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27/4/2004

Fuente: ambitoweb - Edición 1275

Una denuncia complica más al fuero penal primario de Morón

El futuro de la Justicia de Morón está atado a los efectos de la investigación que León Arslanian ordenó sobre el senador provincial Horacio Román. La presión del nuevo ministro de Seguridad, más el reclamo de Juan Carlos Blumberg, ha comenzado a correr el velo de las serias irregularidades que se ocultaban en los tribunales de esa jurisdicción. Los cuestionamientos apuntan en un solo sentido: hacia la figura del controvertido fiscal general Federico Guillermo Nieva Woodgate

El procurador de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Matías de la Cruz, tiene en su poder una denuncia que vincula al fiscal general en maniobras poco claras.

En diciembre del año pasado, un oficial primero de la Asesoría de Menores e Incapaces denunció ante Nieva Woodgate que el asesor Daniel Zacoro era titular de «Acercándose», una asociación destinada a brindar atención a menores con problemas de violencia familiar y que se valía de esta función para derivar a esa institución -a través de sus dictámenes-a menores bajo su copatronato «para recibir atención y contención institucional».

«Acercándose» sería una subsidiaria de la Fundación Proyecto Buenos Aires, que fue presidida por Gabriel Barquero, sobrino y ex secretario privado de Román y secundado por la propia esposa del senador. Barquero es el actual director gubernamental del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ésa no sería la única irregularidad. Según el expediente, Zacoro despidió a un meritorio e hizo ingresar a Claudio Simone, quien asumió el control de las causas que llegaban desde los tribunales de menores a la Asesoría. Resulta ser que este Simone cobraba un Plan Trabajar y otro sueldo en negro, presuntamente, como empleado de «Acercándose».

Surge de la denuncia que la intención de Zacoro era mantener en la Asesoría de Menores a una persona que pudiera manejar desde adentro lo que sucedía con las derivaciones que se hacían a través del los tribunales de menores desviándolas para su asociación. Además percibiría un subsidio que la provincia de Buenos Aires le destinó a su gestión.

• Aporte obligatorio

Zacoro también habría obligado a sus empleados a aportar 3% del sueldo para retribuir a su especial secretario. En rigor, suele ser una práctica usual que los empleados aporten parte de su salario para «ayudar» a un meritorio, pero lo que sería ilegal es que se los amenace con sumarios y despidos a todos aquelllos que se negaran a realizar el aporte, como se denunció.

Enterado del episodio, Nieva Woodgate decidió que el caso lo investigara el fiscal José Andrés de los Santos, un ex policía que por pedido de Román poco menos llevó forzadamente al ingeniero que denunció y provocó la caída de Juan Carlos Rousselot. Por eso, De los Santos fue nombrado fiscal sin que tuviese antigüedad en el fuero judicial.

Según la denuncia presentada ante el procurador, De los Santos habría presionadoa testigos para que modificaran su testimonio contrario a la actividad que Zacoro realizaba desde los tribunales a favor de su asociación de menores.

Con estos elementos, se entendería la feroz persecución que la Justicia primaria de Morón con la complicidad del monopolio «Clarín» emprendió contra el padre Grassi. La Fundación Felices Los Niños del sacerdote venía a resultar un estorbo.

El asesinato con tres tiros del comerciantede Castelar Daniel Bogani mostró las fallas e intereses en juego en el fuero penal primario de Morón dependiente del fiscal general Nieva Woodgate.

Pocos desconocen que el senador Román (hoy sin desafueros para ser juzgado) controló durante años la designación de jueces y fiscales, inclusive la de Nieva Woodgate.

Juan José Pagnotta es uno de esos casos «ignorado» por el citado fiscal general. La madre de Pagnotta es puntera del PJ y tiene otros dos hijos en la cárcel.

A Pagnotta lo dejó libre -pese a su relación con dos asesinatos-el juez Humberto Meade, un encomioso perseguidor también del sacerdote Grassi. Volvió el asesino de 19 años a la calle, también, a expensas de la anuencia de la fiscal Rita Bustamante, incondicional de Nieva Woodgate.

Otro símbolo de la patética dejadez judicial es el caso Volpe. Durante un año María Estella Guzmán denunció nueve veces a su ex marido Carlos Antonio Volpe por golpizas. Volpe nunca fue llamado a declarar y el 16 de diciembre de 2000 mató a María Estella.

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¿Inocente o culpable?




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