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8/9/2004

Fuente: La Nación

Para los menores, sólo promesas
La crisis de la seguridad: la Suprema Corte bonaerense analiza la situación

La vicegobernadora Graciela Giannettasio reconoce que la legislación está en mora
  • La Subsecretaría de Minoridad tiene un presupuesto de 88 millones
  • Solamente doce millones se utilizan para sostener a los institutos funcionando
  • El resto se gasta en sueldos
 

LA PLATA.- La crisis desatada en la provincia de Buenos Aries por la detención de menores en comisarías, que incluyó acusaciones entre funcionarios políticos y judiciales, dejó al descubierto, una vez más, las deficiencias que presenta el sistema tutelar bonaerense.

Según estimaciones del gobierno bonaerense, en el 60% de los 20 mil delitos que se denuncian por mes participan menores de edad. No obstante, en el sistema, que posee 12 mil chicos "institucionalizados", sólo el 10 por ciento -unos 1200- se encuentra acusado de delinquir. El resto ingresó en los institutos por motivos asistenciales o por ser víctima de delitos.

Para enfrentar la demanda, la Subsecretaría de Minoridad, a cargo de Cristina Tabolaro, cuenta con un presupuesto de 88 millones de pesos, de los cuales sólo 12 millones -a razón de 1000 pesos por chico- se utilizan para sostener el funcionamiento de los institutos: el resto se destina a pagar sueldos. La subsecretaría posee 26 institutos penales, 32 asistenciales, 240 hogares convivenciales, 58 pequeños hogares y 44 centros de día. El crecimiento de la delincuencia adolescente no fue acompañado con una evolución acorde de la infraestructura estatal. De allí la desproporción que existe entre las plazas disponibles y la cantidad de menores acusados de delitos. Tabolaro consideró que al sistema "le faltan recursos materiales y humanos además de una urgente adecuación normativa".

El sistema judicial de menores se rige por el decreto ley 10.067, del último gobierno militar, que mantiene vigente el viejo Código de Procedimientos concebido por Tomás Jofré a principios del siglo pasado.

La vicegobernadora y titular del Senado provincial, Graciela Giannettasio, reconoció la mora de los legisladores: "Más allá de las controversias, lo que fundamentalmente tenemos que hacer es trabajar para los chicos y generar desde la Legislatura las instituciones que están pendientes, adecuarnos a la Convención (sobre los Derechos del Niño). Tenemos más de 15 años de reconocerlo como derecho propio y de haber adherido y la provincia no tiene una normativa que lo haga".

En tanto, la legislación de fondo -el Código Penal- imputa a los menores acusados de delitos graves desde los 16 años y a los autores de hechos ilícitos leves a partir de los 18. Hasta el viernes 29 de octubre, cuando el ministro de Seguridad, León Arslanian, dictó la resolución N° 1623, en la que prohibió el ingreso de nuevos menores en comisarías, había en las celdas policiales 327 chicos.

Arslanian apuró su decisión de vaciar de menores las comisarías luego de que la Corte Suprema de la Nación convocó al gobernador Felipe Solá a dar explicaciones por la situación a raíz de una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ahora quedan dentro de comisarías poco más de 200 chicos, aunque un grupo de jueces de menores de Lomas de Zamora denunció que "la policía ya no detiene chicos por más que hayan cometido delitos". Arslanian no lo negó: "Bueno, habrá que ver de qué casos hablan los magistrados", dijo, consultado por LA NACION.

Mañana, la Suprema Corte provincial se reunirá con los 50 jueces de menores y los 30 asesores de incapaces de la provincia para analizar la situación y buscar formas de afrontar la crisis que se originó tras la muerte, el 20 de octubre pasado, de tres chicos durante un incendio en la comisaría 1° de Quilmes y derivó en la denuncia presentada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, contra 12 jueces de menores por presunto mal desempeño de sus funciones por permitir el alojamiento de menores en calabozos policiales.

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