la garantía que se vincula con la de contar con un tribunal integrado por legos. La independencia e imparcialidad adquieren un contenido especial en el juicio por jurados. Ser independiente e imparcial es no formar parte del sistema, es no conocer nada del caso, es no saber nada de derecho. Los jueces del Tribunal Oral nro. 4 forman parte del sistema, conocen del caso y razonan con una lógica diferente a la del sentido común con la que razonarían los simples ciudadanos. Estas circunstancias constituyen condicionamientos que impiden la independencia e imparcialidad a la que se refiere el texto supra constitucional.

cc) Las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso legal no se satisfacen con cualquier tipo de procedimiento, ya que la Constitución establece concretamente cual es el proceso que rige los juicios criminales. Por ello, por más razonable que, desde el punto de vista abstracto, pueda ser el sistema de enjuiciamiento previsto en el Cpp provincial, se trata de un proceso diferente al previsto en la Constitución y ello de por sí pone de manifiesto la inconstitucionalidad que se plantea.

De lo expuesto se deduce que estamos en presencia de una incorrecta aplicación de normas constitucionales que, además, constituyen una violación de las reglas esenciales del procedimiento, ya que éste exige (por imperativo constitucional) la realización de un juicio por jurados que expresamente se deniega.

Consecuentemente, corresponde casar la resolución recurrida, hacer aplicación de las normas constitucionales invocadas y ordenar la realización de un juicio por jurados conforme lo que manda la Constitución Nacional.

3) Gravedad institucional

La sucesión de irregularidades producidas a lo largo de la causa sumada a la lesión irreparable de la garantía a ser juzgado por un jurado popular, pone de manifiesto una severa gravedad institucional que justificaba la intervención de los máximos Tribunales de Justicia de la Provincia y que ahora justifica la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Esta causa ha sido el paradigma de la violación del derecho de defensa en juicio. Esta defensa no escogió, al menos por el momento, la vía de la nulidad (que sin dudas era procedente) porque nuestro cliente quiere someterse a un juicio justo en el que pueda contradecir la imputación falsa que se le dirige.

Para que ese juicio sea posible es necesario contar con un tribunal independiente e imparcial y no cabe duda alguna de que sólo el cumplimiento del mandato constitucional puede garantizarlo, para lo cual es necesario ordenar la realización de un juicio por jurados.

La negativa a concretar esa garantía constitucional genera una gravedad institucional inusitada porque sepulta definitivamente toda posibilidad de garantizar un juicio verdaderamente imparcial.

Por ello, era necesario que se habilitase el recurso de casación, y que se ordenase la realización de un juicio por jurados.

Pero no se habilitó ese recurso, ni los ulteriores y por ello nos presentamos ahora ante esta Honorable Corte Suprema de la Nación.

4) La aplicación pretendida de la ley:

Pedimos a la Cámara de Casación y a la Corte Provincial (y ahora concretamente a la Corte Federal) que, aplicando correctamente las normas constitucionales analizadas (esto es, de conformidad al planteo de esta parte), se declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del sistema de juzgamiento previsto en el Cpp y ordene la realización de un juicio por jurados en los términos solicitados por esta defensa.

5) Reservas

En atención a que los planteos formulados se relacionaban con la vigencia de garantías constitucionales (puntualmente la de contar con un juicio por jurados, la de la independencia e imparcialidad del Tribunal, del debido proceso legal y de la defensa en juicio) formulamos expresa reserva del caso federal para acudir ante la Corte Suprema de la Nación, y de acudir ante la Convención y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como asimismo reserva de acudir eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Reiteramos ahora esta reserva ante V.E.


VII. Antecedentes (5) - La resolución desestimatoria del recurso de casación

La Cámara de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso mediante la siguiente resolución:

En la ciudad de La Plata a los once días del mes de mayo de dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Jorge Hugo Celesia, Fernando Luis María Mancini y Eduardo Carlos Hortel, desinsaculados con el objeto de resolver en la presente causa "GRASSI, JULIO CESAR s/recurso de casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: Mancini – Hortel - Celesia

ANTECEDENTES

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación deducido por la Defensa Particular del encartado Julio Cesar Grassi, contra el auto interlocutorio dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial Marón, que resolvió rechazar el pedido de instauración del juicio por jurados y la recusación planteados.

Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes

CUESTIONES

Primera: ¿Es admisible el presente recurso?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada, el Señor Juez doctor Mancini, dijo:

1.- Vienen las presentes actuaciones luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial Morón rechazara la petición defensista en cuanto solicitó, en la etapa intermedia del proceso, la recusación de los miembros del Tribunal y la constitución de un jurado popular para el juzgamiento de su asistido.

La defensa sostiene que debe otorgarse al resolutorio puesto en crisis la calidad de sentencia definitiva, a los fines del recurso de casación, puesto que a su entender se trata ésta de la última oportunidad procesal para decidir definitivamente sobre la procedencia del juicio por jurados, señalando que la realización de un juicio mediante otro sistema de juzgamiento pondría fin a la posibilidad de subsanar la lesión de la garantía constitucional que así lo consagra. Cita jurisprudencia del Superior Tribunal Nacional en apoyo de su postura de admisibilidad.

Con respecto a la recusación planteada en la instancia anterior sostiene que el origen de la causa, la publicidad de toda la investigación y el ribete mediático que adquirió el proceso contra su asistido resultan suficiente fundamento para afirmar que la imparcialidad de los magistrados se encuentra viciada.

El resto de la pretensión casatoria lo funda en la inobservancia de los artículos 24, 75 inc. 120 y 118 de la Constitución Nacional, expresando que

conforme surge de la Carta Magna todo ciudadano cuenta con la garantía de ser juzgado por sus pares y no por jueces técnicos imbuidos de prejuicios y que cuando dicha garantía sea solicitada por cualquier justiciable la misma tiene que ser concedida, agregando que el incumplimiento del legislador durante ciento cincuenta años constituye una lesión a dicha garantía importando una palmaria inconstitucionalidad.

II.- Por su parte el Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, propició el rechazo de la impugnación incoada puesto que la resolución puesta en crisis no constituye sentencia definitiva pues no dirime la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni se trata de los autos que el artículo 450 equipara a sentencia definitiva.

Con respecto a la petición de juicio por jurados sostiene que una decisión que hiciese lugar a esa petición resultaría violatoria de las garantías constitucionales de defensa en juicio, igualdad y debido proceso.

Por otra parte señala que si bien la Constitución dispone que todos los juicios ordinarios se determinarán por jurados, también es clara al expresar que ello será así luego de que se establezca en la República dicha institución y que es el Congreso al que corresponde dictar las leyes que requiera el establecimiento de tal sistema.

Agrega, con cita de Bidart Campos, que no hay derecho al juicio por jurados mientras esa institución no sea establecida por ley.

Solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto.

III.- Dos son los motivos que suscitan la presente impugnación: el primero de ellos, relacionado con la solicitada y denegada recusación de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial Morón, recusación que según el escrito de la defensa se extendería a la totalidad de los Magistrados técnicos que hipotéticamente' pudieran intervenir; y el segundo, vinculado con la petición, formulada ante el mismo tribunal, de que su asistido sea juzgado por sus pares, esto es, por un jurado popular conforme surge de diferentes normas de la Carta Magna Nacional.

Con respecto a la recusación de los miembros del Tribunal de mérito el procedimiento regulado por el ritual para el caso de inadmisión, establece que la Cámara de Apelaciones será la encargada de pronunciarse en dicho aspecto, por lo que no encontrándose abierta la jurisdicción de esta alzada sobre el punto corresponde la desestimación de este segmento del recurso.

A fin de no eludir las alegaciones formuladas por los recurrentes realizaré algunas precisiones en dicho sentido: sabido es que el artículo 51 del Código Procesal Penal refiere que el escrito de recusación, para el caso de que la misma no sea admitida, se remitirá al órgano competente, para que resuelva el incidente. En el caso, dicho órgano no es otro que la Cámara de Apelación y Garantías departamental, conclusión que surge, entre otros motivos, del juego armónico de los artículos 21 y 35 del C.P.P. que, si bien no son las normas aplicables al procedimiento recusatorio, resultan esclarecedoras respecto de la noción de superioridad que cuestionaran los recurrentes.

En efecto, el artículo 21 en su inciso segundo sostiene que las cámaras conocerán en las cuestiones de competencia previstas que se susciten entre Tribunales jerárquicamente inferiores, y el articulo 3,5 en su inciso segundo determina cuáles son los órganos inferiores a las Cámaras departamentales. Ello así, claro está, sin que quepa mencionar la normativa emanada del texto actual (ley 13.183) del inciso tercero del articulo 21 del C.P.P. en cuanto determina que las Cámaras conocerán en todas las incidencias o impugnaciones que se planteen contra las resoluciones de los órganos jurisdiccionales departamentales.

Lo antes expuesto se compadece, además, con la amplitud que emerge del artículo 439 del ritual en cuanto refiere que la apelación procede contra "decisiones de la Investigación Penal Preparatoria y durante el trámite del proceso", y con la clara letra del artículo 38 párrafo tercero de la ley 5827 (T.O. 12.060), que establece que las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal serán Tribunal de Alzada "de los fallos y demás providencias recurribles... del Tribunal en lo Criminal", todo lo cual reafirma la idea de superioridad que quedara expuesta en los párrafos anteriores, sin perjuicio que en este caso no se trate de recurso de apelación.

Las consideraciones precedentes muestran que aparece inadecuada la concesión del recurso de casación en el trámite de la recusación en el que, por otra parte, la Cámara ya había asumido correctamente competencia fijando incluso la audiencia pertinente, trámite éste que, así como fueran encarriladas las pretensiones, oportunamente deberá entonces continuar.

Pero por otro lado, a pesar de que el pedido de enjuiciamiento por jurados, con cuestionamiento de constitucionalidad del rito provincial, fue articulado en forma recíprocamente interdependiente con la pretensión recusatoria, mantuvo no obstante su individualidad pretensiva a punto tal que mereció resolución expresa, con lo cual no emerge apropiado declarar mal concedido el recurso.

En ese sentido, cumplidos los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por el artículo 451 y ccdtes. del C.P.P., como así también los relativos a la legitimación subjetiva ingresamos ahora en el análisis del la impugnabilidad objetiva del resolutorio en crisis, en el último aspecto mencionado.

Todo ello puesto que, tanto en las disposiciones generales (título primero) del libro IV (Impugnaciones) del C.P.P. –art. 433, apartados segundo y tercero-, como en el art. 456 del mismo Código, especialmente referido al recurso en trato, se indica que corresponde decidir sobre la admisibilidad.

Ahora bien, de aquellas mentadas disposiciones generales, la primera (art. 421 del C.P.P) instaura la idea de la limitación (taxatividad) legislada en términos que, traduciendo doctrina de la materia al castellano, podríamos conceptualizar como el principio de legalidad procesal interna. ("... en los casos expresamente establecidos en este código... ").

Y ya más en particular, el art. 450 del C.P.P. termina por dejar establecido que además de los casos especialmente previstos, y de los autos que -por sus efectos se citan en el segundo párrafo de la norma, podrá también deducirse el recurso de casación contra las sentencias definitivas.

Nadie discute entonces que, en orden distinto al de los motivos que hacen a la procedencia, la ley determina de ese modo cuáles son las resoluciones recurribles.

El pronunciamiento que en este caso se impugna no está entre aquéllos especialmente previstos como pasibles de casación ni encaja en ninguno de los autos que se enumeran en la parte segunda del aludido art. 450. Tampoco constituye una sentencia definitiva, aspecto sobre el cual cabe aportar algunas precisiones.

Sin que correspondan citas doctrinarias para abonar afirmaciones de relativa obviedad, consenso o lógica elemental, bien puede decirse que la sentencia definitiva por antonomasia es la que pone fin a la controversia expidiéndose sobre el fondo del asunto que debe resolverse jurisdiccionalmente. Por añadidura podrían ser lo también las que, refiriéndose a puntos diversos, obturan o impiden el tratamiento de dicho asunto.

En ese orden, y en el campo jurídico que nos atañe -es decir, en el de nuestra competencia material- (el Derecho Penal), la sentencia definitiva entonces es, en general y en principio, la que resuelve sobre la condena o la absolución, añadiéndose en tal carácter otras decisiones (de fondo o del rito) por cuya virtud quede vedada la posibilidad de pronunciarse sobre ello.

En virtud de diversas creaciones jurisprudenciales que reconocen origen en otro marco recursivo se ha visto ampliado excepcionalmente el concepto de sentencia definitiva, aún en el ámbito casatorio, sobre la base de consideraciones tales como el agravio irreparable o de dificultosa reparación ulterior, la gravedad o interés institucional, la exigencia de máximo Tribunal local o la unificación jurisprudencial, mencionadas en general, no siempre en conexión con injerencias en el campo de tutela de alguna garantía constitucional.

Pero mientras la enunciación demostrada de dichas situaciones no pueda encarrilarse –imposibilidad en este caso presente- en los conductos de

asimilación que nombra la ley o permite su interpretación conforme al alcance que más arriba fue explicitado, mientras ello no ocurra -decía-, no puede trocarse la naturaleza del pronunciamiento impugnado para entenderlo como recurrible.

Los recurrentes no demuestran, ni mucho menos resulta de por sí evidente, el gravamen irreparable o de dificultosa reparación ulterior, toda vez que la mera afirmación inexplicada de que el diferimiento de la cuestión aparejaría un perjuicio insoslayable, no se abastece con la errada consideración cronológica de que ésta sería la última oportunidad procesal para pedir el juicio por jurados ya que, claro está, que no es ése el modo de verificar la existencia o no de posible reparación, siendo que un éxito posterior eventual de la pretensión no aparejaría un agravio irreparable sino, precisamente, lo contrario más aún si dicha declamada irreparabilidad no viene circunstanciada de un modo que, siquiera, autorice su evaluación.

Tampoco viene explicada la gravedad institucional denunciada que, además de no advertirse, es obvio que no se consagra con la simple disconformidad genérica de la defensa acerca de cómo se ha llevado la causa y acerca de la negativa misma sobre el pedimento de juicio por jurados, a todo lo cual debe sumarse que el trámite procesal que se ha impreso al legajo, y los estadios hacia los que éste ha quedado encaminado respetan lo indicado por la ley ritual.

De conformidad con todas las consideraciones precedentes propicio al acuerdo que se rechace el recurso de casación interpuesto, con costas, devolviéndose estos actuados a fin de que la Cámara prosiga con el trámite dado a la incidencia recusatoria. Rigen los artículos 21, 35, 51, 421, 433, 448, 451, 464, 530, 531 Y ccdtes. del C.P.P. según Ley 11.922 y modifics.

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Hortel dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos. Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Mancini, dijo:

Conforme fuera resuelta la primera cuestión corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas, devolviéndose estos actuados a fin de que la Cámara prosiga con el trámite dado a la incidencia recusatoria. Rigen los artículos 21, 35, 51, 421, 433, 448, 451, 464, 530, 531 Y ccdtes. 8 del C.P.P. según Ley 11.922 y modifics.

Asi lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Hortel dijo:

Adhiero al voto del colega preopinante en igual sentido y por fundamentos. Sólo agregaré, que asegurar, genéricamente, "sólo un jurado puede garantizar la independencia e imparcialidad exigida por las normas derivada de la garantía del debido proceso legal y de la adecuada administración de justicia", sin precisar cuál es el régimen jurídico aplicable, está demostrando la falta de interés del recurrente, en cuanto existen en el derecho comparado sistemas de enjuiciamiento por jurados en donde el veredicto no es motivado, ni explicado cuáles son los elementos de juicio que se tienen en cuenta para llegar a la conclusión, que resultan en la aplicación local claramente inconstitucionales; y otros como el sistema español que no presentan esos déficits.

En el sentido indicado doy mi voto.

Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala 11 del Tribunal de Casación Penal resuelve:

<´>RECHAZAR, CON COSTAS, el recurso de casación interpuesto, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión, devolviéndose estos actuados a fin de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón prosiga con el trámite dado a la incidencia recusatoria.(Artículos 21, 35, 51, 421, 433, 448, 451, 464, 530, 531 Y ccdtes. del C.P.P. según Ley 11.922 y modifics.)

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.


VIII. Antecedentes (6) - Los recursos interpuestos ante la Corte Provincial

Contra la citada resolución se interpusieron recursos extraordinarios ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en los términos que se exponen a continuación:

1) La Corte Provincial como Tribunal Intermedio para aplicar la Constitución Nacional (Introducción)

Dijimos concretamente que esta defensa pretendía hacer valer una garantía consagrada en la Constitución Nacional: la garantía de todo ciudadano de ser juzgado por un Jurado Popular (arts. 24, 75-12 y 118 CN) y de contar con un juicio justo ante un Tribunal imparcial (33 CN, 8 CADH).

La aplicación de la Constitución Nacional es obligación de todos los jueces. Consecuentemente, todos los jueces están facultados a concretar los derechos constitucionales cuando los ciudadanos pretenden hacerlos valer.

El último interprete de la Constitución Nacional es (fronteras adentro) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no significa que los planteos constitucionales deban llevarse directamente ante la Corte Nacional.

Como escalón previo al acceso a la Corte Suprema las cuestiones federales deben ser planteadas ante los tribunales locales y siempre corresponde pasar primero por ante el Superior Tribunal de Provincia con aptitud jurisdiccional para entender en el caso.

Los Superiores Tribunales de Provincia son Tribunales intermedios, a los que debe acudirse con anterioridad a la Corte Suprema Nacional. Como tales tienen competencia para entender en todas aquellas cuestiones respecto de las cuales tiene competencia la Corte Suprema. Consecuentemente, tienen competencia para entender en todos los planteos de índole federal.

Este criterio ha sido sentado por la Corte Suprema de la Nación en diversos precedentes que hallan su punto culminante en el fallo Giroldi.

Veamos la evolución de la doctrina judicial de la Corte al respecto.

La jurisprudencia del más Alto Tribunal admite la procedencia del recurso ante el superior tribunal local, en casos de arbitrariedad o violación de derechos de raigambre federal, aunque las leyes locales no admitan el tratamiento de tales cuestiones ante dichos tribunales.

En este sentido, la Corte ha resuelto que:

"todo aquel que desee utilizar la (...) vía extraordinaria deberá como ineludible requisito previo, expresar sus agravios federales ante el superior tribunal de provincia y, en caso de existir obstáculos procesales locales para dicho planteo, deberá impugnar su constitucionalidad ante el citado tribunal provincial." (Aubín, A, A, apoderado del PDP, s/impugnación de listas de candidatos de la Alianza de Centro, 3 de mayo de 1989, causa A.473.XXII)

Y que:

"si por disposición de las legislaturas de las provincias o por la jurisprudencia de sus tribunales resultase que los superiores órganos locales se vieran impedidos de garantizar el orden previsto en el art. 31 de la Constitución Nacional, en condiciones en que sí podría llevarlo a cabo esta Corte, bien pronto se advertirá que ello produciría una reducción de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias, puesto que esos órganos se verían impotentes para velar por el mantenimiento del principio de supremacía en casos correspondientes a la jurisdicción de sus propios Estados, y resuelto por sus propios órganos jerárquicamente inferiores.

No concierta con el régimen imperante el hecho de que un tema -en el que se encuentre planteada una cuestión federal- no merezca por limitaciones de fuente local el conocimiento del órgano máximo de una provincia, y sí que sea propio de la Corte Suprema de la Nación." (Di Mascio, D.309.XXI)

Y que:

"En tales circunstancias, la interesada debió articular las cuestiones federales conducentes en el ámbito de los respectivos recursos extraordinarios locales, y, al mismo tiempo, deducir la inconstitucionalidad de la interpretación restrictiva del art. 278 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires en cuanto excluye su examen en supuestos como el presente, toda vez que los planteos reseñados se hallaban inexcusablemente comprendidos en el ámbito cognoscitivo propio de la Corte bonaerense en cuanto investida del poder-deber de aplicar con preeminencia la Constitución y las leyes de la Nación." (Christou c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Amparo; 19 de feb. de 1987)

Y que:

"que las decisiones que son aptas para ser resueltas por la vía del art. 14 de la ley 48 no pueden ser excluidas del propio juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia

Ello significa que todo aquel que desee utilizar la citada vía extraordinaria deberá como ineludible requisito previo, expresar sus agravios federales ante el superior tribunal de provincia, y en caso de existir obstáculos procesales locales para dicho planteo, deberá impugnar su constitucionalidad ante el citado tribunal provincial." (Abuin A.473.XXII)

En definitiva, las reglas procesales locales no pueden vedar el acceso por vía de recurso (en este caso recurso extraordinario ante la Corte Provincial) ante el superior tribunal local, cuando se pongan en juego cuestiones de raigambre constitucional.

Si las normas locales vedan tal acceso -es lo que podría eventualmente ocurrir en este caso según la interpretación que se asigne a las normas del Cpp y de la Constitución local que regulan los recursos ante esta Corte Suprema Local- las mismas son inconstitucionales.

Las reglas instituidas en el Cpp y en la Constitución Provincial en materia de recurso ante la Corte Provincial admiten una doble interpretación. Una amplia que deja a las cuestiones federales y de arbitrariedad de competencia de la Corte Nacional dentro del ámbito de conocimiento de la Corte Provincial. Y otra restringida que deja esas cuestiones fuera del entendimiento de esta Corte local.

Los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitan el tratamiento de las cuestiones federales por parte de la Corte Provincial por dos vías diferentes: a) mediante la declaración de inconstitucionalidad de las normas del Cpp y de la Constitución Provincial que impedirían el tratamiento de dichas cuestiones por parte de la Corte Provincial; b) mediante una interpretación amplia de las normas que regulan el acceso a la Corte Provincial, de modo de habilitar el tratamiento de los planteos federales efectuados por esta parte.

En el capítulo que sigue se plantea concretamente cómo deben ser interpretadas las normas procesales y de la Constitución provincial, para resultar compatibles con la Constitución Nacional y con el criterio de la Corte Provincial y, asimismo, la inconstitucionalidad de una interpretación contraria.

Ambos planteos estuvieron enderezados a habilitar el tratamiento por parte de esta Corte Provincial del planteo federal efectuado por esta defensa.

2) La procedencia de los recursos - Interpretación constitucional de las normas que regulan el acceso ante la Corte Provincial – Inconstitucionalidad en subsidio

1.1) Los recursos que concretamente se interpusieron

Las vías para acceder a la Corte Provincial son las siguientes: el recurso extraordinario por inconstitucionalidad (489 Cpp, 161-1 CP), el recurso extraordinario de nulidad (491 Cpp, 161-3-b CP) y el recurso de inaplicabilidad de ley (494 Cpp)

Una interpretación de estas normas que se adecue a la regla constitucional emergente del art. 31, habilitaría la discusión de cuestiones federales en el marco de cualquiera de esas tres vías.

Veamos:

a) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad

La norma que regula la procedencia de este recurso es el art. 161-1 de la Constitución Provincial que establece la potestad de la Corte respecto de:

"la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia ejercida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada"

A primera vista parecería que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto tan sólo la discusión de cuestiones reguladas expresamente en la Constitución provincial y que las relacionadas con derechos y garantías consagrados en la Constitución Federal estarían ajenas al ámbito de revisión de la Corte Provincial.

Sin embargo, una interpretación racional de la Constitución provincial que resulte armónica con la vigencia de la Constitución Nacional y con los criterios de la Corte Suprema citados previamente, debe admitir la discusión ante la Corte Provincial sobre la vigencia de los derechos federales de los ciudadanos.

Ello se desprende claramente del art. 11 de la Constitución Provincial que dice:

"Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan de su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución."

Parece claro que la Constitución provincial garantiza a los ciudadanos de la provincia el pleno goce, en condiciones de igualdad, de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

De este modo, tales derechos y garantías pasan a ser materia regida por la Constitución provincial (porque ésta los garantiza expresamente) y ello habilita la vía del recurso de inconstitucionalidad para tornarlos operativos.

Esta es la consecuencia lógica que se desprende de la aplicación de los arts. 161-1 y 11 de la Constitución Provincial. El primero habilita la competencia de la Corte para decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes que versen sobre materia regida por la Constitución provincial. Y el segundo establece que la Constitución provincial garantiza los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Ergo, el art. 161-1 contempla la competencia de la Corte provincial para discutir la vigencia de las garantías consagradas en la Constitución federal.

Y una de esas garantías es la de todo imputado de ser juzgado por sus pares y de ser juzgado por un tribunal imparcial. Y esa es una garantía para todos los imputados de delitos graves, residan en la provincia en que residan.

Y otra de las garantías es la de todo justiciable de que poder ejercer sus derechos en el momento oportuno para que éstos no sean meramente ilusorios o nominales. El art. 25-1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es elocuente al respecto. Por ello, el agravio irreparable respecto de derechos federales, que surge de la resolución desestimatoria de la Cámara de Casación, afecta el derecho constitucional de poner fin en forma oportuna a la privación de los demás derechos (en el caso el de ser juzgado por los propios pares) y de ese modo genera una cuestión federal que habilita el recurso ante la Corte Provincial en su carácter de tribunal intermedio, anterior a la Corte Suprema de la Nación.

También se ve afectada la garantía de la fundamentación de las decisiones jurisdiccionales, de la defensa en juicio y del debido proceso legal (arts. 18 y 33 CN) por cuanto la decisión de la Cámara de Casación es infundada, arbitraria y nula, conforme luego se analizará puntualmente.

b) Recurso extraordinario de nulidad

El art. 161-3-b establece la potestad de la Corte provincial para entender:

"De la nulidad argüída, contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los arts. 168 y 171 de esta Constitución"

Como se verá más adelante, en el capítulo correspondiente al objeto preciso del recurso extraordinario y de la petición formulada a la Corte Provincial, la resolución del Tribunal Oral es nula porque contraría el art. 171 de la Constitución Provincial.

Ello es así porque la decisión afecta derechos consagrados en la Constitución Federal: se trata de los ya citados derechos a ser juzgado por los propios pares, a contar con una tutela efectiva y temporánea al ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y a contar con una decisión fundada y respetuosa del debido proceso legal y la defensa en juicio.

Como la sentencia de casación viola esas garantías (conforme será analizado en el capítulo correspondiente) estamos en presencia de una contrariedad con el art. 171 CP que habilita el recurso extraordinario de nulidad.

c) Recurso de inaplicabilidad de ley

El art. 494 Cpp establece la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley. Éste también se encuentra consagrado en el art. 161-3-a de la Constitución Provincial.

La procedencia de este recurso está limitada por el Cpp a la revocación de una sentencia absolutoria (parece pretender garantizar la doble instancia) y a la imposición de una pena de cierta gravedad (parece pretender establecer una revisión en casos de grave privación de derechos personales).

Lo cierto es que estas limitaciones no pueden regir durante el proceso, respecto de sentencias equiparables a definitivas.

Y lo cierto es que en este caso estamos en presencia de una incorrecta aplicación de la ley sustantiva: se trata de la ley que establece el sistema de enjuiciamiento, que es sustantiva porque respecto de las garantías federales en cuestión (imparcialidad, juicio por los propios pares) constituye la ley que establece la solución del caso.

Más adelante en el capítulo correspondiente se establece cual es la aplicación legal que se pretende de la ley sustantiva (mediante la habilitación de un juicio por jurados).

2.2) Inconstitucionalidad en subsidio

Ahora bien, en el caso de que estas normas sean interpretadas de modo riguroso, y que se pretendan excluir de la potestad revisora de la Corte Provincial las cuestiones de índole federal, estaríamos ante una clara inconstitucionalidad de los arts. 489, 491 y 494 Cpp y 161-1 y 161-3 y concordantes de la Constitución Provincial.

La Corte Suprema de la Nación ha sido clara al respecto, al afirmar la inconstitucionalidad de aquellas restricciones que impiden el tratamiento de cuestiones de raigambre constitucional ante los tribunales locales, porque ellas subvierten el orden del art. 31 de la Constitución Nacional.

En este sentido se ha resuelto que:

"Esta corte reafirma que es facultad no delegada por las provincias al gobierno nacional la de organizar su administración de justicia y que, por ello, la tramitación de los juicios es de su incumbencia exclusiva, por lo que pueden establecer las instancias que estiman convenientes -arts. 104, 105, y 108 de la Constitución Nacional-; (...) que tal ejercicio es, desde todo punto de vista, inconstitucional si impide a los magistrados locales considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional (...) las provincias son libres para crear las instancias que estimen apropiadas, pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las mas altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional (...). (De este modo, se asegura) (...) el cumplido respeto del régimen federal de gobierno, por conferir a la zona de reserva jurisdiccional de las provincias la plenitud que constitucionalmente le corresponde." (Strada, 308-490)

En resumen, los tribunales locales deben aplicar en primer término la Constitución Nacional y por ende no pueden dejar de analizar todas aquellas cuestiones en las que se vean comprometidos derechos constitucionales. Las normas que se lo impiden son inconstitucionales porque contrarían el art. 31 CN.

Por ello, cuando se plantea ante un Tribunal local una cuestión de índole constitucional que habilitaría el recurso extraordinario federal, el superior Tribunal de la causa local tiene la obligación de intervenir. Y si no lo hace sobre la base de normas que se lo impiden, éstas se tornan manifiestamente inconstitucionales.

Ello habilita la revisión incluso respecto de planteos de arbitrariedad, conforme surge de la doctrina emergente del fallo Sánchez Pagano (Fallos 308-1667) en el que la Corte sostuvo que el superior tribunal local no podía sustraerse a tratar ese problema constitucional a pesar de que: "la controversia no versada sobre la impugnación de inconstitucionalidad de algunas de las normas sobre las que se fundó la decisión, sino sobre el contenido de la propia sentencia confrontada con la doctrina de la arbitrariedad elaborada jurisprudencialmente por esta Corte en turno a la garantía constitucional de la defensa en juicio -art. 18 de la Constitución Nacional-."

Esto es importante porque en el caso en cuestión no sólo estamos en presencia de una cuestión federal emergente del planteo concreto de inconstitucionalidad de una norma (en el caso, el sistema de enjuiciamiento previsto en el Cpp) sino que, además, estamos ante una clara arbitrariedad, emergente de la convalidación que la Cámara de Casación hizo de la lesión de derechos constitucionales emergentes de la sentencia del Tribunal Oral.

3) El objeto de los recursos extraordinarios provinciales (El pedido concreto efectuado a la Corte Suprema Provincial)

3.1) Los pedidos subsidiarios

Previamente se expusieron las razones por las cuales se encontraba habilitada la interposición de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley, en el marco de los cuales se pretendía discutir cuestiones de naturaleza federal, vinculadas a la vigencia de garantías constitucionales elementales del proceso penal.

Veremos ahora cual es la crítica puntual que se dirigió a la resolución de la Cámara de Casación y cuál fue el objeto preciso de los recursos interpuestos ante la Corte Provincial.

Por estas vías recursivas esta defensa pretendía:

a) Que la Suprema Corte Provincial hiciera efectivos los derechos constitucionales conculcados en las instancias inferiores y que, en consecuencia y por razones de economía procesal (porque el imputado tiene también derecho a la celeridad y rapidez de los procesos), anulase lo resuelto por la Cámara de Casación Provincial y por el Tribunal Oral y, declarando las inconstitucionalidades planteadas oportunamente, dispusiera la realización de un juicio por jurados.

b) En subsidio, que la Suprema Corte Provincial, y con el fin de permitir la subsanación de las garantías constitucionales conculcadas, declarase mal denegado el recurso de casación y ordenara la apertura del recurso ante la Cámara de Casación Provincial.

Analizaremos a continuación la procedencia de estos planteos.

3.2) Procedencia del primer pedido: Concreción inmediata de los derechos constitucionales afectados

Si bien desde el punto de vista formal el auto que se recurría se limitaba a declarar mal concedido un recurso de casación, lo cierto es que dicha resolución importaba, sustancialmente, la convalidación de la decisión del Tribunal Oral que rechazaba la inconstitucionalidad planteada y, consecuentemente, el pedido de juicio por jurados.

Teniendo en cuenta que nuestro cliente se encuentra sometido a proceso en una causa cuya mera existencia le ocasiona un perjuicio evidente e irreparable, es su interés poner fin al trámite de la presente lo antes que resulte posible.

Y también debería ser ese el interés de los órganos judiciales y de la Corte Suprema Provincial, porque el derecho de todo ciudadano de ser juzgado rápidamente constituye una obligación para el Estado Argentino (del que la Provincia de Buenos Aires forma parte) asumida incluso internacionalmente (arts. 7-5 y 25-1 CADH).

Consecuentemente, y con el fin de no dilatar el curso de este proceso judicial que tanto daño acarrea a nuestro cliente, parece claro que el modo de concretar la vigencia de los derechos constitucionales afectados (en el caso el derecho de ser juzgado por un jurado) sin afectar otros derechos de igual rango constitucional (el derecho de ser juzgado en un plazo razonable –7-5 y 25-1 CADH- y de no sufrir mortificaciones innecesarias ni tratos inhumanos ni degradantes –art. 5-1 CADH-), es resolviendo directamente el fondo de la cuestión, subsanando la garantía constitucional afectada (lo que exige anular tanto la resolución de la Casación como la del Tribunal Oral) y ordenando la realización de un juicio por jurados.

Así se lo solicitamos expresamente a la Corte Provincial.

La potestad de esta Corte de resolver del modo en que se lo pidió surge de las siguientes disposiciones legales:

a) Los arts. 7-5, 25-1 y 5-1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en función de los dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional que, conforme lo hemos analizado previamente, obliga a los Tribunales locales a entender en las cuestiones de naturaleza federal.

Teniendo en cuenta que la no resolución de esta cuestión en tiempo oportuno y su sucesiva dilación en el tiempo, afecta de modo irreparable los citados derechos de nuestro cliente, el modo de hacer valer tales derechos no es otro que la urgente intervención de la Corte Provincial sobre el caso, para resolver de modo definitivo sobre la vigencia del derecho constitucional a ser juzgado por un jurado popular.

b) El art. 161-1 de la Constitución Provincial. Esta disposición debe ser interpretada del modo propuesto al comienzo, lo que significa que el control de constitucionalidad al que se refiere incluye la adecuación de las leyes provinciales a la Constitución Nacional.

Teniendo en cuenta que la Cámara de Casación Provincial afectó, de hecho (y al negarse a revisar la sentencia del Tribunal Oral), la garantía de nuestro cliente de ser juzgado por un jurado popular, corresponde que la Corte Suprema Provincial entienda en grado de apelación para corregir la lesión de la citada garantía constitucional.

Por la misma razón, es procedente el recurso extraordinario también en los términos del art. 161-3-a de la Constitución Provincial, por cuanto por aplicación de la ley debe entenderse toda la ley lo que incluye, obviamente, a la Constitución Nacional que en los términos del art. 31 CN es la Ley Suprema.

c) El art. 161-3-b: La resolución de la Cámara de Casación que rechaza el recurso interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Oral es nula porque es arbitraria y porque contraría garantías constitucionales básicas.

La contrariedad de la sentencia de Casación con la Constitución Nacional (lo que se produce en un doble aspecto: en cuanto convalida la lesión de la garantía a ser juzgado por un jurado popular y en cuando renuncia a abocarse en un caso de lesión irreparable y arbitraria de garantías constitucionales lesionando el art. 25-1 CADH) genera una manifiesta contrariedad con el art. 171 de la Constitución Provincial que impone aplicar el texto de la ley (como vimos, la Constitución Nacional es parte de ella) y en su defecto los principios generales del derecho que evidentemente surgen de la Constitución Nacional.

La resolución de la Cámara de casación impide a nuestro asistido a contar con una herramienta judicial efectiva que le permita tutelar sus derechos constitucionales. Y por eso se vulnera el art. 25-1 CADH que consagra como derecho de los ciudadanos el contar con dicha herramienta.

Teniendo en cuenta la irreparabilidad del daño ocasionado y que se encuentra en juego el derecho de nuestro cliente de ser juzgado en un plazo razonable y de obtener una inmediata protección frente a la lesión de sus derechos, era evidente que la Corte Provincial debía intervenir decidiendo sobre el fondo de la cuestión y no sólo sobre la procedencia del recurso de casación. Pero no lo hizo, y ahora es la Corte Nacional la que debe resolver de este modo, ordenando la realización de un juicio por jurados.

Sobre la base normativa expresada, correspondía que la Corte de la Provincia de Buenos Aires interviniera por la vía de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley y nulidad y que, abocándose directamente a la resolución de fondo del caso, anulara las decisiones de la Cámara de Casación y del Tribunal Oral y concretara la vigencia del derecho constitucional de nuestro cliente a ser juzgado por sus pares.

La Corte Provincial no lo hizo y de ese modo convalidó una privación de derechos federales que habilita la intervención de esta Suprema Corte Nacional para recomponer los derechos afectados.

3.3) Revocación de la decisión de la Cámara de Casación (procedencia de la apertura de la instancia casatoria):

En subsidio de lo anterior, se solicitó que se declarase mal rechazado el recuso de casación y que se ordenase a la Cámara de Casación darle trámite.

La potestad de la Corte Suprema provincial para resolver de este modo surge de las disposiciones citadas en el punto precedente y, fundamentalmente, del art. 161-3-b CPBA que regula el recurso extraordinario por nulidad.

La nulidad está dada por la arbitrariedad en la que incurre la resolución de casación en cuanto:

  • Convalida la privación del derecho constitucional de nuestro cliente de ser juzgado por un jurado popular (sobre este derecho nos hemos explayado previamente en este mismo escrito).
  • Convalida una decisión arbitraria del Tribunal Oral (sobre la arbitrariedad de la decisión del Tribunal Oral también hemos hecho referencia crítica previamente).
  • Incurre en una arbitrariedad que lesiona las garantías de la adecuada administración de justicia, del debido proceso legal y de la defensa en juicio (desarrollaremos este punto seguidamente).

Estos vicios hacen que la sentencia de la Cámara de Casación Penal de la Provincia lesione frontalmente el art. 171 de la Constitución Provincial.

Veremos que la resolución de la Cámara de Casación Penal, en cuanto considera que la decisión del Tribunal Oral no es sentencia definitiva y que consecuentemente no habilita la interposición de un recurso de casación, es arbitraria y lesiva de los derechos constitucionales del debido proceso legal, de la defensa en juicio y de ser juzgado por un jurado popular.

Analizaremos todo ello a continuación.

4) Crítica constitucional a la resolución de la casación (1) – La sentencia definitiva y la irreparabilidad del daño - Arbitrariedad

4.1) Aclaración preliminar

Se dijo que el análisis que se llevaba a cabo en este punto tenía un doble objeto:

En primer lugar, demostrar la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de la decisión de la Casación en cuanto considera que la decisión del Tribunal Oral no es equiparable a sentencia definitiva.

Este punto es esencial para demostrar la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación y la afectación de garantías constitucionales básicas, y ello es determinante de la pertinencia sustancial de los recurso extraordinarios (de nulidad, de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley) interpuestos.

Ello es así porque la arbitrariedad de la resolución de la Casación: a) convalida la aplicación de la normativa inconstitucional que impone el juzgamiento de Grassi en manos de un tribunal técnico y no de un jurado (ello fue analizado previamente en este escrito); b) genera en sí misma una afectación de garantías constitucionales (conforme lo analizado a lo largo de este escrito).

Ello torna procedente no sólo el recurso de nulidad sino el de inconstitucionalidad y el de inaplicabilidad de ley conforme fue analizado al comienzo.

En segundo lugar, el análisis tuvo por objeto demostrar el carácter definitivo de la propia resolución de la Cámara de Casación que, a su vez, determina la procedencia de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema Provincial.

Ello es así porque las razones que hacen que la sentencia del Tribunal Oral sea definitiva, son las mismas que hacen que la sentencia desestimatoria de la Casación también lo sea. Y veremos que son las mismas que hacen que sea definitiva la decisión desestimatoria de la Corte Provincial, a los fines del recurso extraordinario federal.

Consecuentemente y por razones de economía procesal y para no llevar a cabo reiteraciones innecesarias, en este mismo punto se llevó a cabo el análisis que demuestra: a) la procedencia formal de los recursos extraordinarios ante la Corte Provincial (por el carácter definitivo del auto recurrido) y b) la procedencia sustancial de tales recursos en razón de la arbitrariedad de la decisión de la Cámara de Casación.

Y respecto de la procedencia de los recursos ante la Corte Provincial por la existencia de sentencia definitiva, es elocuente el art. 483 Cpp que dispone:

"Se entiende por sentencia definitiva, a los efectos de la procedencia de estos recursos, la que, aunque haya recaído sobre un artículo, termina la causa o hace imposible su continuación"

Y al respecto, y por las razones que se analizan luego, veremos que la resolución que se recurre es definitiva porque pone fin a la posibilidad de hacer valer los derechos constitucionales que se encuentran en juego en la única oportunidad en que éstos pueden hacerse valer. Y ello es resolver artículo y si se interpretara que no lo es lo cierto es que es, al menos, equiparable a la que lo hace por la irreparabilidad de la lesión del derecho constitucional en juego.

Consecuentemente, y con el art. 483 Cpp debe ser interpretado de modo coherente con la doctrina emanada de la Corte Federal en materia de sentencia definitiva, es evidente que en el caso los recursos interpuestos eran son totalmente procedentes, como lo es también el extraordinario federal.

4.2) Crítica concreta. Análisis sobre la arbitrariedad y la irreparabilidad

La Cámara de Casación rechazó el recurso casatorio porque consideró que la resolución del Tribunal Oral que rechazó el pedido de juicio por jurados no era sentencia definitiva.

Esa consideración no fue explicada ni razonada ni fundada en lo más mínimo. Fue, sola y simplemente, una afirmación totalmente dogmática y arbitraria que de por sí genera una lesión a las garantías de la defensa en juicio, del debido proceso legal y de la fundamentación de los actos jurisdiccionales de los Magistrados (arts. 18 y 33 CN).

La Cámara de Casación dice que "Los recurrentes no demuestran, ni mucho menos resulta evidente, el gravamen irreparable o de dificultosa reparación ulterior" derivado del rechazo del pedido de juicio por jurados.

Pero resulta tan evidente y clara la irreparabilidad del perjuicio, que la aserción de la Casación es totalmente arbitraria.

Es innegable que luego del juicio el juicio habrá pasado y que, consecuentemente, discutir en esa oportunidad sobre la realización de un juicio por jurados será absurdo.

La discusión sobre ante qué órgano deberá desarrollarse el juicio sólo es viable antes del juicio. Después ya será tarde y eso es más que evidente.

Y así lo expusimos concretamente en el recurso de casación en el que dijimos al respecto (entre otras cosas) que:

Nos referimos al "Carácter definitivo del auto recurrido, en razón de que la garantía invocada (ser juzgado por un jurado popular) se ve lesionada de forma definitiva e irreparable. Esto es así porque la consecuencia de lo resuelto es el sometimiento del imputado a juicio ante un Tribunal que no es el previsto por la Constitución Nacional. Un recurso contra una eventual sentencia condenatoria sería inhábil para revertir la lesión de la garantía"

Y dijimos que: "Esta es la última oportunidad procesal para decidir definitivamente sobre la procedencia del juicio por jurados. La realización de un juicio mediante otro sistema de juzgamiento pondría fin a la posibilidad de subsanar la lesión de la garantía."

Y luego de ello explicamos concretamente por qué a partir de la doctrina judicial de la Corte Suprema (aplicable a los recursos de naturaleza extraordinaria como lo es el recurso de casación y como lo son los recursos extraordinarios ante la Corte Provincial) correspondía equiparar la resolución recurrida a sentencia definitiva. De allí que no puedan invocarse los obstáculos emergentes de ciertas limitaciones procesales que de todos modos no obstan a la procedencia del recurso cuando, como lo tiene dicho la Corte Federal, existe una equiparación a sentencia definitiva derivada de la irreparabilidad del agravio federal.

En efecto, para fundar este punto hicimos cita concreta de los precedentes de la Corte Suprema Nacional que dan cuenta que la existencia de sentencia definitiva formal no es obstáculo para la procedencia del recurso extraordinario federal y dijimos que estos criterios eran aplicables a la procedencia de los recursos interpuestos ante la Corte Provincial. El análisis fue llevado a cabo sobre la base de la cita de los precedentes que, más adelante en este mismo escrito, se citan a los fines de explicar la existencia de sentencia definitiva a efectos del recurso extraordinario federal.

Y sobre la base de ese razonamiento (que, como se dijo, se reproduce más delante) se dijo que la Cámara de Casación lesionó los siguientes derechos constitucionales: El derecho de ser juzgado por un tribunal de pares (respecto del alcance y fundamento de este derecho nos remitimos a lo expuesto previamente en este mismo escrito). Ello, porque su decisión confirma la lesión irreparable de ese derecho, al cerrar definitivamente toda posibilidad de hacerlo efectivo antes del juicio (esto es, antes del momento en que debe hacerse efectivo); el derecho de contar con un recurso rápido y efectivo para hacer valer los derechos constitucionales, consagrado en el art. 25-1 CADH con base en el art. 18 constitucional. Ello, como consecuencia de haber vedado el acceso a la instancia casatoria para corregir la privación de derechos emergente de la decisión del Tribunal Oral; las garantías del debido proceso, de la adecuada administración de justicia y de la defensa en juicio, emergentes de la ya analizada arbitrariedad y de la falta de fundamento alguno de la decisión desestimatoria.

5) Crítica constitucional de la decisión de la Cámara de Casación (2) – Violación de las garantías de la imparcialidad judicial y del derecho a ser juzgado por un jurado

Hemos visto que el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte provincial procede cuando se tacha de inconstitucional una ley (en el caso el sistema de enjuiciamiento previsto en el CPP) por contrariar garantías consagradas en la Constitución Nacional (garantías a la imparcialidad y al jurado popular).

Y hemos visto que la decisión de la Cámara de Casación convalida la lesión de esas garantías al confirmar de hecho la realización de un juicio que no será por jurados.

Y también hemos visto que la aplicación de la normativa de juzgamiento inconstitucional genera una quebrantamiento del art. 171 de la Constitución provincial que habilita el recurso de nulidad del art. 161-3-b y que, además, constituye una incorrecta aplicación de la ley que habilita el recurso de inaplicabilidad de ley.

Ahora bien, respecto de la lesión de las garantías de la imparcialidad y de contar con un jurado popular, que habilitan la procedencia de los tres recursos, nos remitimos a los argumentos expuestos precedentemente en este mismo escrito.

Dijimos que no llevar a cabo reiteraciones innecesarias, dábamos por reproducidos los planteos constitucionales allí efectuados que, como no han merecido crítica alguna de parte de la Cámara de Casación, no generaban la necesidad de efectuar respuesta alguna.

Asimismo, en el punto precedente hemos hecho una crítica puntual y precisa de la decisión de la Cámara de Casación, que pone de manifiesto las razones que fundamentan el recurso extraordinario de nulidad y (por la convalidación citada) de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley.

Consecuentemente, hemos llevado a cabo en el escrito de interposición de los recursos provinciales, planteos concretos que habilitaban y fundaban suficientemente la vía recursiva intentada.

6) Reserva federal

A lo largo del escrito se plantearon cuestiones vinculadas a la vigencia de las garantías constitucionales de la imparcialidad judicial, del jurado popular, del debido proceso legal, de la adecuada administración de justicia, de la defensa en juicio, de la fundamentación de las decisiones jurisdiccionales y de arbitrariedad.

Por ello, formulamos expresa reserva del caso federal para el caso de que se decida en contra de la vigencia de las garantías constitucionales involucradas.


IX. Antecedentes (6) - La resolución desestimatoria de los recusos extraordinarios provinciales

"//Plata, 6 de octubre de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

El señor Juez doctor Negri dijo:

  1. Los recursos extraordinarios previstos en el artículo 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas.

    Los arts. 19, 479 y 482 de ese mismo Código definen como tales las decisiones que terminan la causa o las que, recayendo sobre cuestión incidental, producen idéntico efecto respecto de la causa principal –art. 161 inc. 3 aps. "a" y "b" de la Constitución provincial- (conf. Ac. 88.473, 9-VI-2004; Ac. 88.871, 14-IV-2004; Ac. 90.369, 24-III-2004; Ac. 89.374, 25-II-2004, entre otras).
  2. Sobre la base de esos textos legales, la Casación rechazó el recurso del art. 448 y concordantes del Código Procesal Penal entendiendo no definitiva la resolución del Tribunal Oral y devolviendo los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón para la prosecución del trámite.
  3. La defensa no ha impugnado acabada y suficientemente los fundamentos de esa decisión ni demostrado la lesión de derechos constitucionales que alega.

    En este orden de ideas, no se advierte vulneración que derive del sometimiento del defendido a un proceso en el que conocerá un Tribunal en lo Criminal integrado jueces designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según las leyes reglamentarias (arts. 18, Const. nac.; 10, 15, 16, 18 y conc. De la Const. prov.; 1, 2, 15 y conc. del Cód. Proc. Penal).
  4. No obsta a lo afirmado la alegación de gravedad institucional, desde que, sin perjuicio de la falta de serio y concreto desarrollo, ella se asienta sobre la base de lo que la propia recurrente considera que será un juicio injusto y actuado por un Tribunal parcial, lo que significa una mera hipótesis.

El señor Juez doctor Roncoroni dijo:

Los recurrentes han invocado la doctrina de la gravedad institucional para así poder soslayar cualquier ápice procesal que frustrara el acceso de sus recursos a esta instancia revisora extraordinaria, con el fin de que este Tribunal se expida sobre una cuestión federal introducida oportunamente y sostenida en todas las instancias anteriores, cual es la referida a la operatividad del art. 118 de la Constitución nacional, en cuanto establece que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados.

El planteo está enhebrado con la recusación "genérica" articulada oportunamente contra lo que denomina jueces técnicos, reclamando ser juzgado por lo que considera "sus pares".

Más allá del sentido discriminatorio que podría contener dicha afirmación en contra de los hombres del derecho que accedieron a la judictura previa selección y designación conforme las pautas dadas por la Constitución nacional y la local, lo que no es motivo de análisis en el presente, lo cierto es que la misma se hace desde una plataforma meramente especulativa, basada en una "convicción" del encartado que lo lleva a suponer que de actuar éstos su juicio no sería justo.

Esa plataforma es precisamente la que hace naufragar las vías impugnatorias articuladas, pues demuestra la carencia de uno de los requisitos comunes a todos los recursos, cual es la existencia de un agravio o perjuicio concreto que hubiera sufrido el recurrente.

Dicho en otras palabras, no basta con pretender a priori ser juzgado en un juicio por jurados, sino demostrar luego de haber sido juzgado conforme el proceso establecido para todos los justiciables, que se violaron o menoscabaron por la aplicación de dicho sistema las garantías de la defensa y el debido proceso.

Máxime si el establecimiento del juicio por jurados en la República ha quedado supeditado al dictado de la legislación pertinente (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución nacional) y la Corte Suprema de Justicia, intérprete final de la Constitución, tiene dicho que éstas directrices constitucionales no imponían al Congreso un término perentorio, con lo cual la instrumentación era discrecional para dicho poder (C.S.J.N. "Fallos", 115:92 y 208:21 y 225).

En virtud de lo expuesto, compartiendo las demás consideraciones brindadas por el doctor Negri, deben declararse inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de la ley e inconstitucionalidad traídos (art. 486 del C.P.P.).<(p>

El señor Juez doctor Pettigiani dijo:

1. Adhiero al voto de los distinguidos colegas doctores Negri y Roncoroni.

En este sentido estimo necesario formular algunas consideraciones adicionales en orden a la pretendida gravedad institucional con la cual los impugnantes pretenden sortear los recaudos formales de los recursos extraordinarios impetrados.

2. La pretensión de los recurrentes basada en la doctrina de la gravedad institucional –considerada federal- consiste en lograr que el indiciado sea juzgado a través del mecanismo de juicio por jurados establecido en el art. 118 de la Constitución nacional. Por cuanto, "el Tribunal Oral [...] jamás podría ser un tribunal independiente e imparcial, en razón del contexto del caso" (fs. 16; énfasis acrecentado).

3. En primer lugar corresponde señalar que la existencia de gravedad o interés institucional autoriza a superar en ciertos casos determinados recaudos de admisibilidad de la apelación extraordinaria. Esto es así, pues "los aspectos procesales del recurso extraordinario no son necesariamente óbice al otorgamiento de la apelación en los supuestos de existencia de interés institucional bastante al efecto" (conf. C.S.J.N., "Fallos", 262:246; mi voto en Ac. 85.906, del 17-VII-2003).

De modo tal, que frente a una situación de las características aludidas bien cabe la posibilidad de admitir un remedio extraordinario, más ello está íntimamente relacionado –en grado de dependencia- a la "verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional.

4. En el sub lite, no advierto la presencia de una situación de las características prealudidas, sino que éstas se asientan, en mi parecer, en un juicio presunto producto de una elaboración basada en meras conjeturas. Donde la independencia e imparcialidad son puestas en tela de juicio, no ya por la "honorabilidad de los magistrados" (fs. 16) sino "en razón del contexto del caso".

5. En esta línea de pensamiento se ha resuelto que "no cabe hacer lugar a la invocada existencia de gravedad institucional, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestra de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia" ("Fallos", 304:1241; 303:221).

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud dijeron:

Coincidimos con la solución propuesta por nuestros colegas preopinantes.

Los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas. Tales decisiones son las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3, aps. "a" y "b" de la Constitución de la provincia, 19, 479 y 482 del Código citado; Ac 76.521, 2-II-2000; Ac. 77.198, 16-II-2000; Ac. 83423, 28-VIII-2002; Ac. 88.871, 14-IV-2004; Ac. 88.473, 9-VI-2004).

En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal de Casación que declaró inadmisible el recurso previsto en el art. 448 del Código Procesal Penal, interpuesto contra la decisión del Tribunal oral interviniente que resolvió rechazar el pedido de instauración del juicio por jurados y la recusación planteados, no encuadra en modo alguno en los supuestos precedentemente indicados (conf. "Acuerdos y Sentencias", serie 19-V-422; causas Ac. 51.241, 22-IX-1992; Ac. 70.944, 19-V-1998; Ac. 78.309, 31-V-2000; Ac. 88.473, 9-VI-2004).

Ello pues, aun ante la invocación de un caso de resolución equiparable a aquellas por irreparabilidad del gravamen, el planteo formulado no consigue encuadrarse en tal excepción al no evidenciar agravio que no resulte susceptible de reparación ulterior en oportunidad del dictado de la sentencia sobre el fondo del asunto.

No obstante las ilustradas alegaciones de la defensa, sus argumentos no logran conmover la doctrina establecida por esta Corte acerca de los requisitos exigidos para habilitar su conocimiento. Así, la competencia de este Tribunal para dictar sus sentencias definitivas no queda habilitada ante cualquier reclamo que las partes deseen someterle sino que previamente es necesario que ella adquiera virtualidad conforme al ordenamiento jurídico vigente, de modo que resultaría contrario a la Constitución y violatorio de las leyes procesales consgrar una doctrina según la cual bastaría introducir una alegación de carácter constitucional para abrir dicha competencia fuera de los límites establecidos en el derecho aplicable, creando recursos inexistentes en transgresión de la ley respectiva (conf. causas Ac. 39.904, 8-III-1988; Ac. 42.220, 4-IV-1989; Ac. 62.358, 5-III-1996; Ac. 89.374, 25-II-2004; entre otras).

Por último, la argumentación destinada a soslayar los obstáculos al conocimiento de esta Corte, relativa tanto a la definitividad de la decisión casatoria como a la arbitrariedad del pronunciamiento, fundada en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no reviste suficiencia, toda vez que no ha sido puesto de manifiesto porque aquéllos serían de aplicación a este caso. Tampoco ha sido bastante la alegación tendiente a demostrar la arbitrariedad con que el recurrente calificó al fallo impugnado.

POR ELLO, se desestiman los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley interpuestos (art. 486, Cód. Cit).

Notifíquese y archívese"

Contra dicha resolución se interpuso recurso extraordinario federal.


X. Fundamentos del recurso extraordinario Federal (1) – Introducción – Crítica al sentido constitucional del fallo

1) Lo que dice la Corte Provincial

Si bien el fallo de la Corte Provincial está compuesto por diversos votos, basados en remisiones sucesivas a las que se le agregan nuevos argumentos (lo que constituye, sin dudas, una pésima técnica de expresión judicial) es posible reconstruir el sentido argumental del fallo.

Veamos:

1.1) Voto del Juez Negri:

Se basa en los siguientes argumentos:

  • La defensa no impugnó acabadamente la decisión de la Casación en cuanto a la inexistencia de sentencia definitiva.
  • La defensa no demostró la lesión de los derechos constitucionales que alega.
  • En relación a ello, no se advierte vulneración de derechos derivada del sometimiento a un juicio que lo llevarán a cabo jueces técnicos.
  • No hay gravedad institucional porque dicha alegación se basa en la presuposición, meramente hipotética, de que el juicio será injusto.

Veremos luego que lo que se achaca a la defensa es falso, porque la defensa criticó los argumentos de la casación, explicó cuáles eran los derechos afectados y demostró razonadamente la existencia de gravedad institucional.

Y entonces nos encontramos con el argumento central de este voto, que se repite con posterioridad: se considera que no causa agravio constitucional el sometimiento a un juicio con jueces técnicos.

De este modo vemos que como fundamento del rechazo formal del recurso se incursiona (infundadamente, ya que ninguno de los jueces rebate el planteo constitucional de la defensa) en la cuestión de fondo, esto es, en la vigencia o no de la garantía a ser juzgados por un jurado popular.

1.2) Voto del Juez Roncoroni

Se basa en los siguientes argumentos:

  • Aclarando que no es motivo de análisis (aunque, como lo analiza no debemos creer que no lo sea) afirma que el planteo de la defensa (al que le reconoce temporaneidad y carácter federal) es discriminatorio respecto de los hombres de derecho que accedieron a la judicatura de la Provincia.
  • La invocación de gravedad institucional es meramente especulativa y por ello no existe agravio concreto que fundamente el recurso.
  • En relación a lo anterior, afirma, que no basta pretender ser juzgado por un jurado sino que se debe demostrar, luego del juicio, que se violaron las garantías de la defensa y del debido proceso. Con ello, afirma implícitamente la inexistencia de sentencia definitiva.
  • Niega la operatividad de la garantía del jurado.
  • Se remite al voto del Juez Negri.

1.3) Voto del Juez Pettigiani:

Se basa en los siguientes argumentos:

  • Adhiere a los votos de Negri y Roncoroni.
  • Reconoce que la gravedad institucional autoriza en ciertos casos a superar ciertos obstáculos formales de procedencia del recurso extraordinario. Pero sólo si verdaderamente existe interés institucional.
  • En este caso no existe gravedad institucional, y su invocación se basa en meras conjeturas de la defensa, que la asienta en el "contexto del caso".

1.4) Voto de los Jueces Kogan y Genoud

Se basan en los siguientes argumentos:

  • Adhieren a los votos de los Jueces Negri, Roncoroni y Pettigiani.
  • No hay sentencia definitiva.
  • El agravio puede ser reparado en la oportunidad del dictado de la sentencia sobre el fondo del asunto.
  • El planteo intentado por la defensa no se enmarca en ninguna vía que habilite la competencia de la Corte.
  • La defensa no explicó adecuadamente la existencia de arbitrariedad ni la adecuación de los precedentes de la Corte citados, al caso.

2) El significado de lo que dice la Corte Provincial

En razón de las remisiones sucesivas es menester reconstruir el sentido jurídico del Fallo.

Ante todo, vemos que los argumentos que agregan los Jueces Kogan y Genoud no fueron objeto de remisión por parte de los demás, razón por la cual no conforman el voto mayoritario.

Este voto mayoritario está conformado:

En primer lugar, por lo que sostuvo el Dr. Negri al que todos se remitieron.

En segundo lugar, por lo que sostuvo el Dr. Roncoroni, voto al que remitieron Pettigiani, Kogan y Genoud.

Y en tercer lugar, por lo que sostuvo el Dr. Pettigiani, voto al que se remitieron Kogan y Genoud.

Entonces, si reconstruimos estos votos, nos queda que la decisión se sustenta en los siguientes argumentos:

  • La defensa no impugnó acabadamente la decisión de la Casación en cuanto a la inexistencia de sentencia definitiva.
  • La defensa no demostró la lesión de los derechos constitucionales que alega.
  • En relación a ello, no se advierte vulneración de derechos derivada del sometimiento a un juicio que lo llevarán a cabo jueces técnicos.
  • No hay gravedad institucional porque dicha alegación se basa en la presuposición, meramente hipotética, de que el juicio será injusto.
  • Aclarando que no es motivo de análisis (aunque, como lo analiza no debemos creer que no lo sea) se afirma que el planteo de la defensa (al que le reconoce temporaneidad y carácter federal) es discriminatorio respecto de los hombres de derecho que accedieron a la judicatura de la Provincia.
  • No basta pretender ser juzgado por un jurado sino que se debe demostrar, luego del juicio, que se violaron las garantías de la defensa y del debido proceso. Con ello, afirma implícitamente la inexistencia de sentencia definitiva.
  • Niega la operatividad de la garantía del jurado.
  • Se reconoce que la gravedad institucional autoriza en ciertos casos a superar ciertos obstáculos formales de procedencia del recurso extraordinario. Pero sólo si verdaderamente existe interés institucional.
  • En este caso no existe gravedad institucional, y su invocación se basa en meras conjeturas de la defensa, que la asienta en el "contexto del caso".

3) Crítica preliminar al fallo

Sin perjuicio de la crítica que se lleva a cabo más adelante, corresponde poner de manifiesto desde ya que:

  • No es cierto que la defensa no haya rebatido los argumentos de la Casación en torno de la existencia de sentencia definitiva. La defensa rebatió pormenorizadamente ese punto. Expusimos todas las razones reseñadas en los antecedentes de este escrito y las mismas en las que se sustenta el planteo correspondiente respecto del recurso federal. Todo ello ocupó las páginas 61 a 70 del recurso presentado ante la Corte provincial, pero no mereció ningún tratamiento. Vemos como, entonces, la afirmación de la Corte en este punto no se ajusta a la verdad.

En realidad, fue la Corte Suprema provincial la que omitió tratar la cuestión, porque omitió responder los argumentos de esta parte, y en ello radica uno de los agravios de arbitrariedad.

Vemos, entonces que nos encontramos ante una doble arbitrariedad: la que se deriva de la omisión de responder los argumentos de la defensa sobre la existencia de sentencia definitiva; y la que se deriva de la afirmación (no cierta) de que esta defensa no rebatió las razones de la casación.

  • Es insostenible la afirmación de que la defensa no demostró la lesión de los derechos constitucionales que se alegan.

No sólo hemos explicado exhaustivamente todos los ribetes que ponen de manifiesto la operatividad de la garantía del jurado. Además, hemos llevado a cabo una relación circunstanciada de todas y cada una de las irregularidades cometidas durante el trámite de la causa y de la incidencia de ellas en el desarrollo del juicio y en la petición de ser juzgado por un jurado popular.

Otra vez, nos encontramos ante una manifiesta arbitrariedad de la Corte Provincial que genera un agravio de naturaleza federal.

  • La afirmación de que no hay gravedad institucional se basa en la omisión de tratamiento de las razones invocadas por esta defensa para demostrar la existencia de dicha situación.

La Corte no analizó ninguna de las circunstancias que demuestran que Grassi fue sometido a un linchamiento mediático y que el juicio oral será una pantomima ejecutada por jueces parciales y dirigida a encubrir una decisión que ya está adoptada de antemano.

La Corte no quiso incursionar en el análisis de esa cuestión, convalidando la farsa de proceso al que está siendo sometido Grassi, y para justificar su omisión acusa a esta defensa de no haber demostrado la existencia de gravedad institucional.

Esto genera una severa privación de justicia que causa un agravio federal manifiesto.

  • La Corte rechaza la operatividad de la garantía del jurado. Como sustento de la alegada inexistencia de gravamen concreto y de la alegada inexistencia de agravio federal, sostiene que no existe el derecho a ser juzgado por un jurado.

Con ello: aa) rechaza un planteo federal concreto efectuado por esta parte (lo que habilita el recurso extraordinario federal en los términos del inc. 3 del art. 14 de la ley 48); bb) lo hace de forma arbitraria, porque no aporta ningún argumento, ni contesta ninguno de los planteos de esta parte.

El rechazo es, en suma, una mera afirmación dogmática, que no trasunta razón alguna.

4) Un nuevo acto de privación de justicia

La decisión de la Corte es uno más de la cadena de actos que generan una privación de justicia a nuestro cliente.

En esta causa, se ha recurrido a una maraña de formalidades dirigidas a impedir la defensa en juicio, a vedar el ingreso de prueba de descargo, a evitar que un Tribunal imparcial entienda en el caso.

Toda esa maraña comenzó en la Fiscalía a cargo de Rita Bustamante quien actuó bajo las órdenes del Fiscal General Nieva Woodgate, fue avalada por la Juez de Garantías y a partir de allí por los tribunales de Alzada.

Ningún tribunal tuvo la valentía de recomponer los derechos constitucionales afectados. Todas las decisiones tomadas respecto de planteos que demostraban la afectación de derechos, se basaron en meras formalidades: así se privó a Grassi del derecho de ampliar la declaración indagatoria, se le impidió introducir una prueba de descargo cargo que negaba uno de los hechos, se denegó casi la totalidad de la prueba de descargo ofrecida por la parte a lo largo del juicio, se omitió considerar materialmente (por parte de los Tribunales de Alzada) el planteo de juicio por jurados.

Todo ello constituye una manifiesta convalidación de la lesión de los derechos constitucionales de nuestro cliente. La decisión de la Corte Provincial es la coronación de esa convalidación.

Es una decisión basada en argumentos meramente formales, que no atiende ninguno de los planteos de la defensa, que no fundamenta absolutamente nada y que se limita a traslucir un acto de poder: una decisión, sin razones, sin motivos. O sea, un acto arbitrario por naturaleza.

En conclusión, la Corte Provincial lesionó los siguientes derechos constitucionales:

  • El derecho de ser juzgado por un tribunal de pares (respecto del alcance y fundamento de este derecho nos remitimos a lo expuesto previamente en este mismo escrito). Ello, porque su decisión confirma la lesión irreparable de ese derecho, al cerrar definitivamente toda posibilidad de hacerlo efectivo antes del juicio (esto es, antes del momento en que debe hacerse efectivo).
  • El derecho de contar con un recurso rápido y efectivo para hacer valer los derechos constitucionales, consagrado en el art. 25-1 CADH con base en el art. 18 constitucional. Ello, como consecuencia de haber vedado el acceso a la instancia extraordinaria de la Corte, convalidando la denegación del acceso a la instancia casatoria para corregir la privación de derechos emergente de la decisión del Tribunal Oral.
  • Las garantías del debido proceso, de la adecuada administración de justicia y de la defensa en juicio, emergentes de la ya analizada arbitrariedad y de la falta de fundamento alguno de la decisión desestimatoria.

Como consecuencia de estos vicios, emergentes de la decisión de la Cámara de Casación, está expedita la vía del recurso extraordinario federal.

El único modo de tornar efectivas y vigentes las garantías citadas era haciendo lugar a los recursos deducidos. Ahora, una vez desechados por la Corte provincial, la vía apta para la tutela de los citados derechos es la concesión del recurso extraordinario federal.

Y es por ello que el auto de la Corte Provincial es sentencia definitiva a los efectos de la procedencia del citado recurso.


XI. Fundamentos del recurso extraordinario federal (2) - La sentencia definitiva

1) Introducción

La resolución de la Corte provincial, fue dictada por el superior tribunal de la causa y es equiparable a definitiva porque decide definitivamente sobre el planteo de inconstitucionalidad de la defensa enderezado a obtener la realización de un juicio por jurados en la presente causa.

Las razones que se exponen a continuación, que demuestran el carácter definitivo del gravamen generado por el auto recurrido, no constituyen solamente un argumento enderezado a explicar la procedencia formal del recurso extraordinario federal, sino que representan, a la vez, una crítica concreta a los argumentos por los cuales la Corte Provincial y la Cámara de Casación Provincial rechazaron los recursos extraordinarios ante la Corte provincial y ante la Casación, y ponen de manifiesto la arbitrariedad de tales decisiones.

Ello es así porque en toda la cadena recursiva se nos ha dicho que no existe sentencia definitiva y, sobre esa base, se desestimó toda posibilidad de revisar ante Tribunales Superiores la decisión del Tribunal Oral que rechazó el planteo constitucional.

La afirmación de que no existe sentencia definitiva es arbitraria porque el más mínimo sentido común pone de manifiesto que si lo que se pide es ser juzgado por un jurado popular es absurdo pretender que esa petición podría tornarse efectiva luego del juicio como, aunque parezca mentira, se afirma en el auto recurrido.

2) El criterio de la Corte Suprema de la Nación en la materia

Para el derecho Judicial de nuestra Corte, la exigencia de sentencia definitiva formal no es absoluta, y diversas situaciones concurren a admitir la procedencia del recurso extraordinario (lo que debe extenderse a la procedencia de los demás recursos que arbitrariamente fueron rechazados en las instancias inferiores) aún en cuestiones de tipo procesal o donde concurran circunstancias que representen, sea un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, o transcendencia institucional, o violación extrema de las reglas de la defensa en juicio.

En este caso en particular, la subsanación del vicio que se plantea sólo es procedente en este estadio procesal, ya que al momento de dictarse una eventual sentencia conclusiva del juicio, la reparación de las garantías constitucionales afectadas será tardía y, por ende, de imposible concreción.

La Corte ha sostenido que:

...no obsta a la procedencia del recurso extraordinario la índole estrictamente no definitiva de la resolución impugnada, si las cuestiones planteadas revisten interés institucional (C.S., 31-967, ED, 19-715).

...son equiparables a la sentencia definitiva aquéllas que causan gravamen de tal naturaleza que podría resultar frustratorio de los derechos constitucionales en los cuales se apoya el recurso, por ser de insuficiente o imposible reparación ulterior (C.S., 27-968, ED, 24-569).

Que si bien es doctrina del Tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (Adla, 1852-1880, 364), de tal doctrina corresponde hacer excepción en los casos en los que dicho sometimiento podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía resolución ulterior (CS, abril, 30-991, Taussig, Jorge F. DJ 1991-2-856).

Que en los supuestos en que lo resuelto, pese a su naturaleza procesal, afecta garantías y principios constitucionales que la apelación está destinada a tutelar, cabe el otorgamiento del recurso (Fallos 237:60).

En especial cabe transcribir dos fallos, vinculados al hecho de que el derecho cuestionado debe ser amparado en la oportunidad procesal en la que se lo invoca (ver Lugones, Narciso, Recurso extraordinario, Depalma, Buenos Aires 1992, 182/4).

En efecto, refiriéndose a la procedencia del recurso extraordinario federal, la C.S.J.N. sostuvo que corresponde equiparar a tales sentencias definitivas querellas que originan agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal en que se los invoca, exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser mantenidas generaríanse consecuencias de insuficiente o imposible reparación ulterior -doctrina de Fallos 295:190 y 846, entre muchos otros (Fallos 306:1312 cons. 3, y Lugones, cit., 184).

La Corte también concedió el amparo del recurso extraordinario al considerar que había cuestión federal bastante, cuando más allá de la índole aparentemente procesal del tema resuelto, median causas graves que inciden en menoscabo del servicio de la administración de justicia y requieren que su amparo llegue en la oportunidad en que surge y se invoca la cuestión constitucional (Fallos, t. 190, p. 124; t. 244, ps. 34 y 407 -Rev. La Ley, t. 23, p. 270; t. 97, p. 291; t. 99, p. 718, con nota de Nerva-) ... las circunstancias que motivaron el hecho y la actitud de quienes protagonizaron el incidente debieron ser valoradas para evitar que la garantía del debido proceso en la cual la imparcialidad del juzgador es condición necesaria, pudiera verse lesionada con el mantenimiento de condiciones adversas para el correcto ejercicio del derecho de defensa (Fallos 306:1392 cons. 2 y 5, in re Irusta,).

Asimismo, la Corte resolvió que si bien, como principio, el auto denegatorio de medidas de prueba no es la sentencia definitiva que ponga fin al proceso o impida su continuación, cabe hacer excepción a ello cuando media arbitrariedad o indebida restricción al derecho de defensa de modo que, a través de ritualismos excesivos o erróneos se causa un agravio a los derechos federales del interesado, que son de difícil o tardía reparación ulterior, particularmente cuando se trata de procesos penales con personas detenidas y el acto se refiere a un capítulo de la defensa, como es la prueba de descargo. (Fallos 300:857, cons. 1, in re Beloso Ojeda)

3) Sentencia definitiva en este caso

De acuerdo con estos principios y de forma compatible con la jurisprudencia citada, es evidente que revisten el carácter de definitivas:

  • La resolución del Tribunal Oral que rechazó el pedido de inconstitucionalidad y de juicio por jurados.
  • La resolución de la Cámara de Casación que rechazó el recurso de casación y, de ese modo, convalidó la decisión del Tribunal Oral.
  • La resolución de la Corte Suprema Provincial que rechazó los recursos deducidos contra la decisión de la Cámara de Casación convalidando otra vez la decisión del Tribunal Oral.

Las razones por las que todas esas decisiones constituyen sentencia definitiva son las mismas: todas ellas cierran de modo definitivo e irreparable la posibilidad de Grassi de ser sometido a un juicio por jurados.

Si estas decisiones no se revierten y si se sigue el criterio que emerge de ellas (y que la Corte Provincial adoptó expresamente), Grassi debería ser juzgado por un Tribunal Oral compuesto por jueces técnicos y recién luego de la sentencia (y sólo si le es adversa porque de lo contrario podría esgrimirse que no tiene gravamen) podría intentar la vía recursiva dirigida a anular el juicio y ordenar uno nuevo, pero este sí a cargo de un jurado popular.

Ese es el criterio de estas decisiones y no cabe duda alguna de que es arbitrario.

Si de verdad queremos dar una respuesta a la petición de Grassi de ser juzgado por un jurado popular esa respuesta debe darse en este momento procesal porque luego del juicio será demasiado tarde. Luego del juicio el agravio ya estará hecho.

La garantía del jurado es una garantía para el juicio y no para después del juicio. Como ocurre con la garantía de la defensa en juicio.

Así como sería absurdo que, frente a un código que impidiese designar defensor, se pretendiera dirimir la discusión para luego del juicio, también sería absurdo que se hiciera lo mismo frente a una decisión que impide ser juzgado del modo en que lo manda la Constitución.

Como se trata de una garantía para el juicio, su vigencia debe ser discutida antes del juicio.

Es por ello que el Tribunal Oral resolvió el planteo de esta parte antes del juicio y no lo difirió para después. Con el mismo criterio en función del cual decidió resolver la cuestión en esta etapa, debió haber concedido el recuso de casación. Pero no lo hizo, y tanto la Casación como la Corte Provincial avalaron ese criterio equivocado y arbitrario en virtud del cual las garantías para el juicio deben discutirse después del juicio.

En resumen, no cabe duda alguna de que estamos en presencia de una sentencia que reviste el carácter de definitiva y, por ello, que el recurso extraordinario federal es procedente, como lo eran los anteriores.

Veremos en el desarrollo que sigue qué es lo que esta parte pretende concretamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El análisis que sigue refuerza lo que se dice previamente sobre el carácter definitivo del gravamen


XII. Fundamentos del recurso extraordinario Federal (3) - Abitrariedad de la resolución de la Corte Provincial

1) Arbitrariedad de los razonamientos utilizados para desestimar la existencia de sentencia definitiva

La arbitrariedad de la decisión de la Corte Provincial en cuanto a este punto es manifiesta.

Veamos:

a) Desconocimiento del tiempo como categoría del ser

El Juez Ronconori (en un voto al que adhieren luego otros tres jueces) ensayó un argumento que atenta contra la lógica aplicada a la relación entre los diferentes sucesos en el tiempo.

Dijo este Juez:

"no basta con pretender a priori ser juzgado en un juicio por jurados, sino demostrar luego de haber sido juzgado conforme el proceso establecido para todos los justiciables, que se violaron o menoscabaron por la aplicación de dicho sistema las garantías de la defensa y el debido proceso."

Ahora bien, supongamos que no se violan en general las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso legal ¿afirmaría el Magistrado que por ello no se violó la garantía a ser juzgado por un jurado popular?

Seguramente lo afirmaría por otra razón: porque considera que dicha garantía no rige, como expresamente lo afirma luego del párrafo citado. Pero si supusiera que rige, diría que no se ve afectada porque se hayan respetado otras dos garantías?

Evidentemente no podría afirmarlo jamás.

Porque por más que el juicio se desarrolle normalmente en general (y digo en general y no en particular porque no podría haber debido proceso sin jurado) y por más que se permita la mayor amplitud de defensa, el derecho a ser juzgado por un jurado se vería afectado indefectiblemente.

Y justamente por una razón cronológica: porque se trata de una garantía que sólo puede ser respetada durante el juicio. Luego del juicio ya no habrá posibilidad de asegurarla porque el juicio sin jurados ya pasó.

Entonces, vemos que el argumento criticado encubre una aberración lógica que configura arbitrariedad: no se puede evitar algo que ya pasó; el único modo de evitarlo es actuando antes de que suceda.

La Corte Provincial desconoció esta regla elemental de la lógica temporal y, por ello, incurrió en una arbitrariedad derivada del desconocimiento del tiempo como categoría del ser.

b) Omisión de tratamiento de los argumentos de la defensa en torno a la existencia de sentencia definitiva

Como lo expusimos previamente, esta defensa dedicó particular importancia a la cuestión de la equiparación a sentencia definitiva de la decisión de la casación, recurrida ante la Corte Provincial.

Se razonó, se explicó, se fundamentó, con los mismos argumentos utilizados precedentemente, pero la Corte no consideró absolutamente nada. Todo ello ocupó de las páginas 61 a 70 del escrito.

Pero la Corte provincial no contestó ningún argumento, no rebatió ningún razonamiento. No opuso ninguna razón a las razones de la defensa.

En lugar de ello, afirma que esta defensa no rebatió los argumentos de la casación lo que es a todas luces ajeno a la verdad porque de la simple lectura del recurso (y de los antecedentes del presente) surge con claridad que ello no es así.

Y luego, todo lo que la Corte dice para sostener que no hay sentencia definitiva (y que luego se critica puntualmente en este mismo escrito), es una mera repetición de lo que ya había dicho el Tribunal Oral y la Cámara de Casación y ya había sido respondido por esta defensa en los recursos extraordinarios.

Entonces todos los argumentos de la Corte provincial son inexistentes, porque no constituyen una respuesta a un planteo sino una repetición de lo que ya fue respondido.

Por ello, es evidente que la decisión de la Corte provincial es arbitraria, nula e inconstitucional.

2) Arbitraria negación de la gravedad institucional

2.1) Consideraciones generales

La Corte provincial dice que no existe gravedad institucional que habilite las vías extraordinarias intentadas y acusa a esta defensa de no haberla acreditado.

La gravedad institucional surge con claridad de los antecedentes del presente caso que han sido expuestos prolijamente a lo largo de este escrito y que formaron parte también de los antecedentes de los recursos deducidos ante la Corte Provincial y ante la Cámara de casación.

Dicha gravedad, surge de dos circunstancias:

a) De la propia violación de la garantía del jurado popular, ya que éste es una institución constitucional básica que constituye un pilar esencial en el diseño de la administración de justicia penal.

En consecuencia, la mera afectación de dicha garantía, con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, generan una gravedad institucional inusitada porque importan la abrogación de una institución esencial de nuestro diseño constitucional.

b) Del "contexto del caso" que permite anticipar, sin duda alguna, que Grassi será sometido a un linchamiento público (como ha sido hasta ahora) y que no serán respetadas ningunas de sus garantías.

Todas las circunstancias reseñadas precedentemente permiten presumir que nuestro cliente no será sometido a un juicio justo sino a un linchamiento público, comandado por una empresa comercial que, en connivencia con funcionarios provinciales han pisoteado durante todo el trámite del proceso los derechos constitucionales del Padre Grassi y lo seguirán haciendo, porque la lógica de este proceso no admite una alternativa diferente. El único modo de escapar a esa lógica perversa es cumpliendo con la Constitución Nacional y haciendo lugar al pedido de juzgamiento por jurados.

Consecuentemente y de la mera lectura de los recursos extraordinarios provinciales (que contenían una descripción similar a la efectuada en este mismo escrito) surge con claridad que nuestro cliente se encuentra en el medio de una trampa sin salida, perseguido con las reglas propias de los tribunales de la inquisición, sin posibilidad alguna de contar con un tribunal imparcial, sin posibilidad alguna de ejercer su derecho de defensa y que está condenado de antemano.

Por ello, la afirmación de la Corte provincial de que no existe gravedad institucional es totalmente arbitraria y dogmática.

Por lo demás, si se consideraba que no existía tal gravedad, debió haberse dado razón de ello, porque esta parte explicó concretamente por qué sí existía y esa explicación es elocuente de la situación de privación de derechos frente a la que se encuentra nuestro cliente.

Analizaremos estas cuestiones en detalle en los puntos que siguen.

2.2) La gravedad institucional intrínseca (independiente del "contexto del caso")

El jurado es una institución esencial del sistema de juzgamiento previsto en la Constitución Nacional.

Es una institución como tantas otras: La Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Federales Interiores, los Tribunales Provinciales, el Ministerio Público, el Defensor del imputado.

Si en un caso se decidiera suprimir la participación del Ministerio Público o no permitir que el imputado designe defensor, o que el Juicio lo lleve a cabo un Tribunal formado por las víctimas, diríamos que existe gravedad institucional.

Y evidentemente la habría porque se estarían suprimiendo instituciones básicas del sistema de enjuiciamiento penal.

En este caso estamos ante la misma situación.

Hay gravedad institucional porque se suprime al jurado como órgano de juzgamiento. Y se niega el juicio por jurados a pesar de que es el propio imputado el que lo pide, en ejercicio de su derecho constitucional.

La eliminación de una institución garantista como esta constituye siempre gravedad institucional y, por ello, habilita la vía de los recursos extraordinarios provinciales intentados y del recurso extraordinario federal cuyo rechazo motiva la presente queja.

2.3) La gravedad institucional derivada del "contexto del caso"

A lo anterior se agrega el "contexto del caso" (expresión que molesta a la Corte provincial, pero) que pone de manifiesto que no habrá un juicio justo en esta causa a menos que se cumpla con la Constitución Nacional y se lleve a cabo un juicio por jurados.

Respecto de la invocación del "contexto del caso" se nos acusa de especular, de conjeturar, de no demostrar con certeza que ello es así.

Pero ocurre que semejante cosa es imposible: ¿cómo podríamos demostrar un hecho que aún no pasó?; ¿deberíamos inventar la máquina del tiempo para (viaje al futuro de por medio) poder llevar a cabo un planteo de este tipo?; ¿o acaso deberíamos recurrir a los precogs de Minority Report para que nos digan que es lo que va a pasar?

No podemos demostrar lo que va a pasar. Pero lo podemos conjeturar.

A partir de los hechos pasados, podemos inferir probabilidades sobre cómo ocurrirán hechos del futuro.

Lo que sospechamos es que Grassi no tendrá un juicio justo porque la presión mediática ha avasallado la independencia de los magistrados provinciales, transformándolos en meros ejecutores de decisiones tomadas por la "opinión pública".

Por supuesto que los magistrados se han dejado avasallar. De ello no cabe duda alguna, porque de lo contrario no se explica el grado de arbitrariedad con el que se ha actuado en todas las causas vinculadas al caso "Grassi", en las que se ha detenido a ex abogados defensores, se ha iniciado juicio político a jueces independientes, se ha procesado a personas por evitar que una Fiscal ingrese arbitrariamente en un domicilio, y, ya en la causa que se sigue a Grassi, se ha imposibilitado ejercer la defensa e, incluso, la Fiscal le dijo a nuestro cliente que para entender su situación debía leer el libro "El proceso" de Kafka, todo ello delante de la juez de "garantías".

Como ya dijimos, es elocuente de la arbitrariedad en la que se incurrió en esta causa el contenido de los siguientes escritos de la defensa: "Pide se permita ejercer la defensa. Reservas" del 5/11/02; "Solicita" de fs. 477; "Solicita" del 6/11/02; "Protesta" del 7/11/02; escrito de fecha 8/11/02 planteando recusaciones y nulidades; "Oposición a peritaje con peritos oficiales de esta jurisdicción y sin registro" del 13/11/02; "Aclara y amplia motivos de recusación – Ofrece pruebas – Pide se designe audiencia" del 14/11/02; "Pide presencia de la Juez de Garantías" del 15/11/02; "Plantea nulidad – Reservas" del 15/11/02; "Oposición a peritaje – Documentan protesta – Reserva federal" del 18/11/03; "Vuelve a protestar" del 18/11/03; "Expone – Reservas" del 20/11/02; "Recurso de Apelación – Reservas" del 26/11/02; "Manifiesta – Solicita" del 4/12/02; "Pide se rechace petición" del 13/12/02; "Expresa agravios – Reservas" del 18/12/02; "Apela – Reservas" del 23/12/02; "Solicita se permita presenciar audiencia" del 17/12/02; "Reitera oposición a peritaje" del 7/2/03; "Solicita" del 7/2/03; "Denuncia nuevo hecho" del 24/02/03; "Solicita se fije audiencia" del 18/2/03; "Plantea nulidad – Reservas" del 26/2/03; "Acompaña nota periodística – Pide que se aclaren inexactitudes" del 16/02/03; "Pide declaración ante un Juez (8-1 CADH; 10 DUDH; 14-1 PIDCP)" del 5/3/03; "Manifiesta. Solicita autorización" del 23/5/03; "Se oponen a elevación a juicio – Reservas" del 16/6/03; "Memorial – Reservas" del 19/9/03, entre otros presentados en la presente causa y en otras conexas) y damos por reproducidas todas las quejas y planteos constitucionales allí efectuados, que no dejan margen de dudas sobre la situación de indefensión en que se encuentra el Padre Grassi en la Jurisdicción judicial de Morón y de la Provincia de Buenos Aires, hasta aquí ávida de protagonismo mediático y de adulación periodística.

¿Qué debemos aconsejar a nuestro cliente? Que se entregue mansamente para que lo linchen.

No, por supuesto que no.

Debemos aconsejarle que haga valer sus derechos constitucionales. Porque la Constitución provee las herramientas para actuar en este tipo de situaciones.

La Constitución es sabia y como "sabe" que los funcionarios son maleables al encanto del poder (el poder mediático es uno de los más "encantadores"), han establecido un sistema de juzgamiento que permita escapar a la lógica del poder, a la lógica que hace que cuando un funcionario decide lo haga pensando en las consecuencias personales que le acarreará esa decisión.

Todo ello fue explicado previamente cuando fundamentamos el pedido de juicio por jurados. Y en ello radica gran parte de la gravedad institucional y la afectación de las garantías de la defensa en juicio, del debido proceso legal y de la imparcialidad de los magistrados.

Grassi es una ficha en un gran tablero de poder al que es ajeno. El jurado es la herramienta que le otorga la Constitución para escapar de él.

El multimedios Clarín debe defender a su "noticiero de investigación" y no puede "perder" esta causa. Ya los han condenado en varios juicios por fabricar casos y una de las mentoras de este caso en particular ha mostrado su "desprolijidad" en una reciente "investigación mediática" que terminó en escándalo.

El multimedios Clarín no puede perder el caso Grassi. Y va a utilizar a los funcionarios provinciales para ganarlo a como dé lugar. Del mismo modo en que ya los utilizó para inventar esta causa y enviar a Grassi a juicio.

Este es el "contexto del caso" que a juicio de la Corte Provincial no permite vislumbrar una gravedad institucional.

Pero si no hay gravedad institucional en este "contexto" evidentemente nunca la habrá.

La arbitrariedad de la Corte de la Provincia en el caso es manifiesta.

2.4) La lesión de garantías constitucionales

La Corte dice que no se explica la violación de garantías constitucionales. Lo hasta aquí relatado pone de manifiesto que no sólo se violó la garantía a ser juzgado por un jurado popular, sino que se ven afectados también los siguientes derechos constitucionales:

  • Imparcialidad del Tribunal: ya que el Tribunal Oral no tiene aptitud para actuar imparcialmente en este caso porque la contaminación mediática y la contaminación que se ha producido en el expediente imposibilita toda decisión no condicionada.
  • Defensa en juicio: es imposible defenderse en las condiciones reseñadas y frente a un tribunal que no es imparcial. Sólo es posible defenderse ante un jurado popular.
  • Adecuada administración de justicia: se ve violada al suprimirse el derecho al jurado y al colocar en manos de jueces no naturales la potestad decisoria.
  • Juez natural: sólo es juez natural un jurado popular.
  • Debido proceso: se afectan las reglas atinentes a la defensa y a la sentencia porque no es posible ejercer la defensa sino sólo ante un jurado y porque la sentencia sólo puede ser dictada por un jurado popular.

De los antecedentes reseñados surge con claridad la violación de estas garantías y ello fue explicado suficientemente, razón por la cual la afirmación de la Corte provincial de que no se afectaron tales derechos y de que esa afectación no se explicó es totalmente arbitraria.

Estos derechos han sido afectados conforme fue demostrado a lo largo del relato y de los planteos efectuados durante todo este escrito, y por ello la Corte Suprema de justicia debe recomponer los derechos afectados, ordenando la realización de un juicio por jurados.


XIII. Fundamentos del recurso extraordinario federal(4) – Convalidación de la privación de derechos constitucionales – El rechazo del planteo de ser sometido a un juicio por jurados

1) Consideraciones generales sobre la convalidación de la privación de derechos constitucionales

Vimos que la Corte Suprema de la Provincia rechazó los recursos extraordinarios incurriendo en diversas arbitrariedades y errores jurídicos manifiestos.

No obstante, como fundamento del rechazo de la procedencia formal de los recursos, incursionó en la cuestión de fondo planteada por esta parte, afirmando, palabras más palabras menos, que no existía la garantía ser juzgado por un jurado popular y que la defensa no explicaba en que consistía la afectación de derechos constitucionales.

No se analizó el fondo de la cuestión, sino que simplemente se afirmó que la garantía no existe.

Esta aserción de la Corte tiene un doble efecto: aa) constituye un eslabón esencial del razonamiento que se utiliza para desestimar formalmente el recuso; bb) constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Sea como fuere, lo cierto es que ello genera cuestión federal suficiente en los términos del art. 14 inc. 3ro. de la ley 48, ya que el derecho invocado por la parte con base en una cláusula de la constitución fue desestimado. Y ello ocurre ya sea que se trate del derecho de acceder a la Corte Provincial (negado mediante la negación del derecho al jurado), ya sea que se trate del derecho a ser juzgado por un jurado popular (ya que es justamente lo que la Corte niega como existente).

Ahora bien, al afirmar que el derecho a ser juzgado por un jurado no existe y al incurrir en las arbitrariedades previamente señaladas, la Corte provincial convalida la privación de derechos producida en las instancias anteriores.

Esta privación de justicia no sólo consiste en la negación del derecho a ser sometido a un juicio por jurados, sino en la privación de los derechos de acceder a la jurisdicción, de defender en juicio los derechos, del debido proceso y de la adecuada fundamentación en ley de las decisiones jurisdiccionales, ya que, como hemos visto, el planteo de inconstitucionalidad llevado a cabo por esta parte fue respondido de modo arbitrario en todas las instancias anteriores.

Entonces, la decisión de la Corte provincial que se recurre, que no rectifica esa privación de derechos, lo que hace es convalidarlos, incurriendo en un nuevo vicio que habilita de por sí la vía del recurso extraordinario federal, en razón de la privación de los citados derechos constitucionales.

2) El derecho de ser juzgado por un jurado popular

En el punto precedente vimos que la Corte rechazó este derecho. Y vimos que lo hizo de forma arbitraria porque simplemente se limitó a decir que la garantía no existía, porque la Constitución decía que ella regía para una vez de que fuera establecido el jurado por el Congreso de la Nación.

Frente a ello no tenemos nada que responder, en razón de que ese argumento, que ya había sido utilizado por el Tribunal Oral, ya fue rebatido por esta defensa, conforme surge de lo que se expone en los antecedentes.

Pero la Corte no rebate los argumentos que esta defensa ensayó contra dicha consideración, por lo que éstos quedan incólumes.

La afirmación de que se trata de un planteo discriminatorio a los hombres de derecho de la judicatura es realmente insólito. Sería como afirmar que la Constitución es discriminatoria porque establece el juicio por jurados, lo que no resiste ningún análisis serio.

Nuestro planteo no es discriminatorio. Lo que es discriminatorio es el modo en que se ha tratado a Grassi en la jurisdicción de Morón. Nuestro planteo no es discriminatorio, es un planteo dirigido a tornar vigente una garantía constitucional y ello nunca es discriminatorio.

El hecho de que la Corte provincial se vea agraviada por ello corrobora lo que esta defensa viene diciendo en punto a que los jueces técnicos que intervienen en este caso no están en condiciones de decidir con imparcialidad.

A pesar de la falta de respuesta de nuestros planteos sobre la vigencia de la garantía del jurado, corresponde volver a desarrollarlos en lo que respecta a la respuesta arbitraria dada por la Corte.

Veamos: se dice que no hay juicio por jurados hasta tanto la ley no lo establezca. Se dice que la Garantía no es operativa.

Pero no se entiende como de una afirmación (la consagración del juicio por jurados en la Constitución) se deduce una negación (la no consagración del juicio por jurados).

Si la Constitución dijese lo que la Corte afirma (en consonancia con lo que ya había afirmado el Tribunal Oral), no sería necesario decirlo, ya que es evidente que las instituciones no rigen hasta que la ley las consagra. Una banalidad que no es propia de un texto constitucional.

Pero si ese fuese el sentido del texto constitucional no se explica la redacción contraria que dista en mucho de lo que la resolución recurrida pretende deducir.

Es evidente que la Carta Magna dice justamente lo contrario: ella misma consagra la institución del jurado y establece un mandato concreto dirigido al legislador para que lo implemente en un código procesal único para todo el país. Esa institución es una garantía constitucional y el incumplimiento del mandato por parte del legislador constituye una lesión a la garantía.

El hecho de que se haya utilizado la fórmula "luego de que se establezca en la República esta institución" no significa que la garantía no es operativa. Se trata de una referencia necesaria al mandato contenido en el art. 75 inc. 12 que no sólo asigna al Congreso la función de dictar los códigos de fondo sino también la de dictar el código pertinente para establecer el juicio por jurados.

Pero con independencia del sentido que se pudiese haber asignado a la frase en los primeros años de sancionada la Constitución, lo cierto es que han transcurrido 150 años desde que se estableció constitucionalmente el mandato dirigido al legislador para hacer efectiva la garantía constitucional de ser juzgado por los propios pares.

El incumplimiento del mandato no es inocuo porque de lo contrario también lo sería el mandato mismo. El incumplimiento ocasiona una inconstitucionalidad, justamente, porque la voluntad del legislador, tanto nacional como provincial, ha sido la de establecer un sistema de enjuiciamiento diferente al consagrado en la Constitución.

Desde la sanción de la Constitución se han sancionado diversos códigos procesales tanto en el orden nacional como en el provincial y ninguno de ellos ha contemplado el juicio por jurados.

Frente a dicha situación no se puede afirmar que estamos dentro del tiempo de espera que prevé el art. 118. Ese tiempo era el originario, esto es, el que transcurrió entre la sanción de la Constitución y la sanción de los códigos procesales.

Pero una vez sancionados estos códigos, en un franco alzamiento contra lo dispuesto en la Constitución, no hay más que esperar. El legislador decidió implementar un sistema de enjuiciamiento diferente al que prevé la Constitución y con ello ha lesionado una garantía fundamental.

En otras palabras, el tiempo que la Constitución le dio al legislador para sancionar el juicio por jurados ya pasó al momento de la sanción del primer código procesal posterior a la sanción de la Constitución. El momento de expiración del plazo coincide con el momento del alzamiento contra el mandato constitucional.

Consecuentemente, estamos en presencia de una evidente y palmaria inconstitucionalidad que no sólo es por omisión sino también por acción porque el legislador (tanto nacional como provincial) se opuso activamente a la vigencia de la garantía al sancionar códigos procesales que establecían un sistema de enjuiciamiento diferente al previsto en la Constitución Nacional.

Esto demuestra que el argumento criticado no es pertinente y que la única aplicación correcta de los artículos constitucionales citados es la que propugna esta defensa.

En consecuencia, y por las razones desarrolladas precedentemente en detalle, en este mismo escrito, respecto del alcance de la garantía (que damos por reproducidas como razones del planteo federal ) corresponde que la Corte Suprema deje sin efecto todas las decisiones recurridas y ordene la realización de un juicio por jurados en esta causa.


XIV. Fundamentos del recurso extraordinario (5) – La recomposición de los derechos afectados

Corresponde a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación incursionar en el fondo del asunto y ordenar la realización de un juicio por jurados.

Si bien desde el punto de vista formal el auto que se recurriera se limita a rechazar los recursos ante la Corte provincial, lo cierto es que dicha resolución importa, sustancialmente, la convalidación de la decisión del Tribunal Oral (convalidada por la Casación) que rechaza la inconstitucionalidad planteada y, consecuentemente, el pedido de juicio por jurados. De hecho la propia Corte provincial dice, como vimos, que no existe la garantía del jurado.

Teniendo en cuenta que nuestro cliente se encuentra sometido a proceso en una causa cuya mera existencia le ocasiona un perjuicio evidente e irreparable, es su interés poner fin al trámite de la presente lo antes que resulte posible.

Y también debería ser ese el interés de los órganos judiciales y de la Corte Suprema Nacional, porque el derecho de todo ciudadano de ser juzgado rápidamente constituye una obligación para el Estado Argentino asumida incluso internacionalmente (arts. 7-5 y 25-1 CADH).

Consecuentemente, y con el fin de no dilatar aún más el curso de este proceso judicial que tanto daño acarrea a nuestro cliente, parece claro que el modo de concretar la vigencia de los derechos constitucionales afectados (en el caso el derecho de ser juzgado por un jurado) sin afectar otros derechos de igual rango constitucional (el derecho de ser juzgado en un plazo razonable –7-5 y 25-1 CADH- y de no sufrir mortificaciones innecesarias ni tratos inhumanos ni degradantes –art. 5-1 CADH-), es resolviendo directamente el fondo de la cuestión, subsanando la garantía constitucional afectada (lo que exige anular tanto la resolución de la Corte provincial, como la de la Casación y la del Tribunal Oral) y ordenando la realización de un juicio por jurados.

Así se lo solicitamos expresamente a esta Corte Suprema de la Nación.

Teniendo en cuenta que la no resolución de esta cuestión en tiempo oportuno y su sucesiva dilación en el tiempo, afecta de modo irreparable los citados derechos de nuestro cliente, el modo de hacer valer tales derechos no es otro que la urgente intervención de la Corte Suprema de la Nación sobre el caso, para resolver de modo definitivo sobre la vigencia del derecho constitucional a ser juzgado por un jurado popular.

Sobre la base normativa expresada, corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga por la vía del recurso extraordinario federal y que, abocándose directamente a la resolución de fondo del caso, anule las decisiones de la Corte Suprema provincial, de la Casación y del Tribunal Oral y concrete la vigencia del derecho constitucional de nuestro cliente a ser juzgado por sus pares.

Esta decisión se impone como consecuencia lógica de la operatividad de las garantías constitucionales afectadas y, a esta altura del proceso, es el único modo de recomponerlos verdaderamente.

Como supremo custodio de la Constitución Nacional la Corte tiene potestad suficiente para resolver de este modo.

En subsidio corresponde que la Corte deje sin efecto la resolución de la Corte Provincial y ordene la apertura de los recursos provinciales interpuestos y, consecuentemente, la habilitación de la vía casatoria para revisar la decisión del Tribunal Oral.


XV. La decisión desestimatoria

La Corte Provincial rechazó el recurso mediante una escueta e infundada resolución que dice lo siguiente:

"//Plata, 29 de diciembre de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Contra el pronunciamiento de este Tribunal que desestimó los recursos de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley se deduce recurso federal fundado el supuesto previsto en el inc. 3° del art. 14 de la ley 48 y en el supuesto de arbitrariedad. Alega violación del derecho a ser juzgado por un tribunal de pares, de contar con un recurso rápido y efectivo para hacer valer los derechos constitucionales consagrados en el art. 25-1 C.A.D.H. con base en el art. 18 de la Constitución nacional, de las garantías del debido proceso, de la adecuada administración de justicia, defensa en juicio y del juez natural.

Las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho procesal y común son privativas de los tribunales locales y ajenas como regla a la competencia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente respecto de los agravios de que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional, los que en estos autos no satisfacen dichos requisitos (art. 14, ley 48; "Fallos", 310:1542; 325:2192, 1145).

Por ello, se deniega el recurso federal interpuesto.

Notifíquese y archívese."

Contra esa decisión se interpone la presente queja.


XVI. Fundamentos de la queja – La procedencia del Recurso Extraordinario Federal

La resolución desestimatoria vuelve a incurrir en los vicios anteriores.

No tiene fundamentos, no tiene razones, no rebate ningún argumento. No es una resolución judicial. Es un mero acto de poder, arbitrario y nulo que se sustenta en el mero voluntarismo de los jueces, pero que carece de toda apoyatura en la ley y en la Constitución.

Lo que (sin fundamentar) dice la resolución es que:

aa) Estamos en presencia de una discusión que versa sobre "la interpretación y aplicación del derecho procesal y común".

bb) Que el recurso no cuenta con fundamentos suficientes.

Responderemos concretamente estas dos aserciones dogmáticas

aa) El carácter constitucional de la discusión:

La afirmación de que el recurso versa sobre la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal común pone de manifiesto que ni siquiera se leyó el escrito de la defensa.

Todo el escrito versa sobre la interpretación de la garantía de ser juzgado por un jurado y sobre la relación de esa garantía con las de la defensa, de la imparcialidad y del debido proceso legal.

La Corte de la Provincia no puede desconocer que esas son garantías constitucionales (arts. 24, 75-12, 118, 18, 116 CN, 8 CADH, 14 PIDCP) y que, por ello, la discusión sobre su alcance e interpretación jamás puede ser vista como el debate sobre el modo de aplicar el derecho común.

Cuando la Corte provincial dijo que la garantía del jurado no existía (en razón de la particular redacción del texto constitucional) no llevó a cabo una interpretación del Cpp de la Provincia ni de una ley del Congreso de la Nación. Llevó a cabo (aunque de forma precaria e infundada) una interpretación de los arts. 24, 75-12 y 118 de la Constitución Nacional, para afirmar que el planteo de esta parte no era admisible.

Si la propia Corte intentó interpretar la Constitución Nacional cuando dictó la resolución recurrida, por qué razón dice ahora (frente al recurso extraordinario que la critica con argumentos eminentemente constitucionales) que la discusión versa sobre la interpretación de normas de jerarquía inferior?

Es evidente que la Corte contradice sus propias decisiones y argumentos y ello no hace más que poner de manifiesto la arbitrariedad con la que fue resuelta la procedencia del recurso extraordinario interpuesto.

No hay duda alguna de que la discusión sobre si un imputado tiene o no tiene derecho a ser juzgado por un jurado popular es una discusión constitucional, porque la base del derecho invocado está en la Constitución y no en la ley. De hecho, la ley dice justamente lo contrario a la Constitución: dice que el juicio lo debe llevar a cabo un Tribunal de jueces técnicos.

Lo que esta defensa planteó (y ello está fuera de toda discusión incluso para la Corte provincial) fue la inconstitucionalidad de las normas procesales que regulan el juicio criminal. Y ese planteo no está dirigido a interpretar éstas normas de derecho común, sino a interpretar la Constitución Nacional para establecer si el código procesal es constitucional o no lo es.

Los planteos de inconstitucionalidad son, en esencia, planteos en los que se interpreta el alcance de las cláusulas constitucionales. Máxime en un caso como éste en el que la norma de derecho común es muy clara y no debe ser interpretado su alcance: la ley procesal no establece el juicio por jurados y la Constitución (a juicio de esta defensa) sí lo establece como un derecho del justiciable.

Pero resulta que a juicio de los jueces que intervinieron en esta causa (incluso para la Corte provincial) la Constitución no establece el derecho operativo a ser juzgado por un jurado popular. Es evidente que lo que se está discutiendo versa sobre el alcance de la regla constitucional que consagra el juicio por jurados.

Nada más lejano a una discusión de derecho común.

El hecho de que en el recurso extraordinario existan agravios relacionados a decisiones que resolvieron no dar curso a recursos de la defensa (de Casación y extraordinarios provinciales) no modifica lo dicho.

Por lo siguiente:

En primer lugar, porque tanto la Cámara de Casación como la Corte Provincial utilizaron como motivo para rechazar los recursos deducidos la supuesta inexistencia del derecho constitucional a ser jugado por un jurado popular.

En consecuencia, fundaron la cuestión de la procedencia del recurso en una cuestión de naturaleza federal y no procesal.

En segundo lugar, porque tanto la decisión de la Casación como la decisión de la Corte provincial son manifiestamente arbitrarias y ello genera un agravio federal directo, que de por sí afecta las garantías del debido proceso legal, de la defensa en juicio y de la adecuada administración de justicia.

No se trata, en suma, de una discusión de derecho común sino de cuestiones que atañen a la vigencia de las cláusulas de la Constitución Nacional.

bb) La suficiencia de los planteos de la defensa

No es serio afirmar que el recurso de la defensa no estaba suficientemente fundado.

Semejante aserción sólo puede deberse o bien a la total omisión de leer el escrito, o bien a una falta de consideración a la labor profesional desplegada.

En cualquier caso estamos en presencia de una manifiesta arbitrariedad.

Esta defensa se tomó el trabajo de analizar detalladamente el sentido del voto de la Corte, agrupando los argumentos de cada juez, ordenándolos, para poder reconstruir el fundamento de la decisión.

Luego, y una vez establecido el pretendido fundamento del fallo, se individualizó cada uno de los argumentos en puntos por separado y se los respondió uno por uno, sin dejar ninguna afirmación de la Corte sin rebatir.

Cada agravio y cada respuesta a dichos argumentos se sustentaron en argumentos constitucionales, explicando por qué razón la decisión afectaba garantías básicas de nuestro cliente.

Todo ello ha sido reseñado en este mismo escrito y V.E. podrá advertir, con su sola lectura, que la afirmación de la Corte provincial es dogmática y arbitraria y que no se condice con las circunstancias comprobadas de la causa. Puntualmente, no se condice con el contenido del recurso extraordinario interpuesto.

Tanto en lo atinente al inc. 3ro. del art. 14 de la ley 48, como en lo atinente a la cuestión de la arbitrariedad, esta parte explicó fundadamente por qué razón se veía habilitada la vía extraordinaria.

Y se explicó, hasta el cansancio, por qué existía una sentencia equiparable a definitiva (que la Corte provincial ahora ya no niega) que habilitaba el recurso.

En suma, el recurso extraordinario está sobradamente fundado, contiene un planteo constitucional concreto y resulta totalmente procedente.

Veamos:

cc) El recurso extraordinario es procedente conforme lo previsto por el art. 14 inc. 3ro. de la ley 48, ya que el derecho invocado por la parte con base en cláusulas de la Constitución fue desestimado.

Ello es así porque tanto el Tribunal Oral, como la Cámara de Casación, como la Corte Provincial sostuvieron, concretamente, que no correspondía hacer lugar al pedido de juicio por jurados.

Estamos, en consecuencia, y como lo analizamos concretamente en los capítulos precedentes, ante una situación en la que el derecho invocado por el justiciable, basado en cláusulas de la Constitución Nacional, fue rechazado por todas las instancias ordinarias locales.

Esa es la situación que prevé el art. 14-3 de la ley 48 y, por ello, el recurso extraordinario es procedente.

dd) El recurso extraordinario es procedente porque todas las decisiones han sido arbitrarias y convalidatorias de la privación de los derechos constitucionales de nuestro cliente.

Tal como se analizó a lo largo de esta presentación, se ha producido una manifiesta privación de justicia respecto de esta parte, porque los Tribunales de Alzada, que se negaron a abrir los recursos interpuestos, decidieron infundadamente los planteos de la defensa.

Si bien, como vimos, tanto la Casación como la Corte Suprema provincial, afirmaron que no existía el derecho de ser juzgado por un jurado, lo hicieron sin fundamento alguno, sin responder los agravios de la defensa y sin considerar el hilo lógico de la discusión que se había planteado con el Tribunal Oral (cuya decisión tampoco respondió los planteos de la defensa y se basó en meras citas abstractas ajenas a los planteamientos efectuados).

Además, todas las instancias hicieron caso omiso a las irregularidades denunciadas por esta defensa.

No es posible que nada se diga al respecto. No es posible que se mire hacia un costado cuando la defensa denuncia concretamente las irregularidades señaladas precedentemente, que fueron cometidas por funcionarios del Poder judicial y del Ministerio Público de la Provincia en connivencia con una poderosa empresa comercial.

La grotesca lesión de los derechos constitucionales de Julio Grassi que se denunció como parte integrante de los fundamentos del planteo de juicio por jurados y de los recursos interpuestos ante las Alzadas, no es irrelevante y su sola omisión de consideración pone de manifiesto la arbitrariedad en la que se ha incurrido.

Tenemos entonces, y tal como se explicó puntualmente en este mismo escrito, un recurso extraordinario interpuesto contra una decisión que (sin fundamento alguno, esto es, arbitrariamente) rechaza un planteo fundado en cláusulas de la Constitución Nacional, que además es totalmente arbitraria y que convalida la sucesión de irregularidades que se cometieron durante todo el trámite del proceso, en perjuicio del imputado. La gravedad institucional es manifiesta y la equiparación a definitiva de la decisión (punto no discutido por el auto desestimatorio) no puede discutirse.

Es evidente, por todo ello, que el recurso extraordinario es procedente y que, por ello, corresponde declararlo mal concedido y darle curso, para resolver del modo solicitado previamente.

Así se pide a esta Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.


XVII. Petitorio

Por lo expuesto a V.E. solicitamos:

  1. Se tenga por interpuesto en tiempo y forma este recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado.
  2. Se declare mal denegado el recurso y se lo conceda.
  3. Oportunamente se resuelva, conforme lo solicitado, dejando sin efecto las resoluciones del Tribunal Oral que desestimó el pedido de juicio por jurados, de la Cámara de Casación que rechazó el recurso de casación interpuesto contra la resolución del Tribunal Oral y de la Corte Suprema Provincial que se recurre, y se ordene la realización de un juicio por jurados.
  4. En subsidio, se resuelva, conforme lo solicitado dejando sin efecto la resolución de la Corte provincial y ordenando la tramitación de los recursos extraordinarios deducidos ante ella.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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