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19/10/2010

Fuente: lapoliticaonline

Investigan al Fiscal General de Morón por delitos de lesa humanidad

Se trata de Federico Nieva Woodgate. Durante el juicio a ex integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense realizado en La Plata, el funcionario judicial fue señalado como Juez durante el proceso militar. En noviembre comienza la investigación formal de la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura bonaerense.


La Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura bonaerense avanza en la acusación sobre el Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, por la participación que podría haber tenido durante los años de la dictadura militar.

El funcionario judicial quedó señalado durante el juicio que se llevó a cabo en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a ex integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense por homicidios, tormentos y privación ilegítima de la libertad.

Durante el juicio, el Tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela solicitó –además de las condenas a los acusados– que se “continúe la pesquisa en relación a las autoridades militares que habrían participado en los hechos, como así también de los Jueces mencionados en las audiencias, a saber, entre otros a Federico Nieva Woodgate”, ex Juez durante los años de dictadura y actual Fiscal General de Morón, quien ahora sería imputado por delitos de lesa humanidad.

“Lo que se hizo hasta el momento fue corroborar los hechos y en los próximos días se va a presentar una propuesta consensuada en el marco de la comisión Bicameral”, explicó a LPO el diputado Gabriel Villegas, presidente de la Comisión Bicameral de la Legislatura.

La Comisión volverá a reunirse el 3 de noviembre y ahí se podrá en marcha formalmente el proceso de investigación.

El diputado provincial agregó que “un año atrás, el Juez penal de La Matanza, Alfredo Drochi, había acusado públicamente a Nieve Woodgate”.

El 15 de marzo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires determinó la nulidad de la resolución fechada el 13 de junio de 1977, un expediente que dispuso “recomendar” a los diversos tribunales y jueces de la provincia “que en la tramitación de Hábeas Corpus se abstengan de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto, relacionados con personas detenidas o desaparecidas”.

El máximo tribunal resolvió además, “realizar una investigación sobre cualquier antecedente emanado de esta Suprema Corte y la Procuración General producido durante el período comprendido entre 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con características similares al que da cuenta la presente, en los que pudo haber quedado comprometido el respeto a los principios básicos del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas”.

“La justicia no puede tener aquellos que desde el poder judicial por omisión o por acción participaron en la comisión de estos delitos”, recalcó el titular de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados.

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