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26/6/2006

Fuente: ambitoweb - Edición 2065

Grassi: fiscales piden que el juicio oral se suspenda

Acusan al tribunal de parcialidad porque no acepta un peritaje hecho en otra provincia


Presionados por el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate, los fiscales del Tribunal Oral en lo Criminal de Morón Nº 4 pidieron el viernes último la suspensión del juicio oral y público contra el padre Julio Grassi, que debía comenzar en siete días.

Oficialmente, hoy se sabrá el resultado de ese planteo. Pero, todo indica que el juicio contra el sacerdote podría demorarse hasta agosto, cuando menos. Es un « triunfo» gestado en la presión que ejerció Estela Carlotto -y su Comité de los Derechos del Niño-, a quien sólo le interesaría despojar al padre Grassi de la Fundación Felices Los Niños.

La suspensión del juicio la pidieron los fiscales Sandra Míngolo, Alejandro Varela y Carolina Rodríguez.

Acusan a los integrantes del tribunal de supuesta «parcialidad», y de presunto «prejuzgamiento» por no haber incluido como prueba un supuesto peritaje psicológico realizado en El Calafate, Santa Cruz, para beneficiar a Grassi. Un exceso procesal total, porque ese estudio no existe. Y, además, de existir ese expediente, no podría incorporarse a este juicio porque corresponde a otra jurisdicción judicial. Sería ilegal. Con esta excusa y con el argumento de que no se le permite a O.A.(*) «Gabriel» ser parte del proceso (cuando fue él quien renunció a ser «particular damnificado» en una carta que firmó de su puño y letra), se intenta separar a este tribunal, que se ha mostrado como el más serio para el caso de la Justicia de Morón.

  • Recusación

    Primero, los fiscales recusaron al tribunal. Los jueces Pedro Rodríguez, Rodolfo Castañares y Carlos Torti desestimaron el planteo y dejaron que la Sala I de Cámara de Apelaciones de Morón resolviera acerca de su imparcialidad.

    Tras ese intento -y siempre obligados por Nieva Woodgate-, los fiscales decidieron pedir la suspensión del juicio. Hasta el viernes, el cuadro de situación era el siguiente:

  • Los jueces pueden decir hoy que se suspenda el juicio para preservar la validez de los actos que se tomen durante las audiencias de debate del juicio.

  • También pueden confirmar el 3 de julio como la fecha del inicio del juicio oral y público. Pero es una decisión arriesgada: cualquier sentencia (absolutoria o condenatoria) quedaría anulada si la Cámara de Apelaciones dictamina a posteriori que el tribunal es parcial y separa a los jueces del caso.

  • El tribunal también puede aplazar una o dos semanas el juicio a espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones sobre su recusación.

  • En el supuesto caso de que la Cámara de Apelaciones rechace la recusación y confirme a Rodríguez, Castañares y Torti en el caso, los fiscales no se quedarán quietos: ya tienen decidido que recurrirán a la Cámara de Casación bonaerense.

  • Es entonces cuando comienzan a jugar los tiempos. Los fiscales tienen siete días hábiles a partir de la notificación del fallo de la Cámara de Apelaciones para ir en queja ante Casación si es que les resulta desfavorable un fallo y tienen otro 13 días más para presentar el recurso. Y como la intención es dilatar el juicio, pueden esperar hasta el último minuto hábil para presentarlo. En todo ese planteo, se habrá perdido julio, y agosto aparece como el mes más seguro para que comience el postergado juicio.

  • Esto, en la hipótesis de que queden los jueces que hoy están designados para juzgar a Grassi. Si el tribunal es separado, entonces serán otros los magistrados que juzguen a Grassi y otra la fecha del inicio del juicio.


    (*) El texto original menciona nombres y apellidos, nosotros no podemos hacerlo por disposición judicial.
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    E N C U E S T A
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