Novedades del Juicio

25/8/2006

Fuente: Defensa del Padre Grassi

AMPLÍA RECUSACION


Excma. Cámara:

Adrián Maloneay, Luis Osler, Andrea Novello, y Laura Fechino, manteniendo el domicilio legal constituido en el incidente de recusación del Dr.Nieva Woodgate, a V.E. respetuosamente decimos:


I. OBJETO

Que venimos a ampliar la recusación oportunamente interpuesta contra el Dr. Nieva Woodgate, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen:


II. MOTIVACIÓN

Dos son los hechos ocurridos con posterioridad a la recusación inicial y a la ampliación formulada, que nos llevan a ampliar nuevamente las causales denunciadas hasta la fecha.

El primero de ellos, está relacionado con una actuación procesal del Dr. Nieva Woodgate, y el segundo con una actuación pública en la conferencia de prensa realizada con todos los fiscales con fecha 14/6/06.

Respecto de su actuación procesal

En oportunidad de contestar la vista del incidente de reposición planteado por esta parte, a fin de que se revoque por contrario imperio la resolución que hizo lugar al recuso de casación interpuesto por el Dr. Valdez en el Expte. 21634, el Dr. Nieva Woodgate volvió a utilizar su función de Fiscal General para ejercer una defensa de su actuación en virtud de la denuncia penal formulada en su contra.

Ya hemos expuesto que, la denuncia penal formulada en contra de los fiscales de este proceso, que incluye la actuación del recusado, con relación a la supuesta inducción a O.A.(*) a fin de que renuncie a su calidad de particular damnificado, no le permite al Fiscal General ejercer su función en forma objetiva e imparcial.

Y si bien ello se ha demostrado en anteriores dictámenes lo cierto es que se la conducta se ha reiterado en el dictamen mencionado.

Al contestar esa vista, innecesariamente el Fiscal General hizo una especie de resumen de las actuaciones, sosteniendo que en las mismas se trata de definir la calidad de particular damnificado de O.A.(*) que a la que renunció por un error.

Advertirán V.E. que en ninguna ocasión, ninguna de las partes de este proceso, y menos aún V.E. o el Tribunal Oral interviniente han adjudicado a la renuncia de particular damnificado el carácter de error.

El Tribunal Oral Nro. 4 ha dejado claramente establecido que a pedido de O.A.(*) ha existido un asesoramiento del Ministerio Público en las personas de Galarza y Nieva Woodgate, mientras que existe una denuncia penal en contra del Ministerio Público, en virtud de considerar que ha existido una manipulación del testigo; y en este incidente Nro. 21634, el Dr. Valdez directamente adjudica la renuncia a la inducción por parte de los fiscales hacia O.A.(*) a fin de que realice un acto contrario a su voluntad.

Por su parte esta defensa está imposibilitada siquiera de opinar al respecto, toda vez que, tal como consta en estas actuaciones en virtud de la ampliación de la recusación, se ha denunciado a la Dra. Bustamente y al Dr. Nieva Woodgate, en virtud de impedirnos el legítimo acceso a esas actuaciones, quedando en un evidente estado de desigualdad incluso respecto de este incidente.

Sea cual sea la decisión final que se adopten en las distintas actuaciones procesales, lo cierto es que nuevamente el Fiscal General ha tergiversado los hechos de la causa, aprovechando la ocasión de contestar una vista, para sostener que la renuncia a la calidad de particular damnificado se debió a un error del apelante, dejando así salvada o soslayada su responsabilidad en el hecho, y su situación procesal en la causa penal que se le sigue y se nos oculta.

Es evidente que, para contestar la vista que se le requería, ni siquiera tenía necesidad de resumir las actuaciones, pero menos aún de utilizar su función para defenderse de las imputaciones.

Nuevamente debemos sostener que el Fiscal General al encontrarse imputado o sospechado en una causa penal, que tiene relación con las que se siguen en este trámite no puede actuar objetivamente, en tanto que la imputación que sobre él pesa lo lleva a dejar de lado los principios básicos de su función para ejercer su propia defensa.

Esta vista viene entonces a demostrar nuevamente aquello que anticipamos en la primera recusación, tergiversa los hechos, falsea las constancias de la causa, con el sólo fin de mejorar su situación procesal en la conducta que se le atribuye no sólo en la denuncia, sino en este mismo incidente 21634 por parte del Dr. Valdez como representante de O.A.(*).

La verdad es que resulta llamativa la conducta del Dr. Valdez en tanto no advierte las omisiones y falsedades efectuadas en las actuaciones por parte del Dr. Nieva Woodgate; sin embargo esta defensa no está dispuesta a tolerar ningún exceso en la actuación de los funcionarios públicos, menos aún de aquellos que han sido permanentemente cuestionados y que demuestran una clara postura en contra de Julio César Grassi, en esta instancia y a lo largo de todo este proceso.

En cuanto a los fundamentos jurídicos que hacen a esta ampliación de la recusación nos remitimos a los expuestos oportunamente al explicar la parcialidad demostrada por el Fiscal General al asumir un triple rol en el mismo expediente, constituido por ser Fiscal, imputado, e incluso testigo de la reunión informativa que quedó asentada en el expediente judicial.

Respecto de su participación en la conferencia de prensa
Lamentablemente esta defensa está acostumbrada a las apariciones públicas de los miembros de la fiscalía, en consonancia con las apariciones públicas de quienes tienen intereses en contra de nuestro asistido.

Estas conductas se han reiterado a lo largo de la IPP, y nuevamente se reiteran en esta etapa, luego de varias conferencias de prensa realizadas por la Sra. Estela de Carlotto y el Dr. Gallego en las que presionan no sólo a la opinión pública a prejuzgar en contra de Julio Grassi, sino también a los funcionario públicos que intervienen en las actuaciones.

Varias fueron las falsedades expresadas por estas dos personas desde el comienzo, y últimamente se han manifestado en todos los medios de comunicación con otras falsedades tendientes a perjudicar la imagen pública del Tribunal Oral Nro. 4, a nuestro asistido, y a los fiscales.

Sin embargo, el Dr. Nieva Woodgate que tiene como función atribuida por la Ley de Ministerio Público difundir objetivamente los pormenores de la causa, ha contribuido al caos de información generado por la Sra. Carlotto y por el Dr. Gallego expresándose falsamente en una conferencia de prensa que, llamativamente, tuvo lugar luego de que la Dra. Falbo recibiera a estas dos personas en su público despacho, hecho que generó una conferencia de prensa por parte de Gallego y la Sra. Carlotto.

Tal como es de conocimiento de V.E. pretensos particulares damnificados, han formulado diversas denuncias contra los funcionarios de Tribunal Oral Nro. 4 de las que esta parte no ha tenido conocimiento por una actitud ilícita de la Dra. Bustamante y del Dr. Nieva Woodgate, conducta que se encuentra denunciada penalmente y ante la Procuración General.

En la conferencia de prensa realizada por los fiscales intervinientes en la Causa 1422, junto con los Dres. Bustamante y Nieva Woodgate, este último difundió información falsa con el claro fin de perjudicar a nuestro defendido y a los funcionarios del Tribunal Oral Nro. 4.

La verdad es que si bien esta defensa -como dijimos- está acostumbrada a la conducta del Dr. Nieva Woodgate en perjuicio Grassi, lo cierto es que esta es la primera vez que directamente perjudica a los funcionarios del mismo Poder Judicial al que pertenece, con el sólo fin de beneficiar claramente los intereses del Dr. Gallego.

En esa conferencia de prensa el Dr. Nieva Woodgate tomó la palabra para informar que los jueces del Tribunal Oral 4 se encontraban denunciados penalmente por prohibir el ingreso a la sala de audiencias al Dr. Gallego, y sostuvo:

“... En ese expediente, conforme a la decisión que tomó la Dra. Bustamante se dio por acreditado que los hechos efectivamente sucedieron como se denunció...”

En el contexto de las causales de recusación contra los jueces del Tribunal Oral se mencionó la existencia de esta denuncia, y se informó que se dieron por acreditados los hechos denunciados.

Sin embargo, nunca se informó que el expediente se archivó por inexistencia de delito. Nunca se informó que la decisión procesal, que es la única válida para una causa penal, que adoptó la Dra. Bustamente fue el archivo de las actuaciones penales.

De esta forma se difundió información falsa, e incompleta con el sólo fin de confundir a la opinión pública en contra del imputado Julio Grassi y de los miembros del Tribunal Oral, respecto de quienes justamente se estaba informando una supuesta actitud parcial en contra de los intereses fiscales y en beneficio de nuestro asistido.

La verdad es que en esta ocasión ya se excede todas las sospechas de falta de objetividad, y de la persecución de un interés absolutamente distinto de la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley. El Dr. Nieva Woodgate, ha utilizado su función de Fiscal General y las facultades que le otorga la ley de Ministerio de ser el vocero de la jurisdicción, para perjudicar la imagen pública de los funcionarios judiciales en pos de los intereses del Dr. Gallego.

De esta forma, y ante la opinión pública ha quedado expuesto por la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Morón, que los hechos denunciados por Gallego se encuentran probados en la causa penal, sin aclarar que los mismos no configuran delito.

Cuál es la importancia de acreditar o no la concurrencia de determinados hechos en sede penal, si los mismos no resultan reprochables penalmente. De hecho la única trascendencia que puede tener para el público espectador, es si el tribunal cometió o no delito, si la conducta que el Dr. Gallego denunció es o no delito, o bien si de la misma surge algún perjuicio para alguna de las partes del proceso, o bien algún beneficio para otras.

Nunca el Fiscal General aclaró el archivo de las actuaciones, ni tampoco aclaró que la presencia o ausencia del Dr. Gallego en esa audiencia no tenía ninguna implicancia en tanto al no ser parte en el Expte. ninguna conducta podía realizar.

Nunca se aclaró ante la opinión pública que la Dra. Míngolo que se encontraba a su lado en la misma conferencia de prensa, estuvo presente en la audiencia preliminar a la que se le impidió el acceso al Dr. Gallego, y ninguna objeción puso al respecto ni en esa oportunidad ni con posterioridad.

Nunca aclaró que la Dra. Míngolo tomó conocimiento en el mismo instante que el Tribunal Oral y que esta defensa, que el Dr. Gallego pretendía ingresar a la sala, y ninguna manifestación hizo al respecto, ni ninguna constancia solicitó que se dejara en el acta respectiva, en virtud de que evidentemente ninguna irregularidad observó en la conducta del Tribunal
Pero a su vez, mientras informaba falsamente a la opinión pública acerca de las supuestas conductas del Tribunal Oral, le cedió la palabra a la Dra. Bustamante cuya presencia sólo se justificaba en una estrategia previa dirigida a hablar de la denuncia contra el Tribunal Oral y darle con su palabra mayor contundencia a las palabras del Dr. Nieva Woodgate, por ser quien supuestamente adoptó esa decisión y quien dio por acreditado los hechos denunciados.

La Dra. Bustamante, tampoco fue capaz de aclarar que su decisión fue la de archivar la denuncia por inexistencia de delito, lo que demuestra que esa conferencia de prensa consistió en una puesta en escena para desinformar a la opinión pública, y para demostrar al Dr. Gallego y los intereses que representa, que han cedido a sus pretensiones y han tomado acciones en contra del Tribunal Oral Nro. 4 como el letrado lo venía exigiendo en todos los medios de comunicación, en conferencias de prensa y ante la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Falbo.

Si bien es la misma conducta que debe atribuirse a todos los intervinientes, cierto es que ante V. E. sólo corresponde recusar al Fiscal General, mientras que respecto del resto se acudirá ante los órganos correspondientes.

La verdad, es que mediáticamente esta defensa ha tolerado cualquier intromisión por parte del Dr. Gallego, y una campaña de gran impacto público basada en la difusión de terribles falsedades, todas ellas en perjuicio de nuestro asistido. Falsedades que han versado entre que Grassi se escapa de noche para abusar de los menores, como que existe una connivencia entre estos defensores y los jueces del Tribunal Oral.

Pero de ninguna manera pueden tolerarse campañas públicas basada en la difusión de información falsa o parcial, con una ultraintención dirigida a obtener un resultado determinado en las actuaciones por parte de los fiscales.

Menos aún cuando ese interés o ultraintención está perfectamente identificado y es justamente el mismo de quien tiene intereses contrapuestos con nuestro asistido.

Es claro, que todas estas acciones adoptadas en forma absolutamente extemporánea, ha tenido como guía satisfacer los intereses del Dr. Gallego y los injustificados reclamos mediáticos, judiciales y extrajudiciales realizados ante funcionarios, y ante todos los medios.

A fin de dar razón de estas manifestaciones nos vemos en la obligación de resumir las publicaciones en los medios de comunicación que fueron el antecedente de la conferencia de prensa de los fiscales y de la recusación anunciada de los miembros del Tribunal Oral.

El día 8 de junio del corriente la Sra. Carlotto y el Dr. Gallego se reunieron con la Dra. Falbo.

A pesar de que la denuncia contra el TOC 4 se encontraba archivada por decisión de la Dra. Bustamante el diario página 12 (medio adicto u oficial de todas las publicaciones falsas del Dr. Gallego) publicó:

“... La denuncia de Carlotto y Gallego puso bajo sospecha a los tres jueces del tribunal oral N° 4 ... y a los fiscales que desecharon prueba comprometedora para el sacerdote. Elementos que podrían dar por tierra el propio juicio hasta que se resuelva si hubo o no parcialidad de quienes deberían haber impartido justicia...” publicado en www.pagina12.com.ar 9/6/06.

“...El abogado considera que esta audiencia resulta “de nulidad absoluta” y debe realizarse otra vez” publicado en www.clarin.com.ar 9/6/06
“...Tanto el tribunal como la fiscalía de juicio accedieron a la demanda que efectuó la numerosa y costosa defensa del cura...” publicado en www.pagina12.com.ar 10/06/06.

“... allí a propuesta de la defensa de Grassi y con el aval de los fiscales y el tribunal, se desecharon testigos claves que fueron determinantes durante el proceso de instrucción que terminó con el procesamiento y el envío a juicio oral del mentor de la Fundación Felices los Niños...” publicado en www.pagina12.com.ar 9/6/06.

“...luego de la reunión de Carlotto con Falbo, la Procuración pediría cambiar a los fiscales. En principio solo quedaría Mingolo...” publicado en www.pagina12.com.ar 13/06/06.


Estas notas son tan solo un ejemplo de las presiones públicas ejercidas por el Dr. Gallego en los medios de comunicación hacia los fiscales y hacia los miembros del Tribunal Oral.

Es evidente que los funcionarios del Ministerio Público de Morón, cuyo representante máximo es el Dr. Nieva Woodgate han actuado en función de los intereses del Dr. Gallego y han cedido a todas las presiones ejercidas, a través de las conductas adoptadas por los fiscales del juicio, de las que el Fiscal General no es ajeno en tanto salió como Jefe de los fiscales a anunciarlas públicamente y a avalarlas.

Todas las acciones anunciadas en esa conferencia de prensa y formuladas en el expediente contemplan una a una las peticiones del Dr. Gallego:

- Apartar los miembros del tribunal oral.

- Anular la audiencia preliminar de prueba de la que no pudo participar.

- Difamar al tribunal oral por la supuesta negativa a incorporar un informe pericial, que nunca fue ofrecido como prueba por los propios fiscales que daban la conferencia de prensa, ni antes de la audiencia preliminar, ni luego de tener conocimiento de ella.

- Contribuir a la difamación de los miembros del Tribunal Oral iniciada por el Dr. Gallego y la Sra Carlotto, al sostener tergiversadamente que los hechos denunciados por el letrado fueron acreditados, sin tener la mínima objetividad en la difusión de la información.

Estas fueron las presiones ejercidas por Gallego y Carlotto y la respuesta fue, no solo la conferencia de prensa, con un libreto diagramado para el caso y una distribución de roles perfectamente definida, sino que además fue acompañado con las acciones procesales allí anunciadas.

Se presentó la recusación al tribunal, por un supuesto prejuzgamiento en virtud de una nota periodística otorgada solo por el presidente. En esa recusación se incluyó la existencia de un sumario -que esta defensa desconoce- respecto de los miembros del tribunal en virtud de la supuesta prohibición de ingreso al Dr. Gallego, cuando este hecho fue conocido por la Fiscal Míngolo el mismo día en que sucedió, es decir el día 22 de febrero del corriente, y por último se solicito la nulidad de la audiencia de prueba de la cual también participo la Dra. Míngolo, en la que no sólo no existió ninguna irregularidad sino que ni siquiera los fiscales que intervinieron realizaron ninguna objeción.

Vale aclarar que el Presidente del Tribunal en el mismo momento en que el Dr. Gallego pretendía ingresar a la audiencia preliminar puso en conocimiento de las partes (defensa y fiscalía) de lo que estaba ocurriendo y la Dra. Míngolo no realizó ninguna petición ni formuló ninguna aclaración u objeción respecto de la actitud del Tribunal Oral. (VER COMO LO RECUERDAN LUIS Y ADRIAN).

Todas estas cuestiones resultan de vital trascendencia para evaluar la conducta de los fiscales, en tanto primero consienten los actos del Tribunal Oral sin realizar objeciones, y luego frente a las pretensiones del Dr. Gallego, de manera absolutamente extemporánea son utilizadas para fundar una recusación y una supuesta actitud parcial de los miembros del Tribunal Oral.

Es evidente que las denuncias públicas, la presión ejercida por el Dr. Gallego, y por el Comité que representa la Sra. Carlotto, han influido en la conducta de los fiscales, olvidando estos funcionarios que sólo deben guiar su accionar en la búsqueda de la verdad en todas sus expresiones.

Como dijimos, ya durante toda la IPP esta defensa se vio constreñida a padecer actitudes de parcialidad en perjuicio de Grassi, y de difamaciones en los medios de comunicación. Sin embargo en esta ocasión se ha demostrado que no existen límites, ni éticos ni jurídicos, que el Dr. Nieva Woodgate y los funcionarios de inferior jerarquía estén dispuestos a tolerar.

Se ha difamado a funcionarios del propio Poder Judicial con tal de ceder a las pretensiones de un letrado que ni siquiera se puede determinar cuál es el interés que persigue, en tanto que si representa al Comité de Seguimiento y Aplicación de la Comisión de los Derechos del Niño, debería tener como guía el recto accionar del Estado (Poder Judicial incluído) a fin de averiguar la verdad.

Incluso, como lo hemos expuesto en anteriores ocasiones debería estar dedicado al control del cumplimiento de las más elementales garantías y derechos de los niños por parte del Estado, y no a realizar intervenciones tardías e impropias en una causa donde el Estado no interviene como parte, ni se encuentra cuestionado el cumplimiento de sus obligaciones para con los menores.

Independientemente de ello, y de los intereses que persiga el Dr. Gallego y el comité que representa lo cierto es que el Fiscal General y el resto de los integrantes del Ministerio Público deben guiar su conducta con objetividad, respetando ante todo la estricta aplicación de la ley, hecho que no ocurre en este caso, y menos aún respecto de las conductas denunciadas.


3.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, debemos denunciar un hecho nuevo que si bien afecta la objetividad e imparcialidad de la Dra. Míngolo y del resto de los fiscales actuantes ante el Tribunal Oral, se traslada al Dr. Nieva Woodgate y constituye una nueva causal de recusación a su respecto.

En una audiencia informal mantenida en la sede del Tribunal Oral en la que se trataban cuestiones ordenatorias del debate próximo a realizarse, una vez que se retiraron los miembros del Tribunal Oral, la Dra. Míngolo manifestó frente al Dr. Varela que ya en una oportunidad había sido recriminada su conducta por parte del Fiscal General, al haber recibido a esta defensa en su público despacho a fin de compulsar expedientes de menores que allí se encontraban.

Asimismo, se manifestó temerosa y presionada de perder su puesto de trabajo por su intervención en esta causa.

Si bien esto hace a la recusación de la funcionaria y del Dr. Varela que confirmó estas afirmaciones, y constituyen motivo de recusación en otra sede, lo cierto es que evidentemente por las manifestaciones de la Dra. Míngolo se puede advertir que el Dr. Nieva Woodgate como Fiscal General, dirige a sus inferiores jerárquicos de una manera impropia absolutamente ajena a la ética profesional y a la lealtad procesal.

Recriminar como Jefe de Fiscales una conducta absolutamente normal y fuera de toda ilegalidad, impidiendo ejercer la labor profesional de una forma cordial y ética, resulta una actitud impropia de un magistrado que acarrea no sólo temores en sus inferiores, sino que además perjudica el normal desarrollo del proceso. A partir de esta recriminación la Dra. Míngolo nunca más nos recibido en su público despacho.

Si bien el Fiscal General puede dirigir su función como mejor convenga al orden disciplinarios de la jurisdicción, lo cierto es que la libertad de acción otorgada por la Ley de Ministerio Público, no le permite hacerlo a través de infundir temor en sus inferiores jerárquicos a fin de que cumplan con sus directivas, y a su vez las órdenes que el mismo debe impartir deben adecuarse a las directivas generales de la ley, y no a ejercer su poder de manera indiscriminada.

Es evidente que todos los fiscales que actúan en esta jurisdicción, al menos en esta causa, guían su accionar según las directivas del Fiscal General, lo que impide el normal desarrollo de la función de control de legalidad que poseen estos funcionarios atribuida por la ley, y a su vez impide la revisión de las decisiones en una segunda instancia procesal.

Ello así, en tanto que si cada decisión que se adopta es en virtud de una orden del Fiscal General, ningún sentido tiene luego el posible recurso de apelación ante este funcionario público.

Demás está decir que todo funcionario debe ejercer libremente su labor, sin ser objeto de presiones ni temores, y menos aún ser objeto de presiones y temores por quien tiene la función esencial de ejercer el control de legalidad y la aplicación estricta de la ley.

Es evidente, de acuerdo a las manifestaciones de la Dra. Míngolo, consentidas por el Dr. Varela presente en la misma conversación, que los funcionarios que ejercer la tan loable función de averiguar estrictamente la verdad de los hechos, se ven impedidos de ejercerla libremente, y ello resulta perjuicio suficiente para el imputado, que no cuenta con funcionarios que persigan defender la legalidad y la objetividad en el proceso penal con el respeto de las garantías constitucionales, sino respetar sin miramientos las órdenes y decisiones del Dr. Nieva Woodgat, inspirados en el temor de perder sus puestos.

Si la Dra. Míngolo dejó de recibir a estos defensores en su público despacho por órdenes del Dr. Nieva Woodgate, cuando esta conducta ningún perjuicio traía aparejada a la causa o a su función, por el contrario sumaba cordialidad, buen trato, y diligencia procesal, nunca podremos esperar una actitud objetiva de su parte sino simplemente el cumplimiento estricto aunque ilógico e inverosimil de las órdenes del Fiscal General.

Es por tal razón que el Dr. Nieva Woodgate, no se encuentra en condiciones de ejercer su función de Fiscal General en estas actuaciones, en tanto su guía es infundir temor a los funcionarios que actúan en ella, y a través de ese temor lograr acciones directas de los mismos, sean estas ajustadas o no a derecho.

Si frente a una conducta tan irrelevante la Dra. Míngolo fue recriminada en su accionar, y el temor que le provocó esa recriminación le impidió recibirnos nuevamente en su público despacho, resulta obvio que en cuestiones de mayor trascendencia, siempre consultará al Fiscal General cuál debe ser su accionar a fin de evitar el temor de perder su puesto de trabajo.

No es posible imaginar qué podría ocurrir si luego de desarrollado el debate la Fiscal General Adjunta considera que corresponde solicitar la absolución, o bien frente a una cuestión incidental considera que le asiste razón a esta defensa. Si bien debería actuar conforme su criterio jurídico aún a favor del imputado como lo manda la ley, lo cierto es que siempre se verá constreñida a consultar al Fiscal General y actuará según sus directivas a fin de evitar recriminaciones y mantener su puesto de trabajo.

En definitiva, el Fiscal General está ejerciendo su función de manera impropia carente de objetividad e imparcialidad y por tal motivo debe ser apartado de su función, así como también debe evitarse que continúe en su función de Fiscal General en todo lo relacionado con estas actuaciones más allá de su actuación frente a V.E.


Conclusiones

Lamentablemente las situaciones denunciadas poseen una gravedad institucional prácticamente sin precedentes.

Nunca hemos actuado en una causa, o tomado conocimiento que en una causa judicial funcionarios del Ministerio Público dejen de lado los mínimos principios legales, constitucionales, éticos y procesales para favorecer intereses ajenos a la aplicación de la ley, y perjudicar directamente a un imputado, y a otros funcionarios judiciales que sólo han aplicado su criterio procesal.

Nunca funcionarios del Minsiterio Público han contribuido a la difamación pública de otros miembros del Poder Judicial como lo han hecho los Dres. Nieva Woodgate, Bustamante, Míngolo, Varela, y Rodriguez.

No se trata de una postura de esta defensa acerca de las acciones adoptadas por los funcionarios del Tribunal Oral, ni de encontrarnos en una postura o en otra respecto de los mismos, sino de defender la legalidad de un proceso penal, de respetar el derecho que tiene Julio Cesar Grassi a obtener justicia.

Ya desde el comienzo de este proceso la causa tomó estado público porque la denuncia fue pública, la denuncia, al menos de los hechos sometidos a juicio ha sido generada por un medio de comunicación, por un programa de televisión, y hasta allí resultaba tolerable que quienes formularan la denuncia se defendieran públicamente e incluso lo hicieran en forma falsa, tergiversada, e impropia ajena a la objetividad y ética que también debe regir la profesión de periodista.

Pero los funcionarios judiciales, en especial el Dr. Nieva Woodgate y la Dra. Bustamante tuvieron durante la IPP apariciones públicas en las que directamente se perjudicaba la imagen de nuestro asistido, se mentía a la opinión pública, se prejuzgó al sacerdote, de manera tal que se obtuviera una condena pública antes de un juicio justo como lo exige la Constitución Nacional.

Es por tal razón que al ser elevada la causa a juicio se recusó a todos los funcionarios de esta jurisdicción en tanto demostraban poseer intereses ajenos a la averiguación de la verdad, y no se advertían visos de obtener en esta jurisdicción de Morón un juicio ajustado a derecho.

Frente a las resoluciones judiciales en todas las instancias se aceptaron las mismas y tanto el imputado como esta defensa se sometió al juzgamiento en esta jurisdicción y se aceptaron jurídicamente todas las resoluciones del Tribunal Oral N° 4 que en modo alguno beneficiaron a esta parte, mientras que muchas de ellas recurridas, y respecto de otras que no acogían las pretensiones formuladas se efectuaron reservas.

Sin embargo, frente al derecho de obtener un juicio justo, y un proceso penal ajustado a las garantías constitucionales, el imputado debe tolerar sistemáticamente injerencias de terceros que ponen en crisis el proceso mismo que se pretende llevar adelante, y lo que es peor aún, avalados esos intereses por funcionarios del Ministerio Público que no tienen ningún reparo en mentir e incriminar falsamente todo tipo de conductas sin poner en ello el más mínimo celo profesional y ético.

Frente a las acciones del Ministerio Público que solamente guía su accionar a las pretensiones y presiones del Dr. Gallego nos encontramos en el punto de partida en el que se sostuvo fundadamente que ningún miembro del Ministerio Público estaba en condiciones de llevar adelante este proceso penal.

Actualmente y nos pesa aceptarlo en virtud de que con ello no queda más remedio que aceptar la absoluta parcialidad de los miembros intervinientes del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Gallego ha obtenido todo lo que deseaba: la suspensión del juicio oral, la recusación de los miembros del Tribunal Oral, el pedido de nulidad de la audiencia preliminar en la que no pudo participar por no ser parte, y el cuestionamiento público y procesal de la conducta de los magistrados.

Es evidente que estas pretensiones no podía ejercerlas en su carácter de letrado por no ser parte en las actuaciones, y no es parte porque su propio asistido lo revocó pero encontró definitivamente el modo de hacerlo a través de la presión ejercida hacia todos los fiscales.

El estado de desigualdad en que se encuentra el imputado es tal que, no es posible siquiera esperar una mínima conducta de los miembros del Ministerio Público ajustada a la ley, sino a las pretensiones del Dr. Gallego y a las del Dr. Nieva Woodgate, a través del temor que éste pueda infundir en el resto de sus dependientes jerárquicos.

De este modo no es posible someterse a ningún proceso penal, donde no existe código ni ley que no sea aquella que acepten estos dos letrados, uno ajeno por el momento al expediente, y el otro ejerciendo la máxima autoridad fiscal del Departamento Judicial.

Ya habíamos anticipado en este mismo expediente al adjuntar la nota periodística otorgada por el Dr. Enrique Stola (a ella nos remitimos) que éste y el Dr. Gallego no aceptaban ninguna resolución que no se ajustara a sus pretensiones, y que frente a este supuesto tenían una nueva modalidad de intervención judicial consistente en utilizar los medios de comunicación para infundir temor en los magistrados y de esta forma obligarlos a que resuelvan conforme a sus pretensiones. Esta es la forma en que se han manejado y este es el resultado.

Es evidente que la presente recusación es la única salvaguarda que puede tener el imputado para esperar la realización de un juicio justo, adecuado solo a las normas y a las garantías constitucionales de la que es titular.

La única gravedad institucional que se da en estas actuaciones esta constituida por la falta de ética, la carencia absoluta de fiscales como controladores del proceso, y la imposibilidad de que el imputado tenga un proceso ajustado a la norma.

Lo único que pretende esta defensa a través de la presente recusación es el respeto a la norma, a la constitución y a la ética que debe regir la conducta de todos los funcionarios judiciales.

(*) El texto original menciona nombres y apellidos, nosotros no podemos hacerlo por disposición judicial.

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E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




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