Mientras tanto, el sciolista Alberto De Fazio y el senador de Unión Pro, Aníbal Assef, presentaron conclusiones por separado.

El informe de mayoría sostiene que, desde el inicio del caso, hubo evidencias que vinculaban la desaparición de la niña con el territorio de San Martin, pero que esta línea investigativa no se profundizó.

En este sentido, los senadores señalaron que el crimen de Candela “está vinculado al narcotráfico”, que “muy probablemente,  tanto el cautiverio como el asesinato de la niña, ocurrieron en San Martín” y “que existe vinculación entre los grupos de narcotráfico que operan en la zona y sectores la policía bonaerense”.

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda de la niña, tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso. Además este accionar atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela”, sostiene el informe.

Y agrega de manera contundente: “Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y  la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”.

La Comisión también observa que “la policía trabajó sin conducción  estratégica y con superposición de mandos” y en esto responsabiliza directamente al ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal.

Además, observa la “negligencia” del Ministerio “ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación”; “deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso”; “grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de Candela”, entre otras.

Luego, recomienda “exonerar” al ex jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, y la “inmediata separación de cargo y exonerar” al actual jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin; al director general de Policía Científica, Pablo Vázquez; al entonces superintendente de Seguridad Oeste, Sergio René Bianchi; al director de la DDI La Matanza, Marcelo Chebriau; al entonces director general de Investigaciones en Función Judicial, Roberto Castronuovo; al oficial César Mauricio Rhodas Pérez y al comisario Javier Eduardo Subira.

También pide la separación de otros jefes policiales con distintas responsabilidades en el caso y que se les inicien investigaciones sumarias administrativas. Entre ellos, figuran el jefe de la Delegación Científica de La Plata, Carlos Jaime, y los jefes de la DDI y Departamental de Morón,  Aníbal Soria y Miguel Alanís, al jefe de la DDI San Martín, Becerra, y al entonces jefe de la Departamental San Martín, Mario Briceño.

En cuanto a la investigación judicial, la Comisión Candela determinó el “accionar irregular” de los fiscales que intervinieron en el caso, ya sea por “falta de idoneidad para conducir las investigaciones, delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía, complicidad con la policía, entre otras”.

Por tal motivo, resuelve denunciar al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, en sede del Ministerio Público Fiscal por mal desempeño, aportando la información relevada por la Comisión al jury de enjuiciamiento ya establecido en su contra.

También pide el jury de enjuiciamiento a los fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón, Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, y al juez de Garantías de esa misma localidad, Alfredo H. Meade, quienes fueron separados de la causa en abril por orden de la Cámara de Apelaciones de Morón.

En otro orden, la Comisión reccomendó que la causa por el crimen de la niña se tramite “en el fuero federal, más específicamente correspondería la competencia de la Justicia Federal de San Martín por ser la jurisdicción donde habrían ocurrido los hechos relevantes del suceso”.

Fuente: agepeba.org