Noticias

4/2/2004

Fuente: ambitoweb

En la Justicia de nuestro país se puede juzgar al ya juzgado

El caso Grassi es un compendio inédito de parcialidad en la Justicia argentina


Posiblemente este año se vaya a realizar en el partido bonaerense de Morón la parodia de juzgar al sacerdote Julio Grassi, que en lugar de tres jueces, inexorablemente comprometidos si son de allí (y probablemente también si fueran de otra zona por el corporativismo judicial) esgrime el derecho constitucional, que viene desde 1853, a un jurado de ciudadanos comunes para dictaminar su culpabilidad o no. El real «pecado» de este religioso es haber creado una organización asistencial exitosa para niños de la calle, inclusive reconocida internacionalmente porque hasta recibe donaciones desde Estados Unidos. En un país que inventó la guillotina horizontal para quien asome la cabeza, Grassi tuvo fuerte exposición pública, lo cual agrava rencores en mediocres y envidia entre cercanos. Desde pedir los vueltos en monedas en los peajes hasta programas radiales o presentaciones televisivas, este sacerdote recurrió a toda forma legítima para recaudar y crear su obra, extendida hoy a 9 provincias argentinas. En un país como el nuestro, el logro conlleva el riesgo. No el riesgo normal de triunfar o fracasar, lógico en cualquier emprendimiento, sino el de quienes se sienten a la altura del que triunfa serruchándole su pedestal.
 

Que el sacerdote Julio Grassi haya pedido que su juicio oral sea ante un jurado de civiles comunes y no de magistrados desde ya es forma constitucional, aunque no reglamentada. Aparte, el pedido ratifica que es un caso especial que dejará marcas en la Justicia, no sólo bonaerense. No es habitual, ciertamente, el juzgamiento de una persona víctima de persecución judicial, alguien aprisionado por la disputa feroz entre miembros del Poder Judicial de Morón -fuero penal contra fuero de menores-, condenado a priori por una prensa interesada en castigarlo e introducido el presunto inculpado en los túneles más oscuros del andamiaje jurídico invocándose semejanza con otros hechos reales ocurridos, inclusive con religiosos para colmo, con frecuencia aquí y en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Pero, obviamente, nadie puede ser condenado «por semejanza».

Dejemos que el aspecto jurídico lo trate una jurista especialista como la Dra. Diana Jure, que fue destacada jueza de menores y con 20 años de carrera dentro de la propia Justicia.

Más allá del dolor lógico de quien se siente inocente, es apasionante el tema de un sacerdote acusado cuando hasta la mayoría de quienes lo inculpan lo presumen inocente. Pero resulta que debe ser llevado a juicio porque, de no suceder, se derrumbaría más de la mitad del Poder Judicial penal de un partido bonaerense, como es Morón. Y aunque suene a barbaridad, inimaginable con racionalidad, hasta debería ser condenado aun sin pruebas por los intereses en juego. Si no se lo condena sucede eso, salta por el aire más de la mitad del fuero penal de primera instancia de Morón. Recuérdese que el fiscal general allí, Federico Nieva Woodgate, que dirigía a los que investigaban públicamente, declaró que Grassi «iba hacia el cadalso».

También que la fiscal Rita Bustamante -totalmente subordinada a cualquier propósito de su jefe, Nieva Woodgate-le aconsejó al sacerdote en la indagatoria que le efectuó que se resignara y leyera «El Proceso», libro de Kafka donde el protagonista es ejecutado sin que supiera nunca por qué. Finalmente recuérdese que el juez «de garantías» del lugar, Humberto Meade, prejuzgó también y dijo que en el dormitorio del sacerdote había un «lecho nupcial» para violar niños «con música y todo». Luego debió excusarse y apartarse urgentemente del caso al comprobarse, inclusive con fotos publicadas en la prensa, que el religioso tenía un modesto camastro en una pieza con techo de madera y que los equipos y altoparlantes eran de los chicos internados para uso en fiestas que los guardaban allí por robo de los anteriores.

¿Como quedarían estos jueces y fiscales para seguir ejerciendo en la Justicia si, además de parcialidad manifiesta y gravísimos errores de parcialidad, mintieron y está comprobado?

Dijeron, por caso, que se enteraron y actuaron frente a los «cargos contra Grassi difundidos por un programa televisivo». Pero desde mucho antes estaban relacionados con ese programa, suministrándole información y hasta violando la ley al permitirle filmar carátulas de expedientes de menores. No olvidemos que fueron presentados, en «Canal 13», siete casos de presunta violación por parte del religioso y 6 chicos lo negaron después denunciando haber sido engañados y quedando sólo uno, el del hoy adulto «Gabriel», O.A.(*). Este «Gabriel» opera con un psicólogo, Enrique Stola, que admitió que es un activista de izquierda y que participó «Gabriel» en los desmanes y saqueos del 20 de diciembre que provocaron, en 2001, la caída del ex presidente Fernando de la Rúa. En consecuencia hay hasta un agregado ideológico en el ataque al sacerdote Grassi y su obra asistencial única en el país.

Hay decenas de pruebas más de la falsedad de acusaciones contra Julio Grassi. Y además está la lógica: sería el primer caso en el mundo de un eventual pederasta que para efectuar aberraciones sexuales con menores funda una organización modelo donde hoy se atiende a 6.400 niños de la calle carenciados y distribuidos en 9 provincias donde tiene sedes propias. ¿Resiste eso la lógica?

Pero observemos el otro lado dramático de este singular hecho que ahora empieza a trascender. Por deducción nuestra de lo que expresa la Dra. Jure en aspectos puntuales jurídicos, si un estrado de 3 jueces de Morón, que hasta ahora deberían juzgar al religioso, se pronuncian con sentido corporativo judicial en favor de jueces y fiscales colegas de la zona comprometidos, deberían declarar culpable al religioso, aunque sea inocente, porque así los salvaguardan. Pero, a su vez, comprometerían a más de 50 jueces de menores que enviaron a chicos de la calle a ese refugio bonaerense de Grassi y también a los de otras 9 provincias porque el Estado no tiene suficientes instituciones. Menos aun como la Fundación Felices Los Niños, con atención desde bebés hasta los 21 años, incluyendo estudios hasta completar el polimodal. Los jueces de menores quedarían mal parados porque deben averiguar cada tanto el estado de cada uno de sus menores internados y nunca tuvieron acusaciones de abusos. Porque de hecho no las hubo (la causa se inicia por anónimos volcados en buzones cercanos -se comprobó- a la sede de la Fundación y se atribuyen a ex empleados despedidos) en un establecimiento donde el sacerdote Grassi administraba y recogía donaciones pero actuaban monjas, celadores y asistentes sociales en la atención diaria directa de los internados.

Ningún juez de menores tuvo reclamos de los chicos remitidos. Sí anónimos, que los recibió la secretaria de un tribunal de menores de Morón, la Dra. Mirta Ravena Godoy, cuando no había juez titular y subrogaba el luego excusado por parcial Humberto Meade. Esta secretaria investigó a la Fundación, determinó que los anónimos provenían siempre de esa Casilla de Correo y que no tenían fundamento para profundizar la investigación.

Cuando Ravena Godoy no logra ser jueza de menores en Morón, al cubrirse por concurso el cargo con otra aspirante y pese a la recomendación de su amigo juez Meade para que fuera para ella, se desata el «caso Grassi» por rencores subsistentes. Se retoman los anónimos que habían sido descartados tras investigarlos, se hace contacto con ex empleados para lograr acusaciones, aparece el psicólogo Stola que con una fundación pequeña odiaba a la más completa de Grassi y se buscan medios de difusión masivos para lanzar la conjura contra el sacerdote. El periodista de «América» Jorge Lanata no lo aceptó. Declaró el periodista Rolando Graña, de «Punto Doc», que tampoco lo tomó y señaló públicamente que lo rechazó «porque había que pagar sobornos» (para quienes tuvieran que inventarse como acusadores de Grassi). Allí aparece «Telenoche», del monopolio «Clarín», que acepta pagar los costos y hasta lleva en remises al canal a eventuales acusadores para «hacerles la cabeza», según declaró un menor, para luego filmarlos en el canal. Héctor Magnetto, de «Clarín», en realidad odiaba al grupo de Jorge Born, Jorge «Corcho» Rodríguez y el fallecido Rodolfo Galimberti porque se negaron a llevar a su patrocinada Susana Giménez de «Telefé» a «Canal 13». Querían condenar a ese terceto y una pieza clave era el padre Grassi por aquella colecta por televisión. Grassi no fue a declarar, Oscar Salvi como abogado ganó el juicio y esto histerizó a los directivos de «Clarín». Justo allí aparece la propuesta de retorno de «Telenoche investiga», donde María Laura Santillán necesitaba «algo fuerte» para convencer al canal de devolverla a la pantalla. Y se entusiasma con el «caso Grassi», elaborado judicialmente en Morón aunque hubiera que pagar «algunos sobornos» para hacerlo creíble.

Un accionar corporativo judicial de un tribunal de Morón, declarándolo culpable de abusos para salvar a colegas, no sólo sería injusto, frente a la endeblez de la acusación, sino porque desde el inicio se privaría al acusado del derecho de presunción de inocencia que prevé la ley. Así, falseadas las cosas, quedarían afectados por presunta «ceguera ante los hechos» muchos jueces de menores. No sería la única cuestión. Pensemos en los innumerables juicios iniciados por Grassi por la falsedad de las acusaciones, muchos de ellos hacia el grupo «Clarín», que hoy tiene que desesperarse por verlo condenado -con pruebas o sin ellas- porque se afectarían sus intereses y perderían por calumnias e injurias varios de sus productores y periodistas televisivos. Con esto entendemos por qué «Clarín» y otra prensa cómplice incitan permanentemente a «crear clima» para una condena previa por la prensa que condicione a los magistrados que juzgarán.

¿Cómo quedaría el ex presidente Eduardo Duhalde, que donó su ex quinta particular de San Vicente a la Fundación del padre Grassi para que atienda bajo su dirección a niños carenciados de la zona, tal como funciona actualmente? ¿Cómo quedaría el actual presidente, Néstor Kirchner, que en Santa Cruz hizo donaciones como gobernador para que Grassi atendiera a chicos carenciados en esa provincia? ¿Cómo quedaría la misma Fundación, siendo el instituto asistencial más famoso y completo de la Argentina y el que más donaciones recibe desde el exterior? Podría decirse que la Fundación se destruiría y vendría el desamparo para más de 6.000 chicos, ajenos a quienes tramaron contra el religioso fijándose sólo en disputas internas de la Justicia de Morón entre aspirantes a cubrir cargos, más las necesidades de «programas fuertes» televisivos o disputas por estrellas de TV, y con agregados de envidias de ONG (organizaciones no gubernamentales) peleando por los subsidios del Estado para ese tipo de entes asistenciales según la cantidad de niños que atiendan.

Y no olvidemos el rencor de ex empleados despedidos para completar el «coctel» capaz de arrasar judicialmente la imparcialidad de un juzgamiento hoy en Morón.

Por todo esto es un caso decisivo, donde la justicia final pareciera sojuzgada frente a esos tremendos intereses en juego a nivel que no aseguran equidad al acusado. Es comprensible que con este panorama de circunstancias excepcionales, para nada habituales, sólo un jurado de personas comunes imparciales y no magistrados presionados efectúen el juzgamiento de este sacerdote. Sobre todo porque es constitucional la forma solicitada, aunque resultara excepcional. De hecho también es excepcional el panorama que envuelve este caso.


(*) El texto original menciona nombres y apellidos, nosotros no podemos hacerlo por disposición judicial.

Link al artículo original

Link permanente a este ítem

E N C U E S T A
Padre Grassi:
¿Inocente o culpable?




Ver resultados
(Luego de votar cierre la ventana)
Comienzo encuesta: 21/12/2008