Fuente: Infobae.com
Investigan a quienes dieron las órdenes de desalojar la fundación de Grassi
Un juez de instrucción dispuso que la jueza y el defensor de menores que impulsaron el desalojo del hogar San José Obrero, administrado por la Fundación Felices los Niños del padre Julio Grassi, declaren por escrito y como "imputados" de haber cometido delito de malos tratos y abuso de autoridad en el procedimiento de traslado de los menores desamparados.
Mediante una resolución, el juez de instrucción Juan Ramos Padilla notificó a la jueza civil Myriam Rustán de Estrada y al defensor de menores, Marcelo Jalil, que "tienen derecho de presentarse ante el tribunal personalmente con sus abogados de confianza para formular aclaraciones en cuanto a los hechos".
Ramos Padilla deslizó, además, que podría ordenar un allanamiento al Juzgado para obtener el expediente del Hogar San José Obrero: "Resulta indispensable contar con las actuaciones civiles y toda la documentación vinculada. Por ello, habré de dictar una resolución por separado de modo de obtener las mismas a los efectos de vista y prueba".
La investigación contra los funcionarios judiciales que dispusieron el desalojo del hogar se disparó a raíz de un "hábeas corpus" presentado, en el contexto del procedimiento, por la directora del instituto de menores Nancy Silva, que pese a ser rechazado pro la Justicia derivó en una pesquisa penal porque contenía denuncias sobre malos tratos a los niños.
El objeto de la investigación apunta a que "la presunta orden de desalojo emanada por la señora jueza, personal del Consejo de Minoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, provocó hechos de violencia dentro del predio donde se encuentra ubicado el hogar".
El subcomisario de la seccional 37, Rubén Miño, declaró en el expediente que "el procedimiento siempre estuvo dirigido por la jueza Rustan de Estrada", quien en una conversación "fuera de sí ordenaba a los gritos que usara la fuerza sobre los menores".
El policía recordó haber pedido a auxiliares judiciales "les hicieran saber a la jueza la situación, recibiendo siempre como respuesta que la medida debía cumplirse sí o sí".
"Dijo que trató de hacerle entender que la situación era grave y podía ocurrir una catástrofe, insistiendo la jueza en que se reprimiera a los chicos", añadió Miño.
Sobre esa declaración, y otras de similar carácter que también abarcan al defensor Jalil, el juez Ramos Padilla convocó a ambos a prestar declaración como imputados, aunque en una forma procesal más elegante que el llamado a "declaración indagatoria".
El juez convocó a su colega y al defensor según lo que establece el artículo 73 del Código Procesal, que bajo el título de "derecho del imputado", establece que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo una causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".
Por su parte, el artículo 279, bajo el título "presentación espontánea", sostiene que "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar".
Clarín
POR PRESUNTO ABUSO DE AUTORIDAD Y MALOS TRATOS
Investigan a la jueza que desalojó el hogar de Grassi
La jueza que ordenó el desalojo de la Fundación Felices los Niños, en el barrio de Chacarita, y el defensor menores que intervino, en mayo, en el traslado de los chicos, fueron notificados por un juez penal para que realicen su descargo por presunto abuso de autoridad y malos tratos.
La notificación, ordenada por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, fue enviada a Miryam Rustán de Estrada y a Marcelo Jalil, quienes "tienen el derecho de presentarse ante el tribunal para formular aclaraciones en cuanto a los hechos que se les imputan".
La comunicación se refiere al desalojo que ordenó Rustán de Estrada. La medida se puso en marcha con la denuncia del obispo Horacio Benítez Astoul, quien se presentó a la Justicia, cuando se supo que un niño de ocho años amenazó con ahorcarse.
Después vino la investigación por malos tratos e irregularidades en el hogar, que incluyó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. Jalil rechazó los términos de la notificación a la que calificó de "muy extraña", por la forma de dirigirse hacia la jueza y a él, como imputados, y adelantó que no se va a presentar porque "no es una citación".
La Nación
FUNDACION FELICES LOS NIÑOS
Investigan a una jueza que ordenó un traslado
La jueza que ordenó el desalojo de un hogar de la Fundación Felices los Niños, en el barrio de Chacarita, y el defensor de menores que intervino en el traslado de los chicos de ese centro fueron notificados por un juez penal para que realicen su descargo ante un presunto abuso de autoridad y malos tratos, informó la agencia de noticias Télam. La notificación, ordenada por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, informa a Miryam Rustán de Estrada y a Marcelo Jalil que "tienen el derecho de presentarse ante el tribunal para formular aclaraciones en cuanto a los hechos" que se les imputan. La comunicación se refiere al desalojo que ordenó Rustán de Estrada en el Hogar San José Obrero, que terminó con un escándalo.
Yahoo Noticias
Investigan a jueza que ordenó desalojo en hogar de Chacarita
martes 30 de junio, 7:02 PM
Buenos Aires, 30 de junio (Télam).- La jueza que ordenó el desalojo de la Fundación Felices los Niños, en el barrio porteño de Chacarita, y el defensor menores que intervino en el traslado de los chicos de ese hogar, fueron notificados por un juez penal para que realicen su descargo ante un presunto abuso de autoridad y malos tratos, se informó en Tribunales.
La notificación, ordenada por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, informa a Miryam Rustán de Estrada y a Marcelo Jalil y que "tienen el derecho de presentarse ante el tribunal para formular aclaraciones en cuanto a los hechos" que se les imputan La comunicación se refiere al desalojo que ordenó Rustán de Estrada en el Hogar San José Obrero, que terminó con varios chicos traslados y un escándalo mediático.
Todo comenzó con la denuncia del obispo Horacio Benitez Astoul, que se presentó a la justicia cuando se supo que un niño de ocho años amenazó con ahorcarse en ese predio.
Después vino la investigación por malos tratos e irregularidades en el hogar, que incluyó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
Jalil rechazó los términos de la notificación a la que calificó de "muy extraña", por la forma dirigirse hacia ellos (a la jueza y a él), como imputados, y adelantó que no se va a presentar porque "no es una citación".
"La persona que debería imputarnos debería ser un fiscal y no dos empleadas de la Fundación Felices los Niños, como son la apoderada y la directora del hogar (Nancy Silva), que se encuentran desafectadas de sus funciones, desde la intervención" dijo Jalil a Télam.
Según fuentes judiciales, la investigación penal comenzó ante un pedido de "habeas corpus" de Silva, que fue desestimado pero generó la apertura de la pesquisa por presuntos malos tratos a los menores por parte de la jueza y el defensor durante el desalojo.
En el sumario consta que el subcomisario de la seccional 37, Rubén Miño, al declarar como testigo ante Ramos Padilla, indicó que el desalojo "estuvo dirigido por la jueza Rustam de Estrada", quien "fuera de sí ordenaba a los gritos que usara la fuerza sobre los menores", ya que "la medida debía cumplirse sí o sí".
Ramos Padilla cursó las citaciones de acuerdo al artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación que establece los derechos de los imputados.
La norma prevé que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo una causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles".
El defensor de menores dijo que el proceso de traslado de los chicos del hogar se está realizando, aún no se concluyó y se lleva adelante "respetando os tiempos de los niños".
(Télam) opv-cna-ageo-jab30/06/2009 19:01
