Novedades del Juicio

2/5/2003

El Dr. Llermanos ganó demanda a Telenoche Investiga

Exp. 75780/99 - "Llermanos, Daniel c/ Arte Radio Televisivo Argentino SA s/ daños y perjuicios" - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 31 - 02/05/2003

Buenos Aires, mayo 2 de 2003.//-


Y VISTOS: Estos autos para dictar sentencia, de los que


RESULTA:

Que a fs. 236/266 se presenta por derecho propio Daniel Hugo Llermanos, promoviendo demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Arte Radio televisivo Argentino S.A, Mónica Cahen D'Anvers, César Mascetti y Luis Alberto Otero.

Luego de efectuar una breve reseña de sus datos personales, señala que el 29 de diciembre de 1987 asumió como Juez de la Instancia en lo Criminal y Correccional a cargo del Juzgado N° 10 de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, desempeñándose hasta su renuncia el 24 de abril de 1997, y aceptada a partir del 2 de mayo de 1997 (fs.575)).

Relata que los motivos de su renuncia obedecieron a diferentes razones, tanto por sentirse harto de un salario magro, como desalentado por el exceso de tareas sin los medios adecuados, arrastrando un cansancio físico extenuante y con un desgaste psíquico y emocional agobiante a causa de la constante recepción de amenazas.

Dice que a principios de 1997 descubrió que los autores de las amenazas a su persona, que se realizaban telefónicamente hasta en su propio despacho judicial, en general provenían de la delegación Lomas de Zamora de la Policía. A raíz de ello y de que la policía atribuyó la autoría de las llamadas a un vecino que había pedido prestado el teléfono, renunció a su cargo.

A fines de setiembre de 1997 el Dr. Bordón le propuso integrar un partido político como candidato a diputado. Hasta y luego de las elecciones continuó su trabajo en el estudio jurídico, incrementando notablemente sus ingresos, lo que se vio frustrado a raíz de las publicidades televisivas presentadas por los demandados.

Cuenta que a partir de los días 2, 3, 4 de diciembre de 1997, y las semanas subsiguientes transcurrieron los peores momentos de su vida. Que todo comenzó con "Canal 13", cuyo titular es la firma Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., quien lanzó al aire el resultado de una de las "investigaciones" del noticiero "Telenoche", vinculándolo con la periodísticamente denominada "banda de los sacapresos", por un lado y dando cuenta de una serie de ilícitos en los que habría incurrido en varias causas penales, de las denominadas ecológicas que tramitaron por ante el juzgado N° 10 que estuvo a su cargo, las que fueron tituladas como "caso número uno", "dos" y así sucesivamente hasta el "caso número seis", tratándose en todos los casos de expedientes tratados y terminados entre los años 1989 y 1991.

Puntualiza que las denuncias públicas de los presuntos hechos ilícitos prealudidos, enrostrados contumeliosamente, salieron al aire en las sucesivas emisiones editadas de los noticieros "Telenoche" y "En Síntesis".

Indica que básicamente, la situación planteada demuestra con elocuente claridad que fue víctima de un doble juego de ilicitudes, por un lado la inescrupulosidad de quienes para ganar dinero fácil recurrieron a la antiquísima artimaña de la "influencia mentida" y por otro lado dice haber sido víctima de la inescrupulosidad de "Telenoche", que tirando por la ventana todos los galardones obtenidos por su labor periodística, ha armado de forma artera un material periodístico destinado a tener suceso a expensas de su reputación.

Describe pormenorizadamente la base esencial de su argumentación, que está constituida por una única entrevista registrada por una cámara oculta, subraya las técnicas de cortes, repeticiones, montajes, comentarios etc., el reportar a algunos involucrados en causas tramitadas por ante el juzgado a su cargo, etc.

Señala que su calvario comenzó los días posteriores, cuando los restantes medios periodísticos del país, levantaron y difundieron la denuncia televisiva. Agrega que esta difusión lo desquició frente a la opinión pública.

Amén de argumentar sobre detalles de la edición televisiva, pone de relieve la irresponsabilidad de canal 13, a quien imputa no haber chequeado una sola de las imputaciones que le formularon antes de salir al aire.

Puntualiza acabadamente su parecer sobre la conducta de los demandados.

Cuando se refiere al capítulo de la responsabilidad de los accionados, describe minuciosamente el accionar de estos, en la investigación del caso "los sacapresos", donde queda involucrado, subrayando la actitud del Dr. Otero, periodista y abogado que se encargó de anoticiar a la justicia, quien finalmente no () comprobó ninguna vinculación entre el actor y los imputados.

Describe cada una de las denuncias investigadas por los periodistas, el constante y marcado interés de los demandados en vincularlo con las mismas.

Indica que toda esta construcción falaz fue ampliamente comentada por los periodistas demandados;; no ahorrando palabras ni gestos para convencer a la audiencia.

Dice que todo ello provocó un daño a su persona que debe ser indemnizado, describiendo además en su demanda los pormenores de su situación. Reclama daño emergente y lucro cesante por una suma de $540.000, pérdida de chance por $600.000, daño moral y psicológico por la suma de $360.000.

Ofrece prueba. Funda su derecho. Pide que oportunamente se haga lugar a la pretensión, con más sus intereses y costas.

Corrido el traslado de la acción instaurada se presentan a fs. 434/475 Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., César Alberto Mascetti, Luis Alberto Otero y Mónica María Elina Susana Cahen D'Anvers, contestando la demanda y negando en primer término todo aquello que no fuera objeto expreso de su reconocimiento.

Reconocen que Artear S.A. puso al aire en el programa "Telenoche" diversas notas que fueron el fruto de investigaciones llevadas a cabo por su equipo periodístico, en que se lo mencionó al actor, destacando que fueron las personas entrevistadas por el noticiero quienes mencionaron al accionante y quienes lo vincularon con la denominada banda.

Ponen de relieve que a pesar de inculpar a los Sres. Ciani y Marenzi, no los demanda, ya que según el actor son sus victimarios, por haber incurrido en la denominada "influencia mentida", limitándose a demandar a Artear y a tres periodistas, quienes lejos de armar una campaña en su contra, se han limitado a difundir los resultados de una investigación seria y objetiva, cuyas fuentes involucraron al aquí actor en los hechos que se dieron a conocer en las sucesiva apariciones del noticiero "Telenoche".

Relatan que antes de emitir los programas, se chequearon todas y cada una de las fuentes de información, a tal punto que, antes, durante y después que las emisiones salieran al aire, la producción del noticiero, llamó telefónicamente en forma reiterada al Dr. Llermanos pidiéndole una entrevista sin haber obtenido respuesta alguna.

Subrayan que la investigación llevada a cabo no se funda exclusivamente en una entrevista al actor, montada a fin de perjudicarlo, sino que la base de esta investigación la constituyeron denuncias administrativas que tramitaron por ante la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, las cuales involucran al actor en presuntas irregularidades mientras se desempeñaban como titular del juzgado Criminal y Correccional N° 10 de Lomas de Zamora.

Seguidamente describen minuciosamente las denuncias que generaron la investigación del noticiero.

Concluyen finalmente que no han actuado con culpa y mucho menos con dolo, sino que por el contrario se ha limitado a difundir los resultados de una investigación periodística llevada a cabo con el máximo rigor profesional, como tantas otras realizadas por los aquí demandados.

Fundan su derecho. Impugnan rubros y montos reclamados. Ofrecen prueba. Piden que oportunamente se rechace la pretensión, con costas.

A fs. 514 se abre la causa a prueba, produciéndose la que luce en autos, quedando a fs. 1.004 en estado de dictar sentencia.-


Y CONSIDERANDO.


I-

Es ampliamente conocida la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida". En ella, según señala Julio César Rivera en su trabajo "Responsabilidad de la Prensa. Estado Actual de la Cuestión" (Revista de Derecho de Daños, v. 8, Daños Profesionales, Edit.Rubinzal- Culzoni, 2000, Pág. 260), se ha dicho que todos los derechos reconocidos por la Constitución tienen una misma jerarquía, que todas las personas tienen derecho a la intimidad, inclusive las personas célebres, que la libertad de prensa no es un derecho absoluto y como tal puede estar sometido a responsabilidades ulteriores.

Fue a partir de este caso que la jurisprudencia y la doctrina argentina han trabajado arduamente para tratar de precisar los limites que existen entre los derechos de la personalidad, particularmente la intimidad y el honor, y al libertad de prensa, con la aclaración de que los criterios sentados se extienden a la protección del honor y su relación con la libertad de expresión.

Siguiendo a Rivera, pueden enumerarse algunos principios coincidentes:

Todos los derechos reconocidos por la Constitución Nacional tienen un mismo nivel o jerarquía, por lo que en caso de conflicto en situaciones concretas ellos deben ser resueltos conforme a las circunstancias de cada uno.

La libertad de prensa no es un derecho absoluto, salvo en un aspecto, la inexistencia de censura previa (CSJN, 10-12-84, "Ponzetti de Balbín", L.L. 1985-B-120; ídem, 19-11-91, "Vago, Jorge Antonio c. Ediciones de La Urraca S.A. y otros". Fallos: 314-1517).

La garantía de la libertad de prensa se extiende no sólo a la prensa escrita, sino también a la prensa analógica (radio, televisión, noticiosos cinematográficos).

Del derecho de libertad de prensa se puede abusar, y ello compromete la responsabilidad del órgano o medio de prensa (CSJN, 15- 5-86, "Campillay", L.L. 1986-C-40; ídem, 12-3-87, "Costa, Héctor Rubén c. M.C.B.A. y otros". Fallos: 310-508).

La Corte ha dicho que la libertad de prensa tutela el derecho de publicar impunemente, con veracidad, buenos motivos y fines justificables..." (CSJN, 29-9-98, in re "Amarilla", L.L. 1998-F, 118), y la Cámara Civil que la prensa debe ser veraz, es decir, publicar lo sucedido, si lo falsea o miente para aumentar el tiraje sin importarle la verdad, a costa de romper la intimidad y con ello provoca un daño, debe responder por él (CNCiv., Sala E, 19-10-98, L.L. 1999-B, 174).

La noticia, además de ser veraz, debe ser actual, tener un cierto interés general y no debe ser presentada de manera distorsionada (CNCiv., sala A, 7-7-86, "Gutiérrez Ardaya"; ídem, sala C, 7-12-89, E.D. 138-455) (v. Rivera, op. cit., Pág. 261).

Se ha dicho también que cuando se trata de noticias que ofenden el honor de una persona, como pueden ser las policiales o tribunalicias, el órgano o medio de prensa exime de responsabilidad indicando la fuente de la noticia, usando un tiempo de verbo potencial y omitiendo el nombre de los involucrados (cfr. Pizarro, Ramón Daniel: "Responsabilidad de los medios de prensa. Acerca de la denominada doctrina 'Campillay "', en L.L. 1998-D, 1306, también citado por Rivera, obra indicada precedentemente, Pág. 261).

En rigor, la libertad de prensa enarbolada por el liberalismo de siglos atrás, y que plasmara en el constitucionalismo iniciado en los Estados Unidos, es la prensa de opinión (Pizarro, Responsabilidad civil del periodista..., en "Las responsabilidades profesionales", Lib; Ed. Platense, Pág. 504). No se trata de dar inmunidad a quien trabaja o lucra con el negocio de la información, como no la tiene quien lo hace con la educación privada o la salud atendida por particulares.


II-

Sobre tales lineamientos, se analizará la cuestión traída al Tribunal.

Se encuentra acreditado en autos que los días 2, 3 y 4 de diciembre de 1997, y durante algunas semanas subsiguientes, se emitió por el Canal 13 de televisión abierta el resultado de una investigación del noticiero "TELENOCHE", denominada periodísticamente "BANDA DE LOS SACAPRESOS". Emisiones en las que, además de informar sobre esta causa en trámite por ante el Juzgado N° 11 de Lomas de Zamora, se hacía mención a una serie de ilícitos, en que supuestamente había incurrido el actor en varias causas denominadas "ecológicas", que tramitaran por ante el Juzgado N° 10, durante el período en que el accionante fue su juez.

Sobre estas causas (en rigor denuncias sobre la actividad presuntamente ilícita del magistrado), debe puntualizarse que corresponden a expedientes tramitados y finalmente archivados durante los años 1990 y 1996.

Ahora bien, respecto de la causa N° 56.523, "Vicat, Luis Ernesto s/ denuncia", cuyas copias fueron acompañadas conjuntamente por ambas partes, según presentación de fs. 959, se constata que su iniciación se produce ante la citación dispuesta por el magistrado a cargo, como consecuencia de la declaración testimonial de Federico Manuel Cuervo, el 25 de noviembre de 1997, periodista, miembro de la producción de "Telenoche Investiga", del noticiero "Telenoche" de Canal 13, propiedad de Artear S.A. Cuervo manifiesta haber ingresado a dicha empresa a mediados del año mencionado, cuando ya había sido iniciada la investigación que motivara las emisiones aquí cuestionadas.

De esta declaración se desprende su entrevista con el abogado Vázquez -quien manifestara tener conexiones con la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora-, concluyendo que su contacto era el Dr. Eugenio Alsina, integrante de la Sala II de dicho Tribunal. En la misma causa luce la declaración de Luis Otero, periodista de la mencionada emisora, quien relata el comienzo de las investigaciones que involucraban a abogados, magistrados y funcionarios.

En esta declaración, el periodista relata la entrevista que el equipo de grabación asignado tuvo en un bar con Ciani y Marenzi, quienes decían ser abogados y tener conexiones con jueces, funcionarios y magistrados de la Cámara de Apelaciones.

En dicha entrevista el equipo de grabación se hizo pasar por letrados de un procesado, cuya causa tramitaba ante el Juzgado en lo Criminal N° 10 a cargo por ese entonces del Dr. Llermanos.

En la misma declaración se indica que la investigación fue concluida por no llegar a los resultados esperados, hasta que en el mes de octubre de ese año lograron contactar al Sr. Vázquez, a quien filman, y deciden hacer la denuncia por ante el Juzgado en lo Criminal N° 11, tomando conocimiento que dicho Juzgado estaba investigando desde tiempo atrás hechos similares, vinculados a la liberación de presos, con la influencia de este Vázquez que, según decía, tenía amigos en la Cámara de Apelaciones.

En esta causa declara también el abogado Diego José Grondona, quien intervino personalmente en la reunión con Ciani y Marenzi, filmada y reproducida por "Telenoche Investiga", convocados por Proartel S.A., y entrevistados durante el mes de abril de 1997 por Otero y Cura, quienes le informaron acerca de una investigación que estaban realizando a nivel penal por irregularidades observadas en la causa 42.962, en trámite por ese entonces por ante el Juzgado del Dr. Llermanos, alegando para darle, según sus propios dichos, más verosimilitud al encuentro, que el declarante concurriría con una cámara oculta, manifestando ser defensor de Sandra Gutiérrez, imputada en la mencionada causa, y a quien querían "despegar" de la misma. De la reunión obtuvieron la promesa de Ciani y Marenzi que en caso de que el dinero que pedían por su intervención estuviese a la "vista" lograrían contactarlos con el juez, y que si no era posible, ya que éste estaba por renunciar a su cargo, se verían con el Dr. Alsina, de la Cámara, quien se ocuparía. Agrega que como no había dinero verdaderamente, se frustró lo convenido.

Según fs. 1486/87 de la mencionada causa, se dictó resolución condenando a Ciani, Marenzi y Alvarez por cohecho reiterado, ordenando la detención de José María López.

Seguidamente y a raíz de dicha causa fue iniciada una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el que resolvió el 17 de diciembre de 1998 la destitución del Dr. Alsina, miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora.

Ninguna vinculación con la causa se desprende en cambio con relación al Dr. Llermanos.


III.

A raíz de los hechos difundidos el 2 de diciembre de 1997 por el noticiero "Telenoche", la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora requirió al Juzgado del mismo Fuero N° 11 informara si en el marco de la investigación que llevaba adelante en la causa N° 56. 523 se encontraba investigado el Dr. Daniel Hugo Llermanos (fs. 2, causa N° 58.645-4).

De la atenta lectura de esta causa caratulada "Averiguaciones preliminares" resulta finalmente que el actor no fue pasible de reproche alguno, atendiendo a las pruebas colectadas en la misma referidas a su conducta durante el ejercicio de su función judicial.

Cuadra señalar que a fs. 20 vta., ante el pedido de informe formulado por la Sra. Juez Marta Carranza, a cargo del Juzgado donde tramitaba este expediente, al magistrado a cargo del expediente N° 56.523, donde se encontraba investigado el Dr. Llermanos, en razón de los hechos que fueron difundidos por los demandados a partir del 2 de diciembre de 1997, manifiesta que en principio los hechos que los medios de difusión han hecho conocer al público en los últimos días, en lo atinente al actor, se encuentran fuera del objeto procesal de esa causa.

A fs. 24 luce un informe del Secretario de la Dra. González, del cual surge la inexistencia de causa alguna que involucre al Dr. Llermanos.

Consecuentemente, se advierte que los hechos por los cuales se inicia la causa antes mencionada son anteriores a la difusión televisiva de los mismos.

Tampoco Llermanos fue citado como testigo por el jurado de enjuiciamiento que destituyera al Dr. Eugenio Esteban Alsina.

Cabe también señalar que en la declaración formulada por el Dr. Otero en la causa penal N° 56.523, surge que en abril de 1997 grabaron con sus equipos la mentada conversación con Ciani y Marenzi en un bar, en las que se hacían pasar -las personas designadas por la productora televisiva- como defensores de Sandra Gutiérrez en una causa en trámite por ante el Juzgado a cargo de Llermanos, pero como no obtuvieron ningún resultado la dieron por concluida, debiendo poner de resalto que, amén de que el actor en mayo de 1997 había renunciado a su cargo, la situación procesal sobre la que decían podían intervenir Ciani y Marenzi había sido decidida por el actor en septiembre de 1996. Esto resulta también indicativo de que los demandados no tomaron los recaudos necesarios que exige una segura fuente de información antes de emitir un programa de ese tipo, sabiendo o debiendo saber la gravedad de los hechos que se mencionaba y que involucraban a Llermanos.

Asimismo, del análisis a las desgrabaciones de los videos que contienen los programas emitidos por "Telenoche Investiga", aparecen, declarando en seis casos personas vinculadas con ellos, realizando comentarios sobre el actor y exponiendo sobre circunstancias no avaladas en los expedientes judiciales que a ellos se refieren.

A fs. 269, donde obran desgrabaciones de los videos, aparece una manifestación puesta al aire por los periodistas aquí involucrados, que se refiere, luego de señalar: "Que en la causa llamada de los "sacapresos", el Dr. Llermanos no está acusado, sino que aparece mencionado por dos personas que sí lo están". Otero, en el párrafo cuarto de dicha desgrabación, menciona "que Llermanos aparece involucrado en el arreglo de causas", y seguidamente que no está acusado ante la Jueza que lo investiga, agregando que "ese es el perfil de un hombre que ahora es el centro de la polémica", para concluir en los capítulos siguientes de la investigación, con diversas actuaciones que desarrolló el actor durante el ejercicio de la magistratura, con la declaración de personas que estuvieron vinculadas a dichos procedimientos, que oportunamente fueron denunciados como actividades irregulares, pero que no dieron resultado positivo, toda vez que terminaron, ya desestimadas o archivadas.

Se advierte también del conjunto de pruebas arrimadas a la causa que lo que se iniciara como una investigación periodística, sobre un tema que indudablemente puede ser de gran interés para la sociedad, que necesita observar el desempeño de aquellos que ejercen funciones de gran envergadura y que hacen puntualmente al ejercicio de uno de los poderes del Estado, se centró en un personaje que varios años antes y por el tipo de labor desarrollaba tuvo amplia repercusión pública, pero que en el caso concreto de la investigación evidenciada a través de los videos que se acompañan, aparece meramente "denunciado", o "mencionado" por dos de los finalmente procesados por la causa, televisivamente llamada de los "sacapresos", no encontrando ningún elemento probatorio idóneo que permitiera concluir al menos en una posible intervención activa del accionante en los hechos investigados en la mentada causa.

Concretamente, en el caso puntual que los demandados armaron para lograr la investigación, el sobreseimiento de Sandra Gutiérrez ya había sido decidido por el magistrado meses antes de que se iniciaran los arreglos para el comienzo de la misma, y que concluyó con las emisiones de los días 2, 3 y 4 de diciembre de 1997, reparándose además que el actor había renunciado a su cargo antes de la posible conexión que decían tener Ciani y Marenzi.

Cabe puntualizar en esta oportunidad que todas las partes estuvieron contestes en el contenido de las cintas de video acompañadas -y en sus correspondientes desgrabaciones.


IV.-

Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que la libre comunicación de la información y la libertad de expresión ocupan una especial posición en nuestro ordenamiento en razón de su doble carácter de libertad individual y de garantía de existencia de la opinión pública y unida al pluralismo político del Estado democrático. Aunque -ya se señaló antes- lo que la Constitución protege fundamentalmente es la libertad de prensa de opinión. Así, el correcto ejercicio de la libertad de información exige que verse sobre hechos de trascendencia pública y que la información facilitada sea veraz. Resumiendo tales condiciones, su ejercicio prevalece sobre el derecho al honor de los afectados por la información, en tanto y en cuanto ésta se encuentre en la base de una sociedad democrática.

En esa misma línea de pensamiento se ha sostenido también que tratándose de la libertad de información, la veracidad no debe confundirse con una exigencia de concordancia con la realidad incontrovertible de los hechos, sino que se trata de una diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo.

Si bien es cierto que no puede soslayarse que la inmediatez que requiere la noticia hace en muchos casos difícil comprobar la veracidad de las acusaciones, si la misma es falaz y difamatoria el medio de comunicación debe responder,- según la doctrina del riesgo provecho en la medida que ha obtenido un beneficio con la difusión de la misma (cfr., Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de daños", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, tomo 2d, Págs. 279/280). Qué se podría predicar cuando la comprobación se dirige a situaciones que se desarrollan en el marco de una investigación, que no cuenta obviamente con el marco de inmediatez o "urgencia" de una noticia concreta; sino que es el producto de un proceso de análisis, comenzado mucho tiempo atrás del momento en que se emite la información.

Siguiendo la misma línea de pensamiento se ha entendido que una ofensa ilegítima a intereses ajenos puede haber sido inferida de manera involuntaria, sin culpa alguna, como cuando obedece a un error excusable del órgano televisivo. Nada impide en esos casos la aplicación de lo previsto en el Art. 907, segundo párrafo del C. Civil a propósito de los perjuicios inferidos involuntariamente.

Es que si el daño resulta de una actividad ilegítimamente ejercida pero no culpable, no cabe desconocer los réditos obtenidos por el órgano como motivo equitativo para indemnizar a la víctima de un daño inmerecido. La referida doctrina ha recibido recepción jurisprudencial en algunos fallos, como cuando se señaló que la "responsabilidad de un canal de televisión por el daño moral causado en un programa debe juzgarse conforme con la idea del aprovechamiento económico, porque es justo que quien obtiene beneficios que- comparte con el productor del programa, soporte también los riesgos' inherentes (CNCiv., sala A, 3-4-89, J.A. 1989-II-519).

Sentado ello, se advierte que en este caso específico el factor de atribución de responsabilidad a la productora, que lucrara con la difusión de falsas imputaciones, no es meramente objetivo (doctrina del riesgo provecho) sino subjetivo, pues medió una clara negligencia en el equipo de producción del programa. No verificó la realidad de tales imputaciones, emitiendo el canal con gran estruendo las manifestaciones vertidas por dos personajes procesados por estafa entre otros delitos, que mencionaban al actor, como paso inmediato para "tocar", en el caso que les traían, descartándolo si eventualmente su alejamiento del tribunal se producía, asegurando otro contacto que daría solución "mediata" al problema. En rigor, la situación procesal de la involucrada en el pedido de aquellos que llevaban la cámara oculta, había sido resuelta por el accionante seis meses antes a que se iniciaran las tratativas, que dieron cauce a la investigación periodística que aquí se analiza, todo lo cual se encuentra suficientemente acreditado con las pruebas acompañadas.


V-

Con relación a la aplicación a este caso de la doctrina de la real malicia, invocada por los demandados, cabe subrayar que propugna que cuando el afectado por la noticia es una funcionario público o una figura pública para que el medio de expresión escrita u oral deba responder, es necesario que haya actuado con actual malicia, sabiendo que dañaba y que era falso el informe, o con una negligencia completa y gravísima desdeñando enterarse de la falsedad. La real malicia consiste en el conocimiento por parte del medio de la falsedad de lo informado o con indiferente desconsideración acerca de si era o no falso.

Esta doctrina coloca a los medios en una posición constitucionalmente privilegiada frente a reclamaciones de funcionarios públicos por difamaciones vinculadas con el ejercicio de su actividad, quienes deben acreditar la falsedad de la información y el específico ánimo subjetivo que motivó al informador, con la consecuencia de incidir en el factor de atribución y en la carga de la prueba.

La doctrina de la real malicia, además, invierte la carga de la prueba, que se traslada del demandado al accionante, quien debe probar la falsedad o la imprudencia notoria del medio periodístico (cfr. Trigo Represas - Stiglitz, Derecho de Daños ", Parte 1°, ed. La Rocca, Buenos Aires, 1991.Pág.372).

Sentado todo ello, no puede soslayarse la distinción que se realiza entre personas públicas y personas privadas, respecto de las cuales su llegada a los medios de comunicación, para poner en claro su situación, no es fácil, a diferencia de los funcionarios públicos. Esta postura fue sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algunas causas como por ejemplo en "Ramos, Juan v. LR3 Radio Belgrano y otros", del 27/12/96, J,A. semanario del 25/2/98, N° 6078, Pág. 26/42, variándola en otros (cfr. Pizarro, Ramón D, "La doctrina de la real malicia en la actual jurisprudencia da la Corle. Suprema de Justicia. El caso "Dora Gesualdi", J.A., semanario N° 6045, del 9/7/97, p. 2; L.L. 1997-B, 753, citado por la Dra. Mabel de los Santos, Juzgado Nacional de la Instancia en lo Civil No 67, 'in re' Díaz de Vivar, Elisa c. Neustadt, Bernardo, 25-03-1998, L.L. 1998-C, 93).

En el presente caso se da la particularidad de que el accionante era juez al momento de iniciar el proceso de investigación por parte de los demandados, pero había renunciado al momento de la emisión de los programas, evidenciándose la utilización por parte de éstos de su actividad como magistrado, toda vez que luego de planteado el caso puntual de la llamada "banda de los sacapresos", continuaron con la emisión de distintas actividades desempeñadas por Llermanos por los años 1989, 1991, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 10 de Lomas de Zamora, en las llamadas "causas ecológicas".

Por esa razón no puede obviarse que el actor, si bien había dejado la función pública al momento de las emisiones televisivas, su trayectoria como juez y dedicación a las cuestiones sobre la ecología, le daban cierto conocimiento por parte del público en general, que favorecía la difusión de la noticia.


VI.-

Como consecuencia de todo lo anterior cabe concluir que si bien es cierto se debe respetar la libertad de prensa consagrada en el Art.. 14 de la Constitución Nacional, ello no implica que su ejercicio merezca protección legal cuando mediante él se lesionan derechos de particulares, vale decir que tal libertad, al igual que la totalidad de las garantizadas por nuestra Constitución, no es absoluta. Debe ser practicada conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, con carácter general vedan todos aquellos actos que ocasionan perjuicios a terceros (cfr. CNCiv., sala E, 30-3-84, Campillay J. c. La Razón y otros, J.A. 1984-III-293).

Así, se ha dicho que los órganos de expresión visual, escrita y oral deben cerciorarse de la veracidad de la información, cuidando de no divulgar falsas imputaciones que puedan afectar el honor o la dignidad de terceros, máxime ante la amplia difusión que tiene hoy día la información (especialmente la que brinda un canal de televisión abierta en horarios centrales y en el espacio de un programa de noticias de buena reputación). Y fundamentalmente en un caso como el de autos, ya que la difusión no corresponde a un acontecimiento repentino sino el fruto de una investigación, cuyo único hilo conductor eran los dichos de dos personas acerca de su conocimiento del accionante, para obtener una posible ventaja en la liberación de personas detenidas en una causa que lo tenía como magistrado.

De todo ello resulta que ha mediado negligencia e imprudencia en el trabajo del equipo de producción y los presentadores, que hace responsables a los co-demandados por el agravio inferido a la persona del actor, en los términos de los Arts. 902, 906 y 1109 del Código Civil. Veamos.

Es clara la participación de Otero en la elaboración del material y su difusión. En cuanto a Caben D'Anvers y Mascetti, no obstante las explicaciones dadas al absolver posiciones (fs. 657 y 658) sobre el rol del presentador o conductor del noticiero, se admite que hay una elaboración previa del guión de aperturas y cierres de notas (658 vía.). Y aunque no se aceptara por los absolventes con la extensión pretendida por la actora (657 y 658), es obvio que los conductores conocieron con anticipación el material a difundir, especialmente por tratarse de una "investigación" y no una nota del día, que se reiterara - como se viera en las cintas- durante varios días cargando muchas, demasiadas veces, especialmente "en las aperturas, sobre el mismo material de la cámara oculta en la parte en que Ciani refiere a Llermanos, con adición de otros elementos que en definitiva quedaban centrados en realidad en los procedimientos sobre los lácteos en mal estado. Un modo efectista de presentación de las noticias para atraer la atención del televidente puede, como en el caso, pasar ampliamente los límites de la prudencia.

Es atinado diferenciar la situación del periodista (conductor, en el caso) de programas que se difunden en vivo en relación a aquél que emite o difunde material grabado con antelación (ver por su similitud: Bidart Campos, Germán J., Enfoque constitucional..., L.L. 2000-F, 759). Y también es distinta la de quien escucha meramente o, de modo explícito, adhiere a la ofensa con gestos o comentarios. Que es lo que acontece en este caso de Llermanos con los conductores Caben D'Anvers y Mascetti. Por otro lado, un locutor de diferente categoría o jerarquía, novato o experimentado, sabe o debe saber que no puede hacer o decir cualquier cosa que se le sugiera, indique u ordene. O, como en el caso, participar en la difusión de una "investigación" elaborada y producida cuidadosamente, que difama por el modo en que se presenta. El caso de estos últimos es paradigmático: son dos personas de valía, de reconocida y larga trayectoria, que han recibido muchos reconocimientos por su trabajo. Esto es, conocen los límites de lo que se puede decir verbal o gestualmente. Y son la cara visible de "Telenoche" desde muchos años atrás.

En la especie los límites fueron transgredidos. Y cabe suponer que, justamente, por este "jugar en los límites" del noticiero y algunas de sus notas de "investigación", posteriormente fueron separadas y se han difundido en programas especiales.

La responsabilidad se extiende a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., en los términos del Art. 1113 del C. Civil. Responde, más allá de posibles relaciones laborales de dependencia, por el hecho de las personas a través de las cuales ejerce esa libertad de prensa, negocio por el cual los anunciantes abonan importantes sumas de dinero. Y es la licenciataria del canal de televisión a través del cual se cometió el ilícito.

Ahora bien, en cuanto al resarcimiento pretendido en concepto de daño moral, el que obviamente guarda relación causal con el ilícito,(Arts. 901, 1078 y cds. del Código Civil) cabe destacar que importa una lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las afecciones legítimas, provocado por el ataque a los sentimientos por el sufrimiento padecido, vale decir, un detrimento de orden espiritual causado por las inquietudes, molestias, fobias o dolor.

Se concibe como lesión a los sentimientos y el menoscabo a la personalidad provocado por las inquietudes y padecimientos espirituales derivados del ilícito, lesión en suma a intereses extrapatrimoniales de la persona, jurídicamente protegidos.

En cuanto a su cuantía se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no dependiente de la existencia o extensión del perjuicio patrimonial, pues no media interdependencia entre tales rubros en tanto cada uno tiene su propia configuración (cfr. CNCiv., sala F, 8/6/95, Galindez, Luis, c. Ardanaz, Graciela, J.A. 1996-II-242, entre otros casos).

Por todo ello, ponderando la naturaleza y entidad del agravio moral inferido, la documental agregada y la difusión pública que tuvieron las imputaciones, corresponde asignar el monto de cuarenta mil pesos por el agravio moral causado (Art. 165 del Código Procesal). No deja de ser ponderada también la amplia difusión periodística de algunos de sus procedimientos que -si bien parece fue buscada- cuanto menos fue claramente consentida por Llermanos como juez, lo que a la luz de los propios actos antecedentes indica no disgustaba la exposición pública de su tarea. Tal vez ya tenía en mente la carrera política que intentara con poco éxito después. O, como se menciona en la pericia psicológica, es persona que gusta de llamar la atención (fs. 831/1008), lo que conlleva riesgos cuando una labor que no precisa del estrépito es amplificada en forma conciente y voluntaria.


VIII.-

Pide el actor también reparación por lucro cesante porque, como consecuencia de la difusión de la investigación llevada a cabo por los demandados, fueron concluidos una serie de convenios de honorarios que había concretado con varios clientes.

Sabido es que el lucro cesante no se puede presumir y debe ser objeto de la correspondiente prueba, requiere la demostración cierta del perjuicio el cual debe ser real y efectivo y no supuesto e hipotético.

Apunta a los perjuicios que devienen de la privación o frustración de ganancias que verosímilmente el acreedor hubiera podido obtener y es la probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada de ventajas económicas justamente esperadas, conforme a las circunstancias del caso (CNCom., sala B, agosto 2-991, "Fernández Ocampo, Cristian M., c. Garaje Gral. Guido S.R.L" L.L. 1992-C, 76; D.J. 1992-2-101).

A fs. 594 y fs. 595 lucen sendos informes de "Carnes de San Justo Corp. S.A." y "Curtarsa", según los cuales, el actor había sido contratado por dichas empresas para que los asesorara jurídicamente, indicando el monto de tal contratación y manifestando que el contrato fue rescindido como consecuencia de la difusión que Canal 13, hiciera en el programa "Telenoche investiga" y que es objeto de este pleito.

Un informe similar es presentado a fs. 606 por el Centro de Industriales Panaderos de Lomas de Zamora y a fs. 707 por Saiegh Producciones.

Cuestionado estos medios probatorios por los demandados se observa al respecto que la prueba de informes se caracteriza como un medio de aportar al proceso la prueba documental o instrumental que se halla en poder de terceros, que se relaciona con actos o hechos resultantes de las constancias, que obran en las oficinas públicas, escribanos con registros y entidades privadas, de anotaciones o asientos o, en su defecto de antecedentes similares, de los que se sigue que en oportunidad de contestar el requerimiento se debe indicar la fuente y demás recaudos documentales tenidos a la vista a tal efecto, constituyendo presupuesto de ella, también la circunstancia de que no se pretenda con ellos sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda (cfr. Morello y otros, en "Códigos...", t. V-A, Pág.. 474 y sus citas jurisprudenciales).

De la lectura de tales informes no resulta que se den los presupuestos exigidos para su viabilidad, ya que no se indican archivos o documentos que indiquen ni la contratación ni la desvinculación formal del actor con sus contratantes y dado la rigurosidad con que debe considerarse la acreditación del rubro solicitado, el resarcimiento en este sentido debe ser desestimado. Aun de haber habido una vinculación anterior y desvinculación, no podría darse por probado el nexo causal con la difusión de "Telenoche" porque es inimaginable que esa circunstancia figure en archivo o registro del informante.


IX,-

Respecto del rubro "pérdida de chance" es sabido también que la determinación de la indemnización por parte del juez no debe guiarse por pautas rígidas, pues la indemnización no puede identificarse con el eventual beneficio perdido, sino que lo resarcible es dicha chance, la que será apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta (CNCiv., sala D, mayo 12-1992, "Sica, Juan C. c. ENTEL y otros", L.L., 1992-D, 581).

Tanto las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 665/666 (contadora Dawson), 692/693 (ingeniero Kofíman) y las contestaciones de oficios glosadas a fs. 719/748 se desprende la actividad conferencista o académica desarrollada por el actor, como también vinculaciones y actividad profesional propiamente dicha, una vez concluida su labor como magistrado, lo cual permite al Tribunal considerar que el episodio aquí analizado provocó la "pérdida de chance" que se invoca, de modo que estimo prudente asignar por este Abro la suma de un mil quinientos pesos (Art. 165 del Código Procesal).

La participación en "castings" o entrevistas preliminares para evaluar la posibilidad de participar en algún programa de televisión u otra tarea periodística no asoma como un mínimo de certeza sobre la probabilidad de efectivo acceso o concreción. Lo que sí revela es la confirmación de un evidente afán de notoriedad o exposición pública.


X.-

Sobre el daño psicológico se ha dicho que no constituye un perjuicio autónomo, pues en la medida que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y, en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral. Ello así, pues no cabe confundir el bien jurídico afectado, es decir, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial, moral.

Este tribunal estima que el daño psicológico tiene autonomía y, cuando se prueba su existencia como daño patrimonial indirecto, merece resarcimiento separado. En fin, se ha dicho que el tema merece un plenario del Tribunal de alzada (L.L. 2000-E, 459).

Sentado ello, luego del análisis de la pericia psicológica (que se agrega en esta oportunidad, toda vez que se encontraba reservada en Secretaria), dado la forma en que se solicita el resarcimiento, ponderando el dictamen de conformidad con lo previsto por el Art. 477 del Código Procesal, se admitirá sólo la suma de dos mil cuatrocientos pesos de asistencia terapéutica, atento la respuesta de la experta consignadas en los puntos 6, 7 y 8 del dictamen y que se agrega a fs. 1010 vta.


XI.-

El actor reclama intereses, la tasa que debería aplicarse a las deudas dinerarias sería la activa. Discrepamos en este tema con la Excma. Cámara; ha establecido por plenario tomar la tasa pasiva. Creemos que las tasas bancarias pasivas, en un verdadero contexto de estabilidad, tienen otro origen y otra función; no tienen como finalidad ni están presentadas al ahorrista o mutuario para enjugar desfasajes inflacionarios ni "mantener incólume el contenido económico de la sentencia" (sic del D. 941/91, Art. 10). Fluctúan en base a la política, y a políticas financieras y mercantiles bancarias no siempre ajustadas a la realidad inflacionaria (ver Rouges "Ley de Convertibilidad e intereses", L. L. 1995-C, 1317; Barbero, "El interés moratoria en las obligaciones civiles ",L.L. 1996-C,1165).

Por plenario del fuero comercial se aplica la tasa activa, y lo mismo ocurre por plenario virtual en el fuero civil y comercial federal. La Corte Suprema, por mayoría, aplica la tasa que percibe el BNA en operaciones ordinarias de descuento (CSJN, 2-11-95, "Hidronor S.A. c. Neuquén, Provincia del s/ expropiación", causa H.9, L.XIX; 28-4-98, "Zacarías c. Córdoba, Provincia de", E.D. 181-209, *22).

Sin embargo, como se ha establecido la cuantía en valores actuales, los intereses se calcularán desde la fecha de la primera emisión a la tasa del 6% anual hasta la presente, calculándose a partir de entonces a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. CNCiv., en pleno, "Vázquez c. Bilbao s/ daños y perjuicios"), hasta el pago de la condena;; sobre gastos para psicoterapia, como es un daño futuro, se liquidarán sólo desde la fecha de esta sentencia.


XII.-

Las costas del juicio se imponen a los demandados vencidos, por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota (Art. 68 del Código Procesal).


Por todo ello y disposiciones legales citadas, FALLO: Haciendo lugar parcialmente a la demanda articulada por Daniel Hugo Llermanos y condenando a Mónica María Elina Susana Cahen D'Anvers y solidariamente a César Mascetti y Luis Alberto Otero, en concurrencia con Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. a pagar a aquél en el plazo de diez días de notificada la presente la suma de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($43.900), con más los intereses fijados de conformidad con el considerando XI, y las costas del juicio.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.//-


Fdo.: VICTOR FERNANDO LIBERMAN, JUEZ

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