El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió examinar la relación del fiscal de Morón con el asesinato de Angel Georgiadis. Un documento de 1977 firmado por Nieva Woodgate autoriza el traslado del militante y lo califica de “subversivo”.
En un nuevo capítulo del juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado, en este caso funcionarios judiciales, la conducta del fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate será analizada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a partir de una decisión unánime de sus representantes. El mediático fiscal deberá someterse al juicio político por el crimen de un dirigente montonero que estaba preso, ocurrido en 1977. Es el caso de Angel Georgiadis, cuyo traslado a donde fue asesinado autorizó Woodgate, según consta en una comunicación fechada pocos días antes del hecho. En el documento, un sello califica a la víctima como “subversivo”.
En octubre de 2010, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pidió que se investigara al fiscal de Morón por su actuación durante la última dictadura, cuando Nieva Woodgate se desempeñaba como juez penal de Lomas de Zamora. Según el organismo de derechos humanos, en esa época los jueces de la provincia conocían la existencia de ciudadanos desaparecidos.
Angelito, como lo llamaban sus amigos, cayó preso a mediados de 1975 en una situación absurda: manejaba su Citroën y se metió de contramano por una calle donde había una comisaría. Tras detenerlo y encontrarle los panfletos de Montoneros, lo enviaron al penal de Devoto y luego pasó a la Unidad 9 de La Plata. En diciembre de 1976 los represores hicieron en ese centro clandestino una requisa brutal, que derivó en la clasificación de los presos entre jefes y bases, de Montoneros y ERP. La medida fue previa a las ejecuciones de casi todos. Georgiadis fue trasladado al Regimiento de Infantería 7, en teoría para ser interrogado, con el aval de una orden judicial. Allí lo mataron el 2 de febrero de 1977.
Entre la documentación recolectada hay un oficio de autoridades de la Unidad 9 de La Plata, que funcionaba como centro clandestino de detención, en el que se informaba sobre el traslado de un detenido, Angel Alberto Georgiadis Otero, a una unidad militar para ser indagado. Esa comunicación está fechada seis días antes del asesinato de Giorgiadis, tiene un sello cruzado que dice “subversivo” y, tras recibirla, el entonces juez Nieva Woodgate autorizó el traslado y habría tenido conocimiento de que en su nuevo destino el detenido no sería sometido a simples interrogatorios.
Según fuentes judiciales, “los conjueces sorteados se reunieron y analizaron si correspondía avanzar o no en la investigación de la conducta del fiscal Nieva Woodgate y por unanimidad se declararon competentes”. El jurado que sustanciará el proceso contra Nieva Woodgate estará encabezado por el presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo de Lazzari, lo integrarán los legisladores Leonel Omar Zacca, Diana Larraburu y Gustavo Oliva, y los conjueces Jorge Alberto Alvarez, José Cozzi y Liliana González. Por otro lado, resolvieron que la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de Ulises Giménez, inicie la investigación.
En los últimos años, Nieva Woodgate adquirió protagonismo mediático por sus declaraciones periodísticas como vocero del Ministerio Público de Morón, en torno de los casos del padre Julio César Grassi y el homicidio de la niña Candela Rodríguez.
En enero rechazó las imputaciones que le formuló un ex diputado del Frente para la Victoria sobre su presunta responsabilidad en el homicidio de un oficial de la organización Montoneros, que estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata desde 1975. Nieva Woodgate atribuyó la denuncia a “una campaña personal” en su contra por parte del ex legislador Gabriel Villegas, quien había declarado que el ex juez habría omitido investigar la detención del militante Angel Georgiadis. En declaraciones por radio, el fiscal dijo que “en el juzgado a mi cargo no había ningún sello que dijera ‘subversivo’ ni cosa por el estilo, ese oficio decía que lo trasladaban para indagatoria a un lugar militar y llegó a mi juzgado cuando a Georgiadis ya lo habían matado, la constancia de recepción es posterior a la muerte”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198935-2012-07-18.html