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1/1/2010

Fuente: Poder Judicial de la Nación

Consejo de la Magistratura rechaza denuncia de Jueza que atacó el Hogar de Chacarita.
Avalan a Juez que la imputó por la represión a los niños.


La justicia es lenta pero de a poco va mostrando la realidad mucho después del ruido mediático.

Luego del desalojo brutal del Hogar "San José Obrero" supuestamente pensando en el bienestar de los chicos allí alojados, los Jueces Ormaechea y Ramos Padilla, cumpliendo con su deber investigaron el mal accionar del "Defensor" de Menores Jalil y de la Jueza Rustan de Estrada. La investigación tomó como eje la salvaje represión ejercida sobre los niños que se resistían a irse el 15 de mayo de 2009 a las 15 hs., las vejaciones y los golpes por ellos recibidos en el marco de las órdenes confirmadas varias veces por la misma Jueza. Por esta razón primero el Juez Ormaechea al día siguiente –sábado 16 de mayo- recibió testimonios de los niños maltratados entre llantos y con heridas a flor de piel como prueba del atropello sufrido a su integridad física y psíquica.

El lunes 18 de mayo por la noche se hizo presente el Juez de Instrucción Ramos Padilla quien pudo hablar uno por uno con los niños, niñas y adolescentes que todavía resistían dentro del predio del Hogar. Todos le reclamaron por lo sucedido el viernes anterior. El Juez hizo examinar a todos los menores y pudo comprobar que los dichos coincidían con los peritajes. Las heridas hablaban de una represión policial desmesurada. Gracias a una grabación hecha con una cámara digital, la justicia pudo comprobar que eran ciertos los dichos de los chicos. Luego vino la operación “embarre de cancha” por parte de la Jueza hablando en Canal 26 el miércoles 20 de mayo a las 22 hs. con rostro compungido.

Afirmaba ante Clara Mariño que el Hogar era un caos y un horror, cosa que para nada era corroborada por los chicos. Dijo la Magistrada que los mismos menores habían pedido irse del lugar según afirman en las "pericias" (sin perito de parte) hechas por gente de ella. Los peritos de la Fundación se hicieron presentes para controlar las pericias y fueron echados por orden de Rustan de Estrada. Claro que, trataron de fraguar frases de los chicos que jamás dijeron y les salió mal, porque los menores lejos de querer irse quisieron quedarse y soportaron la más dura represión para quedarse en lo que consideraban su casa. En tanto la Lic. Schulman les respondía con ironía e ignorancia a través de Canal 13 que “no se querían ir porque no conocían nada mejor todavía”.

Ningún menor alojado en la Fundación confirmó lo que la Jueza afirmó por la tele, al contrario, la desautorizaron totalmente. Luego vino la nota en Diario La Nación "a pedido de"(…) que hablaba del "Hogar del Horror" atacando ahora a los mismos chicos, tratando a algunos de ellos de delincuentes o abusadores". La operación la completó la misma Carlotto quien posó de manera ridícula frente a una foto de uno de los chicos lastimados brutalmente en Chacarita afirmando que la represión era necesaria y que el Hogar no podía seguir así por lo que era bueno sacarlos por la fuerza porque los chicos no se daban cuenta de que podían estar mejor en otro lado. Olvidaba la Diva de los Derechos Humanos que uno de los proclamados derechos del Niño Universales es que “los niños deben ser escuchados”. Pocas horas antes la misma hija de Carlotto le había pedido sin éxito a su madre que no se metiera en esto, que la "estaban usando". Estela Carlotto no hizo caso a la hija y fue a contradecir toda una trayectoria de lucha contra la represión indiscriminada e ilegal para plegarse a una Campaña montada de destruir a la Fundación Felices los Niños para abatir a su fundador.

El Juez Ramos Padilla comenzó una investigación muy valiente y fuerte en la que desfilaron agentes y Jefes policiales, chicos de la Fundación, funcionarios judiciales y del Gobierno de la Ciudad, Voluntarios de la Fundación y otros testigos con la que terminó imputando a Rustan de Estrada y al "Defensor" de Menores Jalil por los hechos ocurridos el 15 de mayo en el Hogar de Chacarita. La Jueza Rustan de Estrada contraatacó denunciando a los Jueces Ormaechea y Ramos Padilla al Consejo de la Magistratura, entre otras cosas por “pedirle ver la Causa por ella instruida y ante su negativa reclamar intimándola”. El Consejo de la Magistratura desechó el pedido de Rustan de Estrada. Adjuntamos la sentencia del Plenario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura contra los jueces Pablo Ormaechea y Juan María Ramos Padilla. Ambas acusaciones originadas en denuncias de la jueza Rustán de Estrada, las que, como adelantamos, fueron rechazadas.

Lo interesante de esta sentencia es que es un resumen de expedientes que la Fundación Felices los Niños no ha podido ver, como "D. M. s/ protección especial", el que dio origen al desalojo del Hogar San José Obrero. El lector debe tener en cuenta que la Fundación está "claramente imputada" en esta causa y

  • se le negó ver el expediente,
  • se le negó poner abogado,
  • se le negó poner peritos de parte con el pretexto que, el Defensor Jalil era el abogado de los niños. El único problema es que a este señor los chicos nunca lo conocieron.

Por primera vez vemos de primera mano y no por medio del periodismo del Grupo Clarín, cuál era la acusación que el "consejo del menor de la Ciudad de Buenos Aires" y la jueza realizan contra el Hogar San José Obrero y sus autoridades. Los paréntesis son respuestas nuestras a las acusaciones infundadas de la Jueza. Cabe que el lector se pregunte si estas observaciones o críticas justificaban cerrar el Hogar y más aún de la forma que lo hicieron.

Enumeramos transcribiendo las imputaciones hechas:

  • "no existe en el hogar un registro escrito, a disposición del personal que se encuentra a cargo de los niños de los datos de las personas autorizadas para ingresar e interactuar con los niños : madrinas, familiares, etc”.(Lo tenían las monjas en su Comunidad);
  • durante todo el día tanto hábiles como los fines de semana, ingresan al hogar personas sin que se identifiquen frente a los responsables del hogar (por ejemplo el párroco que venía sin identificación clerical -cuellito- o gente que traía donaciones para los niños);
  • “los niños que salen durante el fin de semana no son despedidos y/o recibidos por ninguno de los integrantes del personal del hogar” (los despedía y los recibía la misma monja);
  • “no existe ningún control en relación al estado de salud tanto física como emocional en el que regresan los niños luego de la estadía con familiares” (no se mandaba a los chicos al psicólogo o al médico después de visitar a los familiares);
  • “no se registra en ningún instrumento escrito, las salidas o encuentros de los niños con sus familias durante los fines de semana” (lo tenían guardado las monjas en la PC de su comunidad);
  • “no se observan actividades específicas por parte del hogar destinadas a la vinculación entre hermanos convivientes como así tampoco de los niños con sus familias” (este es el único Hogar mixto en la Ciudad de Buenos Aires que permite convivir a grupos de hermanos juntos);
  • “los niños no disponen de un espacio o personal destinado para ello en donde poder expresar preguntas, inquietudes, reflexiones acerca de la temática familiar” (la Jueza no visitó nunca el Hogar y no vio la confortable sala de estar y reuniones destinada y usada a ese fin);
  • “En cuanto a manifestaciones observadas tanto en desempeños individuales como en los grupales se observa: dificultades para sostener atención en tareas y actividades lúdicas” (problema que tiene todo chico de la calle y muchos más);
  • “dificultades para culminar las tareas propuestas” (como todo niño);
  • “descuido de sus actividades diarias” (propio de un chico de la calle);
  • “múltiples discusiones entre ellos y con los adultos” (si tiene hijos se dará cuenta que todos los argentinos tenemos el mismo problema en casa y no nos clausuran la familia);
  • “inicio frecuente de peleas que incluyen agresiones físicas” (problema recurrente en una comunidad de chicos de la calle y exagerado por la Jueza);
  • “manifestaciones de crueldad con animales del hogar” (se refiere a los conejos que según la jueza maltrataron los chicos, pero no fue crueldad sino exceso de cariño que llevó a que los animalitos estuvieran fuera de sus jaulas y atacados por la perra);
  • “reiterados robos entre ellos” (por ejemplo ropa ¿en que familia no hay peleas entre los hermanos porque se sacan cosas entre ellos?);
  • “reiteradas amenazas e intimidaciones como modo de relación”, (nos remitimos a lo que pueda suceder en cualquier relación entre hermanos adolescentes, lo que es totalmente normal);
  • etc.
Notemos que nada se dice de abusos sexuales, idea que se vendió ante el periodismo o que el Grupo Clarín quiso vender a la Comunidad con la famosa mentira del niño que supuestamente se quiso ahorcar.

Se puede comprobar la actitud de la licenciada Constanza Biondi quien "manifiesta su preocupación por la situación de los niños, muy especialmente aquellos que están institucionalizados en el hogar". Esta osada psicopedagoga fue la que después de un día de trabajo en la Escuela vio que dentro de la misma un niño le dijo a la maestra "¿me llevás a pasear a tu casa el sábado?". La maestra le responde que "no" porque se había portado mal, a lo que el niño se puso una piola en el cuello y le respondió -"entonces si no me llevás a tu casa me voy al cielo". Esto llevó a que la sra. Biondi hiciera un largo informe echando la culpa al Hogar San José Obrero donde estaba alojado el chico y así “sacar la responsabilidad a la Escuela donde había sucedido el hecho" y puntualizando que "el hecho que acaba de suceder es terrible y dolorosamente, una de las consecuencias posibles de la situación que estos niños viven". Viendo a Biondi uno ve el burdo armado de una causa donde inmolaron a los chicos para apoderarse de un predio y lastimar de muerte moral al Padre Grassi.

Es muy importante y muy ilustrativo el fallo del Consejo de la Magistratura. Copiamos a continuación la sentencia que surge de esta fuente:




Consejo de la Magistratura


RESOLUCION N° 682/09

                              En Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre del año dos mil nueve, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. Luis María Bunge Campos, los señores consejeros presentes, y


                              VISTO:

                              El expediente 143/09, caratulado "Rustan De Estrada Myriam (Jueza Civil) s/ Act. del Dr. Ormaechea Pablo (Juez Subrog. Instr. 37)", y su acumulado expediente 189/2009, caratulado "Rustan de Estrada Myriam (Jueza) c/ Dr. Juan M. Ramos Padilla (Juzgado Instrucción N 24)” de los que


                              RESULTA

                              -Expediente N° 143/09
                              I. Se inician las actuaciones con motivo de la presentación realizada por la señora titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, en el marco del expediente N° 84.111/2008, caratulado "M. D. s/ Protección Especial", informando lo dictaminado por el Sr. Defensor Público de Menores e Incapaces y lo resuelto por la magistrada el día 12 de mayo del corriente.
                              El Defensor de Menores a cargo de la Defensoría de Menores Nº 4, toma conocimiento de los hechos y comunica a la Dra. Rustan de Estrada que, el día sábado 9 de mayo, se realizó un procedimiento en el Hogar San José Obrero, a partir de un Habeas Corpus presentado por una letrada ligada a la fundación "Felices los Niños", causa Nº 18.871/09 en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 a cargo del Juez Subrogante Dr. Pablo Ormaechea. Tal es así que un sábado, y sin consultar previamente las actuaciones arriba nombradas o aquellas en las que interviene la Fiscal Penal de Menores Dra. María Elena Holden, el citado Juez Subrogante se presenta con personal policial y médico y procede a revisar el hogar y entrevistarse con los menores.
                              Asimismo habría dispuesto que los niños y niñas alojados en el hogar sean entrevistados en Cámara Gesell el día domingo 10 del corriente.
                              Agrega el Sr. Defensor que, sin perjuicio de señalar que el habeas corpus es un recurso tendiente a la protección individual de las personas, el Juez de Instrucción Subrogante, habría actuado excedido en sus funciones, disponiendo medidas que superan el marco del habeas corpus, infringiéndoles a los menores una doble victimización ya que oportunamente fueron oídos dentro del proceso referido en Cámara Gesell.
                              Es por ello, que el Sr. Defensor solicita a la Dra. Rustam de Estrada que se oficie al Juez Subrogante de Instrucción Nº 37, haciéndole saber la intervención de la magistrada en lo referente a la protección de los niños alojados en el Hogar San José Obrero, como así también la intervención de la Sra. Fiscal de Menores Nº 2 Dra. María Elena Holden, y que se abstenga de tomar medidas que revictimicen a los niños.
                              Asimismo, solicita, se haga saber al Sr. Juez Subrogante de Instrucción se abstenga de tomar nuevas medidas hasta tanto se dé debida intervención al Juez de Menores interviniente como así también al Ministerio Público Fiscal de dicho fuero.
                              En atención a lo solicitado por el señor Defensor Público de Menores e Incapaces la Dra. Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, ordena se libre oficio al Sr. Juez Subrogante a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 37 a los efectos de hacerle saber que la suscripta como así también la titular a cargo de la Fiscalía de Menores Nº 4, Dra. María Elena Holden y la Dra. Fein a cargo de la Fiscalía de Instrucción, se encuentran interviniendo en lo referente a la protección de los niños alojados en el hogar citado, y que deberá abstenerse de tomar medidas que entorpezcan el procedimiento seguido en autos a partir de una resolución que ya se encuentra firme.

                              II. El Dr. Pablo Raúl Ormaechea, Juez Subrogante a cargo el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 37 se presenta en los términos del artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación (fs.41/43).
                              En dicha oportunidad, el magistrado expresa las circunstancias de hecho y de derecho que se vinculan con la presentación efectuada por la Jueza civil, Rustan de Estrada, en relación con el expte. 18.871/09 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36, caratulado "NN s/ Habeas Corpus. Denunciante Palomas Alarcón, Celia Andrea".
                              Refiere que “en las actuaciones en que [se] dirige, el día viernes 8 de mayo del corriente, a las 23:40 hs., se presentó una acción ante el Juzgado de Habeas Corpus de turno (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal Nº 36, a cargo de la Dra. Guillermina Martínez), acción que, a las 4.15 hs. del día 9 de mayo del presente, fue rechazada por la Magistrada interviniente” (fs. 41).
                              Continúa relatando que, ese mismo día, la Dra. Martínez dispuso elevar dicha acción en consulta a la Excelentísima Cámara en lo Criminal y Correccional y ese mismo sábado 9 de mayo de 2009, el Superior sostuvo que "…Cierto es, como lo afirma el magistrado, que la cuestión no encuadra estrictamente dentro de los límites de los arts. 3 y 4 de la ley 23.098, pero también lo es el hecho de que ésta es una subespecie de la acción de amparo contemplada, bajo términos amplios, por el art. 43 de la Constitución Nacional, que impone a los jueces de la nación la actuación inmediata para resguardar y/o hacer cesar violaciones inminentes de derechos, que no puedan, circunstancialmente, ser amparados por un medio judicial mas idóneo…" (fs. 41/41 vta.).
                              Agregando la Alzada, "…En ese marco, habrá de revocarse la decisión del punto I de fs. 18/19 y disponer las medidas urgentes pertinentes… 1) Inspección de todas las dependencias del Hogar San José Obrero, sito en la calle Charlone 753 de esta ciudad, a efectos de constatar -ampliamente- la situación de atención que están recibiendo los menores, como así también si el estado de las líneas telefónicas les permite su comunicación al exterior. 2) Que se escuche a todos los menores allí alojados en relación a las amenazas denunciadas y al menor Barreto, con respecto a ello y sobre la presunta agresión que habría recibido de parte de personal policial, sin perjuicio de que, de haber recibido lesiones alguno o algunos de los mismos, se proceda a su inmediata constatación a través de los Sres. Médicos Forenses. 3) Que se reciba declaración a los testigos propuestos a fs. 2 vta…" (fs. 41 vta.).
Relata el magistrado, que ese mismo día, 9 de mayo, encontrándose a cargo del Juzgado de Habeas Corpus de turno- fueron recibidas las actuaciones de la Excma. Cámara del fuero, disponiendo el mismo a dar cumplimiento a los puntos ordenados por dicho Tribunal.
                              Es por esta razón, informa el magistrado que se constituyó en el hogar San José Obrero, detallando que inspeccionó el predio, (obteniendo numerosas fotografías), constatando la situación de atención que recibían los menores sin perjuicio de verificar el estado de las líneas telefónicas instaladas en el lugar, en cuanto a la posibilidad de dichos menores de comunicarse con el exterior.
                              En cuanto al punto relativo a establecer si alguno de los menores presentaba lesiones, se convocó al facultativo de turno del Cuerpo Médico Forense, quien se hizo presente en el hogar de cita.
                              Y, lo que es fundamental, remarca el magistrado, se escuchó a todos los menores que quisieron ser oídos, a aquellos que contaban con 16 años se les recibió declaración en el lugar, y a los menores que no alcanzaban dicha edad, se dispuso oírlos conforme lo estipulado en el art. 250 bis del ritual, razón por la cual, al día siguiente, domingo 10 de mayo, fueron trasladados a la sede del Cuerpo Médico Forense y entrevistados, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, por licenciadas en psicología y profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.
                              Informa el magistrado, que con anterioridad a dicha labor, habían sido citados, para el lunes 11 de mayo, todos los testigos mencionados en el escrito de inicio de la acción referida supra.
                              Destaca, que el día 11 de mayo, libró un oficio a la Dra. Rustan de Estrada solicitándole la remisión "ad effectum viddendi et probandi", de las actuaciones en las que se dirigía, o en su defecto le enviase copias certificadas en el término de 24 hs.
                              Menciona, que una semana después (18 de mayo), recibió por secretaría un oficio en el cual la aludida magistrada le hacía saber que resultaba imposible acceder al pedido de fotocopias solicitadas. Siguiendo con la línea de los hechos, el magistrado informa que el día 11 de mayo de 2009, cumplimentadas todas las diligencias urgentes, se dispuso remitir el legajo en devolución y a conocimiento de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36, Dra. Guillermina Martinez, quien el día 13 de mayo de 2009, dispuso rechazar la acción impetrada por la Dra. Celia Andrea Palomas Alarcón y elevar el legajo en consulta a la Excma. Cámara del fuero.
                              Asimismo, refiere que es en este ámbito en el cual el Superior dispuso confirmar dicha resolución al valorar que "…las circunstancias denunciadas por la accionante en relación a la situación de los menores… alojados en el Hogar San José Obrero, así como también de los restantes internos, ha sido objeto de inspección por parte del juez de instrucción interviniente a partir de la indicada decisión del tribunal revisor, sin que surja de lo actuado hipótesis habilitante alguna en los términos de la citada normativa…" (fs. 42 vta.).
                              Concluye el magistrado que, conforme lo actuado, queda claramente demostrado que en ningún momento tomó medida alguna en relación a los menores en cuestión, obedeciendo su actuación, a órdenes emanadas de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal Correccional, en el caso Sala de Habeas Corpus, las que valoró legítimas, razonables y ajustadas a derecho, limitándose a cumplir las mismas, las cuales no admitían demora, para luego devolver el legajo a la magistrada ante quien se había interpuesto la acción; no habiendo en ningún momento, entorpecido procedimiento alguno.
                              Por último y a los fines de ilustrar lo expresado, el magistrado acompaña con el descargo copias certificadas del expediente N 18.871/09, caratulado "NN s/ Habeas Corpus. Denunciante Palomas Alarcón, Celia Andrea".
                              III. En función de las medidas preliminares, se requirieron fotocopias certificadas de la causa N° 84.111/2008, caratulada "M. D. s/ protección especial", como así también de la causa N 18.871/09, caratulada "NN s/ Habeas Corpus. Dte. Palomas Alarcón, Celia Andrea".
                              A) De la compulsa de la causa N 84.111/2008, caratulada "M. D. s/ protección especial", surge que se inician los actuados con una denuncia por parte del Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal de Belgrano, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Horacio Benites Astoul, presentada ante Sr. Defensor de Menores, titular de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial de Primera Instancia N 4, Dr. Marcelo Jalil, a fin de dar cuenta de ciertos hechos sucedidos en la escuela "Instituto Santa Teresa de los Andes", con un niño del hogar San José Obrero, perteneciente a la Fundación Felices los Niños, y alumno de la mencionada escuela.
                              La referida escuela si bien pertenece al Arzobispado de Buenos Aires, se encuentra físicamente dentro del mismo predio del hogar de cita.
                              Fue en esa escuela, en la que se observaron los hechos que motivaron la presentación, con un niño del Hogar San José de la mencionada Fundación.
                              El niño, de nombre D. M. de 8 años de edad, llegó a la escuela muy mal, no quiso trabajar, comenzó a llorar, motivo por el cual lo llevaron a dirección, logrando calmarlo, no obstante en el recreo post almuerzo, el referido niño puso en riesgo su integridad, atando un cable a su cuello y amenazando con saltar desde donde estaba, al tiempo que repetía "quiero irme al cielo y terminar con todo esto".
                              Es en este marco que el Defensor Público de Menores e Incapaces, Titular del Despacho N 4, Dr. Marcelo Jalil, solicita medidas de protección especial a favor del menor D. M.
                              Una pieza importante para tener en cuenta la delicada situación en la que se encuentran D. y los demás niños que viven en el hogar de referencia, es el informe realizado por la Licenciada Constanza Biondi, psicopedagoga del colegio citado.
                              La profesional manifiesta su preocupación por la situación de los niños, "muy especialmente aquellos que están institucionalizados en el hogar. Puntualizando que "el hecho que acaba de suceder es terrible y, dolorosamente, una de las consecuencias posibles de la situación que estos niños viven".
                              Estos hechos junto con los otros derivados del informe del Servicio Social, motivaron al Señor Defensor de Menores, solicitar al órgano jurisdiccional, con carácter de urgente, la evaluación del menor de referencia, por un psiquiatra especialista en niños y un psicólogo especializado en la problemática del maltrato y abuso sexual infantil del Cuerpo Médico Forense; como así también que se disponga el secuestro del legajo del niño, y que se constituya en el hogar citado una junta evaluadora para entrevistar "in situ" a los niños y adolescentes que se alojan en el hogar, procediéndose también a evaluarlos físicamente.
                              Es en este momento en el cual comienza su intervención la Dra. Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N 106, la cual hace lugar a las solicitudes efectuadas por el Sr. Defensor de Menores, ordenando se lleven a cabo las medidas pertinentes, como así también el secuestro de los cuarenta legajos restantes, haciendo saber a las autoridades del Hogar San José que no podrán disponer el traslado de cualquier niño o adolescente allí alojado sin autorización previa del Juzgado a cargo.
                              La magistrada a instancia de lo solicitado por la Sra. Fiscal de Instrucción interviniente en el marco de la causa penal, dispone llevar a cabo una inspección ocular en el hogar mencionado.
                              Conforme surge de lo informado sobre la compulsa de los legajos de los menores, que fueran evaluados en la Defensoría de Menores e Incapaces N 4, a cargo del Dr. Marcelo Jalil, se desprendería la comisión de posibles abusos sexuales de los que habrían sido víctimas varios menores.
                              Atento los antecedentes de autos, los datos recolectados y lo dictaminado por el Sr. Defensor Público de Menores, la jueza de la causa dispone con carácter de medida cautelar (art. 232 del Código Procesal) y en los términos del art. 78, inc. d, de la ley 114 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención del Hogar San José, aprobando a ese fin el proyecto presentado por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
                              Dicho Consejo debía informar cada quince días el estado de los niños que viven en el hogar, como así también cualquier información de utilidad para la causa, teniendo las actuaciones carácter de reservadas.
                              Dentro de las observaciones realizadas por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las que dan cuenta del funcionamiento del Hogar las 24 horas del día, surgen numerosas irregularidades, tales como que no existe en el hogar un registro escrito, a disposición del personal que se encuentra a cargo de los niños, de los datos de las personas autorizadas para ingresar e interactuar con los niños (madrinas, familiares, etc.); durante todo el día tanto hábiles como los fines de semana, ingresan al hogar personas sin que se identifiquen frente a los responsables del hogar; los niños que salen durante el fin de semana no son despedidos y/o recibidos por ninguno de los integrantes del personal del hogar; no existe ningún control en relación al estado de salud tanto física como emocional en el que regresan los niños luego de la estadía con familiares; no se registra en ningún instrumento escrito, las salidas o encuentros de los niños con sus familias durante los fines de semana; no se observan actividades específicas por parte del hogar destinadas a la vinculación entre hermanos convivientes como así tampoco de los niños con sus familias; los niños no disponen de un espacio o personal destinado para ello en donde poder expresar preguntas, inquietudes, reflexiones acerca de la temática familiar.
                              En cuanto a manifestaciones observadas tanto en desempeños individuales como en los grupales se observa: dificultades para sostener atención en tareas y actividades lúdicas; dificultades para culminar las tareas propuestas; descuido de sus actividades diarias, múltiples discusiones entre ellos y con los adultos; inicio frecuente de peleas que incluyen agresiones físicas; manifestaciones de crueldad con animales del hogar; reiterados robos entre ellos; reiteradas amenazas e intimidaciones como modo de relación, etc.
                              Dentro del marco de la intervención y debido a las numerosas irregularidades surgidas de los informes del órgano encargado de llevar a cabo dicha medida, la magistrada resuelve, hacer saber a las religiosas que viven en los hogares dependientes de la fundación Felices los Niños, que deben abstenerse de interferir, obstruir o desvirtuar las medidas e instrucciones que impartan los profesionales de la intervención, prohibir a las religiosas que realicen o fomenten cualquier tipo de contacto entre los niños y el Padre Julio Cesar Grassi, como así también que deberán cesar en sus conductas de malos tratos hacia los niños, etc.
                              Tal como surge de las constancias del expediente supra citado, a fs. 646, la Presidenta y Vicepresidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, le comunican a V.S. que dicho consejo ha dispuesto el cese de la intervención informativa, iniciada en fecha 3 de noviembre de 2008, en el Hogar San José Obrero, estimando oportuno estipular un plazo de duración de 120 días, venciendo el mismo en fecha 3 de marzo de 2009.
                              El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires además de proponer el cese de la intervención, adjunta en el mismo escrito, un acuerdo de cese de intervención al hogar San José Obrero suscripto entre la Dirección Ejecutiva de dicho Consejo y el Hogar citado, representado por el Dr. Ricardo J. Muro, en el cual se fijan varias cláusulas, tales como: remover el personal existente, garantizar la permanencia de un equipo interdisciplinario, realizar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los niños alojados en el hogar, llevar correctamente un registro de las personas autorizadas a ingresar en el hogar, etc.
                              Mas tarde se vuelven a presentar la Presidenta y Vicepresidenta del Consejo aludido, manifestando que no se había dado cabal cumplimiento con lo acordado en el Acta firmada entre éstas y el apoderado legal de la fundación Felices los Niños, Dr. Ricardo Muro, la cual fuera presentada en autos como parte integrante del acuerdo de cese de intervención.
                              Atento a ello, y sin perjuicio de lo dispuesto por la magistrada en su resolución de fecha 19 de marzo de 2009, la cual ordenó se prorrogue la medida de intervención institucional debiendo el Consejo continuar con la misma hasta nueva orden judicial, la Dirección Ejecutiva del mismo decide acorde lo ordenado por V.S. prorrogar la permanencia del organismo en el hogar, hasta tanto se modifiquen las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la institución.
                              A fs. 826, se agrega el dictamen del Sr. Defensor de Menores, mediante el cual rechaza la propuesta de cese de intervención por parte del Consejo, señalando que las medidas pedidas por el Ministerio Público y ordenadas por V.S. tuvieron como finalidad el cese y reparación de los abusos a los que los menores eran sometidos, situación que a su entender no ha cambiado.
                              Ante lo expuesto solicitó varias medidas, tales como disponer la reubicación de la totalidad de los niños alojados en el hogar, dicha reubicación deberá ser en instituciones acordes a las necesidades de cada uno de ellos, cumplida que sea la medida se ponga en conocimiento a cada uno de los Tribunales que oportunamente dispusieran la internación de los niños.
                              A fs. 856, la magistrada resuelve de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Defensor Público de Menores, la reubicación de los menores, en lo posible en familias de acogimiento, caso contrario reubicarlos en instituciones acordes a su patología, concediendo quince días hábiles para cumplir con la resolución dictada.
                              A fin de lograr un efectivo cumplimiento de la medida ordenada, la magistrada, autoriza al Sr. Oficial de Justicia a requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio y/o violentar cerraduras.
                              Con fecha 18 de mayo de 2009, comparece al tribunal en forma espontánea el señor Defensor de Menores, Dr. Marcelo Jalil, quien manifiesta que teniendo en cuenta lo informado por la intervención del Hogar San José Obrero perteneciente al consejo de Niños Niñas y Adolescentes, como así también lo informado por los señores oficiales de justicia, de donde se desprende que no se pudo efectivizar adecuada y correctamente la medida dispuesta por V.S. es que solicita, que considerando la ascendencia y contención que la escuela "Instituto Santa Teresa de los Andes" posee sobre los menores y que el mismo pertenece al Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y que fuera el Señor Obispo Auxiliar Benites Astoul quien hiciera al denuncia ante el ministerio presidido por aquel, solicita que se disponga que el Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de la dirección y conducción del Hogar.
                              Teniendo en cuenta la observación del Señor Defensor de Menores, y compartiendo el criterio del mismo, la magistrada decide designar al Arzobispado de Buenos Aires, representante legal de los menores que se encuentren internados en el hogar citado. El Arzobispado deberá ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno de los niños disponga la reubicación de cada uno de ellos.
                              Asimismo, ordena la magistrada que el Arzobispado deberá designar Director y subdirector del hogar, prohibiéndose el acceso al hogar de todas las personas ajenas al Arzobispado.
                              Dispone también el cese de la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires como autoridad del hogar.
                              Finaliza el expediente referenciado, con un informe pormenorizado del Director Interino del Hogar San José Obrero, Rodrigo Rodríguez Tornquist en el cual relata la situación inicial del hogar al asumir la Dirección, la cual denotaba una anomia generalizada, con ausencia de medidas de disciplina y respeto por las normas básicas de convivencia. Llamaba la atención el hecho que los menores se comunicaban constantemente por teléfono celular y handy, expresando que ellos sólo harían caso a las indicaciones que les dieran por ese medio, presentándose una situación de tensión extrema ante cualquier solicitud de retirarles los celulares.
                              Ante este hecho, la magistrada manifiesta que resulta evidente que los menores avisan cualquier orden dada por sus jueces naturales para que, adultos de la Fundación Felices Los Niños, actúen en consecuencia, con la sola intención de no permitir el cierre del hogar, aumentando el riesgo en que se encuentran los menores por la notoria manipulación.
                              Por último surge de fs. 1659, un informe del Director Interino del hogar, en donde consta que conforme con lo dispuesto oportunamente en autos, ha procedido a desalojar el hogar San José Obrero. Los traslados y alojamientos han sido dispuestos por cada uno de los juzgados que habían ordenado la internación en dicho hogar. A continuación, detalla cómo se realizó la distribución de los menores, haciendo luego entrega formal de las llaves del hogar y solicitando el cese en el carácter de guardador de los niños alojados en el hogar citado.
                              B) De la compulsa de la causa N 18.871/09, caratulada "NN s/ Habeas Corpus. Dte. Palomas Alarcón, Celia Andrea" surge que se inician las actuaciones con la interposición del recurso de habeas corpus por parte de la Dra. Celia Andrea Palomas Alarcón, en su carácter de abogada patrocinante de tres niños pertenecientes al Hogar San José Obrero.
                              Fundamenta su recurso, en que se ha enterado por medio de la prensa que el hogar va a ser desalojado, debido a la orden de la Titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, Dra. Rustan de Estrada, de reubicar a todos los niños en distintas instituciones.
                              Alegando que en virtud de que los niños se niegan a abandonar el Hogar, varios integrantes del órgano interventor han ejercido presión sobre ellos a fin de vencer su resistencia.
                              Luego abundó en menciones ejemplificativas de tal trato vejatorio para concluir en que el día 8 de mayo, intervino la policía siendo agredido uno de los menores por un agente.
                              La Dra. Guillermina Martínez, Juez Subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 36, resuelve rechazar la acción de habeas corpus impetrada, debido a que, según la citada jueza, la situación traída a conocimiento de su Juzgado no es materia de habeas corpus pues se vincula con una cuestión de naturaleza civil, en la que se encuentra conociendo un magistrado de ese fuero, por lo que rechaza la acción incoada, imponiendo costas a la denunciante.
                              No obstante lo resuelto, la magistrada Martínez decide elevar en consulta el legajo a la Excma. Cámara del Fuero.
                              Dentro de este marco de situación, la Sala II de la Cámara del Fuero, resuelve disponer una serie de medidas a realizarse en el hogar San José, a fin de aclarar los dichos de la Dra. Palomas Alarcón.
                              En estas circunstancias es que interviene el Dr. Pablo Raúl Ormaechea, Juez Subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, ya que ese día, dicho Juzgado se encontraba de turno, y al ser recibidas las actuaciones de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, el citado Juez dispuso dar cumplimiento a los puntos ordenados por los Sres. Jueces integrantes de la Sala II.
                              Es así como, en fecha 9 de mayo de 2009, el magistrado se constituyó en la calle Charlone N° 753 de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde funciona el hogar San José Obrero, efectuando las diligencias correspondientes.
                              Una vez que el señor Juez de turno de habeas corpus, Dr. Ormaechea, concluyó su labor, habiendo cumplimentado la manda impuesta por el Superior, devolvió el legajo al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 36, a cargo de la Dra. Martínez, la cual a fs. 171, manifiesta que concluidas las diligencias ordenadas por la alzada, interpreta que de su realización no se deriva que exista algún elemento nuevo que permita hacer lugar al habeas corpus interpuesto y que, a la fecha, los derechos invocados encuentran debido resguardo con la actuación que ya venía desplegando la sra. Juez en lo civil.
                              Por ello, estima la Dra. Martínez, corresponde rechazar la denuncia practicada por la Dra. Palomas Alarcón, elevando el presente en consulta a la Excma. Cámara del fuero.
                              Es así que a fs. 175, la Sala V de la Excma. Cámara resuelve confirmar la resolución de fs. 171/172, por la que se rechazó la acción de habeas corpus incoada, ya que de las diligencias efectuadas, permiten considerar que no se verifican en la especie ninguna de las hipótesis de procedibilidad del art. 3 de la ley 23.098, siendo procedente resaltar que las cuestiones atinentes al amparo promovido, son objeto de tratamiento de magistrados en lo civil y en lo criminal de instrucción.
                              IV. Dentro del marco de las actuaciones, es menester hacer mención de la existencia de dos causas relacionadas a la principal, las cuales son, causa N° 46.305/2009, caratulada "M. D. s/ recurso de hecho" y causa N° 107.988/2008, caratulada "M. D. s/ incidente de familia".
                              a) De la compulsa de la primera, causa N° 46.305/2009 caratulada "M. D. s/ recurso de hecho", se observa que la misma surge de una presentación hecha por la Dra. Celia Andrea Palomas Alarcón, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, a cargo del Dr. Juan M. Ramos Padilla, por ante quien tramita la causa N 20.499/09 donde se investiga la posible comisión de delito de acción pública, cometido dentro del marco de la intervención al Hogar San José, llevada adelante por la Dra. Rustan de Estrada.
                              La nombrada Dra. Palomas Alarcón, habiéndose anoticiado de la investigación que realiza el Sr. Juez Ramos Padilla, manifiesta en su presentación la intención de ésta de ponerse a disposición del Juzgado para colaborar en lo que esté a su alcance.
                              En el mismo sentido, amplía la denuncia debido a datos que dice llegaron a su conocimiento, referidos por distintas personas, las cuales ofrece como testigos.
                              Luego, en el mismo expediente se presenta, la Sra. Santa María Espinosa Nieto, madre de F. E. E., menor de edad, alojada en el referido hogar por problemas de conducta y con el fin de brindarle tratamiento psicológico.
                              Según dichos de la progenitora de la menor, desde que se comenzó con la intervención del Hogar, su hija comenzó a exteriorizar nuevos síntomas de su dolencia, como así también una anorexia nerviosa, ello debido al maltrato y amenazas recibidas por parte del personal del Consejo de los Derechos de Niños, niñas y Adolescentes de la ciudad.
                              Continúa, haciendo referencia al hecho que el día 7 de mayo, personal del Consejo llevó a su hija al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde pretendieron dejarla internada, lo cual no ocurrió debido a la negativa de los médicos del hospital y de la propia menor.
                              Luego, una vez devuelta al hogar, el personal del Consejo sobremedicó a su hija, dejándola narcotizada y aturdida, siendo en este estado transportada a la Comunidad Terapéutica CEPREAP, para adictos al alcohol y las drogas, no permitiendo a la presentante ver a su hija.
                              Refiere, la madre de la menor, que su hija quiere volver al hogar San José Obrero, hasta que se le encuentre un lugar apropiado a su edad y tratamiento, dado que se encuentre en un lugar degradante no acorde a sus necesidades y/o patologías.
                              A continuación, la Sra. Espinosa Nieto, solicita la recusación sin causa de la Sra. Jueza Rustan de Estrada, pidiendo se le informe sobre los motivos por los cuales su hija, menor de edad, fue trasladada sin su permiso y sin su conocimiento a una comunidad terapéutica para rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, siendo que no presenta tales enfermedades.
                              Luego de tales formulaciones, la Sra. Espinosa Nieto, interpone recurso de queja por denegación de justicia, contra la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, Dra. Rustán de Estrada.
                              En fecha 19 de junio de 2009, la Cámara resuelve, "que toda vez que los recurrentes no interponen un recurso de queja por apelación denegada sino que plantean una situación de denegación de justicia por omisión de proveimiento de presentaciones formuladas en la primera instancia, habida cuenta que este Tribunal carece de competencia para recibir la denuncia en cuestión, ocúrrase ante el Tribunal de Superintendencia o ante el Consejo de la Magistratura a tales efectos".
                              b) Del análisis de la causa n 107.988/2008, caratulada "M. D. s/ incidente de familia", surge que se inician con la presentación del Sr. Ricardo Juan Muro, apoderado de la Fundación Felices los Niños, designando consultores de parte, con relación a la eventual pericia que se lleve a cabo respecto del menor D. M., solicitando a V.S. se los autorice a presenciar las pertinentes pericias a efectuarse por el Cuerpo Médico Forense.
                              La Jueza de la causa, Dra. Rustan de Estrada, resuelve no hacer lugar a la proposición de consultores técnicos por no resultar parte en las actuaciones.
                              A continuación el Sr. Muro, apoderado de la Fundación Felices los Niños, apela la resolución por la cual V.S. no hizo lugar a las propuestas de designación de consultores técnicos.
                              En respuesta al recurso planteado por el Sr. Muro, el Superior resuelve confirmar la providencia de fs. 24, por la cual no se hace lugar a la propuesta de designación de consultores técnicos.

                              -Expediente 189/09
                              I. Se inician las actuaciones con motivo de la denuncia efectuada por la Dra. Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 106, con fecha 24 de junio de 2009, contra el Dr. Juan M. Ramos Padilla, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, en el marco del expediente N° 20.499/09, caratulado "Seccional 37 de la PFA" (fs. 49/51).
                              La denunciante comienza su relato explicando que, en el marco de una muy delicada causa que tramita ante el juzgado a su cargo, en la que se han implementado urgentes medidas tendientes a proteger los superiores intereses de niños albergados en un hogar perteneciente a la Fundación Felices los Niños, la misma ha sufrido la interferencia y obstaculización del trámite a causa del accionar del mencionado juez.
                              En la causa N 20.499/09 antes citada, radicada ante el juzgado a cargo del Juez denunciado, indica la magistrada, que ha sido anoticiada del encuadre que hizo dicho juez de aquella, dentro de la situación prevista por el art. 73 del CPPN. Dicha norma prevé la posibilidad de que "…la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aún cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal". Agregando que dicho magistrado, también la notifica de su derecho a presentarse en dicha causa a declarar, en los términos del art. 279 del CPPN (fs. 49 vta.).
                              Señala la magistrada que conforme se desprende de la resolución dictada en esa causa el día 17 de junio del corriente, la fiscal interviniente, Dra. Betina Vota, en los términos del art. 180 del CPPN, determinó que el objeto procesal a pesquisar debía acotarse a presuntos hechos de violencia protagonizados por el personal del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por personal de la comisaría 37 de la Policía Federal Argentina.
                              No surge de la citada resolución que el juez denunciado hubiera hecho uso de la prerrogativa que le confiere el art. 196 del CPP, destaca la dicente.
                              De allí se desprende, según la denunciante, que el juez Ramos Padilla, la considera imputada de un delito sin que la fiscal interviniente hubiera formulado el requerimiento de instrucción de la causa en los términos del art. 188 del CPP.
                              Refiere la Dra. Rustan de Estrada, que la actitud del magistrado denunciado además de ser una grave irregularidad procesal, produce una interferencia y obstaculización de la causa en la que se ventilan cuestiones vitales como la salud física y moral de niños.
                              Agrega que la actividad jurisdiccional del Juez citado responde a intereses de la Fundación Felices los Niños.
                              Manifiesta la denunciante que seguir el juego a quienes han realizado un despliegue inaudito de influencia mediática, sólo implica un desprecio por los niños alojados en un hogar que a esta altura ni siquiera cuenta con la pertinente habilitación para funcionar como tal. Este tipo de injerencias impide el cumplimiento de una orden de reubicación de los niños que en ese lugar fueron víctimas de actos aberrantes contra sus cuerpos y almas.
                              Refiere la Jueza denunciante que según le ha informado el padre Accaputo, designado por el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires para atención del hogar hasta el definitivo traslado de los menores, el juez denunciado ha confraternizado con los menores, y desautorizado a las autoridades del hogar.
                              Continúa la denunciante que según comentario que le hiciera el denunciado al padre Accaputo, al cual ofrece como testigo, aquel manifestó que la orden de desalojo del hogar rige mientras él no decidiera lo contrario.
                              Sintetiza la denunciante que el citado juez se ha arrogado la función de supervisión de la soberana decisión de un colega suyo que le corresponde a un tribunal de alzada de la suscripta, lo cual resulta inaudito.
                              En cuanto a la prueba del hecho que denuncia, ofrece la magistrada las constancias de la causa penal N° 20.499/09, como así también las declaraciones testimoniales del presbítero Carlos Alberto Accaputo y del licenciado Rodrigo Jesús Rodríguez Tornquist.
                              Con fecha 10 de septiembre de 2009 (fs. 58/60), la Dra. Rustan de Estrada, se presenta nuevamente ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura a fin de ampliar su denuncia contra el Dr. Juan M. Ramos Padilla, por: 1) Abuso de autoridad; 2) impedimento de continuar con la tramitación de una causa de la cual la denunciante es jueza natural; 3) odio manifiesto, puesto en evidencia a partir de las actuaciones que sustancia en su contra en el juzgado a su cargo; 4) arrogarse funciones de fiscal ya que sin la instancia necesaria de autoridad competente se la ha declarado imputada en la causa N 20.499/09; 5) generar continua confusión al remitirle oficios en la citada causa del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24 a su cargo designando siempre de manera distinta al imputado.
                              A fin de ilustrar las imputaciones contenidas en la presente denuncia, la magistrado relata los últimos hechos ocurridos:
                              El 1/7/09 del corriente, por intermedio de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la magistrada remitió a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y por intermedio de ésta al titular del juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 24, Dr. Ramos Padilla, fotocopias íntegras, certificadas por el secretario del juzgado, de los autos "M. D. s/ Protección de Persona" (Expte. 84.111/08), debido al pedido que éste le formulara de remisión del expediente original y anexos, enviándole fotocopias para evitar la paralización del trámite.
                              No obstante ello, ante la insistencia del mencionado juzgado que quería ver los originales y los legajos correspondientes a cada menor, el Dr. Ricardo M. Güiraldes, quien se encontraba interinamente a cargo del juzgado (por enfermedad de la denunciante), ordenó la remisión de las actuaciones con los correspondientes legajos por el plazo de 48 hs., atendiendo a las particulares circunstancias del trámite.
                              Al reintegrarse al juzgado, la magistrada y ante el cúmulo de peticiones sin proveer esperando la devolución de los autos de referencia le remitió al Dr. Ramos Padilla un oficio recordándole que hacía seis días que había expirado el plazo para su devolución. Luego recibió un oficio en el que decía que necesitaba el expediente para que las partes involucradas ejercieran su derecho de defensa. Sin hacer referencia a las fotocopias certificadas que le fueran remitidas oportunamente, las cuales podrían haber constatado si se correspondían con el original. De manera insólita, el juez denunciado en su resolución del 31 de agosto de 2009, cuya copia acompaña, expresó: "La Sra. Rustan de Estrada es conocedora de las imputaciones que se le han formulado, de modo que eventualmente no resultaría lo más apropiado que quien se defiende sea quien posea las actuaciones que hacen a su eventual responsabilidad penal" (fs. 59).
                              Señala la jueza, que lo pretendido por el Dr. Ramos Padilla, es que un juicio radicado en el juzgado a cargo de aquella, quede radicado en el suyo, es decir el del denunciado. Arrogándose facultades que le son completamente ajenas al pretender que un proceso de naturaleza civil quede radicado en el juzgado de instrucción del cual es titular, soslayando elementales principios, tales como el del juez natural y de distribución de las causas conforme a la materia (decreto 1258/58). Lo más grave de la cuestión a entender de la magistrada, es que el juez denunciado ha retenido la causa impidiendo que la misma prosiga con urgentes trámites pendientes en el juzgado natural del cual la denunciante es titular, ocasionando una gravísima obstrucción al ejercicio de sus derechos civiles a numerosos niños.
                              Manifiesta la dicente que, entre los fundamentos esgrimidos por el juez, no se advierten motivos que permitan soslayar la preeminencia a nivel constitucional que tienen los superiores derechos de los niños.
                              En el caso particular del expediente "M. D. s/Protección de Persona", señala la suscripta, existen cuestiones pendientes que no pueden proveerse mientras las actuaciones y sus legajos no sean devueltas.
                              En el caso, existen numerosos pedidos de los juzgados naturales de los niños involucrados en la causa, en los que solicitan la remisión de los legajos personales. Destaca, que en dichos legajos existe documentación original de los niños y sus antecedentes relativos a aspectos psicológicos, conductuales y sociales, que indefectiblemente resultan necesarios al momento de tutelar el superior interés de los niños.
                              Por ese motivo, explica la dicente, la genérica alusión al orden público que hace el denunciado, de ninguna manera puede constituir un motivo valedero para retener la causa radicada ante el juzgado del cual la suscripta es titular, generando una situación de denegación de justicia, debido a la abusiva retención de los legajos de los niños. Resultando más insustancial tal actitud si se tiene en cuenta que el mencionado juez cuenta con un juego de fotocopias certificadas que podrá cotejar por si o por intermedio del actuario del juzgado a su cargo.
                              Por tales razones, la magistrado solicita, la aplicación al Dr. Juan M. Ramos Padilla de la máxima sanción por su inconducta y entorpecimiento del trámite de la causa de la cual ella es juez natural.
                              Luego, como anexo al expediente 143/2009, se envió a esta comisión documentación acompañada por la Dra. Rustan de Estrada, de la cual surge que las actuaciones principales le habían sido remitidas "ad effectum videndi" al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24.
                              La misma consta a fs. 1 de una comunicación de la Dra. Adriana L. Leiras, Juez Nacional de Menores, a cargo del Juzgado N° 6, en relación al expediente N° 16.048 seguido al menor D. E. B., alojado en el hogar de cita, con el fin de poner de manifiesto que dicho Tribunal a su cargo, resolvió cesar la disposición preventiva respecto del menor de referencia, quedando el mismo a exclusiva disposición de la Jueza citada en el expediente N° 84.111/2008, que tramita ante el Juzgado a su cargo.
                              Luego se adjuntan una serie de pedidos formulados por los distintos jueces naturales de los menores, como por ejemplo la remisión de los legajos personales de éstos, a los que la magistrada Rustan de Estrada contesta que la totalidad de las actuaciones junto con los legajos fueron remitidos "ad effectum videndi" al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, por lo que una vez devueltos los mismos se remitirá la documentación solicitada.
                              A continuación, se acompaña una presentación de la Dra. Jueza Rustan de Estrada, ante el Sr. Presidente de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Dr. Mario Filozof, a fin de poner en conocimiento lo acontecido con el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24.
                              Allí relata que por intermedio de V.E. remitió un juego de fotocopias certificadas de los autos "M. D. s/ protección de persona" (expte. 84111/08), al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, Dr. Ramos Padilla.
                              No obstante ello, y ante la insistencia del titular de dicho Juzgado, se ordenó la remisión de las actuaciones con los correspondientes legajos de los menores por el plazo de 48 hs. Transcurridos seis días desde el vencimiento del plazo estipulado, el referido Juez, solicita una prórroga del mismo fundando su pedido en diferentes motivos. Es por tal razón que la Dra. Rustan de Estrada acude a la Excma. Cámara citada, a fin de que disponga las medidas conducentes a la inmediata devolución de las actuaciones y sus legajos a su Juzgado.
                              En respuesta al pedido formulado por la magistrada, el Dr. Mario Filozof, resuelve que tal solicitud sea elevada a la Presidencia que ejerza superintendencia sobre los Juzgados Civiles.
                              Posteriormente la Dra. Rustan de Estrada, vuelve a solicitar lo mismo a la Sra. Presidente de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dra. Elisa M. Díaz de Vivar, como así también a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.
                              II. El 21 de octubre del corriente año, el Dr. Juan M. Ramos Padilla, se presenta en los términos del art. 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación (fs. 90).
                              Indica que, se encuentra limitado en el ejercicio de su propia defensa, ya que entiende debe prevalecer la función jurisdiccional que ejerce por mandato constitucional, ya que en el Juzgado a su cargo, tramita la causa N 20.499/09 caratulada "Rustan de Estrada, Myriam y otros s/ delito de acción pública", situación que le impide explayarse con libertad.
                              Por tal motivo acompaña la copia de la resolución del 18 de septiembre, donde se analiza la intervención del suscripto a partir de las denuncias de la colega del fuero civil, Dra. Myriam Rustan de Estrada.
                              Luego el magistrado se refiere a las imputaciones que se le formulan, como haber comprado pizzas a los niños alojados en el hogar, señalando que no compró alimento alguno, pero por razones humanitarias lo hubiera hecho, sin dudar, para el caso que los niños necesitaran comida.
                              En cuanto a haber confraternizado con los niños al permitirle que lo llamen por su nombre de pila, señala que no le parece que deba formular advertencias a niños de corta edad para que lo llamen SS, de modo que es cierto que alguno lo llamó "Juan" (fs. 90).
                              En lo que se refiere a que responde a los intereses de una fundación "Felices los Niños" o del padre Julio Grassi, señala que no tiene ninguna relación con dicha fundación, y que no conoce personalmente al padre Grassi, quienes por otra parte sostiene el Juez, no son parte de la investigación que realiza.
                              En lo relativo a la notificación efectuada a la Dra. Myriam Rustan de Estrada, informa el magistrado, que efectivamente ha notificado a la Dra. Myriam Rustan de Estrada en los términos de los arts. 73 y 279 del CPP, ya que del curso de la investigación surgieron imputaciones en su contra, y es su obligación, poner en conocimiento de toda persona a la que se le formulen imputaciones hacerle saber la existencia de la causa, de modo que pueda ejercer su derecho a la defensa, tal como surge de las normas que ha citado.
                              Esto ha permitido, prosigue el Juez, que la Sra. Juez cuente con tres abogados defensores, quienes actuando en su defensa han efectuado presentaciones en el expediente. Sostiene que no puede ser que se lo denuncie por haber garantizado el derecho a la defensa de una colega.
                              Señala finalmente el magistrado, que resulta de práctica frecuente, que personas denunciadas o sus abogados pretendan elegir a los jueces que estimen más convenientes a sus intereses, violando el principio del juez natural y las disposiciones del art. 55 del CPP.
                              Por último el Sr. Juez solicita a este Consejo de la Magistratura, la desestimación de la denuncia en su contra.
                              III. De la compulsa del expediente 20.499/2009, que remitiera el Juzgado de Instrucción N 24, en fotocopias certificadas, caratulado "Rustan de Estrada Myriam y otros s/ Delito de Acción Publica", como anexo del expediente 143/2009, surge lo siguiente:
                              La directora del Hogar San José Obrero, Nancy Silva, promueve una acción de habeas corpus, denuncia violencia a menores, privación de libertad, adjunta videos de prueba y solicita medidas urgentes.
                              Este pedido se basa, en que según la denunciante, en virtud de una orden de desalojo dictada por la Dra. Myriam Rustan de Estrada, personal del Consejo del Niño, Niña y Adolescente junto con oficiales de la Comisaría N° 37 ejercieron hechos de violencia respecto de los menores allí alojados.
                              Debido a que los menores no querían ser trasladados en función de que hace años viven allí, el personal del Consejo los amenaza con que si continúan resistiéndose serán dormidos con medicación, y trasladados de esa forma a otro hogar o en el peor de los casos que serán trasladados a institutos de menores para delincuentes.
                              También relata, la directora del Hogar que corren y pegan a los niños a fin de lograr su cometido, y que estos hechos de violencia fueron filmados por un educador que se encontraba dentro del hogar, adjuntando el DVD donde se pueden observar las imágenes descriptas.
                              Señala la accionante que el Consejo no está en condiciones de hacerse cargo de los niños, además los menores les tienen miedo.
                              A continuación detalla los antecedentes de cada niño y los traslados que se han producido mediante el empleo de estos medios de violencia.
                              Cuenta el caso de la menor F. E., la cual sufre de bulimia y anorexia, y para ser trasladada del Hogar San José Obrero la sobremedicaron, presentándose una situación de extrema gravedad la cual hizo que personal del Consejo se viera obligada a llevarla al Hospital Gutiérrez en donde le realizaron un dosaje de sangre, determinando que tenía exceso de psicofármaco.
                              Luego del alta, la menor fue retirada por personal del Consejo, desconociéndose su paradero.
                              Solicita la Sra. Silva al magistrado, que ponga en conocimiento de la situación al Juez natural de la menor para que tome las medidas del caso con carácter de urgente.
                              Luego denuncia la situación de dos menores, los cuales fueron trasladados durante la noche mediante empleo de violencia física. Fueron acompañados por un educador a un hogar sito en calle Avellaneda 436 de Capital Federal y una vez allí los privaron de su libertad. Lo cierto es que aquí se consumó un delito y fue mediante abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
                              Ello en función de que estos niños se encuentran a disposición del Juzgado de Menores Nº 4 de San Martín, Dr. Gallardo, quien en virtud de haber tomado conocimiento de la decisión de la Jueza Rustan de Estrada dispuso una medida de no innovar consistente en que los niños permanezcan en el hogar San José Obrero.
                              Sigue en su relato haciendo mención a los demás menores alojados en el hogar, los cuales todos fueron víctimas de golpes, malos tratos y amenazas por parte de personal del Consejo y personal de la Comisaría N° 37 de la ciudad de Buenos Aires, tal como muestra el DVD antes citado.
                              Además, este personal a cargo de los menores, les proporciona a éstos comida inadecuada, y los menores no quieren comer porque temen que se les ponga tranquilizantes para ser trasladados.
                              Los chicos no pueden salir del hogar y no se permite el ingreso de ninguna persona que no sea del Consejo del Menor.
                              Agrega que estos niños se encuentran privados de su libertad por parte del Consejo del Niño, Niña y Adolescentes, y mas allá de que exista una orden de la Jueza Rustan de Estrada, se está en presencia de un agravamiento de las condiciones de detención de menores de edad la cual debe cesar de inmediato.
                              A ello debe agregarse que se encuentran rodeados de personal policial y de la guardia de infantería que está permanentemente dentro del hogar como si los menores fueran delincuentes.
                              Ante estas circunstancias entiende la denunciante Silva resulta procedente la acción de habeas corpus intentada. Existe privación de la libertad y de todos los derechos de los niños que se encuentran alojados en el hogar, y también de los menores cuyo paradero se desconoce cuando se encuentra vigente una orden de no innovar emanada de Juez Competente.
                              A fs. 9, con fecha 16 de mayo de 2009 el Dr. Eduardo Daffis Niklison, a cargo interinamente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43, resuelve rechazar la acción de habeas corpus y elevar la misma en consulta a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del fuero.
                              A fs. 13, se presenta la Dra. Betina Vota, titular de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 38, a los efectos de formular requerimiento de instrucción en las presentes actuaciones.
                              A continuación el Dr. Ramos Padilla, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24 en un todo de acuerdo con la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal y teniendo una consideración primordial que atiende al interés superior del niño, dispone tomar contacto directo en forma inmediata con la situación planteada.
                              Por esa razón se constituyó en el lugar e impartió órdenes para evitar cualquier riesgo. Como así también en el marco de la presente causa requirió "ad effectum videndi et probandi" el expediente llevado adelante por la Jueza Rustan de Estrada caratulado "M. D. s/ protección de personas".
                              Dentro del marco de la presente causa, se les toma declaración a varias personas relacionadas con el hogar, como así también al Subcomisario de la seccional N° 37 de la PFA. Todos los testimonios coinciden en que la sensación era de un permanente desalojo por la fuerza, apreciándose en todo momento el terror que les tenían los niños a la gente del consejo y la desconfianza hacia la policía que estaba en el lugar.
                              A fs. 103, se presenta Celia Andrea Palomas Alarcón, la cual con fecha 9 de mayo de 2009, había interpuesto recurso de habeas corpus a favor de los niños internados en el Hogar, y con motivo de ese habeas corpus se originó una investigación llevada adelante por el Sr. Juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37 a cargo del Dr. Pablo Ormaechea.
                              En el mismo sentido, se presenta en las presentes actuaciones, ampliando su denuncia, manifestando una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de desalojo del referido hogar llevado adelante por la Dra. Rustan de Estrada.
                              Luego se presenta la apoderada de la fundación Felices los Niños, Verónica Cecilia Rodríguez, con el objeto de ampliar los hechos investigados en las presentes actuaciones, denunciando abuso de autoridad por parte de la magistrada Rustan de Estrada, mencionando hechos de violencia ejercidos sobre los menores alojados en el hogar.
                              Señala que al iniciarse el proceso ante el Juzgado Nº 106, la jueza actuó sin informar al juez del menor por el cual se iniciara el proceso, que es el único juez competente por ser el juez natural del menor, convirtiéndose en una actuación secreta para los jueces naturales de todos los menores.
                              Recuerda que al comenzar el expediente, sólo se refería a un menor que habría tenido un episodio determinado que motivara la intervención de la magistrado Rustan de Estrada, hecho ocurrido no en el seno del Hogar sino en la escuela la cual no pertenece al hogar.
                              Agrega que resulta ilegítima la orden de egreso y exclusión de los menores, ya que se llevó a cabo sin permitir el acceso al expediente a la Institución ni a la Directora del Hogar, omitiendo brindar información, sin permitir a los niños ejercer su derecho a ser oído.
                              Cuenta que la magistrado Rustan de Estrada hizo caso omiso de las medidas de no innovar dictadas por los jueces naturales de los menores, siguiendo adelante con los traslados de éstos por la fuerza.
                              Afirma que a pesar de que no se ha permitido la vista del expediente, algunos medios de comunicación tuvieron pleno acceso al mismo.
                              Hace notar que en el proceso de desalojo, se han separado varios grupos de hermanos pese a la resistencia de los mismos, en una decisión absolutamente ajena a los intereses de los chicos, que dice la jueza proteger.
                              En muchos de los casos, prosigue la accionante, se desconoció cuál ha sido el paradero de los niños, y en todos los casos los traslados se realizaron en contra de su voluntad.
                              Sobre las razones por las que se ha resuelto el desalojo, informa la Sra. Apoderada de la fundación Felices los Niños, que existe una intencionalidad de despojar a la fundación de este predio que fuera otorgado desde el año 1995 a la fundación Felices los Niños, con la finalidad de albergar a chicos desprotegidos, en situación de riesgo, y que permanece en posesión de la Fundación hasta tanto exista un chico en ese predio, concesión que termina cuando el último de los niños allí viviendo sea desalojado, debiendo volver el predio al ONABE, Organismo Nacional de Bienes del Estado, quien como propietario lo cedió a la fundación bajo esas condiciones.
                              Relata, la dicente que la Sra. Ángela Perla, quien se desempeñó como interventora del Consejo del Niño, Niña y Adolescente, realizó declaraciones públicas ante C5N, explicando que en el Hogar no existía ningún tipo de abusos sobre los niños, ni graves deficiencias edilicias como alega la jueza.
                              Las imágenes del DVD que se adjuntara oportunamente en el habeas corpus que diera origen a estos actuados, son elocuentes no solo de la violencia ejercida, sino también de la voluntad de los niños a permanecer en el lugar.
                              Agrega que en una clara demostración de cuales son los intereses que pesan en este asunto, el Consejo, emitió una Resolución N° 468 que suspende en forma definitiva la inscripción y autorización para que la Fundación tenga hogares en la Capital Federal, con el absurdo argumento entre otros, de que el Hogar no cuenta con talleres tendientes a formar a los chicos en temas de salud sexual, adicciones, reproductividad, etc.
                              Lo llamativo de esta resolución es que la misma fue dictada en tiempo record, el 15 de mayo cuando se vencía el plazo dado por la Jueza para el desalojo.
                              IV. Como anexo al expediente 143/2009 y su acumulado, se remitió fotocopias certificadas de piezas procesales del Sumario N° 20.499/09, caratulado "Seccional N 37" en un cuerpo.
                              Las mismas contienen el escrito de promoción de acción de Habeas Corpus, presentado por la Sra. Directora del Hogar San José Obrero, Nancy Silva, que ya fuera reseñado ut supra.
                              Luego se encuentra el requerimiento de instrucción solicitado por la titular de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 38 Betina I. M. Vota, a lo que el Sr. Juez Ramos Padilla, considera acertado, en el sentido de haber requerido entre otras cosas que se libre orden de allanamiento, o en su defecto se apersone el mismo, en la sede del hogar, a fin de constatar la real situación de los menores.
                              A continuación consta un auto del magistrado Ramos Padilla, en el cual pone de manifiesto que la Sra. Jueza Rustan de Estrada, lo ha denunciado penalmente, como así también ante este Consejo de la Magistratura Nacional.
                              Refiere que se inicia la causa por orden de la Excma. Cámara del Fuero, que le da intervención a éste, a partir de la denuncia de la Directora del Hogar San José Obrero.
                              A partir de esta intervención, en la que la Excma. Cámara ordena una investigación, el día 19 de mayo de 2009, se le corrió vista a la Sra. Fiscal interviniente en los términos del art. 180 del CPP.
                              En esa misma fecha y con la urgencia del caso, la Sra. Fiscal formula el correspondiente requerimiento fiscal de instrucción dando cuenta, en que a partir de una orden de desalojo se efectuaron hechos de violencia.
                              Por tal motivo, el día 20 de mayo el Juez Ramos Padilla, dictó la resolución de fs. 15, para establecer cual era el estado de los niños.
                              La Sra. Fiscal, cuenta el magistrado, opinó que el mismo era juez competente, en razón de la materia y el territorio, para intervenir en la causa.
                              Ante esta situación requirió, el magistrado el expediente civil, haciéndole saber a la magistrada, que el expediente era parte del objeto procesal, según el requerimiento de la fiscal interviniente.
                              Luego, los defensores públicos oficiales de la Dra. Rustan de Estrada, solicitan la recusación del magistrado, en la causa N° 20.499/09, debido a que tomaron conocimiento de un proveído del 31 de agosto de 2009, en el cual se formulan juicios de valor, que en el criterio de la defensa, justifican la recusación.
                              En presentación posterior del magistrado Dr. Ramos Padilla, éste considera que no existe causal de recusación alguna, de modo que por imperio de lo dispuesto en el art. 62 del CPP, decidió el magistrado continuar con la investigación.


                              CONSIDERANDO

                              1°) Que, el objeto de las presentes actuaciones consiste en analizar, por un lado, el desempeño del Dr. Pablo Ormaechea, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 37, dentro del marco de la causa N° 84.111/2008 caratulada "M. D. s/ Protección Especial", y por otra parte, también debe analizarse el desempeño del Dr. Juan M. Ramos Padilla, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, en el marco de la causa N° 20.499/09, caratulada "Rustan de Estrada, Myriam y otros s/ delito de acción pública".
                              2°) Que, de conformidad con la investigación realizada y la documental recolectada, surge que la magistrada Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, dispone con carácter de medida cautelar (art. 232 del Código Procesal) y en los términos del art. 78, inc. d, de la ley 114 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y previa solicitud del Defensor de Menores, la intervención del Hogar San José Obrero, debiendo informar el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, cada 15 días, el estado de los niños que viven en el hogar, como así también, cualquier información de utilidad para la causa. (Expte. N 84.111/2008).
                              La magistrada hace lugar a la medida cautelar, luego de efectuada la compulsa de los legajos de los menores, que fueron evaluados y analizados en la Defensoría de Menores e Incapaces Nº 4, a cargo del Dr. Marcelo Jalil, de los que se desprendería la comisión de posibles abusos sexuales de los que habrían sido víctimas varios menores allí alojados.
                              Establecido el marco de actuación de la magistrada, cabe analizar la denuncia dirigida contra el Dr. Pablo Ormaechea (Expediente 143/09 de este Consejo de la Magistratura) respecto del procedimiento efectuado en el Hogar San José Obrero el día sábado 9 de mayo, a partir de una presentación de un habeas corpus, realizada por la Dra. Cecilia A. Palomas Alarcón, en representación de la Fundación Felices Los Niños, manifestando que al ser desalojados los menores de la institución a los efectos de ser reubicados en lugares acordes a sus necesidades, se habría ejercido violencia sobre ellos para vencer su resistencia.
                              La Dra. Guillermina Martínez, Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 36, resuelve rechazar la acción de habeas corpus impetrada, en atención a que la situación traída a conocimiento no es materia de habeas corpus, pues se vincula con una cuestión de naturaleza civil, en la que se encuentra conociendo un magistrado de ese fuero.
                              No obstante lo resuelto, la magistrada Martínez, decide elevar en consulta el legajo a la Excma. Cámara del Fuero.
                              Dentro de este marco de situación, la Sala II de dicho Tribunal, resuelve disponer una serie de medidas a realizarse en el Hogar San José Obrero, a fin de aclarar los dichos de la Dra. Palomas Alarcón.
                              En estas circunstancias es que interviene el Dr. Pablo Raúl Ormaechea, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37, ya que ese día, dicho tribunal se encontraba de turno, y al ser recibidas las actuaciones, el citado magistrado dispuso dar cumplimiento a los puntos ordenados por los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara.
                              Es así como en fecha 9 de mayo de 2009, el magistrado se constituyó en la calle Charlone N° 753 de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde funciona el Hogar San José Obrero, efectuando las diligencias correspondientes.
                              Una vez que el Dr. Ormaechea concluyó su labor de conformidad con la manda impuesta por el Superior, devolvió el legajo al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36, a cargo de la Dra. Martínez.
                              La Dra. Martínez (fs. 171) manifiesta que, de la realización de las medidas ordenadas no se deriva que exista algún elemento nuevo que permita hacer lugar al habeas corpus interpuesto y que, a la fecha, los derechos invocados encuentran debido resguardo con la actuación que ya venía desplegando la señora Juez en lo civil.
                              Por ello, estima la Dra. Martínez, corresponde rechazar la denuncia presentada por la Dra. Palomas Alarcón, elevando el presente en consulta a la Excma. Cámara del fuero. Es así que a fs. 175, la Sala V de la Excma. Cámara resuelve confirmar la resolución de fs. 171/172, por la que se rechazó la acción de habeas corpus incoada, ya que de las diligencias efectuadas, permiten considerar que no se verifican en la especie ninguna de las hipótesis de procedibilidad del art. 3 de la ley 23.098, siendo procedente resaltar que las cuestiones atinentes al amparo promovido, son objeto de tratamiento de magistrados en lo Civil y en lo Criminal de Instrucción.
                              3°) Que, se debe tener en cuenta que el habeas corpus, al tutelar derechos fundamentales como el derecho a la libertad y a la integridad personal, y tener como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de los mismos, tiene carácter sumario, y se debe actuar en forma urgente para evitar que la violación se torne irreparable.
                              En este sentido el magistrado sólo respetó y dio cumplimiento a las medidas sugeridas por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en virtud de considerarlas legítimas y ajustadas a derecho.
                              4°) Que, cabe resaltar que en la presente causa, los magistrados intervinientes han observado el procedimiento establecido para la tramitación de las acciones de habeas corpus, elevando, en forma inmediata, la resolución adoptada en consulta a la Cámara de Apelaciones.
                              5°) Que, en esta instancia, y bajos tales pautas, se propone al Plenario del Consejo de la Magistratura la desestimación de la denuncia presentada respecto del Dr. Pablo Raúl Ormaechea.
                              6°) Que, en cuanto al desempeño del Juez Dr. Juan M. Ramos Padilla, en el Expediente N° 20.499/2009 caratulado "Rustan de Estrada Myriam y otros s/ Delito de Acción Publica", iniciado por la directora del Hogar San José Obrero, Nancy Silva, quien promueve una acción de habeas corpus, denunciando violencia ejercida sobre los menores y privación de libertad en virtud de que, a raíz de una orden de desalojo dictada por la Dra. Myriam Rustan de Estrada, personal del Consejo del Niño, Niña y Adolescente junto con oficiales de la Comisaría Nº 37 ejercieron hechos de violencia respecto de los menores allí alojados.
                              De este modo se inicia la causa Nº 20.499/09, y es la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien le da intervención al Dr. Ramos Padilla. En consecuencia, el día 19 de mayo de 2009, el magistrado corrió vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN, órgano que formula el requerimiento de instrucción, delimitando el objeto procesal. Así, se describe que a partir de una orden de desalojo emanada por la señora Jueza Dra. Rustan de Estrada, personal del Consejo de Minoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provocó hechos de violencia -física, moral y psicológica, amenazas y privación ilegítima de la libertad-, dentro del predio donde se encuentra ubicado el hogar.
                              7°) Que, si bien es cierto que en el requerimiento de instrucción efectuado por el representante del Ministerio Público no menciona a la Dra. Rustan de Estrada entre los posibles imputados de los hechos ilícitos denunciados, la formulación del mismo, únicamente limita el objeto que corresponde investigar y no así quiénes pueden ser imputados al respecto.
                              Es decir que el requerimiento efectuado en los términos del artículo 180 del CPPN por el Fiscal solamente delimita el marco fáctico que deberá investigar el órgano jurisdiccional y del cual no podrá apartarse, más dicho pronunciamiento de ningún modo limita los individuos sobre los que puede recaer la imputación.
                              8°) Que, sentado lo anterior, cabe sostener que el hecho de que el juez de instrucción entendiera que resultaban imputadas por los hechos oportunamente descriptos por la Fiscalía, otras personas que no fueron mencionadas en el dictamen fiscal, en modo alguno vulnera la prohibición de proceder de oficio que pesa sobre el magistrado de instrucción.(principio ne procedat iudex ex officio).
                              9°) Que, en este sentido, corresponde concluir que la decisión del Dr. Ramos Padilla de notificar a la Dra. Rustan de Estrada en los términos del artículo 73 y 279 del CPPN, de ninguna manera puede constituir una irregularidad procesal.
                              No obstante ello, la Dra. Rustan de Estrada y el Defensor de Menores, Dr. Marcelo Jalil, sufrieron diversas denuncias por parte de la Fundación Felices Los Niños, luego de formulado el requerimiento fiscal, y fue a partir de tales cargos que el magistrado decidió notificarlos en los términos de los artículos 73 y 279 del CPPN “para resguardar las garantías constitucionales que los amparaban”.
                              En definitiva, constituye el ejercicio de una potestad instructoria del juez a cargo de la investigación, mediante la cual habilitó a quién entendió imputada en el legajo a ejercer su derecho de defensa.
                              10) Que, respecto a la solicitud de remisión del expediente original efectuada por el Dr. Ramos Padilla a la Dra. Rustan de Estrada, a pesar que el magistrado de instrucción ya contaba con copias certificadas de la causa civil, evidentemente ha sido merituado por el juzgador como una medida necesaria y oportuna a los fines de esclarecer los hechos denunciados, sin perjuicio de la correspondiente devolución de los actuados, a los efectos que la Dra. Rustan de Estrada prosiga con el trámite correspondiente; de lo contrario, no sólo se provocaría la paralización del proceso sino que las actuaciones civiles resultarían radicadas ante el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Ramos Padilla.
                              No escapa al conocimiento de los miembros de este Cuerpo que, como jueza civil, la Dra. Rustan de Estrada, es la magistrada competente para entender en los procesos cautelares iniciados en procura de la protección de los menores involucrados y necesita de las actuaciones para imprimirles el trámite correspondiente.
                              A tales efectos la Dra. Rustan de Estrada dio intervención al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero éste confirió intervención al presidente de la Cámara Nacional en lo Civil a los efectos de que, en ejercicio de las facultades de superintendencia, pudieran resolver la encrucijada.
                              11) Que, se advierte que ambos magistrados invocan como fundamento de sus decisiones “la protección del interés superior del niño” pero la Dra. Rustan de Estrada debe proseguir con el trámite del expediente civil, propio de su competencia, y el Dr. Ramos Padilla abocarse a la investigación de los hechos denunciados, descriptos en el requerimiento fiscal.
                              12) Que, en este estado de la investigación, con los elementos recolectados hasta el presente y bajo las pautas anteriormente reseñadas, se propicia la desestimación de la denuncia formulada contra el Dr. Juan M. Ramos Padilla.
                              13) Que, en virtud de las consideraciones efectuadas precedentemente, y atento a que no se observa ninguna irregularidad en la actuación de los magistrados denunciados que configure alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, ni alguna falta disciplinaria, establecida en el artículo 14 de la Ley N° 24.937 y modificatorias, corresponde desestimar las presentes actuaciones.
                              14) Que ha tomado intervención la Comisión de Disciplina y Acusación –mediante dictamen 374/09-.

                              Por ello,
                              SE RESUELVE:

                              1°) Desestimar las denuncias efectuadas contra los Dres. Pablo Raúl Ormaechea, Juez Subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37 y Juan M. Ramos Padilla, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24.
                              2°) Notificar a la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, a los magistrados denunciados y archivar las actuaciones.
                              Regístrese.


Firmado por ante mí, que doy fe.




Fdo: Luís María Bunge Campos - Hernán L. Ordiales
(Secretario General)

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