Opiniones

25/11/2002

Fuente: Criterio N° 2277 - Noviembre 2002 - Año 75

Una explicación necesaria
Comentario

En los últimos días la opinión pública se ha visto conmocionada por información que involucra a personas notorias de la Iglesia en la Argentina.
 

De acuerdo con la versiones periodísticas, el caso de monseñor Edgardo Storni, quien recientemente renunciara como arzobispo de Santa Fe, habría consistido en someter a acoso sexual a seminaristas de su diócesis. Su comportamiento mereció oportunas denuncias ante instancias de la Iglesia, la que dispuso en 1994 una investigación a cargo de monseñor José María Arancibia, cuyos resultados no se hicieron públicos. Hoy se presume que esa investigación fue dispuesta directamente por la Congregación para los Obispos de la Santa Sede. Se sabe además que el entonces nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi, recibió denuncias formuladas por sacerdotes de Santa Fe. Mientras tanto, monseñor Storni desempeñaba su ministerio en un clima de aislamiento creciente, tanto respecto de sus hermanos obispos como de sus feligreses, y con actitudes autoritarias y hasta extorsivas frente a quienes cuestionaban su estilo de gobierno. Al mismo tiempo, se registraron diferencias entre lo ingresado en su diócesis y lo efectivamente aportado con destino a la obras de la Colecta Más por Menos. El caso había tenido cierta trascendencia local, pero volvió a la luz este año a raíz de la publicación de un libro referido a la Iglesia, en muchos aspectos de poco cuidada solidez investigativa. Una vez conocidos y publicados los hechos por la prensa nacional, monseñor Storni renunció a su función, sin reconocer los cargos que se le atribuyen, cuya imputabilidad penal resultaría, de todos modos, jurídicamente discutible.

El episodio que afecta a monseñor Roberto Toledo, quien fuera secretario privado del extinto cardenal Antonio Quarracino y, posteriormente, administrador diocesano de Avellaneda, es bien distinto y está vinculado a la presunta falsificación de documento en relación con la obtención de un importante préstamo gestionado por la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1997 ante la Sociedad Militar Seguro de Vida. El acuerdo contó con la garantía del Banco de Crédito Provincial, cuya quiebra fraudulenta se produjo poco después, lo que motivó el procesamiento y la prisión de sus principales accionistas y directivos (en su mayoría miembros de la familia Trusso), todos ellos estrechamente ligados al cardenal Quarracino y a instituciones de la Iglesia.

Por otra parte, el escándalo mediático que involucra al padre Julio César Grassi, animador de la Fundación Felices los Niños, más allá de las decisiones que corresponden a la Justicia, han puesto de manifiesto el lamentable estado de deterioro ético y profesional de algunos medios masivos de comunicación y de ciertos funcionarios judiciales. Julio César Grassi, sacerdote y guardador judicial, ha sido acusado de abuso de menores. Los elementos que sustentan la acusación hasta el momento son endebles y el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario debe ser defendido. Que el padre Grassi haya aceptado cuantiosos dineros provenientes del mundo político y de la farándula, o que se haya manejado con imprudencia hasta convertirse en un personaje de excesiva y peligrosa exposición pública, no justifican una condena por parte de un periodismo que pretende erigirse inmerecidamente en juez inapelable por encima de la ley. Este tipo de situaciones que involucran a miembros de la Iglesia, sean reales o presuntas, revisten extrema gravedad, como se comprueba en el mundo entero, y exigen redoblada atención en todas sus instancias: formativa, preventiva, canónica.

Estos hechos nos golpean doblemente porque somos parte de una opinión pública perpleja y prevenida ante casos de corrupción, especialmente si son atribuidos a dirigentes de la sociedad, pero también porque somos parte de la Iglesia que amamos y a la cual queremos servir sinceramente. Las siguientes reflexiones responden así a la convicción de que la mejor contribución es la expresión responsable de nuestro pensamiento, aunque esto pueda implicar formular algunas conjeturas de difícil confirmación.

No podríamos comenzar válidamente estas consideraciones sin mencionar ante todo el aspecto subjetivo de los hechos comentados: una dimensión fundamental para comprender el sentido salvífico de la moral católica, que juzga las acciones humanas no sólo por sus circunstancias y consecuencias sino por las intenciones del sujeto. En este ámbito sometemos nuestro juicio al de Dios, el único que puede conocer la frontera interior entre el error y la culpa. Pero es en el plano de la moral objetiva donde los actos individuales comentados se han visto agravados por su repercusión pública y por su contexto.

En el caso de los abusos atribuidos a monseñor Storni, la actual cautela de la Iglesia local ante los hechos publicados y frente a los testimonios de sacerdotes santafesinos permite suponer que el Episcopado estaba, al menos desde la investigación de monseñor Arancibia, enterado de las sospechas. Lo más alarmante es que el Obispo cuestionado continuó en funciones por más de diez años desde los hechos denunciados. De esa forma se comprometió también gravemente el bien común y la credibilidad de la Iglesia en cuestiones de moral sexual. Porque una moral fundada en la castidad como virtud, sobre todo en estos tiempos, se predica mejor en los hechos que con palabras.

El equívoco episodio que involucra a monseñor Toledo tampoco le impidió ejercer, luego de conocido y antes de aclarado el tema, cargos de responsabilidad eclesiástica en su diócesis de origen. Seguramente el hecho de no ser él, aparentemente, beneficiario personal de la maniobra en cuestión, lo habilitó para su promoción y el ejercicio de nuevas funciones pastorales. Pero es lamentable que la Iglesia distinga a quienes han practicado actos de tamaña imprudencia, así sea en representación de terceros o de la misma institución. La proximidad con el poder o el dinero siempre conlleva situaciones de alto riesgo para los miembros de la Iglesia, por aquello de que los hijos de las tinieblas son más astutos en estos asuntos que los hijos de la luz. Por lo demás, la Iglesia en la Argentina se ha embarcado en un indispensable proceso de reforma económica que tiene entre sus pilares fundamentales la búsqueda de transparencia.

Todos los católicos estamos involucrados en el problema, en la medida que somos requeridos a dar explicaciones en nuestros ambientes, y lo que los procesados no expliquen, finalmente deberá hacerlo la institución.

Una reflexión adicional debe ser hecha acerca del modo de informar sobre episodios tan delicados y sobre la ética, o carencia de ella, de ciertos “comunicadores sociales”. No estamos pidiendo que los hechos se silencien, todo lo contrario. El designado administrador apostólico de Santa Fe, monseñor Blanchoud, ha pedido con grandeza y acierto que se descubra la verdad. Monseñor Laguna, por su parte, subrayó que hay que ser prudentes “hasta tanto se expida la justicia, sin ningún temor a la verdad, porque la verdad nos hará libres”. Por lo mismo, es indignante ver cómo ciertos medios utilizan la situación para ofrecer parodias innobles, generalizar indebidamente o mezclar lo que no debe ser mezclado, subordinando el deber de informar a la búsqueda desesperada de rating a cualquier precio o al ajuste de cuentas con ocasionales enemigos.

En la crisis moral que aqueja a nuestra sociedad la penosa actuación de algunos medios masivos de comunicación, en búsqueda del escándalo, no debería sorprendernos. Pero igualmente la Iglesia debe una respuesta tanto a la opinión pública como a los medios que la interpretan. Una respuesta que se manifieste en una más estricta vigilancia y sanción, si cabe, de los desvíos de sus miembros y, simétricamente, en una menor tolerancia ante los medios que la difaman gratuitamente. La opinión pública y, particularmente, los fieles católicos merecemos una explicación autorizada de lo ocurrido. Una explicación respetuosa de las personas afectadas, que por lo tanto distinga lo público de lo que pertenece al ámbito personal; respetuosa de la opinión pública, que explique sin ambigüedades la situación aun con sus notas oscuras y, finalmente, respetuosa consigo misma, que manifieste el esfuerzo de conversión permanente que la Iglesia realiza y que está dispuesta a sostener para confirmar con hechos la transformación que predica y que todos necesitamos.

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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